Ya hay sanidad para ricos y para pobres
La Sanidad privada se beneficia de las politicas de desmantelamiento del Estado del bienestar que aplican los gobiernos neoliberales para beneficio de grandes empresarios, bancos y especuladores. A más listas de espera, mayor derivación a la privada. Algo reservado a quien pueda pagarlo, cada vez menos familias dado que el sector más amplio de la sociedad sufre las carencias de una crisis sin fin.
Un nuevo modelo para la Sanidad
Fuente: Amparo Botejara eldiario.es
Este deterioro de la sanidad pública facilita la llegada y la expansión del mercado sanitario. Estaba claro que nuestra sanidad era un nicho de mercado, cada día más, tenemos más pruebas que apuntan en esa dirección
Nuestra sanidad sufrió un duro revés con la crisis. Lo que no sabemos es si esta crisis fue la causa o el pretexto que se utilizó para deteriorar la calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta duda cabe porque el gasto en sanidad pública no se ha aumentado lo más mínimo, sino todo lo contrario. Mientras que, supuestamente nuestra economía se iba recuperando, los ajustes en sanidad pública no han parado de crecer.
La inversión en Sanidad el año 2009 fue de 73.130,6 millones, disminuyendo hasta los 70.635,7 millones en 2016. Para 2018, nuestro gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas en cual se contempla para sanidad un 5.8% del PIB. Una cifra que supone un mínimo histórico, muy lejos del porcentaje en PIB de lo que destinan el resto de los países europeos a sanidad.
La situación actual es la siguiente: las necesidades de nuestra población en protección a la salud va aumentando, entre otros factores, por el envejecimiento de la población. Nuestra esperanza de vida está a la cabeza del mundo después de Japón y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Esta situación se traduce en menos puestos de trabajos y mayor temporalidad, con lo que esto supone para la atención a los pacientes, menor mantenimiento de las estructuras y recursos en general. Lo que nos lleva a listas de espera importantes, tanto para consulta como para pruebas complementarias, y en esto llega la oferta de la empresa privada.
Como ejemplo tenemos la Comunidad de Madrid, ofreciendo resultados magníficos con soluciones eficaces para solucionar las listas de esperas. Tenemos ejemplos concretos en los hospitales de Móstoles: mientras el hospital público del municipio se va degradando, el Hospital Rey Juan Carlos está muy bien financiado. Una muestra clara de cómo se ofrecen a la población las bondades de la sanidad privada, mientras se va dejando que se deteriore la sanidad pública.
¿Esto es casual? Parece que no. Es lógico, este deterioro de la sanidad pública facilita la llegada y la expansión del mercado sanitario. Estaba claro que nuestra sanidad era un nicho de mercado, cada día más, tenemos más pruebas que apuntan en esa dirección.
El Real Decreto 16/2012 supuso un antes y un después para nuestra legislación sanitaria, con este Real Decreto perdimos nuestra sanidad universal. No podemos atender a un paciente inmigrante en atención primaria. En muchos situaciones, en teoría hay que esperar a que la patología siga evolucionando y cuando la persona está ya muy afectada, entonces ya sí que puede ser atendida en un hospital. A esta situación se llega con lo legislado en el Capítulo I de este Real Decreto.
Otra cuestión clave es el Capítulo II de este Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2012. En él se recoge la modificación de la Cartera de Servicios que pasa de una única cartera común, a tres: cartera común básica, cartera común suplementaria y cartera común de servicios accesorios. Se entiende que una cartera de servicios recoge el catálogo de prestaciones, que contempla los servicios o conjuntos de servicios preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y de promoción y mantenimiento de la salud dirigidos a los ciudadanos.
Fragmentarla y contemplar en ellas diversas prestaciones, está claramente ideado con el objetivo de imponer nuevos copagos, como ejemplo, el pago del transporte sanitario no urgente. Esta es la causa que llevó a Unidos Podemos a plantear este nuevo proyecto de Ley Reguladora de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud que presentamos esta semana. Un nuevo modelo que pueda revertir esta situación para recuperar la forma en que estaba contemplada esta Cartera de Servicios en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y con ello cerrar la puerta a futuros copagos que llevarían a más inequidad entre la población española y desigualdad entre las comunidades autónomas.
