Osalde se suma a la denuncia de los médicos de Nicaragua perseguidos por el régimen de Ortega

Fuente: Carta del Gremio Médico de Nicaragua a las Asociaciones y Organizaciones Médicas de Ibero Latinoamérica.
26 07 2021

Los últimos años han sido de verdadera tortura para los médicos en Nicaragua. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y su familia (su esposa y 8 de sus hijos asumen los más altos cargos de gobierno en el país) han usado al sistema de salud para castigar a sus detractores.

Durante las protestas del año 2018 el régimen prohibió brindar atención médica en el sistema estatal de salud a los opositores a su gobierno, esto ocasionó que el gremio médico se volcara a atender a la población en iglesias, universidades y consultorios improvisados en los barrios de las ciudades lo que evitó un mayor numero de muertos entre la población que protestaba en ese momento. Se calcula que entre 320 y 600 personas perdieron la vida por acción de las fuerzas del régimen, así como miles de heridos por armas de fuego.
El régimen despidió a los médicos que osaron atender pacientes heridos, como reporta el diario El País, de España. Muchos de ellos tuvieron que salir al exilio para evitar ser encarcelados.

Luego de dos años de hostigamiento a los médicos y presiones en las unidades de salud llegó la nueva crisis: la pandemia del COVID 19. La respuesta del régimen fue no solo indolente. Se generaron y siguen generando miles de actividades masivas donde se obliga a trabajadores del estado y activistas de su organización político-militar a juntarse con otros, con consecuencias fatales.

Con esta forma de enfrentarse a la crisis sanitaria, no es de sorprenderse que la situación sea catastrófica. Sin embargo, las cifras oficiales de enfermos y fallecidos por COVID 19 en Nicaragua son de las más bajas del mundo.

Según reporta la agencia EFE en agosto 2020:

Un análisis de médicos nicaragüenses basado en documentos «hackeados» por Anonymous… … coordinado por el epidemiólogo Álvaro Ramírez … el Ministerio de Salud lleva registro de 9.683 casos positivos de coronavirus y no de 4.115 que reconoce hasta hoy, lo que supera incluso los 9.646 reportados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19. Ramírez, quien dijo que en el informe se corroboró la autenticidad de supuestos documentos oficiales «hackeados» por Anonymous, destacó que la situación de la pandemia en Nicaragua podría ser más crítica si se toma en cuenta que hasta ahora solamente se ha tenido acceso a los casos graves. «Eso significa que por cada caso ha habido de 96 a 98 más circulando en la calle, que no son graves, y si hablamos de 9.683 confirmados, podríamos pensar que hasta el 24 de julio pudo haber unos 100.000 infectados de COVID-19», explicó el epidemiólogo nicaragüense desde su oficina en Irlanda.

UNA DE CADA DOS PRUEBAS DAN POSITIVO

En mayo de 2020, alrededor de 700 profesionales médicos y de salud hacen pública una denuncia acerca de la situación del sistema, la falta de medidas, la exposición forzada del personal de salud, sin ninguna protección y solicitan más atención, entre otras cosas. La respuesta del régimen fue despedir a al menos 15 de esos profesionales, todos altamente calificados e incluso, con capacidades únicas en el sistema público de salud. Prohibieron a la Iglesia Católica y a organizaciones civiles brindar atención en salud en medio de la pandemia, sin ninguna explicación. De igual manera, le cancelaron la personería y obligaron a cerrar a una Asociación Civil con 35 años de trabajo comunitario, ASODHERMU, aduciendo que no cumplía con los requisitos de ley, después de que diera a conocer que estaba conformando un Comité Municipal de Prevención al COVID.

Según el informe, los documentos del Ministerio de Salud «hackeados» y que el Gobierno «ha ocultado» demuestran que el 56 % de las pruebas de COVID-19 dan resultado positivo, lo que el experto calificó como «el porcentaje más alto de positividad en el mundo». Ante esta situación, nuevamente, el gremio médico de Nicaragua ha dado la cara. Se ha estado atendiendo a la población con gran sentido del compromiso, sin recursos, con un gobierno que niega la gravedad de la situación, que los obliga a comprar sus EPI, siendo incapaz de facilitar ni la mas sencilla de las mascarillas. Esto lo han estado realizando en la clandestinidad, por el acoso y persecución del régimen a las personas que considera opositoras.

El coronavirus en Nicaragua sigue incontrolable y el gobierno ocultando la información, negándose a informar, prohibiendo a los familiares comentar la causa del deceso, si es COVID, con certificados de defunción con causas falsas y creando un ambiente de persecución al personal que labora en hospitales y unidades de salud. Nueva embestida: En julio de 2021, nos encontramos con una nueva embestida por parte del gobierno: la muerte civil a las asociaciones médicas. Van a cancelar inicialmente cerca del 60% de todas las personerías de asociaciones médicas del país. Las mas grandes, las mas importantes, las mas activas. Esto fue precedido de citatorias a algunos profesionales de la medicina por parte del Ministerio Público para ser interrogados y por el Ministerio de Salud para ser amenazados8 con una ley de reciente creación (Ley de ciberdelitos) por difundir información sobre el COVID. Los diputados del régimen, nombrados a partir del fraude electoral en el que se adjudicaron el 90% de los escaños, y el gobierno en su conjunto han decidido sabotear las formas organizativas del gremio, sin importarles que estas asociaciones son de carácter científico, que promueven la actualización médica para beneficio de los pacientes, que no son entes políticos ni partidarios. Pero precisamente por su naturaleza, no podían obviar la pandemia e intentar mantener una información fluida a sus miembros de las novedades del virus, su presentación clínica y su manejo.

La decisión incluirá la expropiación de todos los bienes de las asociaciones, como ya lo han hecho con 10 ONG´s que jugaban un rol de defensa de los derechos humanos y de educación ciudadana por considerarlas críticas al gobierno en 20189 y la ya mencionada en 2020. Es de hacer notar que en Nicaragua no existe Colegio Médico, a pesar de haberse aprobado por la Asamblea Nacional en períodos anteriores, por la oposición de este gobierno y sus funcionarios, que el sistema estatal no es incidente en la educación en temas de salud y que es en el seno de las asociaciones que se optimiza esta adquisición de conocimientos y se socializa con otros especialistas. Las asociaciones médicas más relacionadas con el COVID y su atención van a desaparecer y con ellas, los mecanismos de Actualización y Educación Medica Continua, las herramientas de certificación y recertificación que algunas desarrollan con sus homólogas supranacionales, con un consecuente daño irreparable en la búsqueda de la calidad de la atención. El gremio médico quedará desprovisto de uno de sus insumos más valiosos, la actualización de conocimientos y sin sus instrumentos organizativos, muchos con décadas de existencia.

Exponemos esto a la comunidad médica internacional para su conocimiento, al tiempo que solicitamos su solidaridad manifestándose en expresiones de rechazo a esta política que al final perjudica a nuestros pacientes y violenta nuestro derecho a organizarnos.

Mientras el mundo tiende puentes para la mejora de la atención a los pacientes, para la Educación Medica Continua, la Certificación y Recertificación, en Nicaragua se tiende a la norcoreizacion, al aislamiento y a la insensibilidad a las necesidades de salud de la población.

Sin asociaciones medicas vamos a quedar aislados de nuestros pares en Latinoamérica y el mundo.