28 de septiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Fuente: Mujeres en Red , Redaccion web Osalde,FADSP

En el V Encuentro Feminista La

A la propuesta el Dr. Montalvo denomina «Registro en positivo». Un concepto, según el cual, habría que registrar todas las funciones que por derecho contractual están obligados a practicar cada uno de los profesionales de los Servicios Públicos de Salud, y no registrar las que no hacen, ni las razones de porqué no las hacen, ni las razones de porque la organización les exime del incumplimiento. O sea, el mundo al revés!

Desde el Congreso Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Dia por la Despenalización del Aborto.

Desde entonces mas organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. Hoy suman mas de 600.

El 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que seis mil mujeres se mueren al año debido a complicaciones de abortos.

La cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y Republica Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la region la suma llega a mas de cuatro millones.

Cada dia se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95 por ciento en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada ocho muertes maternas.

Mundialmente por cada siete nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido -en forma clandestina y condiciones inseguras- es la causa de una de cada tres muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

Cada 28 de septiembre sirve a las feministas para demandar el acceso de servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y 25 por ciento del medio millón de muertes maternas que anualmente ocurren en los países en vías de desarrollo.

Recuerdan que en América Latina y el Caribe entre el 10 y 30 por ciento de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia están ocupadas por mujeres con diagnostico de aborto incompleto.

OBJETORES (ANÓNIMOS) DE CONCIENCIA

En el Estado Español, los médicos que se niegan a practicar el aborto por declararse «Objetores de conciencia» se manifiestan contrarios a figurar en un registro, lo que dificulta la gestión de dicha actividad asistencial en los Servicios Públicos de Salud. Por el contrario, el presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, en razón a lograr un «punto de equilibrio» entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y el derecho de la mujer a que se le practique un aborto, ha propuesto que, habrá que saber quién está dispuesto a practicar abortos. «Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace«, ha precisado De Montalvo.

Lo que propone el Presidente del Comité de Bioética es algo así como marcar a quienes cumplen con la Ley con una diana, lo que facilitaría la violencia ultra que se ejerce contra las clínicas, profesionales y usuarias víctimas de la externalización forzosa del servicio a causa de los objetores anónimos.

 

La FADSP ante la regulación de la objeción de conciencia en la IVE

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tenemos que señalar que ya desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 1985, señalamos la necesidad de garantizar la práctica del aborto en el sistema sanitario público como una prestación normalizada  y que para ello era imprescindible la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados, porque de no hacerse así, lo más probable era, como puede comprobarse con los datos de abortos en la Sanidad Pública en este periodo, es que quedase marginada a centros específicos de titularidad privada.

Es evidente que una parte del problema está en la conveniencia de muchas administraciones sanitarias en no afrontar el problema y su desinterés en garantizar el derecho a una prestación que está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Por eso entendemos que la regulación de la objeción de conciencia en la Sanidad Pública es imprescindible, así como retomar el papel del sistema sanitario público en las IVE para normalizarlas dentro del mismo, y apoyamos todas las iniciativas que avancen en este sentido.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

29 de septiembre de 2021[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]