A vueltas con la cesión de competencias a las mutuas: Alarmas y desmentidos ante la filtración de un borrador de convenio

Fuentes: FADSP/ Naiz.eus./ Elsaltodiario.es / RedacciónMédica.com

Recientemente, los responsables de LAB han advertido sobre un convenio que, en la práctica, tiene el potencial para descapitalizar la sanidad pública y ceder a las mutuas, unas entidades privadas, la atención no solo ya de las enfermedades laborales, sino de cualquier patología que afecte a más del 80% de la población activa.

También la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, a la que pertenece OSALDE País Vasco, ha emitido una nota al respecto.

Hace un mes, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se concentraron ante la sede de Mutualia para denunciar esta intromisión que viola el derecho a la confidencialidad de los datos médicos. El motivo, que “el acceso de profesionales ajenos al sistema sanitario conculca el derecho a la confidencialidad de los datos médicos como personas usuarias del Sistema Público de Salud-Osakidetza”.

Según El Salto diario, gracias a la gestión del PNV, Mutualia accederá al historial médico de 420.000 trabajadores. El objetivo es perseguir el absentismo laboral injustificado, pues afectaría a la competitividad de las empresas, y sembrar la sospecha entre pacientes y profesionales de Osakidetza.

Por último, el pasado 28 mar 2023 , Carlos Villar publica en Redacción Médica: «El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha descartado que se vaya a ceder la competencia para la gestión de las bajas médicas a las mutuas patronales. El dirigente socialista ha desmentido que haya dado luz verde a esta propuesta, después de que el sindicato LAB haya sacado a la luz el borrador de un plan que perseguía facilitar a cada comunidad autónoma la posibilidad de aplicar estos cambios en sus servicios de salud.

“Es un convenio de las mutuas que han mandado a la gente, pero ni está validado por nosotros, ni lo hemos hecho, ni está previsto cambiar nada al respecto”, han explicado a Redacción Médica fuentes cercanas al equipo de trabajo del ministro, que han adelantado que no se producirá ningún movimiento por parte del Gobierno en ese sentido.

La FADSP ante las propuestas de convenios con las Mutuas patronales

El Ministerio de Seguridad Social tiene un proyecto de Convenio denominado de Cooperación y coordinación para la mejora de la incapacidad temporal y de la asistencia sanitaria que supone un evidente paso adelante en la privatización del sistema sanitario, en la desintegración de la asistencia sanitaria y en la intromisión de los intereses empresariales en el control de las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores.

El citado proyecto de convenio contempla que las mutuas patronales, que el mismo define como asociaciones privadas de empresarios, tengan capacidad para intervenir en la atención sanitaria de las ITs, prestando atención sanitaria en estos casos, bien directamente o mediante conciertos con otras empresas privadas a estos trabajadores en cualquier tipo de contingencia que sea objeto de IT, es decir también en enfermedades comunes sin ninguna causa laboral identificada. Por supuesto esta asistencia será facturada a los correspondientes servicios sanitarios públicos de las CCAA de manera que estarán financiando con fondos públicos a las empresas privadas.

Por otro lado, confiere a las Mutuas la potestad de dar altas a los trabajadores si en un plazo de 5 días no se ha producido una negativa por parte de la inspección sanitaria, considerando que excedido este plazo se asiente a las propuestas de las Mutuas lo que evidentemente deja desprotegidos a los trabajadores.

Esta propuesta aparte de privatizar con fondos públicos una parte importante de la atención sanitaria suponen una desintegración de la asistencia sanitaria, una parte de la cual queda en manos de empresas que tienen un interés directo en limitar las bajas laborales (los propios empresarios) y desautorizan a los profesionales de Atención Primaria que hasta ahora son los que controlan estas ITs.

Finalmente se pretende instaurar una red paralela, las Mutuas para atender a los trabajadores, y se fomenta la marginación de la AP dejándola el papel de una nueva beneficencia, es decir nos retrotrae a la época del franquismo.

