Viaje de Osalde a Mali
En los pasados días dos compañeros de Osalde, Maite López y Roberto Fernández de Pinedo, se han desplazado a Mali, en concreto a la village de Beleko, en la Comuna de Djedougou, donde Osalde viene trabajando en diferentes proyectos desde hace casi diez años.
Las UCIs de Valencia serán lugares más amables
Fuente: Valencia, cadenaser, 28/11/2017 Las unidades que conocemos como UCIS van a dejar de ser el lugar inhóspito, ruidoso e impersonal que son normalmente, y que llegan a provocar un síndrome conocido como post-UCI en los pacientes que tienen que pasar un tiempo ingresados allí.
Un equipo de 33 profesionales ha elaborado el Plan de Mejora de la Humanización en las Unidades Asistenciales de Pacientes Críticos. 44 Unidades se van a beneficiar de este Plan de Mejora, que se va a aplicar en los próximos meses. Para mejorar el confort del paciente se va a minimizar en lo posible el exceso de ruido, de luz, de falta de intimidad, se dotará el espacio de colores adecuados, música relajante, de relojes y calendarios que estén a la vista de los pacientes para que no se desorienten.
Además, y muy importante, se va a ampliar el tiempo de estancia de familiares en la UCI que ahora es de un máximo de una hora al día, y que, se pretende que, en un año, pueda ser ya de cuatro horas al día:
Se mejorará la intimidad en su relación con el paciente y la comodidad del familiar,que dispondrá de una sala de estar específica con mobiliario adecuado, tendrá acceso a aseos próximos y a dispensadores de bebida/comida las 24 horas.
Pensando también en los profesionales, se evaluará el riesgo psicosocial en las Unidades de Atención a Críticos y se controlará la iluminación, el ruido, la temperatura, la humedad y la ventilación. Además, promoverá espacios de descanso para el personal que trabaja en estas unidades, con el fin de que que disponga de un espacio de ‘desconexión’. Se prevé asimismo la realización de actividades formativas para profesionales de las áreas de críticos intrahospitalarias y cursos on-line a tarvés de la EVES.
Ensayos Clínicos no éticos
Documento informativo que ofrece una visión de ejemplos conocidos de ensayos clínicos no éticos. Fue preparado por SOMO, en colaboración con Wemos, y esta basado en fuentes secundarias. Aunque esta enfocado en los países en vías de desarrollo, también incluye algunos casos de los Estados Unidos de Norte América y Europa. Al ofrecer una visión general, el documento busca ilustrar los problemas en la conducción ética de los ensayos clínicos. No ofrece un análisis de los ensayos clínicos en general o de la escala de vulneraciones éticas. Ciertamente, la escala del problema es desconocida, debido a que no puede estimarse cuantos ensayos clínicos no éticos escapan a la atención pública y además permanecen inadvertidos.
Leer más https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2008/02/Spanish.pdf
La calidad del registro de Ensayos Clínicos
Resumen. La falta de transparencia en la conducta de los ensayos clínicos, el sesgo de publicación y el sesgo de notificación selectiva siguen siendo problemas importantes en la investigación médica. A través del registro de ensayos clínicos, debería ser posible tomar medidas para resolver algunos de estos problemas. Sin embargo, las evaluaciones previas de registros registrados de ensayos clínicos han demostrado que la información registrada a menudo es incompleta y no significativa. Si estos estudios son precisos, esto anula los posibles beneficios del registro de ensayos clínicos.
Métodos y hallazgos
Se tomó una muestra del 5% de registros de ensayos clínicos registrados entre el 17 de junio de 2008 y el 17 de junio de 2009 de la base de datos de la Plataforma Internacional de Registro de Ensayos Clínicos (ICTRP) y se evaluó la presencia de información de contacto, la presencia de intervenciones específicas en ensayos de medicamentos y la calidad de los informes de resultados primarios y secundarios. 731 registros fueron incluidos. Más de la mitad de los registros se registraron después de la contratación del primer participante. El nombre de una persona de contacto estuvo disponible en el 94.4% de los registros de ensayos no financiados por la industria y el 53.7% de los registros de ensayos financiados por la industria. O bien una dirección de correo electrónico o un número de teléfono estaba presente en el 76.5% de los registros de ensayos no financiados por la industria y en el 56.5% de los registros de ensayos financiados por la industria. Aunque casi siempre se proporcionó un nombre de fármaco o número de serie de la compañía, otras especificaciones de intervención de drogas a menudo se omiten en el registro. De 3643 resultados informados, el 34.9% fueron medidas específicas con un marco de tiempo significativo.
