Las CCAA disponen de fórmulas para eludir las leyes sanitarias anuladas
Según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid y exvocal del Consejo del Poder Judicial, Luis Aguiar, las comunidades pueden «rebajar los aspectos que entren en conflicto con las competencias del Estado» para salvar la derogación definitiva.
«Si se anula a través de un conflicto de competencias, no es como cuando una ley se declara inconstitucional, que guillotina a la norma, esto es salvable», explica el Catedrático. Además, cabe destacar que los conflictos de competencias en estos casos, no están claros, incluso, ni para los propios miembros del Tribunal, que, por ejemplo, en el caso de las ayudas al copago vasco, anularon la norma por siete votos a favor y cinco en contra.
El magistrado Antonio Narváez Rodríguez, por ejemplo, emitió un voto discrepante en el caso de este copago en el que declaró: “la comunidad autónoma del País Vasco tiene capacidad de ampliar el ámbito de las prestaciones sanitarias”. Sus compañeros Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer Callejón redactaron también una postura contraria a la anulación en la que señalaban que “el Sistema Nacional de Salud ha dejado sin cobertura a determinados colectivos, el mínimo estatal, antes universal, resulta ahora susceptible de mejora por las comunidades autónomas». Y añadían que con la anulación «se socava una consolidada doctrina constitucional sobre las competencias normativas compartidas en un Estado de estructura plural».
Los pasos de las Comunidades
Los distintos gobiernos regionales se han quejado por la anulación pero rápidamente han empezado a trabajar en la forma de ‘sortearla’. En el caso de Andalucía, los funcionarios sanitarios seguirán trabajando solo 35 horas presenciales y no las 37,5 que marca la ley estatal. Pero para evitar la suspensión del Alto Tribunal deberán realizar dos horas y media a la semana de trabajo no presencial.
La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, también declaró que garantizaría el acceso sanitario universal. Para ello, no aplicaría el decreto anulado por el tribunal, sino que se ceñiría a las instrucciones aprobadas en 2015 a los sanitarios que se pronunciaban en el mismo sentido. Es una de las opciones que apunta el catedrático de Derecho Constitucional, Luis Aguiar: “Sea por decreto o sea por instrucciones pueden buscar que no se invadan las competencias del Estado”. En el caso vasco, por ejemplo, para eludir el copago se emplea la vía de la subvención o la ayuda. La otra fórmula que plantea Aguiar es que “la Comunidad en cuestión llegue a un acuerdo con el Ministerio y este transfiera la competencia en cuestión”.
Alfabetización para la salud, más que información
La alfabetización para la salud se ha tratado de forma extensa y con diversas perspectivas desde 1974, cuando en el marco de una conferencia sobre educación y salud el profesor Scott K. Simonds1 utilizó por primera vez el binomio. Desde entonces, no solo se ha puesto de relieve su importancia, sino que se considera una estrategia global2.
Fuente: gacetasanitaria.org
Dolors Juvinyà-Canal, Carme Bertran-Noguer
Son muchas las definiciones que se han formulado y también las simplificaciones respecto a su aplicación, asimilando el concepto a facilitar información. En este editorial se pretende presentar diferentes aspectos que faciliten la comprensión del concepto de alfabetización para la salud, los actores involucrados y las condiciones necesarias.
La alfabetización para la salud
El término nace en sus inicios como concepto único, con un marco de referencia propio, ligado de una forma u otra a la educación para la salud (la alfabetización como consecuencia del proceso de educación)3. Su objetivo se centraba en la persona y en la información que recibe y de la que dispone.
Es en la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud4 donde la alfabetización para la salud encuentra el marco de referencia para desarrollarse. En la medida en que las personas incrementan el control sobre su propia salud, su salud mejora, y de ahí que la alfabetización para la salud sea considerada un determinante de la salud.
Han sido muchas las definiciones propuestas para la alfabetización para la salud5. Como señalan Sorensen et al.6, de estas definiciones se desprenden dos perspectivas: la clínica y la de salud pública. La perspectiva clínica incluye elementos que reflejan principalmente las competencias de las personas para moverse en el entorno sanitario, y la de salud pública incluye dimensiones más allá del ámbito sanitario, como el entorno familiar, laboral y comunitario.
De todas ellas, la que cuenta con un amplio consenso es la definición del año 2012 elaborada por el Consorcio Europeo sobre Alfabetización para la Salud6: «La alfabetización para la salud está vinculada a la alfabetización y conlleva el conocimiento, la motivación y las aptitudes para acceder, comprender y aplicar la información en temas de salud, con el fin de hacer valoraciones y tomar decisiones en lo concerniente a temas cotidianos de salud, prevención de enfermedades y fomento de la salud, con la intención de mantener o mejorar la calidad de vida en el transcurso de esta».
Las distintas definiciones de alfabetización para la salud engloban el conocimiento, la motivación y las capacidades individuales para entender y acceder a información, expresar opiniones y tomar decisiones relacionadas con la promoción y el mantenimiento de la salud, siendo aplicable en diferentes contextos, entornos y a lo largo de toda la vida.
Los instrumentos de medición
Las primeras herramientas para medir la alfabetización para la salud fueron REALM y TOFLA7. Son principalmente medidas de dominio de la lectura y continúan siendo utilizadas en entornos clínicos. Posteriormente, la escala HALS incorpora cinco dominios relacionados con competencias en salud, lo que significó un avance en la medida de la alfabetización para la salud8.
La Encuesta Europea sobre Alfabetización para la Salud9 proporcionó datos de ocho países donde se identificaban 12 dimensiones de alfabetización para la salud relacionadas con las capacidades para acceder, comprender, valorar y aplicar información relacionada con la salud, con la prevención de enfermedades y con los ámbitos de promoción de la salud, e integraba la perspectiva médica y de salud pública. Sus resultados han servido para constatar la importancia de la alfabetización para la salud, pero también para considerar su papel como determinante de la salud de las personas.
El nivel de alfabetización de las personas afecta a su capacidad para acceder a información sobre la salud, para aprender sobre prevención y fomento de la salud, para seguir tratamientos y hablar de temas de salud con otras personas, y para tomar decisiones en la vida cotidiana. Existe una fuerte correlación entre alfabetización y valoración de la propia salud, y la primera ejerce un efecto específico, directo e independiente sobre la valoración de la propia salud10.
Otro instrumento de referencia es el HLQ, elaborado en 2013 por Osborne et al.11, que fue diseñado para proporcionar a profesionales de la salud, organizaciones y gobiernos datos que describen los conocimientos sobre salud, y sobre las limitaciones y fortalezas de las personas y las comunidades. Este instrumento incorpora elementos de valoración comunitaria y ha sido adaptado a distintas lenguas12.