Muere una mujer desatendida más de 12 horas en la Urgencia del Hospital de Úbeda
Aurelia, de 64 años, fue traslada en ambulancia desde la residencia en la que vivía sin que nadie reparara en su presencia. Permaneció sola en una camilla sin poder responder a las llamadas de megafonía.
Fuente: publico.es diario Ideal.
Una mujer ha fallecido en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda tras permanecer más de doce horas en urgencias sin ser atendida.
Ocurrió el pasado 21 de diciembre. Según explica la directora de la residencia de Personas Mayores Francisco Ortiz de Quesada, en la que ocupaba una plaza concertada, la mujer de 64 años, de nombre Aurelia, fue trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir unas dolencias. Llegó a las dos y cuarto acompañada por una auxiliar de la residencia hasta que quedó bajo la tutela del hospital, según explicó Ana Moreno al diario.
El hospital registró la llegada de Aurelia pero permaneció sola en una camilla sin estar en condiciones de responder a la llamada por megafonía de los servicios sanitarios. El gerente del centro asegura que su nombre fue borrado de la lista de personas en espera al no contestar a los requerimientos, con el argumento de que hay pacientes que se marchan. Cambio de turno mediante – el de las 15.00 horas-, Aurelia permaneció más de doce horas en aquella sala sin que nadie reparara en su presencia. Ya de madrugada, tras un segundo cambio de turno -a las 22.00 horas-, por fin alguien se fijó en la mujer, que ya había fallecido.
La Junta de Andalucía defiende que no ha fallado el protocolo y que todavía es pronto para aventurar que no llevara la pulsera identificativa. No obstante, en declaraciones a la Cadena Ser, Teresa Vega, delegada provincial de salud, reconoce que «hay cosas que se han podido hacer mal». Más tajante se muestra Resola, que asegura al medio que la paciente no llevaba la pulsera y que por lo tanto no se activó el protocolo para personas que se encuentran solas.
Además, el hijo de la fallecida asegura que no le comunicaron en ningún momento el traslado a Urgencias de su madre. Fue directamente la Policía la que comunicó que su madre había muerto, según su versión de los hechos.
La dirección del hospital ha emitido hoy un comunicado en el que anuncia que ha abierto una información reservada sobre el fallecimiento de esa paciente y que está recopilando todos los datos sobre el caso para «determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento y, a partir de las conclusiones de la misma, tomar las medidas necesarias para que hechos como estos no vuelvan a producirse».
El hospital, que recuerda que los hechos se encuentran bajo investigación judicial, lamenta el fallecimiento de esta mujer «y las circunstancias que lo rodean».
Los responsables del centro aseguran que «colaborarán en todo lo necesario para que se esclarezca lo ocurrido y se depuren las responsabilidades que pueda haber» y añaden que se han puesto a disposición de la autoridad judicial para facilitar toda la información que se les requiera.
Desnutrición aguda grave: 5,9 millones de niños afectados en Malí, Níger y Chad
Un estudio realizado en Mali y Níger por la ONG Acción contra el Hambre mostró que el 70% de los niños desnutridos en el mundo viven en estos países, incluido Chad, que han experimentado crisis crónicas en los últimos años.
Fuente: lesoleil.sn Eugene Kaly 26-dic-2017
Un estudio muestra que 5,9 millones de niños sufren de desnutrición aguda severa en todo el mundo. De estos, el 70% vive en Malí, Níger y Chad. Este estudio de evaluación de la capacidad del sistema de salud para responder a las emergencias nutricionales y de salud en el Sahel fue patrocinado por la ONG Acción contra el Hambre y sus socios. La investigación se centró en Malí y Níger, en particular en las regiones que atraviesan crisis como Tombuctú (en el norte de Malí) y Diffa (en el este de Níger).
Los investigadores también recolectaron información en regiones estables de los dos países: Kayes en Mali y Maradi en Níger. Los resultados de este estudio, presentado por el Dr. Eric Kouam, experto en salud pública y nutrición internacional, mostraron que estos dos países enfrentan desnutrición aguda y severa, pero también con ciertas patologías como malaria e infecciones respiratorias agudas. (Ira) y enfermedades diarreicas. Para él, una situación idéntica prevalece en otros siete países de la región del Sahel en el África occidental.
