Saturación de urgencias en el Alvaro Cunqueiro de Vigo
La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública ante el colapso de la urgencia del hospital Álvaro Cunqueiro Vigo con los pacientes en los pasillos y en las butacas, situación inaceptable en un hospital público, que según el presidente Feijoo sería el mejor y más avanzado en Europa (gracias a su construcción y gestión a través de la iniciativa financiación privada) queremos comunicar que:
1.- Estos colapsos periódicos han sido advertidos desde hace tiempo por nuestra Asociación ya que el proyecto inicial sufrió una reducción de 600 camas y el 55.5% del área de Servicios de Emergencia.
- Los recortes, realizados por las autoridades del SERGAS, para ahorrar costes a la empresa concesionaria que construyó y financió este nuevo centro hacen que no responda a las necesidades del área de la salud de Vigo de la atención sanitaria y de urgencias y por ello las listas de espera son ya las mayores grande de Galicia, a pesar del poco tiempo transcurrido desde su inauguración.
- Desde nuestra asociación nos hemos opuesto al cierre de las antiguas dependencias del Hospital General, que debería haberse destinado a abrir un servicio de urgencias extrahospitalarias dotado del personal y los recursos diagnósticos necesarios para satisfacer una gran parte de estas enfermedades que terminan en el hospital Cunqueiro
- Los únicos beneficiarios de este absurdo han sido el Concesionario (ya se recuperó más del 30% de la inversión realizada) y el Hospital de POVISA que ha recibido run canon más generoso (más de 72 millones € al año).
- Por todo esto exigimos la recuperación del Hospital Cunqueiro para la gestión publica, acometer la reforma y ampliación de las urgencias de emergencia y ñla puesta en funcionamiento de manera rapida de un servicio de urgencias extrahospitalario urgente dotado de todos los recursos necesarios.
Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública
12 de diciembre de 2017
Saturación en Urgencias de La Paz de Madrid
Las Urgencias del Hospital La Paz vivieron el lunes una de sus jornadas de mayor saturación: 129 enfermos para 61 camas. Salas con capacidad para 24 llegaron a albergar a 53 personas. El centro y la Consejería de Sanidad hablan de «pico puntual» debido a un fallo en el nuevo sistema informático de ingresos, aunque admiten que existe un problema de infraestructuras que tratarán de aliviar con un proyecto de reforma de 13,7 millones de euros adjudicado por obra pública esta semana. Un proyecto que, sin embargo, no convence al sindicato MATS: «Están vendiendo humo».
Los trabajadores, en lucha desde hace años sobre todo a través de Twitter, aseguran que este nivel de saturación no es excepcional y que suele darse a principios de semana, con mayor intensidad después de un puente. Y todo, cuando aún no ha llegado la época de gripe. Denuncian la falta de personal, de medios y de espacio.
Esta situación, que critican con vehemencia los sindicatos SATSE y MATS, es similar en el Hospital Gregorio Marañón -donde el martes se abrió un área aparte porque no daban abasto-, en el de Móstoles y de manera puntual en Ramón y Cajal.
Una veintena de personas hace cola frente a los mostradores de Atención al Paciente a la espera de que una queja verbal y por escrito ponga fin a su inquietud. El agotamiento y la indignación son evidentes: llevan horas en la sala de espera sin tener noticias de sus familiares; desconocen su estado y su diagnóstico.[/vc_column_text]
Multiplicidad de géneros
Multiplicidad de géneros
El género referido a la construcción sociocultural de lo femenino y lo masculino, se ha incorporado a numerosos ámbitos humanos y científicos, permitiendo la visibilización de realidades ocultas, en forma de desigualdades o injusticias, que se perciben como algo natural, sin serlo realmente. Por ello, se hace imprescindible “desnaturalizar” el género para contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo. Así mismo la existencia de argumentos que materializan la idea de multiplicidad de géneros y pluralidad de identidades sostendrá la conveniencia de hablar de géneros. Fuente: nuevarevolucion.es Susana Gomez Nuño
Estudios de género
Los estudios de género se centran en un campo interdisciplinario teniendo siempre en cuenta el género como categoría central. Así pues, bajo la mirada del género confluyen diferentes disciplinas e intereses, tales como la sociología, la psicología y los trabajos de algunas feministas y antropólogas. Es destacable el análisis realizado por la antropóloga Margaret Mead en los años 30, en el que constata que otras culturas poseen líneas divisorias entre los sexos, diferentes a las de la sociedad occidental y se cuestiona el carácter natural atribuido a las diferencias entre hombre y mujer.