Alfabetización para la salud, resultado de un proceso
La alfabetización debe circunscribirse en el marco de la educación para la salud. Según Nutbeam3, la alfabetización para la salud es un concepto relativamente nuevo en promoción de la salud, entendiéndolo como un término adecuado para describir una serie de resultados de las actividades de educación para la salud y la comunicación. Desde esta perspectiva, la educación para la salud constituye el proceso que engloba las diferentes intervenciones y actividades encaminadas a mejorar la alfabetización para la salud, que representa el resultado del proceso, con un incremento de los conocimientos, una mayor motivación y el logro de competencias para acceder, entender, evaluar y aplicar a nuestra salud o entorno5.
Cabe señalar, por sus implicaciones, que la Encuesta Europea sobre Alfabetización para la Salud indicó que la alfabetización para la salud es mayor en las personas con más nivel educativo en todos los países participantes. De hecho, los efectos que tiene sobre la salud de las personas una alfabetización limitada no pueden separarse de forma clara de los que proceden de una mala alfabetización en temas de salud9.
También las agendas mundiales han ayudado a poner la salud como principal centro de interés. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas titulan «Promoviendo salud, promoviendo desarrollo sostenible». La salud ha pasado a ser una nueva forma de gobernanza, y la alfabetización para la salud se postula como una prioridad.
Los actores
La alfabetización para la salud es un concepto relacional que no solo contempla el desarrollo de las habilidades personales, sino también la interacción de las personas y su medio ambiente, y el aumento del empoderamiento individual y colectivo9. Desde la perspectiva de la intervención se tienen en cuenta tres actores: los entornos, los profesionales de la salud y las personas. De cada uno de ellos existen múltiples experiencias prácticas.
En relación con los entornos, uno de los ámbitos más trabajados han sido las organizaciones sanitarias. Branch et al.13 definieron las diez condiciones (tabla 1) que deberían cumplir los centros sanitarios alfabetizados.
Características de los centros sanitarios alfabetizados11
| Numeración | Características |
|---|---|
| 1 | Muestran un liderazgo que integra la alfabetización para la salud en su misión, estructura y operaciones. |
| 2 | Integran la alfabetización para la salud en la planificación, medidas de evaluación, seguridad del paciente y mejoras en la calidad. |
| 3 | Preparan la alfabetización del personal en temas de salud y supervisan los avances. |
| 4 | Incluyen poblaciones que han servido para la elaboración, implementación y evaluación de la información y servicios de salud. |
| 5 | Satisfacen las necesidades de la población con una serie de aptitudes de alfabetización para la salud, evitando la estigmatización. |
| 6 | Utilizan las estrategias de alfabetización para la salud en la comunicación interpersonal y corroboran su comprensión en cada punto de contacto. |
| 7 | Proporcionan un acceso rápido a la información y los servicios sanitarios, y una asistencia adecuada para su manejo. |
| 8 | Diseñan y distribuyen contenidos impresos, audiovisuales y de redes sociales fáciles de interpretar y utilizar. |
| 9 | Abordan la alfabetización para la salud en situaciones de alto riesgo, incluyendo las transiciones asistenciales y de comunicación sobre medicamentos. |
| 10 | Comunican claramente qué cubre el seguro médico y qué tiene que pagar la persona por el servicio. |
En profesionales de la salud, los aspectos a considerar para una correcta alfabetización para la salud se centran en la comunicación oral, la comunicación escrita, la autogestión y el empoderamiento del paciente, y los sistemas de soporte a las personas. Hay que destacar en este caso, como ejemplo, las 122 herramientas de la Health Literacy Tool Shed14, iniciativa de la Universidad de Boston.
El tercer actor son las personas y las comunidades, las personas en relación consigo mismas y con las demás (familia, amigos, trabajo), como principales ámbitos de socialización y de toma de decisiones sobre la salud. En este caso, la alfabetización debe ser útil para9:
- Comprender y seguir las instrucciones para cuidarse a sí mismo, incluyendo la aplicación de tratamientos médicos diarios.
- Preparar y llevar a término los ajustes necesarios en el estilo de vida para mejorar la salud.
- Tomar decisiones adecuadas relacionadas con la salud.
- Saber cuándo y dónde acceder al sistema de atención sanitaria en caso de necesidad.
- Compartir actividades de promoción de la salud con otros y abordar cuestiones de salud en la comunidad y en la sociedad.
Las intervenciones comunitarias deben movilizar los recursos técnico-profesionales, administrativos y comunitarios del territorio15 para ayudar a las personas a tomar conciencia de sus activos, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía.
Alfabetización para la salud, una estrategia
En Europa, la alfabetización para la salud está considerada como una medida clave en la estrategia europea de salud para 2020. Se requiere para ello la implicación de toda la sociedad, teniendo en cuenta que es cada vez más compleja y que cada vez las personas acceden o reciben más información, sobre todo a través de Internet. Según el informe del Eurobarómetro16, seis de cada diez europeos consultan Internet para resolver dudas sobre problemas de salud, y nueve de cada diez confían en la información que encuentran. En este sentido, las estrategias políticas que apuesten por la digitalización y la e-salud deben considerar también el nivel de alfabetización para la salud digital de la población y de los/las profesionales de la salud para garantizar la calidad de la información sanitaria en la red16.
Poseer conocimientos de salud se convierte en un reto primordial para garantizar que las personas tengan un mayor control de su propia salud, y con ello un mejor estado de salud y bienestar.
La evidencia de que una alfabetización para la salud deficiente repercute en las personas y también en la comunidad debe permitir que el empoderamiento en salud sea también una prioridad, junto a los grandes retos de salud y desarrollo sostenible de las agendas mundiales.
Contribuciones de autoría
D. Juvinyà-Canal ha realizado la propuesta de esquema inicial y ha organizado la redacción final del documento. Todas las autoras han contribuido, revisado y aprobado la versión final.
Financiación
Ninguna.
Conflicto de intereses
Ninguno.
Bibliografía
1 S.K. Simond Health education as a social policy Heal Educ Monogr., 2 (1974), pp. 1-25
2World Health Organization Declaración de Shanghai sobre la promoción de la salud en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible World Health Organization, (2016)
3D. Nutbeam Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and comunication strategies into the 21st century Health Promot Int., 15 (2000), pp. 259-267
4World Health Organization. Ottawa charter for health promotion. Ottawa; 1986. p. 5.