El aumento de la prevalencia de la malnutrición en Malí y el Níger puede explicarse por el desplazamiento de poblaciones, especialmente en la zona de Tombuctú. «Es lo mismo en el este de Níger con los efectos de Boko Haram en personas que, al mudarse, se vuelven vulnerables, especialmente los niños. Chad también se encuentra en la misma situación con niños que sufren desnutrición aguda severa desde hace muchos años. Desafortunadamente, las tasas de natalidad son muy altas en estos tres países donde los niños nacen en condiciones de vulnerabilidad y están expuestos a la desnutrición «, comentó el Dr. Eric Kouam.
Estas enfermedades aparecen de junio a septiembre. El estudio también mostró que el cambio climático está socavando la salud de los niños en los países del Sahel. Sin embargo, el sistema de salud de los países del Sahel enfrenta dificultades para atender a todos los niños desnutridos por falta de una plataforma técnica adecuada.
Picos estacionales
«Incluso en tiempos normales, nuestros hospitales luchan por satisfacer las demandas de la población. La situación sigue siendo catastrófica en caso de emergencia «, lamentó el experto en salud pública y nutrición. Por lo tanto, abogó por el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países del Sahel para abordar mejor las emergencias nutricionales y de salud. Fanta Touré, experta en nutrición para la salud en la Oficina Regional ONG Acción contra el Hambre, justificó la elección de estos dos países. «Tienen una larga experiencia en la lucha contra la desnutrición. Desafortunadamente, todavía enfrentan emergencias de salud y nutrición. Es suficiente ver solo el contexto de Níger donde las poblaciones están aterrorizadas por el ejército. Como resultado, el país se convierte en una zona de crisis «, se lamentó.
La Sra. Toure sostuvo que la situación es idéntica en el norte de Malí, donde la región de Tombuctú se enfrenta a una serie de crisis armadas que han paralizado su sistema de salud. «En Malí y Níger, los especialistas prefieren hablar más sobre crisis crónicas en lugar de emergencias de salud y nutrición con picos estacionales. Es urgente actuar en estas áreas «, sugirió.
Para el jefe de la unidad de coordinación de la nutrición en Malí, el Dr. Djibril Bagayoko, este estudio de caso mostró dos facetas de Malí: una región en crisis y otra estable, que sin embargo presenta la misma situación nutricional.
¿Porqué pacta el Gobierno con Farmaindustria?
Los Ministerios de Hacienda (Cristóbal Montoro) y de Sanidad (Dolors Montserrat), han firmado este miércoles, 27 de diciembre, la renovación para 2018 del Convenio de colaboración con Farmaindustria (Jesús Acebillo), la empresarial de los laboratorios farmacéuticos, «con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a las innovaciones terapéuticas y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)»
El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca, desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, dicen los afectados. El Ejecutivo ha utilizado la asistencia financiera como una palanca para que diez comunidades se incorporen al modelo al convertirlo en requisito obligatorio.
Grupos parlamentarios de la oposición han planteado algunas preguntas:
¿Qué motivos llevan a asegurar unos ingresos constantes a la industria farmacéutica a expensas de fondos públicos?
La condición exigida para recibir el Fondo de Liquidez Autonómico es un chantaje que limita las herramientas de financiación que sirven para mantener y mejorar los servicios públicos fundamentales a las Comunidades Autónonas
También se cuestionan las medidas de transparencia en materia de precios de medicamentos que tiene previsto implantar el Gobierno.
¿Existen medidas para promover el uso de medicamentos genéricos?
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para asegurar que no tendrá que recurrir a fondos extraordinarios de financiación»?
Salud y pensiones: Desmontando el mito de la insostenibilidad
Llevan un cuarto de siglo anunciándonos la inevitable (supuesta) quiebra de las pensiones. Y ahora nos martillean con el agotamiento del fondo de la Seguridad Social. ¡ El Gobierno tiene que aprobar un préstamo especial para hacer frente a la paga extra de diciembre! Además, vienen los robots y ya no vamos a tener quienes coticen para pagar las pensiones futuras. Parece un panorama desolador que nos aboca inevitablemente a suscribir planes privados o a pasar del actual sistema de reparto a uno futuro de capitalización.