En los años 50 se establecen las diferencias entre sexo y género a partir del avance en los estudios de psicología y psiquiatría de la mano de John Money, que aporta un componente cultural al concepto de género, y Robert Stoller, que distingue sexo biológico de identidad sexual. Ya en los 70 destacan los trabajos de varias antropólogas feministas que sitúan a la mujer en el mapa de la antropología y hacen de ella objeto de análisis, en tanto sujeto social, preguntándose si la subordinación de la mujer es universal y sacando a la luz el modus operandi de los sistemas de jerarquía social.
Angela Davis establece una conexión paralela entre los diferentes tipos de opresión, generados por la discriminación de género, la etnia, la clase social o la sexualidad, y propone la resistencia colectiva como forma de lucha. Es decir, nos habla de interseccionalidad.
A partir de los 90 se considera el género en términos relacionales, lo cual origina una interseccionalidad con otros sistemas de clasificación social como la clase, la etnia o la sexualidad, lo que genera una concepción mucho más rica y compleja del género. De igual modo, se empodera a sujetos no contemplados antes, como los hombres, lo que favorece una ampliación de los campos de estudio, que no solo abarcarán la desigualdad de las mujeres, sino que se focalizarán en las masculinidades, la diversidad sexual, coincidiendo con la eclosión de la teoría queer, y los múltiples sistemas de opresión social.
En referencia a la interseccionalidad, es interesante incluir el punto de vista de Angela Davis, que aboga por una lucha compartida contra la discriminación de género, el racismo, la pobreza y demás injusticias sociales. La filósofa y activista afroamericana establece una conexión paralela entre los diferentes tipos de opresión y propone la resistencia colectiva como forma de lucha. Es decir, nos habla de interseccionalidad. Se hace, pues, indispensable analizar cómo se relacionan y conforman esas intersecciones, las cuales cuestionan, además, el hecho de que haya categorías unitarias de género.
Sexo y género
Numerosos autores otorgan al concepto de género diferentes definiciones. No obstante, de ellos se desprenden algunos aspectos clave, tales como la dificultad en disociar género y sexo, las relaciones de ambos con los símbolos y la identidad, y su relación con la normalidad impuesta por las instituciones. Podemos sostener que el género no es una categoría descriptiva, ya que una descripción aísla al objeto del sujeto y, en la cuestión de género, el sujeto cognoscente forma parte de la descripción. En cambio, se hace obvio que el género es una categoría analítica, en tanto tenemos presente sus significados y los efectos de los mismos sobre la conformación del mundo social.
Algunas propuestas feministas establecen la diferencia entre sexo y género para evitar caer en el biologismo del cuerpo, entendiéndose el sexo como natural, esencial y biológico, y el género como cultural, posterior, fruto de la construcción social, lo que puede ilustrarse con la frase de Simone de Beauvoir: “Una no nace mujer, se convierte en mujer”. Por otra parte,
la normalidad viene definida por unos parámetros culturales en los que el par masculino-femenino se presenta como contrario y complementario, estableciendo dos únicas posibilidades de elección respecto al género, evidenciándose una sociedad sexista, incapaz de imaginar a las personas de forma abstracta, sin necesidad de catalogarlas como hombres o mujeres.
Judith Butler considera que el género es algo inestable, performativo, resultado de nuestro posicionamiento en el mundo. Asimismo pone en entredicho las categorías de género mediante las prácticas sexuales no normativas.
El género se construye mediante la adscripción a uno de los dos géneros en función del sexo, pero ello no implica que sea esencialista o natural. De hecho, Judith Butler propone la desarticulación entre esencialismo y construccionismo en el binomio sexo-género, aplicable también al tándem naturaleza-cultura. Esta autora postula que el sexo, en tanto se refuta su carácter invariable, puede estar culturalmente construido, de forma que la distinción entre género y sexo no existe como tal y este último se erige “como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura.”