5R. Suñer-Soler,M. Santinyà-Vila Editores. Alfabetització per a la salut: estàndards i recomanacions per als professionals de la salut Documenta Universitaria;, (2014)pp. 115
6K. Sorensen,S. Van den Broucke,J. Fullam Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models BMC Public Health., 12 (2012), pp. 80 http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-80 Medline
7J.N. Haun,M.A. Valerio,L.A. McCormack Health literacy measurement: an inventory and descriptive summary of 51 instruments J Health Commun., 19 (2014), pp. 302-333 http://dx.doi.org/10.1080/10810730.2014.936571
8D. Nutbeam Defining and measuring health literacy: what can we learn from literacy studies? Int J Public Health., 54 (2009), pp. 303-305 http://dx.doi.org/10.1007/s00038-009-0050-x Medline
9HLS-EU Consortium Comparative report of health literacy in eight EU members states The European Health Literacy Survey, (2012)
10 Organizacio??n Mundial de la Salud Alfabetizacio??n para la salud: datos contrastados Documenta Universitaria, (2014)pp. 118
11R.H. Osborne,R.W. Batterham,G.R. Elsworth The grounded psychometric development and initial validation of the Health Literacy Questionnaire (HLQ)
BMC Public Health., 13 (2013), pp. 658 http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-13-658 Medline
12 H.T. Maindal,L. Kayser,O. Norgaard Cultural adaptation and validation of the Health Literacy Questionnaire (HLQ): robust nine-dimension Danish language confirmatory factor model Springerplus., 5 (2016), pp. 1232 http://dx.doi.org/10.1186/s40064-016-2887-9 Medline
13. Brach,D. Keller,L.M. Hernandez Ten attributes of health literate health care organizations., (2012),
14Boston University. Health literacy tool shed. 2017. (Consultado el 30/3/2017). Disponible en: https://healthliteracy.bu.edu
15 Marchioni M, Morín. La intervención comunitaria. Comunidad. 2016; 2(18). 2016. (Consultado el 21/6/2017.) Disponible en: http://comunidadsemfyc.es/la-intervencion-comunitaria
16European Union. European citizens’ digital health literacy 2014. 2014. (Consultado el 21/6/2017.) Disponible en: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/flash/fl_404_en.pdf
, Rosa Suñer-Soler
Cómo luchar contra la pobreza
«Un primer elemento a la hora de luchar contra la pobreza es la de tasarla objetivamente. Hay muchas formas de medirla, y no necesariamente todas permiten afrontar el tema con la debida pertinencia. Hay una proliferación de pobrezas: la infantil y la energética se han hecho especialmente presentes en los últimos tiempos. Por eso hay que distinguir el grano de la paja y, como en el ámbito de los rumores sobre la inmigración, perfilar bien el fenómeno es el punto de partida adecuado, porque desde la exageración no puede jamás abordarse una política adecuada al fin deseado.»
Fuente: Naiz.eu Xabier Aierdi Urraza Asesor de Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
En segundo lugar, hoy por hoy la pobreza no se da únicamente pero sí básicamente en familias, sea cual sea la definición que adoptemos de ésta. A partir de aquí es desde donde se debería abordar el fenómeno de la pobreza, al menos en una gran parte de sus formas, y sin trocearla en pobrezas «llamativas».
En tercer lugar, en una sociedad crecientemente poslaboral y posalarial, la pobreza y/o su riesgo no solo no van a desaparecer, sino que tienden a acrecentarse en formas de riesgo de exclusión y de pobreza real. En un contexto de digitalización del empleo y de acumulación por desposesión es imprescindible situarse en el escenario futuro más probable: escasez de empleo, fin de la meritocracia y de la movilidad ascendente y re-aristocratización del mundo.
Retomando los números de la pobreza, en Euskadi tenemos un excelente instrumento de medida, la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales que ha vuelto a realizarse en 2014 con dos años de antelación respecto a su calendario. Este estudio se lleva realizando desde hace casi 30 años por parte del Órgano Estadístico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, bajo la dirección de Luis Sanzo.
Según los últimos datos, dados a conocer a primeros de noviembre de 2014, un 5,9% de la población vasca padece pobreza real y un 5,6% sufre de otras modalidades de ausencia de bienestar. En suma, el global de personas con ausencia de bienestar real sería del 11,5% de la población vasca.
Es una situación realmente dramática y absolutamente preocupante porque sobre una población aproximada de 2,2 millones tal porcentaje subsume a alrededor de 250.000 personas. Asimismo, podríamos añadir otras 150.000 personas suplementarias que se encontrarían en lo que podríamos denominar el área de vulnerabilidad.
Según estos datos, no estamos en 1996 o en 1986, pero tampoco en 2008, cuando esta situación de ausencia de bienestar real total afectaba a 175.600 personas.
La crisis ha supuesto la destrucción del 10% del empleo preexistente y ha afectado a la parte más débil y menos estable del sistema productivo: a las personas jóvenes y a las más descualificadas.
Aunque se ha extendido la tesis del impacto que ha tenido la crisis en la clase media, en realidad se ha cebado con la clase baja y con la evolución de sus ingresos: de 2008 a 2014, el 10% más pobre ha perdido un 13,4% de sus ingresos corrientes, el 8,2% en las personas situadas entre el 10 y 20% de ingresos más bajos y el 4,4% en aquellas que se encuentran entre el 20 y el 30% de ingresos más bajos. En consecuencia, desde 2008, la evolución de la radiografía global de las posiciones de la sociedad vasca en relación a la pobreza es la siguiente:
| 2008 | 2012 | 2014 | |
| Pobreza real | 4,2 | 5,3 | 5,9 |
| Otra forma de ausencia de bienestar sin pobreza | 4,0 | 4,8 | 5,6 |
| Bienestar con riesgo | 19,3 | 18,1 | 19,7 |
| Bienestar casi completo | 40,5 | 34,5 | 30,2 |
| Completo bienestar | 32,0 | 37,4 | 38,7 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Crece la población en completo bienestar (38,7% de la sociedad vasca) y decrece del 40% al 30% el porcentaje de personas que vive en bienestar casi completo. Se mantiene el peso porcentual de las personas que gozan de bienestar con riesgo, que rondan alrededor del 19% y, como hemos visto al principio, crece, aunque moderada pero preocupantemente, el porcentaje de personas que experimentan pobreza real u otra situación de ausencia de bienestar real.
Además, es compatible el proceso global de movilidad descendente con el incremento del peso relativo de la población en situación de completo bienestar. Esto se traduce en una mayor desigualdad en la distribución de los ingresos y explica que por primera vez desde 1986 se observe un incremento de las situaciones de desigualdad en la CAE con base en la ratio que relaciona los ingresos del 20% más rico de la población con los correspondientes al 20% más desfavorecido.
| 1996 | 2008 | 2012 | 2014 | |
| Ratio 20% más rico / 20% más pobre | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 4,2 |
Territorial y sectorialmente, destaca el deterioro de la situación en Álava y el peso creciente que la falta de ocupación y el desempleo adoptan como factores determinantes tanto de la pobreza como de la ausencia de bienestar real sin pobreza. En Álava es donde más crece y en Gipuzkoa donde menos. Comarcalmente, se manifiesta especialmente en Gasteiz, Bilbao y margen izquierda.