Conclusiones
El registro de ensayos clínicos tiene el potencial de contribuir sustancialmente a mejorar la transparencia de los ensayos clínicos y a reducir el sesgo de publicación y el informe selectivo. Estos beneficios potenciales se ven actualmente socavados por deficiencias en la provisión de información en áreas clave de registros registrados.
Artículo en PLOS MEDICINE The Quality of Registration of Clinical Trials Roderik F. Viergever, Davina Ghersi
El SNS necesita más enfermeras, no más médicos
El último Informe de la OCDE sobre salud (Health a Glance 2017) puede darnos algunas pistas al respecto. España tiene un bajo número de empleados en cuidados sociales y de salud (7% frente al 10,1% de promedio de la OCDE) pero el número de médicos es elevado (3,9/ 1000 habitantes versus 3,4) de ellos el 31% eran mayores de 55 años (34,5% en el promedio de la OCDE), y los graduados en medicina por 100.000 habitantes eran 12,8 (promedio OCDE 12,1). Mientras tanto el número de profesionales de enfermería se situaba en los valores más bajos de la OCDE (5,3 versus 9,8 de promedio) y las enfermeras que se gradúan por cada 100.000 habitantes también está a la cola de la OCDE (23,2 versus 46 de promedio), con lo que la ratio de profesionales de enfermería/medicina se situaba en 1,4, justamente la mitad del promedio de la OCDE (2,8).
Es decir el país tiene un número elevado de profesionales médicos que contrasta con una densidad baja de profesionales de enfermería, una situación que no parece vaya a cambiar a corto plazo porque los graduados anuales en medicina más que duplicaban a quienes lo hacían en enfermería.
Esta anómala situación explica en parte los bajos salarios de los profesionales médicos en comparación con otros países de la OCDE, la precariedad laboral y las malas condiciones laborales y profesionales de este colectivo.
Los resultados son muy negativos para el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria donde el promedio de profesionales de enfermería por habitante es de 0,67 impidiendo una política activa de cuidados y las labores de prevención y promoción que son fundamentales.
Aunque estos hechos les deberían de ser conocidos, las autoridades sanitarias parecen obviarlos y siguen empeñadas en fomentar la medicalización del sistema sanitario y en olvidar poner en marcha políticas activas que corrijan la situación.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
14 de Noviembre de 2017
El gobierno del PP amenaza con nuevos copagos
Una respuesta parlamentaria del Ejecutivo abre la puerta a aplicar medidas de ajuste en la financiación autonómica.
La introducción de nuevos copagos puede convertirse en la primera consecuencia para la sanidad del acuerdo para modificar la financiación autonómica de la Conferencia de Presidentes del pasado enero. El grupo de trabajo salido de dicho encuentro emitió un informe en julio en el que apuntaba a los copagos como “una fuente significativa y apropiada de ingresos” para los servicios públicos.
El Gobierno ha respondido a una serie de preguntas del portavoz sanitario del PSOE en el Congreso, Jesús María Fernández, en la que afirma que “se apoyarían todas aquellas acciones que promuevan una demanda responsable de las prestaciones a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS)”.
La comisión para modificar la financiación autonómica consideraba que había que dar mayor libertad a las CCAA para fijar sus propios copagos. Añadía una propuesta para crear “una ley marco de precios públicos y tasas” para establecer nuevos tramos para copagos en sanidad, educación y servicios sociales. Antes de realizarse “una modificación tan importante de la asistencia sanitaria como la propuesta en el informe”, el Ejecutivo plantea realizar un “análisis previo” y “consultar” al Consejo Interterritorial del SNS.
En el último Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, afirmó que se celebrará una nueva reunión con los consejeros autonómicos en enero para abordar las conclusiones de este grupo de trabajo y estudiar la financiación de la sanidad. Es en esta reunión con los consejeros de Sanidad de las autonomías donde se debe valorar el informe con las conclusiones del informe y donde se valorarán medidas para hacer más sostenible económicamente el SNS.
La ministra respondía así a la demanda de un Interterritorial específico sobre financiación que lleva reclamando el PSOE desde que prometiera su cargo hace poco más de un año. No obstante, las competencias para abrir la puerta a nuevos copagos corresponde a Hacienda, ministerio que está estudiando el informe sobre la modificación de la financiación autonómica.