En otras palabras, Butler postula que sexo y género son construcciones culturales y considera el género como algo inestable, performativo, resultado de nuestro posicionamiento en el mundo. Asimismo, nos habla sobre cómo las prácticas sexuales no normativas ponen en entredicho las categorías del género y propone los estudios queer como una forma de repensar otro tipo de sexualidades y géneros, dejando de lado la dicotomía hombre-mujer. Estas nuevas formas de pensar el género han generado lo transgénero, la transexualidad y otras identidades, y nos hace plantearnos si son realmente necesarias las categorías de género para construir una identidad.
Los géneros no son categorías uniformes e inmutables, sino que existen múltiples identidades de género, en las que lo masculino y lo femenino tienen diferentes significados.
Según Begonya Enguix, la teoría propuesta por Butler es útil a nivel teórico para pensar la reconstrucción de los géneros y las relaciones entre los mismos en unos términos performativos, diferentes al esencialismo natural. No obstante, llevar esta teoría a la práctica no proporciona, en general, elementos útiles para la reivindicación política del género ni para pensarse como sujeto.
En conclusión, y haciendo eco del título de este artículo, se hace necesario hablar de géneros más que de género, en tanto ha quedado demostrado con lo anteriormente expuesto que los géneros no son categorías uniformes e inmutables, sino que existen múltiples identidades de género, en las que lo masculino y lo femenino tienen significados que varían en función del contexto en que se dan.
FADSP: Por un cambio de modelo de Financiación Sanitaria
Fuente: FADSP La financiación del Sistema Sanitario Público, es de importancia trascendental para la sostenibilidad del sistema – en riesgo real de quiebra económica- como consecuencia del aumento de la demanda de asistencia sanitaria asociada al incremento de la enfermedad y la pobreza por la crisis (el paro afecta al 17% de la población mientras la mitad de los asalariados gana menos de 950 euros); los recorte presupuestarios (en personal, farmacia, inversiones, etc.) aplicados por el Gobierno para alcanzar la estabilidad presupuestaria impuesta por la Unión Europea; el incremento del gasto por el recurso a la Colaboración Público Privada para construir y gestionar los nuevos centros sanitarios (multiplica por 7 su coste real); el aumento de la Concertación con el sector privado (creció un 42%); la externalización-privatización de servicios de apoyo (el dinero público para gestión privada ha crecido un 52% en 10 años); la subvención con fondos de la investigación de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas; la aprobación y financiación de nuevos medicamentos de elevado coste y resultados inciertos; la compra irracional e innecesaria de equipamiento tecnológico; el consumismo y medicalización de la población. Paradójicamente mientras se han recortaron los recursos de la sanidad pública (en torno al 17%) se ha incrementado la financiación del sector privado con dinero público.
El Modelo de Financiación Sanitaria: la historia de un desastre
Históricamente la sanidad pública española se financiaba hasta el 2002 con fondos propios de tipo finalista que se repartían en base al % población de cada comunidad respecto de la total del estado. Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen trasferido desde esa fecha la planificación y gestión de la asistencia sanitaria mediante un modelo que ha variado a lo largo del tiempo, con resultados catastróficos para el sistema y la población.
1º cambio del modelo: La Ley 21/2001 modificó la Financiación Autonómica que paso a financiarse mediante la cesión de una cesta de impuestos indirectos que gravan el consumo y la actividad económica, se introdujeron cambios en el reparto (% de personas mayores de 65 años y la insularidad) y se integró la financiación sanitaria dentro de la general. Estos cambio tuvieron efectos negativos para los servicios sanitarios: Integrar el gasto sanitario dentro del total favoreció que algunas CCAA destinaran parte del mismo a fines no sanitarios; la financiación autonómica mediante impuestos indirectos que gravan el consumo y la actividad comercial (30% del IRPF y el 35% del IVA recaudado en cada CA, el 40% de los impuestos especiales que gravan la compra de alcohol, tabaco, hidrocarburos, y combustibles y los impuestos de patrimonio, sucesiones, trasmisiones patrimoniales, etc.), redujo el carácter redistributivo del sistema sanitario público e incrementó la desigualdad territorial (dada la existencia grandes diferencias en la actividad económica de las CCAA). Pero el principal problema de este modelo era que el cálculo del gasto sanitario carecía de racionalidad al utilizar indicadores poblacionales y territoriales que no contemplan las necesidades de asistencia sanitaria en base a los problemas de salud, los costes asistenciales o los gastos en farmacia y tecnologías.