A la vista de estos datos, Euskadi es hoy más pobre y más desigual que lo que era en 2008, pero mucho menos de lo que sería si careciéramos del SISTEMA RGI+AES+PCV. Los datos son los que siguen:
| SISTEMA RGI/PCV/AES | 2008 | 2012 | 2014 |
| Personas que acceden al sistema | 83.023 | 133.217 | 151.591 |
| Porcentaje sobre población CAE (%) | 3,9 | 6,1 | 7,0 |
| Población en riesgo a la que llega el sistema (%) | 63,6 | 72,6 | 72,9 |
| Población en riesgo a la que no llega el sistema (%) | 36,4 | 27,4 | 27,1 |
| Población en riesgo que no accede al sistema | 47.542 | 50.313 | 56.307 |
| Sobre los ingresos totales del colectivo perceptor, el SISTEMAaporta (%) | 29,9 | 33,5 | 41,1 |
| Personas que superan la pobreza real con el sistema | 40.858 | 68.884 | 80.499 |
| Accediendo al sistema no consiguen salir de la pobreza real (absolutos) | 42.165 | 64.383 | 71.092 |
| Porcentaje de población que no consigue salir de la pobreza real a pesar de ser beneficiaria del SISTEMA (%) | 2,0 | 3,0 | 3,3 |
Sin el SISTEMA (RGI/PCV/AES):
- el 10% más pobre de nuestra sociedad no habría perdido un 13,4% de sus ingresos sino un 25,7%;
- el grupo entre el 10 y 20% de ingresos más bajos un 13,5% y no el 8,2% real, y
- el situado entre el 20 y 30% no el 8,7% sino el 4,4%.
La RGI ha reducido el impacto de la crisis entre el 30% más desfavorecido de Euskadi y es enormemente significativo que casi el 42% de los ingresos totales que disponen las personas afectadas por la pobreza en Euskadi proceden del sistema RGI/PCV/AES. Este esfuerzo de solidaridad tiene un claro reflejo social, que se ratifica al compararlo con otros contextos.
Indicadores comparados de pobreza, precariedad y desigualdad. C.A. de Euskadi y estados más representativos de la Unión Europea. 2013/2014
| % de privación severa | % sin comida proteínica cada 2 días | % impagos o pagos atrasados | % sin capacidad para abordar gastos extraordinarios | |
| C.A. Euskadi | 5,2 | 3,1 | 6,2 | 22,5 |
| Alemania | 5,4 | 8,4 | 5,1 | 32,9 |
| España | 6,2 | 3,5 | 11,9 | 42,1 |
Para la reflexión que se debe realizar en Euskadi en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión, debemos tener en cuenta las siguientes dimensiones:
1. La primera tiene que ver con la experiencia de una crisis que ha concentrado la caída del empleo en la parte más débil, menos estable y cualificada del sistema productivo. Euskadi se enfrenta al reto de integrar en la nueva sociedad del conocimiento también a nuestra población no cualificada.
2. A diferencia de otras crisis del pasado, el aumento asociado del desempleo ha afectado sobre todo a personas mayores de 25 años, muchas de ellas con responsabilidades familiares. La mayor expresión de esta realidad es que más del 75% de las personas que sufren hoy en nuestro país situaciones reales de pobreza se vinculan a parejas con hijos e hijas y a familias monoparentales.
3. En tercer lugar, la pobreza afecta mucho más decisivamente a la población de origen extranjero: frente a un 4% de situaciones de pobreza real entre la población autóctona, la proporción llega al 19,4% a la población nacionalizada y al 36,2% entre las personas en hogares de población extranjera. Esta situación exige estrategias extremadamente complejas, no ocurrencias para promover el retorno a sus países de origen.
4. La intensidad de la crisis actual habría sido aún más intensa si nuestra sociedad no contase con el sistema de garantía de ingresos, que ha reducido de manera decisiva el impacto de la crisis entre el 30% más desfavorecido de Euskadi. Valorar, reforzar, mejorar, ampliar y complementar los niveles de protección debe seguir siendo, por tanto, un eje estratégico para nuestra sociedad, y ya que son muchas las presiones y los detractores contra/de la RGI sería conveniente «no arrojar el niño con el agua sucia».
5. Es cierto, en todo caso, que la crisis económica está colocando a Europa, y de forma especial a los países del Sur, en una posición delicada, con muchas incertidumbres sobre el futuro que nos espera. El reto mayor al que se enfrenta Euskadi es consolidar un modelo social que sea capaz de ofrecer perspectivas de futuro para toda la población de nuestro país. Ese modelo debe ser repensado entre todos y todas, y del acierto en las respuestas dependerá sin duda el bienestar futuro de la sociedad vasca. Será probablemente un futuro en parte poslaboral, con incertidumbres coyunturales y sobre todo estructurales, y en el que junto a las medidas político-institucionales que afronten la pobreza también será necesario un gran acuerdo discursivo sobre el contenido que debe adoptar la cohesión en Euskadi. Evitar el desamparo social y no tratar de resolver las contradicciones sistémicas mediante soluciones personales son dos ejes de ese replanteamiento del imaginario.
El gasto farmaceútico superará los 10.000 millones en 2017, mientras el copago priva de tratamiento al 13,4 % de los pacientes
El techo de gasto de 10.000 millones no se rompe desde 2011, cuando el gasto farmacéutico anual público sumó unos 11.135 millones de euros, justo antes de que el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley 16/2012, con drásticas medidas para reducir esta partida con motivo de las crisis financiera por la que pasaba el país.
Fuente: redaccionmedica.com
Se siguen cumpliendo las previsiones sobre el gasto farmacéutico público por receta del SNS. Este indicador ha encadenado siete meses de crecimiento en el 2017 que acaba de terminar, sin ninguna medida gubernamental que le haya puesto freno.
Concretamente, en noviembre el gasto subió más de un 3 por ciento respecto a 2016, alcanzando los 862 millones de euros solo en este periodo, según datos del Ministerio de Sanidad. Este ascenso ha sido posible gracias, sobre todo, al incremento del gasto medio por prescripción, que ascendió un 2,37 por ciento, hasta los 11,28 euros. También tuvo que ver con este fenómeno el leve crecimiento de las recetas prescritas (que sumaron en noviembre 76.469.811, un 0,71 por ciento más).