Fuente: eldiario.es (Economistas Sin Fronteras – Juan A. Gimeno Ullastres)
1. El gasto creciente es progresivamente inasumible: Eurostat estima un gasto actual en España del 11,8% del PIB; un 15%, para 2050. ¿Cifras inasumibles? Resulta difícil creerlo cuando tenemos países con porcentajes actuales de ese nivel como Francia (14,9%), Italia (15,7%) o Finlandia (14,2%). Las previsiones de la OCDE recientemente publicadas, basadas en datos ONU, son todavía menos preocupantes: el porcentaje temido para 2050 (fecha en torno a la cual se esperan los peores años para nuestro sistema de pensiones) es tan solo de 12’3% del PIB, cifra que ya hoy superan Austria, Francia, Grecia, Italia y Portugal. Y que igualarán o superarán nueve países europeos. Entre otros, muy cercana, la ejemplar Alemania.
2. La relación empleados/pensionistas desciende drásticamente. En un sistema de reparto en el que los empleados son los que pagan las pensiones, el hecho de que cada vez menos activos tengan que soportar a más jubilados, nos dicen, hace prever la quiebra del sistema. En 1975 la proporción era en España de 5 trabajadores por cada mayor de 65 años. La previsión para 2050 es que la relación descienda a 1’3. La generalización de los robots, advierten, agravará el problema; hasta el punto de que hay quien propone que sean estos los que coticen para salvar el sistema. Todo el razonamiento es una falacia tras otra.
Para empezar, las proyecciones demográficas no han sido especialmente acertadas hasta el momento. Ya se señala que las previsiones anteriores no parecen tener en cuenta que es previsible un notable incremento de la población inmigrante en las próximas décadas, que podría llegar a doblar las cifras actuales en los grandes países europeos.
Pero el factor fundamental que debemos considerar no es el número de trabajadores sino la productividad del sistema. Como hemos visto, la cifra de gasto en relación con el PIB dista de ser preocupante, hoy y en el futuro. ¿Importa que sean humanos o robots los que consigan la producción? Muchas máquinas han ido desplazando a trabajadores a lo largo de la historia moderna y a nadie se le ha pasado por la cabeza imponerles un gravamen para financiar los sistemas de seguridad social. No tiene sentido gravar el progreso ni estaría claro qué es robot y qué es máquina. En las trampas posteriores volveremos sobre argumentos adicionales para desmontar aún más esta supuesta amenaza.
3. La quiebra de lo social. Es curioso que se hable de la quiebra de la seguridad social (o de la sanidad – dos mercados atractivos para el beneficio privado –) y no se hable de la quiebra de los Ministerios de Defensa o el de Economía. De hecho, la importante deuda de las Administraciones Públicas españolas se debe mucho más a estos ministerios (inversiones en armamento y rescate bancario) que, a los gastos sociales, donde los recortes han sido significativos. Hablar de la quiebra de los gastos sociales tiene un claro sesgo ideológico e intereses evidentes detrás.
Todos los gastos públicos se financian de una bolsa común y, o quiebra el Estado, o hablar de quiebra de una de sus partes es una falacia sin sentido. Es la ciudadanía la que debe decidir (fundamentalmente, aunque no sólo, eligiendo los gobernantes adecuados) a qué se dedican los recursos tributarios.
4. La trampa de las cotizaciones. El concepto de quiebra y de falta de recursos va ligado a la mayor trampa del sistema: las pensiones se financian a través de las cotizaciones y sólo a través de ellas. Ese axioma es el que está detrás de las falacias anteriores. Si desmontamos esta trampa, las anteriores caen como un castillo de naipes. Ningún principio exige esa limitación. De hecho, en muchos países el peso de las cotizaciones es mucho menor y se acude a otras fuentes de financiación. Lo cual es claramente más sensato desde muchos puntos de vista.
En primer lugar, porque las cotizaciones son un tributo que penaliza el empleo. Entre dos opciones de producción semejantes, una más intensiva en capital y la otra en trabajo, la primera resulta más barata al no tener que soportar un importante sobrecoste como las cotizaciones.
En segundo lugar, porque supone un castigo a la producción nacional en competencia con la de otros muchos países. La imposición indirecta (tipo IVA) se compensa en frontera, no así las cotizaciones. Lo cual significa que los productos nacionales compiten con una tributación mayor, en relación con los de todos esos países que las soportan con menor peso.
En tercer lugar, porque la supuesta insostenibilidad de la seguridad social no se vería afectada por decisiones gubernamentales como conceder beneficios al empleo a través de reducciones en las cotizaciones, favorecer empleos precarios o mantener dentro del sistema prestaciones no contributivas.