2º cambio: Las deficiencias de ese cambio obligo a convocar la II Conferencia de Presidentes Autonómicos en año 2005, que como aprobó, una importante inyección económica para que las CCAA, pudieran hacer frente a su elevado endeudamiento con los proveedores. Para ello se incrementó del porcentaje del IRPF y del IVA cedidos a las Comunidades Autónomas al 50%; y se crearon nuevos fondos para reducir la insuficiencia y la desigualdades intercomunitarias (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Suficiencia Global y de Competitividad y Compensación Este cambio, además de farragoso y de difícil comprensión, generó nuevas diferencias entre CCAA.
3º Cambio: Estaba previsto para el 2014, pero fue paralizado por el Gobierno alegando falta de recursos por la crisis (Estabilidad Presupuestaria). Ahora la presión de las CCAA, asfixiadas por el corsé de la estabilidad presupuestaria y las deficiencias del modelo, han obligado al Gobierno a abrir el debate para un nuevo cambio en el la financiación autonómica
La Conferencia de Presidentes debería acordar un modelo que garantice la suficiencia global de cada CA y la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público (supone más del 30% de la financiación total), reduzca las desigualdades y se ajuste a las necesidades de salud de la población.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública proponemos que el nuevo modelo debería:
1.Garantizar la suficiencia financiera y la equidad fiscal entre CCAA, muy afectadas por la crisis, los recortes y los problemas de un modelo basado en la población y en unos fondos de compensación irracionales.
2.Incrementar los impuestos a los sectores económicamente más beneficiados que apenas pagan impuestos; combatir el fraude fiscal, eliminar la financiación con impuestos indirectos; y obligar a todas las CCAA a recuperar los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones.
3.Devolver el carácter finalista a la financiación sanitaria, obligar a las CCAA a destinar un % similar, e impedir que estas practiquen dumping social reduciendo impuestos a empresas y patrimonios.
4.Dar trasparencia y simplificar el sistema de cálculo y de nivelación, eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad, sustituyéndolos por instrumentos que garanticen la equidad.
5.Crear una partida económica especifica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencia de financiación entre CCAA.
6.Calcular las necesidades de gasto en base las necesidades de salud (enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad,, determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios.
7.Cambiar la orientación estratégica de la política sanitaria: Pasar de la actual estrategia orientada a la enfermedad y la curación a otra basada en la promoción, la prevención, la equidad y el cuidado a los crónicos
8.Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico (17.000 millones de euros) dado que somos el 2º pais del mundo en consumo de medicamentos y sigue aumentando (8% en farmacia y 26% en hospitales).
9.Crear una agencia estatal para evaluar y controlar nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema
10.Poner en marcha una Estrategia Estatal destinada a racionalizar la actividad asistencial basada en evidencia científicamente comprobada (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y en el enfoque integral de los procesos asistenciales.
FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(Diciembre de 2017)
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La «reforma» de la Sanidad Gallega consistirá en nuevos recortes y privatizaciones
El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo.
Fuente: publico.es Juan Oliver
Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.
Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.
Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.
Según la Plataforma SOS Sanidade Pública, esa nueva distribución permitirá a la Xunta eliminar la atención especializada en numerosos servicios que ahora prestan los hospitales pequeños, trasladando pacientes a los grandes centros que ya se encuentran masificados o que están infrautilizados por los recortes, y que, ante su incapacidad para asumir esas derivaciones por falta de inversión, trasladan pacientes a los centros privados concertados. Ese proceso, además, hace recaer en los propios pacientes de las áreas más despobladas y envejecidas, que suelen estar entre los que más necesidades de atención sanitaria tienen, los costes de transporte a las áreas urbanas para optar a esos servicios, así como los derivados del desplazamiento y estancia de sus familiares y acompañantes.
Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.
Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.
Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.
Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.
Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.
De otro lado, se trata de “poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria” farmacéutica, ya que la nueva ley les faculta para financiar la investigación de nuevas patentes con fondos públicos y en centros públicos, para luego registrarlas a nombre de esas empresas mediante la figura legal de la compra pública innovadora: “La Xunta compra con dinero público una innovación aún inexistente que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. SI la operación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria”.
La asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.
La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.
Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.
En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta la ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.
Aborto: Deshacer el recorte del PP
El Congreso da primer el paso para deshacer la reforma del aborto del PP que quitó derechos a las menores de 18 años Fuente: Eldiario.es
Está siempre pendiente en la agenda feminista. El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tanto se dio hace unos años, sigue todavía coleando y esta semana entra en el Congreso de los Diputados. Lo hace mediante una proposición no de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que entre otras cosas, pide deshacer la reforma del PP de 2015, que impide a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin consentimiento. La iniciativa es una declaración de intenciones que se debatirá este martes en la Comisión de Igualdad como una especie de tanteo con la intención de darle continuidad con propuestas, ya sí, vinculantes.
«Si son adultas para muchas cosas también lo son para esto. Este país ya estuvo de acuerdo, es un retroceso de derechos incomprensible para una democracia», explica la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, que defenderá la iniciativa.
Se trata de tomarle el pulso a la cámara para saber por dónde respira dos años después de la reforma que impuso el PP para modificar la ley del 2010 de Zapatero. La amenaza era mayor: el objetivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era tumbar por completo la norma socialista y alumbrar la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Quería sustituir los plazos –la interrupción es legal en un tiempo marcado independientemente de las razones– por los supuestos –solo lo es si la mujer se circunscribe a unos motivos concretos–.
Sin embargo, el Gobierno abandonó la idea entre las protestas multitudinarias del movimiento feminista, y mantuvo solamente lo que tenía que ver con las menores de 16 y 17 años. Con la nueva norma, les arrebató el derecho a decidir si interrumpían voluntariamente su embarazo y les obligó a que el consentimiento fuera prestado por sus progenitores. Ruiz Gallardón dimitió al ver truncado su plan inicial. El PSOE y Unidos Podemos siempre se han mostrado partidarios de recuperar el consentimiento de las menores.
Así lo establecía la versión anterior al Gobierno de Mariano Rajoy, la de 2010, por la que el consentimiento les correspondía a ellas, aunque al menos uno de sus progenitores debía estar informado de la decisión. Sin embargo, la regla contemplaba una excepción: cuando la menor se expusiera a una situación de violencia por hacerlo, no debía informar a sus progenitores. Cinco años después el rodillo del PP acabó con ello, exponiendo a las jóvenes, según las organizaciones feministas, al aborto clandestino.
Los conservadores no contemplaron en su reforma situaciones de violencia en el ámbito familiar, simplemente eliminaron este artículo de la ley socialista y, aunque dieron marcha atrás en la idea inicial de reforma, mantuvieron un recurso en el Tribunal Constitucional que presentaron en 2010. Desde entonces, ha aplazado el debate, nunca se ha llegado a dictar sentencia y el recurso sigue parado.
Fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es aseguran que no hay vocación de iniciar el debate sobre un recurso que algunos magistrados prefieren dejar en el cajón. «Hay una opinión mayoritaria de dejar el asunto dormido y no afrontar la posibilidad de sentencia», explican. Frente a esta opinión, otros magistrados se decantan por archivar el recurso con el argumento de que el recurrente (el Partido Popular) ha gobernado con mayoría absoluta y posibilidad de reformar los artículos que consideraba inconstitucionales: «No lo han hecho y de ello se puede deducir que el recurso ha perdido su sentido inicial», aseguran.