De esta manera, desde enero y hasta el undécimo mes del año las comunidades autónomas han gastado en medicamentos dispensados en farmacia comunitaria unos 9.318 millones de euros, un 2,75 por ciento más que en 2016.
De hecho, todo apunta a que el gasto farmacéutico de 2017 se ha cerrado (a falta de que el Ministerio de Sanidad lo confirme) en más de 10.000 millones de euros. Solo es necesario que en diciembre se haya igualado la misma cifra que en 2016, de 843 millones, una cantidad que seguramente se haya superado.
Este techo de gasto no se rompe desde 2011, cuando el gasto farmacéutico anual público sumó unos 11.135 millones de euros, justo antes de que el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley 16/2012, con drásticas medidas para reducir esta partida con motivo de las crisis financiera por la que pasaba el país.
Con todo, se espera que esta evolución se frene en enero, que es cuando han entrado en vigor los nuevos precios de referencia con los que las administraciones públicas esperan ahorrar más de 88 millones de euros.
Por comunidades autónomas
Por comunidades autónomas, el mayor incremento del gasto farmacéutico se concentra en los archipiélagos. Baleares y Canarias aumentaron sus partidas en noviembre un 6,47 por ciento y un 4,95 por ciento respectivamente.
En el otro lado de la balanza está Navarra, que fue la única región que logró reducir su inversión en medicamentos (-5,89 por ciento).
El copago deja sin medicamentos al 13,4% de los pacientes
Que el copago de medicamentos fuerza a muchas personas con pocos recursos a dejar de tomarlos es algo que observan con cierta frecuencia los médicos de atención primaria. Puede servir de ejemplo el caso real de un paciente de unos 50 años en situación de paro, que percibía una prestación de unos 400 €/mes, que sufrió un infarto, que pidió a su médico de cabecera que le cambiara la medicación recetada en el hospital porque el importe de las recetas rondaba los 100 €/mes, y no los podía pagar.
Cuando se habla de copago pensamos sobre todo en los pensionistas. Mucha gente opina que un pensionista no dejará de tomar la medicación porque su aportación no excederá de 0,27 euros/día, como no deja de comer si paga 1 euro/día por la barra de pan. Pero lo cierto es que las encuestas realizadas a pacientes de los centros de salud de Madrid muestran que, como consecuencia de los copagos establecidos en 2012, el 13,43% de los entrevistados ha dejado de consumir algún medicamento por motivos económicos, todos ellos estaban en el grupo de ingresos familiares inferiores a 1.000 euros. El mayor porcentaje de quienes dejaron de tomar medicamentos eran del grupo de parados; luego del de pensionistas y el menor del grupo con trabajo.
Los defensores del copago
Los defensores del copago hablan de copagos evitables, y de regular que los pacientes que tienen que adelantar mucho dinero no deban hacerlo, para evitar abandonos de tratamiento. Sin embargo, la realidad es que se ha introducido una barrera en el acceso a los medicamentos prescritos para un sector de la población que es precisamente el que tiene menos ingresos; es decir hay una desigualdad en el acceso a los medicamentos con un gradiente económico, y en el grupo con enfermedad crónica.
La literatura internacional muestra que los copagos aumentan la no adherencia a los tratamientos y que empeora el uso adecuado de los medicamentos. En España, ni ha habido mejoras de la equidad ni ha habido ahorro farmacéutico, dos de los objetivos perseguidos por la Administración al incrementar en 2012 el copago. Además, en un estudio reciente se ha descrito que hasta el 7,8 % de los pacientes españoles pensionistas con problemas cardiacos dejan de tomar algunos de los medicamentos prescritos. El copago afecta tan negativamente a la adherencia a los tratamientos prescritos que los resultados pueden ser catastróficos, en términos de seguridad para el paciente pero también económicos. Tan es así que una aseguradora americana pasó a financiar al 100% (copago 0) el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva después de demostrar en un estudio piloto el efecto negativo del copago previo .
Estas reflexiones en torno al copago vienen a cuento de su nula influencia para reducir el gasto farmacéutico. Comprobamos una y otra vez cómo se favorecen medidas que esquivan las causas primeras del imparable incremento de la factura farmacéutica. Éstas son la difusión de nuevas tecnologías sanitarias, a menudo muy efectivas pero también muy costosas (tratamiento de la hepatitis C), y la distribución asimétrica del poder en el mercado sanitario, que favorece a la oferta por encima de la demanda.
Este poder asimétrico tiene como consecuencia que los gestores públicos solo parecen capaces de instaurar medidas destinadas a penalizar el consumo (copagos), o a presionar la prescripción directa de los médicos de atención primaria (necesidad de visados de inspección para algunos productos, incentivos a recetar menos, incentivos a la supuesta mejor calidad de prescripción). Sin embargo, nada se hace sobre el omnímodo poder de la industria farmacéutica; ni sobre la calidad de los nuevos medicamentos; ni sobre los requisitos para incluir en la financiación pública nuevas moléculas, que cada vez aportan menos a la salud colectiva pero cada vez cuestan más al erario público y a los usuarios; ni sobre el comportamiento científico y profesional de muchos médicos abducidos por las nuevas tecnologías, poco sensibles a las condiciones particulares de los pacientes y nada alineados con los objetivos salubristas y de justicia distributiva del sistema sanitario.
Centro de evaluación
En los últimos años se viene insistiendo también en la conveniencia de poner en marcha un centro que evalúe de manera independiente y transparente los nuevos medicamentos. Algo similar al NICE inglés. Se trataría de tener una medida independiente de la aportación a la salud de cada nueva medicina, en los términos que importan al paciente (beneficios, riesgos, inconvenientes y costes) y en el balance coste-beneficio para el conjunto de la asistencia sanitaria y, en su caso, para su financiación por el sistema sanitario público.
Afortunadamente cada vez son más insistentes las peticiones de transparencia e independencia para las sociedades profesionales médicas y para los médicos individuales, así como las iniciativas que persiguen visibilizar las intenciones confesas e inconfesas de la industria farmacéutica, y que abogan por unas relaciones independientes de la política con la industria (eliminar las denominadas puertas giratorias), y por alejar la actividad médica de los “humos industriales”, como promueve en España NoGracias.
Para el caso concreto del infarto de miocardio, en los Estados Unidos se ha comprobado en algunos estudios que la eliminación de los copagos para los fármacos prescritos después del infarto no empeoró los resultados en salud; que al mejorar la cobertura de medicamentos recetados aumentó la adherencia a los tratamientos; y que descendió la tasa de eventos vasculares mayores. Por su parte, la reducción del gasto del paciente no supuso incrementos en los costes generales de salud.