Polémica con los copagos
Los copagos han sido un quebradero de cabeza para Montserrat casi desde que llegó a su puesto. Pocos meses después de asumir la cartera de Sanidad, declaró que el Gobierno estudiaría una revisión en los tramos del copago. La ministra rectificó poco después y hasta Mariano Rajoy tuvo que decir que no se modificarían los copagos “en esta legislatura”. Algo que contrasta con las recomendaciones del grupo de trabajo de financiación autonómica.
El portavoz de Sanidad del PSOE, Jesús María Fernández, duda de las intenciones del ministerio: “En el fondo, el Gobierno esquiva contestar a varias preguntas sobre copagos”. Fernández se refiere a la ambigüedad en el texto del Gobierno y la falta de concreción en otras respuestas.
A la pregunta de si se ha realizado un estudio sobre el impacto del copago en la compra de medicinas por parte de jubilados, el Gobierno remite a los datos de la última Encuesta Europea de Salud, realizada en 2014, que no recoge dicha información. A la pregunta sobre la recaudación de estos copagos, el Ejecutivo responde que los datos corresponden a las comunidades autónomas.
Justicia con prejuicios de género
“Hay un serio peligro de que las mujeres sean revictimizadas por el sistema judicial”
Fuente: Lamarea.com
Women’s Link Worldwide y Abogadas para la Igualdad han presentado una querella por un delito de odio contra el psicólogo forense que emite la mayoría de los informes periciales para la Administración de Justicia en Asturias. Según las organizaciones, en los informes que elabora en juicios por violencia de género y por abusos sexuales “desacredita el testimonio de las mujeres y de sus hijos e hijas basándose en prejuicios y estereotipos de género, como que las mujeres manipulan a sus hijos e hijas para dañar a sus parejas o exparejas”. Es decir, “no se las cree por el hecho de ser mujeres y se las trata como unas mentirosas que se aprovechan de los procedimientos judiciales”. La querella incluye cinco casos: tres sobre abusos sexuales a menores y dos por violencia de género. Hablamos con la presidenta de Women’s Link, Viviana Waisman, sobre el incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.
¿Cuáles son los DDHH más vulnerados que afectan a las mujeres?
Es importante entender que a las personas no se nos puede clasificar como si cupiéramos en ‘cajas’ que no están conectadas entre sí. Una mujer puede ser, a la vez, víctima de violencia de género, víctima de violencia sexual, víctima de conflictos armados y víctima de trata. Por tanto, son muchas las vulneraciones de derechos que una mujer o una niña puede sufrir. Las víctimas de trata, por ejemplo, sufren todas las vulneraciones de derechos conocidas: el derecho a vivir libres de discriminación, a la libertad de movimiento, a vivir libres de tortura, a la integridad física, a vivir libres de violencia, a la salud sexual y reproductiva e, incluso, el derecho a la vida.
¿Por qué se vulneran y no ocurre nada?
Cuando las mujeres y las niñas intentan acceder a la justicia muchas veces se encuentran con prejuicios o estereotipos de género sobre lo que una víctima debe ser o cómo debe comportarse. Existe una falta de formación en género muy grave en los órganos judiciales que lleva a que se produzcan este tipo de situaciones. Y hay un serio peligro de que sean revictimizadas por todo el sistema judicial.
¿El caso de la manada es un ejemplo?
No podemos seguir permitiendo que toda la responsabilidad de demostrar la violencia de género recaiga sobre las mujeres y su testimonio. No se debe seguir juzgando su forma de vestir, cómo se comportaron, si tuvieron cuidado o no cuando iban por la calle… La justicia tiene que poner el foco en qué nos sucede como sociedad para que las mujeres sigan siendo agredidas por los hombres.
¿Cómo ha sido el retroceso en los últimos tiempos?
No cabe duda de que en los últimos años se ha avanzado mucho en el marco legal que asegura los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, las personas que trabajamos en este ámbito sabemos que no se puede pensar de forma lineal, sino que hay que tener en cuenta que ante un avance siempre surgen amenazas y se producen retrocesos. El primer paso siempre es tener un marco legal que reconozca los derechos de las mujeres y prohíba la discriminación, pero además hace falta que se implementen los derechos sin estereotipos de género y cuidando el acceso a la justicia de todas las personas.