5. La mayor parte de las cotizaciones la soporta el empresario. Formal y aparentemente, solo una parte menor de las cotizaciones recae sobre el trabajador, y es mayor la parte empresarial. Por ello, la deseable reducción del peso de las cotizaciones choca habitualmente con la oposición sindical, que considera que, amén de poner en peligro las pensiones, son los empresarios los que soportan esa financiación y que la medida sería regresiva y conservadora. Lo del peligro, ya se ha dicho, no tiene razón de ser si utilizamos el sistema tributario general para financiar lo que se necesite.
Es un error considerar que es el empresario quien soporta el peso de esas cotizaciones. Una parte recae sobre los trabajadores: parcialmente por el efecto menor empleo que hemos visto antes; también porque el cálculo empresarial se refiere al coste de cada trabajador tomando en consideración salario y cotización: dado un coste deseable, mayor cotización implica menor salario. No es fácil que una menor cotización implique automáticamente un aumento salarial, pero es probable que la traslación sí ocurra a la inversa.
En cualquier caso, quien soporta la carga mayoritariamente es el consumidor. La cotización se incorpora al precio como cualquiera de los restantes costes. Con un probable efecto piramidación, es decir, que va creciendo a lo largo del proceso productivo-distributivo, por los márgenes que van aplicando los empresarios sobre los costes de adquisición. El impacto sobre el precio final puede ser incluso mayor que lo recaudado por el Estado.
Los razonamientos anteriores no deben hacernos caer en otras trampas en sentido inverso. A saber:
- Hay que suprimir las cotizaciones. Es positivo mantener las cotizacionescomo incentivo al empleo declarado, como financiadoras de parte del sistema y como criterio modulador de las pensiones.
- No hay peligro y no hay que hacer nada. Es evidente que el sistema de pensiones en nuestros días no puede ser igual que hace cincuenta años. La esperanza de vida de quien accede a las pensiones se ha duplicado y se ha acortado el periodo de activos cotizando. El incremento del número de pensionistas y la elevación de las cuantías medias ha supuesto, solo en los últimos diez años, un incremento del gasto mensual de la Seguridad Social de más del 55%. En términos actuariales (si el sistema fuera de capitalización y no de reparto), la pensión hoy debería ser del orden de dos o tres veces menor que la que reconoce el sistema. Por otra parte, contra la posible creencia popular, las pensiones son en nuestro país generosas, en términos relativos, respecto a vida activa. Ocupamos el cuarto lugar en ese aspecto entre los países de la OCDE; en buena medida, por la garantía de mínimos. Es significativo que el riesgo de pobreza entre las personas mayores de 65 años sea un tercio respecto al del conjunto de la población española.
Es necesario, pues, un debate a fondo de adaptación de nuestro sistema de pensiones, dentro del consenso del Pacto de Toledo, ese que el Gobierno de Rajoy se saltó en su última reforma.
El futuro pasa probablemente por un esquema en tres tramos, en línea con las propuestas de organizaciones internacionales. Las pensiones futuras pasarían a fijarse de la siguiente manera:
1. Un mínimo igual garantizado para toda la población mayor de la que se fije como edad de jubilación (inevitablemente más elevada que la actual, dado el notorio incremento de la longevidad). Esa parte se financiaría con los impuestos y permitiría absorber todas las prestaciones asistenciales, complementos a mínimos y similares. Es decir, el coste global sería bajo en términos agregados. De alguna forma, estaríamos iniciando la experiencia de la renta básica de ciudadanía con las personas mayores. Paralelamente podrían reducirse parcialmente las cotizaciones actuales
2. Un segundo tramo variable según lo cotizado. Seguiríamos en un sistema de reparto, pero el cálculo de esta parte se realizaría a través de cuentas nocionales que tomen en consideración la vida completa de cada trabajador y la esperanza media de vida en el momento de la jubilación. Respecto a lo primero, la hipótesis de que tomar en cuenta los últimos años favorece al trabajador ha dejado de ser cierta, puesto que ya es frecuente el desempleo o el deterioro de las condiciones salariales en los últimos años de vida activa. Además de que el sistema vigente provoca inequidades relativas y propicia comportamientos fraudulentos.
La consideración de la esperanza de vida, unida a una mayor flexibilidad en lo que respecta a la edad y a la compatibilidad con otros ingresos, estimularía una adaptación automática según cada situación personal, puesto que el adelanto de la jubilación sufriría una penalización evidente (tanto por el descenso del cálculo nocional como por la menor cuantía por la mayor esperanza de longevidad). Incentivos opuestos en favor de quien retrase voluntariamente su edad de jubilación.