Volviendo al caso del paciente infartado aludido en el primer párrafo, si el cardiólogo que le dió el alta hubiera sido menos proclive a estar a la última de tal nueva medicación a cada cual más costosa, y hubiera sido más sensible a las condiciones socioeconómicas del enfermo, habría encontrado una medicación tan eficaz pero más barata, tanto para el paciente como para el sistema sanitario. Menos mal que hubo un médico de cabecera capaz de enmendar la plana al prestigiado cardiólogo.
Sería necesario, sin embargo, que los otros mecanismos de control de la prescripción y el gasto farmacéutico que se han citado, si funcionan de verdad, no exigieran mecanismos de solución de problemas in extremis.
Luis Palomo es médico y miembro del grupo Sanidad 17
Uso de antipsicóticos a largo plazo. La ética del riesgo
«Existe un amplio y constante desfase entre las evidencias científicas y las creencias de prescriptores y gestores de los servicios, y una práctica clínica que sobrevalora la efectividad de los antipsicóticos. Se requieren nuevas líneas de investigación y cambios profundos en la práctica clínica y la organización asistencial.»
Fuente: Jornadas de la AEN 2017 Jose A. Inchausti Arostegui
Uso de antipsicóticos en la psicosis. Alcance, limitaciones y alternativas. Una revisión bibliográfica. José A. Inchauspe Arósteguia y Miguel A Valverde Eizaguirre.
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Los Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2018
Los presupuestos que las CCAA dedican a la Sanidad son un exponente de su
preocupación por el sistema sanitario público, ya que el actual modelo de financiación autonómico, al hacer transferencias globales a cada comunidad autónoma para atender todas las competencias recibidas permite a estas trasladar a los presupuestos su interés por la Sanidad y a la vez abre un amplio abanico de financiación por habitante y año entre todas ellas.
Fuente: FADSP
Los presupuestos para 2018 deben ser vistos con prudencia, porque Cataluña no los han presentado todavía y no se sabe cuando lo hará, y varias más no los han aprobado definitivamente, por lo que las cifras finales pueden diferir de las que se presentan en el siguiente cuadro que recoge el presupuesto destinado a Sanidad por habitante y año.
| 2010 | 2017 | 2018 | |
| Andalucía
| 1180,09 | 1.106,14 | 1.166,39 |
| Aragón
| 1419,37 | 1.433,6 | 1.555 |
| Asturias
| 1507,15 | 1.578.64 | 1.655,95 |
| Baleares
| 1066,37 | 1.307,23 | 1.376,38 |
| Canarias | 1295,36 | 1.264,74 | 1.268,40 |
| Cantabria | 1347,47 | 1418,30 | 1.469,7 |
| C y León | 1360,62 | 1.343,15 | 1.473,02 |
| CLM
| 1346,52 | 1.271,43 | 1.375,23 |
| Cataluña | 1298,84 | 1.192,83 | 1.192,83 |
| C Valenciana | 1122,79 | 1.233,09 | 1.294,83 |
| Extremadura | 1509,72 | 1.422,37 | 1.488,42 |
| Galicia | 1333,39 | 1.331,57 | 1.380,87 |
| Madrid | 1108,14 | 1.184,65 | 1.214,97 |
| Murcia | 1334,25 | 1.209,17 | 1.239,55 |
| Navarra | 1543,12 | 1.633,15 | 1.653,39 |
| País Vasco | 1623,08 | 1.632,79 | 1.693,49 |
| La Rioja | 1443,94 | 1.362,58 | 1.390,29 |
| Media CCAA | 1.343,95 | 1.337.02 | 1.403,53 |
| Ratio Máximo/ Mínimo | 1,52 | 1,47 | 1,45 |
Nota: para Cataluña se ha incluido la misma cifra de 2017
De lo que conocemos podemos sacar algunas conclusiones:
1) Resulta preocupante que varias CCAA no hayan aprobado aún de manera definitiva los presupuestos, y que otra ni siquiera los haya presentado, porque eso supone que se aprobaran como pronto en 3 meses o cerca del verano y
solo serán de aplicación en el segundo semestre del año.
2) Las 15 que los han presentado en todos los casos realizan incrementos sobre los de 2016, en muchos casos muy modestos, y solo en once de ellas se superan los de 2010 que fue el momento de mayores presupuestos per capita
destinados a la Sanidad Pública. El resultado es un aumento global del 4,97% sobre 2017.
3) La comunidad autónoma con menor presupuesto per capita continua siendo Andalucía y la que lo tiene mayor es el País Vasco que tradicionalmente es la mejor situada. La diferencia entre el máximo y el mínimo sigue siendo muy
importante (527,1 €/ habitante y año) lo que obviamente hace casi imposible que se den las mismas prestaciones con igual nivel de calidad.
4) Además hay que tener en cuenta que el gasto farmacéutico no ha parado de incrementarse desde 2010. tanto el hospitalario que lo ha hecho de manera muy importante (casi el 19%), como el de recetas, y que el Ministerio de
Hacienda acaba de volver a ratificar el acuerdo con Farmaindustria que le garantiza un incremento en el gasto igual al de PIB, con lo que el presupuesto disponible para asistencia sanitaria ha disminuido globalmente.
En resumen, se produce un aumento de los presupuestos sanitarios de las CCAA, aunque la distribución del aumento ha sido muy variable entre ellas, de manera que solo once han superado los valores de 2010 (otras 6 continúan por debajo), evidenciándose también que se mantiene una gran diferencia entre los presupuestos por habitante y año de las CCAA, diferencia que estimamos excesiva, no justificada y lesiva para la cohesión y la equidad interterritorial.
Evidentemente una de las causas está en el retraso de la negociación sobre la financiación de las CCAA. Pensamos que sería preciso incrementar la financiación sanitaria y hacerla finalista para paliar estas excesivas desigualdades.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
2 de Enero de 2018
La vacunación obligatoria a debate
En Francia la vacunación infantil será obligatoria, por ley, a partir de 2018. Actualmente solo hay tres vacunas obligatorias en Francia: la de la difteria, la del tétanos y la de la polio. El resto solo se recomiendan. A partir de 2018 los padres estarán obligados a administrar un total de 11 vacunas.
Italia acaba de promulgar un decreto-ley que impone 12 vacunas obligatorias para la escolarización. Los padres que no certifiquen el tratamiento no obtendrán plaza para sus hijos en centros de enseñanza públicos y se enfrentan a sanciones económicas, lo cual ha causado una oleada de estupor y de protestas en dicho país y en todo el mundo.