¿Por qué en muchos casos está siendo injusta la justicia con las mujeres?
En el campo en el que trabaja Women’s Link, que es la justicia, hay una brecha muy grande entre lo que dice el derecho sobre el papel y cómo se aplica en la realidad.
Los estereotipos y prejuicios que pesan sobre las mujeres y las niñas cuando intentan acceder a la justicia hacen que muchas veces queden totalmente desprotegidas.
¿Hacia dónde vamos?
Lo apasionante de trabajar con mujeres y niñas que enfrentan serias dificultades para disfrutar de sus derechos, ya sea en el empleo, en la salud sexual y reproductiva, en la justicia o en cualquier otro ámbito, es que cuando sus derechos se reconocen y se aseguran, el beneficio repercute en toda la sociedad porque todos y todas vivimos en un mundo más justo.
¿Pero cómo podemos garantizar esos derechos humanos?
Los instrumentos de protección de los derechos humanos son más que suficientes, lo que hay que hacer es aplicarlos con perspectiva de género para defender de una manera amplia y efectiva los derechos de las mujeres y las niñas.
Todo el mundo sabe que los derechos humanos deben ser protegidos y respetados. Quizá no todas las personas sepan definirlos o enumerarlos, pero todos y todas sabemos que todas las personas tienen derecho a que sus proyectos de vida sean respetados y a que sus deseos, sueños y planes de futuro sean escuchados. Esa es la esencia de los derechos humanos.
Informe «Pobreza y desigualdades» 2016
El 1 % de la población tiene más dinero que todo el resto del planeta junto, la pobreza y las desigualdades son cada vez más extremas, intensas y crónicas; y la crisis económica de los últimos años ha aumentado hasta cotas escandalosas las injusticias y las desigualdades entre personas ricas y empobrecidas, desarrollando un modelo de producción y consumo que amenaza el desarrollo sostenible del planeta.
Según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2016 del Gobierno vasco, las tasas de pobreza y desigualdades en Euskadi se mantienen por debajo de la media estatal y europea. Pero aún así, cerca de 440.800 personas (1 de cada 5) están en riesgo de pobreza y exclusión social.
ACNUR también nos recuerda que más de 68 millones de personas viven fuera de sus hogares por la guerra, la violencia y las graves violaciones de sus derechos fundamentales, con especial incidencia en mujeres y niñas. Esto supone el número más alto jamás registrado. Además, en 2016 más de 5.000 personas fallecieron en el Mediterráneo cuando intentaban alcanzar las costas europeas desde Turquía, Libia, Egipto o Marruecos. Se trata de la cifra más elevada registrada hasta el momento.
En un ámbito más cercano, el Estado español únicamente ha acogido al 11% de las personas refugiadas a las que se comprometió para septiembre de 2017 (menos de 2.000 de las cerca de 17.300); y por nuestra parte, en Euskadi, solo hemos acogido a 134 personas del millar al que nos habíamos comprometido.
Denunciamos, por tanto, que tras las llamadas crisis migratorias, existe realmente una crisis civilizatoria ocasionada por nuestro sistema socioeconómico que provoca la migración forzosa de millones de personas en el mundo. Son personas que se han visto obligadas a huir de sus países por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, desastres ecológicos, guerras, pertenencia a determinado grupo social, género u orientación sexual.
Pero nuestro papel como sociedad civil vasca es fundamental. Lanzamos un llamamiento a la sociedad para que se movilice y exija a la clase política que tome medidas concretas y efectivas para acabar con la pobreza y las desigualdades en un ámbito local e internacional. Urgimos a cambiar este sistema que genera riqueza para un pequeña parte de la población y empobrecimiento generalizado para el resto, y que fomenta la guerra para el control geoestratégico de los recursos y destruye la naturaleza e incrementa las desigualdades sociales.
Demandamos un nuevo modelo socioeconómico que tenga como prioridad el respeto por los derechos humanos y la erradicación de la pobreza y las desigualdades. Solicitamos unas políticas migratorias, de asilo y de control fronterizo de Europa más justas que terminen con los acuerdos con los gobiernos de Turquía, Libia y Marruecos que suponen la violación de los derechos humanos en la fronteras. Consideramos imprescindible impulsar un modelo justo de distribución de la renta a través de un sistema fiscal que permita el reparto de la riqueza y el sostenimiento de las políticas sociales y medioambientales. Finalmente, es necesario promover la economía social y solidaria, las finanzas éticas y solidarias, y las cooperativas de consumo en diferentes ámbitos.