Entendemos que una propuesta tan regresiva no puede prosperar y emplazamos al Gobierno a que paralice esta iniciativa de privatización y fragmentación de la asistencia sanitaria y por otro lado estimamos que los sindicatos deberían de actuar en defensa de los intereses de los trabajadores que se ven claramente vulnerados por esta propuesta.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

27 de marzo de 2023

Hace un mes, los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru se concentraron ante la sede de Mutualia para denunciar esta intromisión que viola el derecho a la confidencialidad de los datos médicos. El motivo, que “el acceso de profesionales ajenos al sistema sanitario conculca el derecho a la confidencialidad de los datos médicos como personas usuarias del Sistema Público de Salud-Osakidetza”.

El borrador del convenio: Son 27 páginas. En ellas aparece una suerte de convenio tipo, donde los consejeros de las comunidades autónomas y los responsables de cada mutua tan solo tienen que rellenar los huecos indicando el nombre concreto de la consejería y la ley que les otorga el poder para ceder lo que hasta la fecha eran «competencias exclusivas de la sanidad pública» a las mutuas privadas. El documento tendría una validez de cuatro años, prorrogable.

Este convenio, en la práctica, tiene el potencial para descapitalizar la sanidad pública y ceder a las mutuas, unas entidades privadas, la atención no solo ya de las enfermedades laborales, sino de cualquier patología que afecte a más del 80% de la población activa. Dicho de otro modo, con la firma de este convenio se podrá establecer una suerte de doble circuito sanitario. Uno para la población con capacidad para trabajar y el otro para aquellos que ya no son útiles para el sistema.

El pretexto del acuerdo es «mejorar la eficacia en la gestión y el control de la Incapacidad Temporal de las contingencias comunes», esto es, de cualquier enfermedad por la que el trabajador curse baja. De este modo, se habilita al médico de la mutua a tratar –«cooperar», textualmente– en «cualquier tipo de patología» para así aliviar la carga asistencial de la Sanidad Pública.

De un plumazo, este «Convenio de Cooperación y Coordinación para la mejora en la gestión de la incapacidad Temporal y de Asistencia Sanitaria» cedería el tratamiento de las enfermedades del 90% de la población activa a las mutuas, provocando de esta manera la mayor privatización de la sanidad pública que se ha dado en el Estado español.

La primera de las cláusulas del acuerdo supone, además, un giro copernicano en cómo se entiende la sanidad. Expone que su objetivo es «la más pronta recuperación laboral del trabajador» y no, como hasta ahora, su recuperación completa.

Serán los servicios médicos de la mutua quienes emitan las propuestas de alta y los plazos que fija el acuerdo para que el Sistema Público pueda responder a la propuesta para recomendar un mayor reposo son terriblemente cortos, en atención al nivel de saturación de los servicios públicos. Solo dispondrán de cinco días para presentar una contrapropuesta motivada.

Lo mismo para iniciar los tratamientos. Si desde lo público no se responde a una propuesta terapéutica lanzada desde la mutua en esos cinco días, la entidad lo pondrá en marcha al entenderse que existe un silencio positivo. Tal cambio resulta trascendente, en tanto que la Sanidad Pública no entiende de criterios economicistas –aplica tratamientos independientemente de su coste– no así las mutuas que operan bajo criterios de rentabilidad de los mismos.Otro de los puntos más llamativos que se vende como «experiencia piloto» permite trasladar la atención integral de un paciente hasta la fecha del alta médica.

El nivel de privatización que prevé el acuerdo es enormemente profundo. Incluso permitiría a estas mutuas a concertar citas, pruebas diagnósticas y tratamientos con la sanidad privada «para aquellos pacientes (…) que se encuentren en listas de espera».

Otras partes del acuerdo muestran cuán avanzado está esta negociación por la que Escrivá pretende entregar gran parte de la sanidad pública a estas empresas y, a través de ellas, a toda la sanidad privada. En su cláusula decimocuarta se establece ya el sistema de pagos, cómo habrán de facturarse y que las Comunidades deberán abonar cada mes las facturas que se les emitan, sin tiempo siquiera para verificar y controlar el gasto.