Progenitores informados sí o no
Los partidos que se muestran dispuestos a abordar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo encuentran en el punto de si los progenitores deben o no ser informados una de sus posibles desavenencias. La propuesta de Unidos Podemos apuesta por devolver el derecho a las menores, pero «dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores».
Ciudadanos, por su parte, presentará una enmienda propia para pedir que en un plazo determinado se elabore un estudio sobre los efectos de la reforma popular en las menores. En base a esos resultados «habrá que definir cuál es la mejor manera de abordar el tema», explica Patricia Reyes, diputada de la formación, que aún así apunta a que no descarta apoyar la propuesta de Unidos Podemos.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), casi el 90% de las chicas que se sometieron a un aborto en 2014 lo hicieron acompañadas de sus familias; el resto, alegaron diferentes motivos para no hacerlo, como abandono, progenitores en prisión, mujeres migrantes que viven emancipadas en nuestro país o víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Un dato que, para el PSOE, que siempre se ha mostrado partidario a regresar a su ley, hace necesario insistir en las menores que viven situaciones conflictivas con sus progenitores y no pueden informarles. «La obligación de la información se negoció intensamente en la redacción de la ley de 2010 y al final se decidió que debían ser informados porque era un punto que podía haber tumbado sin dudarlo el TC; era la forma de garantizar el derecho», explica la diputada Ángeles Álvarez.
«Debemos negociar con todas las fuerzas políticas, no solo la izquierda. Sin embargo, podemos arriesgarnos a poner en riesgo los derechos de la mayoría por introducir un elemento de máximos», prosigue. La formación se comprometió el pasado 28 de septiembre, en el día internacional del aborto, a dar marcha atrás a la reforma: «Desde el PSOE nos comprometemos a modificar la ley, cuando existan las condiciones políticas adecuadas», en especial lo referido a las menores para «evitar el grave riesgo que puede suponer para sus vidas que acudan al aborto clandestino e inseguro», explicó el partido en una nota.
De hecho, presentó un voto particular para el pacto de Estado contra la violencia machista que la Comisión aprobó aunque fue vetado por el PP –al no ser por consenso no se incluye entre las medidas del documento del pacto–. En él se pedía la modificación de la ley para que las menores de 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, en situación de desarraigo o «en otras circunstancias que las hagan especialmente vulnerables» no se vean obligadas a contar con el consentimiento.
Más allá de las menores
La PNL no solo se refiere a las jóvenes de 17 y 18 años, también incorpora otras demandas como la implantación de un programa de formación para las y los profesionales sanitarios, introducir mecanismos de apoyo para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que, en 2015, fueron 94.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La cifra no ha parado de descender desde 2010, con un pequeño repunte en 2011.
Sin embargo, la mayor parte de abortos siguen realizándose en clínicas privadas (83.153 en 2015 frente a los 11.035 en centros públicos). Por eso Unidos Podemos reclama que se investigue el por qué de estas cifras, se suprima los tres días de reflexión que contempla la ley, se escuche a la mujer en los comités clínicos que deciden si autorizan el aborto o no cuando excede del marco temporal autorizado o que pongan mecanismos contra el acoso de grupos contrarios al aborto que a día de hoy siguen instalándose a las puertas de las clínicas de muchas ciudades españolas.
«Queremos volver a recuperar el espíritu integral que mantiene el movimiento feminista respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que está bastante recogido en la ley de 2010, pero faltan cosas por desarrollar»
explica Ángela Rodríguez. De hecho, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla la ley, fue paralizada tras la entrada del PP a la Moncloa, nunca se ha evaluado y ni siquiera se ha renovado tras caducar en 2015.
Leche infantil con Salmonella
Fuente: elpais.com El Gobierno francés ha anunciado este domingo una retirada masiva de leches infantiles fabricadas por el grupo Lactalis y destinadas a Francia y a al menos una docena de otros países, por el riesgo de contaminación de salmonela, un grupo de bacterias que puede producir desde gastroenteritis hasta infecciones más graves y que puede ser potencialmente peligrosa para los niños, los ancianos y las personas con un sistema inmunológico debilitado. Las cantidades afectadas por la alerta sanitaria son «enormes», según ha reconocido un portavoz del grupo lechero. La lista completa de los productos implicados se puede consultar en www.solidarites-sante.gouv.fr.