En mayo pasado el Parlamento sueco declaró inconstitucional toda vacunación obligatoria, y a principios de junio el Bundestag rechazó un proyecto de ley que pretendía establecer la obligatoriedad de la vacuna triple vírica.
Últimamente estamos viviendo un debate cada vez más encendido entre aquellos que defienden la vacunación obligatoria de los niños y los que se niegan a suministrar dichas vacunas, aduciendo que están vinculadas con el desarrollo de diversas enfermedades, entre ellas, el autismo.
Una reciente encuesta puso de manifiesto que tres de cada 10 franceses desconfían de las vacunas, y solo la mitad cree que los beneficios de vacunar a los pequeños son mayores que los riesgos.
Según la Organización Mundial de la Salud, un brote de paperas se extiende por Europa pese a que existe desde hace tiempo una vacuna contra esta enfermedad y obviamente, culpan de ello a la no vacunación
El movimiento antivacunas se basa en un estudio publicado por el doctor Andrew Wakefield en el diario The Lancet hace 20 años. En aquel estudio se asociaba el autismo con la vacuna triple viral o SPR (MMR por sus siglas en inglés) que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola.
El actor Rob Schneider, conocido por sus papeles cómicos en numerosas películas de Hollywood, denunció de forma pública la necesidad de investigar el escándalo de las vacunas en EEUU en el que está envuelto el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU).
La ex jefe del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU), la doctora Julie Gerberding, participó activamente en un fraude científico deliberado con el fin de enterrar la evidencia clínica que vincula la vacuna triple vírica a un aumento del 340% de casos de autismo entre los niños afroamericanos.
Al parecer, el CDC sabía que la vacuna triple vírica (sarampión, parotiditis y rubeola) causó autismo en bebés negros y sus mejores científicos conspiraron activamente para encubrir este hecho durante los últimos doce años.
El Dr. Brian Hooker de la Fundación Focus Autismo realizó un estudio que fue publicado el 8 de agosto en la revista científica Traslational Neurodegeneration, donde se muestra que los niños afro-americanos que recibieron su primera triple vacuna vírica antes de los 36 meses de edad son 3,4 veces más propensos a desarrollar autismo que los niños con una edad de más de 36 meses. Sospechosamente, la Dra. Gerberding fue recompensada posteriormente por su conspiración científica con un lucrativo cargo ejecutivo en la empresa fabricante de vacunas Merck, donde todavía trabaja actualmente.
La Sociedad Francesa de Salud Pública (SFSP) considera, al igual que la Conferencia Nacional de Salud, que es necesario comprometerse enérgicamente con la suspensión de la vacunación obligatoria y permitir que el usuario asuma y haga uso de todas sus responsabilidades. Esto tendría además la ventaja de hacer que avance la armonización de las prácticas de inmunización dentro de Europa.
Según Transparency International, “El Imperio vacunal pretende, a través de los medios de comunicación, metiendo miedo a todas las familias y manipulando a la nueva ministra, imponer 11 vacunas a todos los recién nacidos”…El argumentario se basa en el acuerdo ciudadano, hábilmente manipulado por las grandes compañías farmacéuticas y por la anterior ministra. Esta recomendó, a finales de 2016, la ampliación temporal, para los niños de entre 5 y 10 años, de la vacunación obligatoria debido al recrudecimiento de los casos de sarampión (aunque no sabemos nada en lo referente al estado en que se encontraban anteriormente estos niños), y haciendo un llamamiento a la solidaridad nacional en esta materia.
Ya el Consejo Científico del Colegio Nacional de médicos de familia docentes (CNGE) ha dado a conocer su punto de vista: “No hay ninguna evidencia científica que demuestre que esta medida pueda conducir a una mejor protección, especialmente para los niños. Es de temer que su carácter autoritario refuerce la desconfianza y la sospecha de una parte creciente de la población”.
La realidad en España indica que, aunque parezca que el movimiento antivacunación esté en auge, la cobertura de los niños se mantiene por encima del 95% en los dos primeros años de edad y en otro tipo de vacunas que se aplican a otras edades, como por ejemplo la vacuna del papilomavirus a los 12 años, se sitúa en el 78%, subiendo.
Sobre la obligatoriedad de la vacunación, las asociaciones que reúnen a los pediatras españoles, como la AEP y la SEPEAP se inclinan de forma oficial por no obligar a cumplir el calendario vacunal, ya que por ahora la situación está controlada, y la obligación podría provocar un efecto contrario, potenciando un sentimiento contra la vacunación más perjudicial que beneficioso.
Acta de la Junta directiva 12/2017
Acta de la Junta Directiva Ordinaria de diciembre 2017
Bilbao, 14 de diciembre de 2017 (más…)
Tecnología adaptada a la tradición del Sahel
En la localidad de Beleko, a 200 kilómetros al este de Bamako, la capital de Malí, los trabajadores locales y cooperantes de la ONG española Geólogos sin Fronteras están realizando sondeos mediante perforación manual. Esta es una técnica para extraer agua potable del subsuelo que permite abaratar el coste de construir un pozo de 15.000 euros a unos 400, según Pedro Martínez Santos, coordinador del proyecto y profesor de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid.
Fuente: elpais.com
La técnica de perforación manual fue aprendida por los cooperantes de GSF con los misioneros baptistas en Dallas (Texas, Estados Unidos) para luego aplicarla en Beleko. Allí se dieron cuenta de que por las características del material geológico, lo aprendido en Texas no funcionaba igual de bien, así que tuvieron que adaptar tanto la técnica como los materiales y las herramientas.
Todos los materiales y herramientas deben poder adquirirse en Malí, y todas las reparaciones también deben poder hacerse en el ámbito local, pues los geólogos de GSF aspiran a que el proyecto quede en manos de los trabajadores locales. El proyecto de esta ONG ha sido apoyado por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. Pedro Martínez Santos, Jose Antonio Cerván y Frank Robador, son los geólogos y cooperantes de GSF.
Europa pone en evidencia a España al calificar de «crítico» el nivel que ha alcanzado la desigualdad
La Comisión Europea realiza por primera vez un análisis socioeconómico de los 28 países para vigilar algunos indicadores que se está yendo de las manos al bienestar social, y sitúa a España en la séptima posición por la cola
Fuente: eldiario.es
Después de años de medir la salud de la Unión Europea por sus cifras económicas y de recetar austeridad, Bruselas ha decidido dar una pátina social a la forma de gobernar Europa con la inclusión de un pilar social como elemento clave para medir la buena marcha de sus miembros. La Comisión aprobó el pasado 17 de noviembre una fórmula para analizar el desempeño de los países europeos en tres áreas: acceso al mercado laboral e igualdad de oportunidades; condiciones justas de trabajo; y protección social. Y los resultados para España son malos, muy lejos del brillo de los indicadores económicos que hablan de un crecimiento por encima de la media.