Asimismo, el documento supone un traspaso de información confidencial de los trabajadores, como es su historia clínica, hacia estas entidades privadas. El asunto es de tal trascendencia que ocupa buena parte del articulado más técnico del informe. Que las mutuas y, en consecuencia, las empresas tengan acceso a esta información puede ser objeto de mala praxis, pues podrán emplearlo para apoyar que las enfermedades laborales tienen origen en enfermedades ya superadas por el trabajador.

El Sistema Público de Salud y, con ello, la mayor parte del servicio de salud de los trabajadores y trabajadoras y de la población pasaría a manos de las empresas. «Es, en consecuencia, el proceso de privatización más duro que hemos conocido».

Al dar la mutua la propuesta de alta, el acuerdo le otorgaría poder para fiscalizar al médico de Osakidetza o de Osasunbidea y exigir en el corto plazo de cinco días los informes técnicos necesarios, teniendo que ofrecer amplias explicaciones ante la mutua.

«Desde 1995 se ha dado cada vez más poder a las mutuas en el Estado español, con la ayuda de PNV y UPN. Esta vez la idea es que la Mutua Patronal se haga con el servicio de salud de la población activa, vaciando el Sistema Público de Salud. De ese modo, siguiendo la doctrina neoliberal, el planteamiento de los autores del documento es el siguiente: atención a través de mutuas patronales para aquellas personas productivas para el sistema, con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y para aquellas que no se consideran productivas, el sistema público de salud vaciado de recursos».

Este documento, pese a no haberse revelado hasta la fecha, lleva tiempo sobre la mesa de las consejerías de Nafaroa y la CAV.

Euskadi: La mutua privada que controlará los historiales clínicos de Osakidetza para imponer los intereses de la patronal

(El Salto diario) Gracias a la gestión del PNV, Mutualia accederá al historial médico de 420.000 trabajadores. El objetivo es perseguir el absentismo laboral injustificado, pues afectaría a la competitividad de las empresas, y sembrar la sospecha entre pacientes y profesionales de Osakidetza. La junta directiva de la mutua privada está formada por una empresa implicada en el caso de corrupción Hiriko, un empresario de los Paradise Papers, una consultora investigada por manipular contratos y el miembro de un cártel ferroviario. Seguir leyendo…

La Ley de Mutuas, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, tuvo como fin ulterior modificar su régimen jurídico y convertirlas en entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Esta iniciativa, aprobada en el Congreso gracias al apoyo del PNV, trataba de “reducir el absentismo laboral injustificado” para “mejorar la competitividad de las empresas”. No obstante, el acuerdo entre Mutualia y el Gobierno Vasco va mucho más lejos en la cesión de competencias públicas hacia las empresas privadas. Firmado el pasado mes de mayo, la Ley de Mutuas habilita el acceso a expedientes de Osakidetza a la mutua, es decir, a los historiales clínicos de casi 420.000 trabajadores. Se refiere a datos que contienen información sobre su salud, los tratamientos que reciben y los resultados de sus análisis clínicos.

Si bien el PSE se mostró contrario a la Ley de Mutuas del PP en 2014, ahora ha ayudado al PNV a reforzar el poder de Mutualia con el objetivo declarado de introducir las tesis neoliberales en los servicios públicos. En este caso, por ejemplo, tratando de controlar bajas laborales por accidentes o enfermedades y dar altas inmediatas que favorecen los intereses de la patronal. En el fondo, este convenio también sirve para ejercer presión y sembrar sospechas sobre los profesionales de Osakidetza que emiten las bajas, un colectivo en el que los pacientes depositan confidencias en torno a sus relaciones sociales y laborales. Esto es, trata de atacar la relación médico-paciente, tal y como se concibe en el sistema sanitario público, debido a que introduce lógicas de control más propias del management. A este respecto, ¿y si los pacientes no quieren que conste en su historial médico atenciones o daños que crean pueden ser utilizados en su contra en el mundo laboral?