Tras la intoxicación de una veintena de bebés menores de seis meses en Francia, que habían consumido los productos de Lactalis, el grupo anunció el 2 de diciembre la retirada de 12 referencias de leches infantiles elaboradas en su planta de Craon, en el oeste de Francia. La retirada afecta casi 7.000 toneladas de productos potencialmente contaminadas, según explicó Michel Nalet, director de comunicación del grupo. «No soy capaz de decir lo que ya se ha consumido», añadió.
Sin embargo, esa retirada no ha sido suficiente para controlar el riesgo de contaminación, según el Ministerio de Economía. Esta semana se han detectado cinco nuevos casos de samonelosis, una de ellas tras ingerir un arroz con leche que no estaba en la lista de los productos originalmente en la alerta. Según Lactalis el foco puede ser una torre de secado de su fábrica entre el 1 y el 6 de mayo pasado. «Por precaución hemos decidido llamar a la retirada de un lote más amplio de los productos fabricados desde el 15 de febrero.
Las autoridades francesas han publicado una lista de más de 600 lotes que se vendían en países como Colombia, Perú, Argelia, Marruecos, Reino Unido, Taiwán, Rumanía, Grecia, Bangladés, China, Georgia, Haití o Pakistán.
En el caso de Colombia se trata de los productos Celia Expert (fecha de caducidad en abril y mayo de 2017) y Celia sin Lactosa (julio de 2019), según el comunicado del ministerio francés. En Perú los productos afectados son de la marca Gloria Infantil (junio y noviembre de 2019). En Haití, la retirada concierne los productos Celia Nutrición (agosto de 2019).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Osalde en El Salvador
Entre los días 20 y 28 de noviembre una delegación de Osalde ha viajado a El Salvador una delegación de Osalde, invitado por el Ministerio de Salud del Gobierno Salvadoreños del FMLN, para participar en dos eventos, el Congreso internacional para la evaluación de la Reforma de la Salud en el País, patrocinado por AECI y Medicus Mundi, y el VII Curso de la Universidad Internacional de Salud por los Pueblos (UISP).
Los médicos Txema Ostolaza, experto en gestión hospitalaria, Juan Mari Guergué, Jefe deServicio de Cuidados Intensivos y Juan Luis Uria, especialista en Salud Publica, han participado en los dos eventos con distintas ponencias y comunicaciones. Además han participado en actividades de asesoría de Gestión Hospitalaria, en temas de reforma de la Salud Mental, y en los debates realizados en el marco de los eventos sobre el ejercicio del Derecho a la salud (En el marco europeo y latinoamericano), la organización de la Atención Primaria de la Salud, el funcionamiento de las Redes Integrales e INTEGRADAS DE SALUD (RIIS), y sobre los procedimientos de la Participación social en los Sistemas de Salud , y en concreto el papel del Foro Nacional de salud.
La participación de expertos Latinoamericanos en el campo de la salud pública como Oscar Feo (Venezolano), Saúl Franco (Colombiano), Sara Fernández (Colombiana), Mario Rovere (Argentino), Victor Pezaschade (Argentino) y Nila Heredia (Boliviana), todas y todos ellos miembros de ALAMES (ASOCIACION LATINOAMERICANA DE Medicina Social), ha dado especial relevancia a la profundidad de los debates realizados.
El Belga, Dr. Pol de Vos, profesor del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, aporto la visión desde su experiencia solidaria y profesional en los procesos de participación comunitaria en los escenarios de reforma de los Sistemas de salud.
Especial importancia ha sido la presencia, la capacidad de organización y el liderazgo del Dr. Eduardo Espinoza, Viceministro de Políticas de salud, en el éxito de los eventos. Asimismo, la delegación de Osalde ha mantenido reuniones con el Movimiento de profesionales salvadoreños “Salvador Allende”, con dirigentes del Ministerio de Salud y con líderes comunitarios del Foro Nacional de Salud.
