España muestra que es posible una respuesta humana a la salud de los migrantes en Europa
Leire Pajin, Gonzalo Fanjul, Elena Urdaneta, Martin McKee
Publicado: 03 de julio de 2018 Licencia Creative Commons Attribution (CC BY 4.0)
Durante muchos años, las personas que abogaron por el derecho a la atención médica de los migrantes indocumentados consideraron a España como un ejemplo positivo. La Ley General de Salud, promulgada en 1986, se basó en el principio de universalidad. Las reformas posteriores a lo largo de la década de 2000 culminaron con la Ley de salud pública de 2011, que otorgaba un derecho explícito a la atención sanitaria gratuita para todas las personas que viven en España, tanto españolas como inmigrantes, independientemente de su estatus legal, lo que convierte a España en una de las ciudades más acogedoras. sistemas en Europa.
En 2012, esta situación cambió. El Gobierno español, actuando por Real Decreto (ley 16/2012), eludiendo así el proceso parlamentario, restringió el acceso a la asistencia sanitaria de los inmigrantes indocumentados. De ahora en adelante, estas personas tenían derecho inicialmente solo a la atención de emergencia, a menos que fueran niños o mujeres embarazadas, aunque a las personas con tuberculosis se les proporcionó posteriormente acceso sin restricciones a la atención médica. El gobierno buscó justificar esta medida por razones económicas, argumentando que el gasto público debía reducirse luego de la crisis financiera, que afectó gravemente a España. Sin embargo, el gobierno no presentó estimaciones de las sumas que podrían salvarse. De hecho, varios expertos argumentaron que restringir el acceso a la atención médica de los migrantes podría costar más. La forma en que se introdujo la medida, junto con la ausencia de una justificación económica clara y los argumentos morales obvios, generó una oposición generalizada, y los críticos también señalaron el gasto relativamente bajo en salud de España, con un 7 · 0% del producto interno bruto. cuando el promedio en la Unión Europea fue de 7 · 6% y cuando se vio que el sistema de salud español funcionaba mejor que muchos otros países de Europa.
Las preocupaciones se vieron exacerbadas por las restricciones en los servicios y los copagos incrementados para los ciudadanos españoles. Estos desarrollos dieron como resultado el descontento popular, la creación de nuevos movimientos sociales (por ejemplo, la Marea Blanca) y manifestaciones callejeras. Algunas regiones autónomas (por ejemplo, Valencia, Cataluña y Andalucía) se negaron a cumplir con el gobierno central, argumentando que hacerlo podría crear una crisis de salud pública. En cambio, estas regiones continuaron brindando servicios de forma gratuita. En algunas otras regiones que implementaron formalmente el Real Decreto, los profesionales de la salud se negaron a cumplir, argumentando que aún tenían el deber ético de tratar a los inmigrantes indocumentados.
La evidencia disponible sugiere que el Real Decreto ha impactado severamente a las poblaciones migrantes. Un estudio realizado por Mestres y colegas. Quienes consultaron mortalidad entre las personas migrantes en los 3 años anteriores al Real Decreto y en el período después del decreto había sido implementado, reportó un aumento del 15% en la tasa de mortalidad de la población migrante. El ejemplo español es, por lo tanto, uno en el que la política de acceso a la asistencia sanitaria por parte de los migrantes es totalmente ideológica. No se presentaron pruebas para justificar este cambio de política, y parece haber conducido a un número considerable de muertes evitables.
Los acontecimientos recientes, sin embargo, ofrecen esperanza. En junio de 2018, un nuevo gobierno español llegó al poder, tras la renuncia del primer ministro Mariano Rajoy. Este gobierno ha anunciado que se revocará el Real Decreto, al igual que otras medidas que han restringido los servicios y aumentado los copagos. El nuevo Ministro de Salud dijo: «Es una falacia decir que excluir a los inmigrantes beneficia al sistema». El nuevo gobierno también hizo una declaración muy visible a la comunidad internacional al otorgar permiso al barco Acuario, que se había desplazado a la deriva en el Mediterráneo con 629 inmigrantes a bordo, para atracar y desembarcar a estas personas después de que Italia y Malta. De esta manera, el nuevo gobierno español está enviando un mensaje claro al mundo de que es posible una respuesta humana y digna a la migración.
Referencias
Legido-Quigley, H, Otero, L, la Parra, D, Álvarez-Dardet, C, Martin-Moreno, JM y McKee, M. ¿Los recortes de austeridad desmantelarán el sistema sanitario español? BMJ. 2013; 346: f2363
Mestres, AJ, López-Casasnovas, G y Castelló, JV. Los efectos mortales de perder un seguro de salud. (Documento de trabajo CRES-UPF # 201804-104) Centro de Investigación en Economía y Salud, Barcelona; 2018
de Benito, E y Seco, R. «Es una falacia decir que excluir a los inmigrantes beneficia al sistema». Fecha: 2018. Elpais.com 20 de junio de 2018