Solo Rumanía y Bulgaria tienen una mayor desigualdad que España que empata con Grecia en este indicador
Según estos datos, España está en situación «crítica» en dos aspectos claves para el bienestar social de sus ciudadanos: en el nivel de desigualdad económica y en el abandono temprano de los estudios. Además, si se toman los 14 indicadores de forma global, España está la séptima por la cola en calidad de su bienestar social.
La mayoría de los indicadores eran conocidos (España es uno de los países donde más ha crecido la desigualdad en toda la OCDE) pero ahora Bruselas los ordena y pone negro sobre blanco los fallos en el sistema social que hay en cada país. La Comisión ya no solo vigilará los déficit y el nivel de deuda pública; también pondrá la vista en los parámetros sociales aunque su nivel de maniobra en muchos de estos aspectos es nulo, ya que las mejoras responden a políticas sociales que son competencia de cada país.
En el caso concreto de la desigualdad económica, España comparte grupo con países en situación crítica por su elevada desigualdad con Rumanía, Bulgaria, Lituania y Grecia. En el caso de España, el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre. La media europea para medir esta brecha es de 5,1 veces. El país campeón en términos de desigualdad es Bulgaria (7,9) y el mejor República Checa con 3,5 veces. Esto quiere decir que la desigualdad en España es casi el doble que en Chequia o en otros países igualitarios como Eslovaquia, Finlandia o Eslovenia.
Los registros de los tres últimos años indican que la situación ha mejorado algo pero de forma insuficiente. El indicador de desigualdad en España tocó en 2015 el 6,9, pero el leve avance no ha sacado a España del grupo en peor situación. Eso sí, al menos no ha empeorado como ha ocurrido en Bulgaria o en Luxemburgo. En conjunto, la desigualdad en Europa sigue estando muy por encima de la registrada en 2009, cuando la crisis aún no había golpeado de lleno a los trabajadores.
La otra señal de alarma, la de abandono temprano de los estudios, coloca a España en una pandilla con Malta, Portugal y Rumanía. En el caso de España, el 19% de la población de entre 18 y 24 años ha abandonado los estudios. Esta proporción solo está superada por Malta (19,7%) seguida de cerca por Rumanía (18,5%) y a distancia por Portugal (14%). La media europea para este indicador está en el 10% y desde la Comisión reflejan que el abandono temprano de los estudios está ligado a la difícil empleabilidad y acceso al mercado de trabajo.
La renta disponible, esto es, el indicador que mide la capacidad económica de las familias para consumir, también pone a España en el grupo de países «a vigilar»,un segundo escalón dentro de la gravedad con la que se califican estos parámetros. La forma de medir este indicador es compararlo con cómo estaba el poder adquisitivo de las familias en 2008. Así, Grecia y Chipre (países rescatados) están en situación «crítica» porque sus hogares tienen un 32 y 23% menos de renta disponible respectivamente que en 2008.
En el caso de España, la caída es mucho menor comparada con estas dos economías, que son, sin duda, las grandes perdedoras tras los rescates financieros. Las familias españolas tienen un 8% menos de renta disponible, una pérdida de poder adquisitivo similar a la de Italia (que ha perdido un 11%), Portugal (un 6%) o Eslovenia. Irlanda, el país rescatado que falta en esta relación, tampoco ha recuperado el nivel de 2008, pero solo le queda un 3% para alcanzarlo. Al contraponer estas cifras con los resultados de estos países que ya han abandonado los programas de rescate e incluso los procesos de déficit excesivo, da buena cuenta de que las víctimas colaterales que conllevó sanear el sistema financiero.
Pero no a todos los países europeos les ha ido mal. Pese a los pésimos resultados en el resto de indicadores sociales, Rumanía es la que más renta ha ganado desde 2008. Esta mejora en la renta es extensible al resto de economías de Europa del Este, como Polonia, Bulgaria y Lituania, marcando el camino de la convergencia.
El extenso informe también dedica un amplio análisis al riesgo de pobreza y exclusión social, al cuidado de niños menores de 3 años (España está en este indicador «mejor que la media») o efectividad de las prestaciones sociales.
Además de en estos tres indicadores, España está en vigilancia por sus malos registros en población en riesgo de pobreza, desempleo, tasa de empleo, número de ninis, o capacidad de las prestaciones sociales para reducir la pobreza.
En aspectos en los que se encuentra en la media en línea con sus países vecinos está la brecha de género, la participación en políticas activas de empleo, las competencias digitales y la compensación por hora trabajada. Recordemos que estos indicadores se comparan con la media de los países, lo cual no quiere decir que estén en registros saludables: solo que el resto están peor. Por eso no tiene que extrañar que sus buenas notas se reflejan en el cuidado de menores de tres años (aunque lejos de los resultados de Bélgica, Dinamarca, Suecia, Lituania o Portugal). La mejor nota la saca en el indicador que recoge el grado de cobertura sanitaria que reportan los propios pacientes (si dicen que no se les ha atendido por razones económicas o de lista de espera este indicador baja).
Sueldo a la hora
También se estudia el avance de los salarios que permanece «hundido» pese a las mejores del mercado laboral. Según la Comisión, los salarios reales (esto es, ajustados a la inflación), crecieron en la UE un 1,3% y menos de un 1% en la zona del euro en los últimos dos años. Los datos que recogen muestran la fuerte dispersión de los salarios en Europa, que van desde los 4,6 euros la hora en Bulgaria a los 43,3 euros en Luxemburgo.
Para la Comisión, al final los países europeos se han dividido en dos grandes bloques: los de altos salarios y los de bajos salarios. España es uno de los pocos países que está situado «en la media», junto con Chipre, Eslovenia e Italia, este último país el único comparable por tamaño y estructura económica. España tiene una media de 19,4 euros la hora e Italia 22,6. En el furgón de cola de los salarios están Hungría, Rumanía y Polonia.
En cuanto a la población en riesgo de pobreza o exclusión social, el informe recuerda que un tercio de la población de Bulgaria, Rumanía y Grecia está en esta situación. También es muy elevada en España, de casi el 28%, en línea con Italia, Lituania, Hungría o Letonia. El informe reseña que en el caso de Italia y Lituania hubo una subida en esta incidencia de la pobreza en 2016.
Dentro de este indicador, la comisión analiza una tendencia al alza: los trabajadores pobres. Bruselas destaca que España tiene una de las tasas más altas (13,1%) junto con Grecia y Rumanía. Según estos expertos, el trabajo temporal y parcial tiene mucho que ver con este fenómeno.