El viaje ha cumplido con creces los objetivos previstos, donde la acogida y la hospitalidad de los profesionales salvadoreños han sido excelentes, así como las relaciones con la organización Medicus Mundi, a la que agradecemos especialmente su compromiso en la organización de los eventos. La delegación de Osalde ha recogido los nuevas tareas para el próximo periodo que se estudiaran en el marco del Grupo de Trabajo de Cooperacion en Bilbao.
La desigualdad sanitaria como violencia
Más allá de la genética, las mujeres sufrimos determinadas enfermedades simplemente por el hecho de serlo. En los últimos años, tanto desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), como a través de las investigaciones y estudios publicados por el Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM) de nuestro país, se evidencian muchas de las diferencias y desigualdades en todos los aspectos relacionados con la salud de los unos y otras.
Pero a pesar de los datos, la mayoría de los profesionales de la salud no tratan a las mujeres y su salud con perspectiva de género. Vivimos en un modelo que, por ejemplo, no cuestiona la desigualdad que arrastran las mujeres por la carga extra de trabajo doméstico y cuidados que realizan. Y ese desequilibrio pasa factura en cuanto a fibromialgias, migrañas o anorexias nerviosas. Es una evidencia, el 90% de las enfermedades físicas que se dan entre las mujeres están relacionadas por no entender las cuestiones de género.
Pero más allá de eso, de que la artrosis afecta al triple de mujeres que de hombres o de que de 9 de cada 10 personas que sufren fibromialgias o migrañas sean mujeres, en la Asociación Mujeres para la Salud (AMS) hemos acuñado también otra dolencia, lo que nosotras llamamos “depresión de género” y que utilizamos para poner nombre a los problemas psicológicos de las mujeres por el hecho de serlo, por esos factores culturales y sociales que van más allá de la genética. No son depresiones exógenas, hay unos síntomas claros que están relacionadas con la cultura en la que vivimos y tienen que ver con los roles de unos y otras, con los cuidados que siempre recaen sobre nosotras, con las relaciones de pareja que hemos aprendido… Esa carga la han sufrido las mujeres, repercute en su salud y al final es un problema público que no se ha querido ver y estudiar. Y eso sin entrar en el maltrato y el abuso de menores, un tema gravísimo y oculto durante años.
Según la concepción de una medicina patriarcal, los síntomas por los que las mujeres suelen acudir a la consulta se consideran como expresión de trastornos en el funcionamiento de un cuerpo biológico. Se invisibiliza la relación entre las condiciones de vida y los síntomas por los que consultan y se inicia un proceso “medicalización de los conflictos”. Los estudios indican que las mujeres de nivel socioeconómico bajo suelen ser más medicadas que las de otros sectores. Son mujeres que acuden, en primer lugar, a los servicios de guardia hospitalarios, o al médico general por sus dolencias, y suelen recibir un tranquilizante.
Nuestro reto pasa porque el género se incluya en la sanidad en los próximos años.
Porque no hay una formación específica dirigida a la comunidad médica, colegios de psicólogos y enfermería que tengan en cuenta, más allá de la biología, otras dolencias relacionadas con los factores sociales y culturales que afectan a las mujeres. La sociedad patriarcal solo ha estudiado, desde una mirada androcéntrica, al hombre.
Este post forma parte de una serie de entradas creadas específicamente por diversas expertas, en el marco de la campaña #MeNiegoA de Oxfam Intermón. Tienen como objetivo sensibilizar y generar debate acerca de la gravedad de las violencias machistas en nuestra sociedad durante los 16 Días de Activismo contra la violencia de género.
Soledad Muruaga López de Guereñu es Presidenta y cofundadora de la Asociación Mujeres para la Salud
Campaña contra la Disfunción Sexual Permanente por Medicamentos
Fuente: nogracias.eu Los antidepresivos más frecuentemente implicados en la disfunción sexual permanente del adulto (DSPA) son los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) como paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram o vortioxetine; inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) como venlafaxina, desvenlafaxina o duloxetine; y antidepresivos tricíclicos como clormipramina e imipramina.
Campaña contra la Disfunción Sexual Permanente por Medicamentos. Por RxISK