Mila Dominguez
En nombre de los colectivos organizadores de la Semana contra la pobreza en Euskadi
El Gobierno niega la ayuda financiera a las autonomías si no firman un convenio que beneficia a las farmacéuticas
Fuente: El diario.es Raul Rejón 26/11/2017
El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.
El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.
Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan más que el crecimiento del PIB en estos fármacos de marca, los laboratorios deben compensar. De esta manera el mensaje es «gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado», explican algunos de los departamentos afectados. Si el gasto es inferior a lo que Hacienda permite a las comunidades –la regla de gasto– se prevén «incentivos» para el sector. «Pero no de forma automática. Eso ya ocurrió en 2016 y no se aprobó incentivo alguno», aclaran en Hacienda que considera el convenio «positivo, ventajoso y una garantía de control del gasto».
Se focaliza así la inversión en un sector.
Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.
Aunque el acuerdo recoge literalmente que «se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen», es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación «para los dos primeros trimestres de 2017», según explicó Hacienda.
Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación «pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación».
El Gobierno cántabro, por su parte, entiende que se trata de un acuerdo «ausente de transparencia» y que no es oportuno que FLA «esté ligado a adherirse a un convenio entre la Administración y la industria farmacéutica».
El bloqueo
¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos? Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria.
Vanessa López, directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio entre el Gobierno y Farmaindustria «está enfocado para mantener el gasto farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante». Pone el ejemplo de que «el presupuesto público en salud ha podido recortarse, pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%, sobre todo con medicamentos nuevos».
Otras de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento más caro. Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose. Farmaindustria ajusta que ambos productos compiten en el mercado en igualdad porque «los originales y genéricos tienen el mismo precio y la sostenibilidad del sistema sanitario está garantizada».
El precio de los medicamentos
Vanessa Lopez dice que muchos de los medicamentos de marca «tienen un precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%».
Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Este órgano está presidido por el secretario general de Sanidad y su vicepresidente debe ser el director general de la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de las comunidades. «El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las regiones», analiza López.
La extensión de los medicamentos genéricos se topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una, pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los medicamentos es un nicho de más de 13.000 millones de euros al año en España. Los genéricos solo suponen el 20%, según la patronal de sus laboratorios Aeseg.
Su incorporación se ve taponada por la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).
Sigue el debate del glifosato
El glifosato es el principal componente del herbicida más vendido del mundo. Está en nuestros parques, cultivos y alimentos. Y ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para el ser humano»
El glifosato es el principal componente del herbicida denominado Roundup, que ha sido desarrollado por Monsanto, y es uno de los productos que mayores beneficios le genera a la compañía. Millones de hectáreas de tierras de cultivo, e incluso parques y aceras, se rocían con Roundup cada año para matar las llamadas «malas hierbas». Y acaba llegando también a los productos con los que nos alimentamos.
Ante este anuncio de la OMS, que pone en riesgo su lucrativo producto, Monsanto está ya tratando con todos sus medios de desacreditar el estudio. Sin embargo, los gobiernos y autoridades europeas deberían escuchar las evaluaciones de la OMS muy en serio y definir ya una hoja de ruta para actuar. Es necesario que se adopten rápidamente medidas de precaución para preservar nuestra salud y el medio ambiente.
Tenemos la oportunidad de lograr que se comprometan a frenar el uso del glifosato y a apoyar un modelo de agricultura ecológica, que no dependa de sustancias peligrosas, respete la salud de las personas y el medio ambiente y nos provea de alimentos sanos para todos hoy y en el futuro.
Ricardo Serra, vicepresidente de Asaja, ha defendido en ‘Hoy por Hoy’ de la cadena SER el herbicida porque es “fundamental para la producción agraria”. “Tiene todos los beneplácitos y virtudes para el control de las malas hierbas y, en contra de lo que algunos dicen, es de un nivel residual muy bajo y tiene un precio relativamente asequible”.
Para Juan López Uralde, portavoz de EQUO, “no se puede mirar para otro lado” cuando hay varios investigadores que han apuntado a los efectos nocivos para la salud del herbicida. “Si fuera tan inocuo, no habría ocho países, entre ellos Francia, Italia o Bélgica, que han anunciado su prohibición en tres años”.