La suma global de estos dos tramos debería ser similar a la que supone el actual sistema.
3. Se mantendría el tercer tramo optativo. Los trabajadores pueden completar su pensión a través de una dotación, según decida año a año, a su fondo personal. Este sí, de capitalización. En mi opinión, debería ofertarse la opción de que la aportación voluntaria pudiera hacerse directamente con el Estado. Éste obtendría depósitos a largo plazo garantizando una rentabilidad razonable, inferior al coste de la Deuda financiada en el sistema convencional. Para el pensionista, el rendimiento sería más seguro que el de fondos privados, especialmente en el caso español en el que los resultados netos se sitúan marcadamente a la cola de los países europeos.
En suma, que las pensiones no corren peligro como quieren hacernos creer, especialmente si superamos las trampas que nos tienden y somos capaces de diseñar un sistema sostenible y equitativo para el siglo XXI. El importante peso electoral de los mayores es una garantía adicional de que las pensiones están aseguradas, hoy y en el futuro.
(Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y éstas no comprometen a ninguna de las organizaciones con las que colabora.)
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2017 Un año negativo para la Sanidad Pública
Cuando finaliza el año es un buen momento para hacer un balance, de lo que ha pasado para la Sanidad Pública durante el mismo, y los datos no son nada halagüeños. Señalamos solo las cuestiones mas destacadas.
Fuente: FADSP
Cuando finaliza el año es un buen momento para hacer un balance, de lo que ha pasado para la Sanidad Pública durante el mismo, y los datos no son nada halagüeños. Señalamos solo las cuestiones mas destacadas.
A nivel del Gobierno se continúa con la política ya conocida de recortes y privatizaciones, expresada en el techo de gasto que impone Hacienda a las CCAA y que hace que los presupuestos de estas no hayan recuperado los niveles de 2009 (350 millones € menos en total), a lo que hay que sumar los recortes en administraciones locales, seguridad social y administración central, situándose en total más de 1.000 millones € por debajo del de 2009. A ello debe de añadirse la intención declarada del Gobierno de seguir reduciendo el gasto sanitario en relación al PIB en lugar de aprovechar la mejora en la situación económica para recuperar lo recortado, y la continua postergación de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Por otro lado el gasto farmacéutico sigue subiendo (tanto en recetas que tiene un aumento del 2,89% interanual a octubre de 2017; como el hospitalario con un crecimiento del 6,5% interanual a septiembre de 2017), disminuyendo los fondos disponibles para la atención sanitaria, y ello a pesar de que tenemos un elevado gasto farmacéutico (18% sobre gasto sanitario frente al 15% del promedio de la OCDE). Situación esta que es más comprometida debido al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria que le garantiza un crecimiento del gasto en medicamentos equivalente al del PIB, en un momento en que como se ha señalado el gasto sanitario público crece por debajo de este aumento del PIB con lo que disminuye su peso respecto al mismo. Ello supone un escenario de empeoramiento de la sostenibilidad del sistema sanitario a costa de incrementar los beneficios empresariales de la industria farmacéutica.
Desde el Ministerio de Sanidad se continua la política de privatizaciones más o menos silenciosas, y de la gestión de la ministra poco puede decirse fuera de su desastrosa participación en la política catalana, y del hecho de que ha confirmado los pronósticos más negativos sobre su incapacidad y/o desinterés para hacerse cargo de la Sanidad del país.
Finalmente resaltar las dos sentencias del Tribunal Constitucional anulando (por motivos competenciales) las legislaciones del País Vasco y Valencia que permitían la ampliación de la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados saltándose el RDL 16/20112 que nos retrotrae a un escenario de desatención de este grupo de población. De nuevo se evidencian las contradicciones de las políticas del PP que ha recurrido estas normativas pero las de otras CCAA que tenían efectos similares.
El único hecho positivo reseñable es el compromiso de la Comunidad Valenciana de revertir el Hospital de Alzira a la gestión pública.
Desgraciadamente el process ha encubierto los problemas de la salud y del sistema sanitario, que siguen siendo muy importantes tal y como se comprueba diariamente, por ejemplo con la epidemia de gripe que ha vuelto a saturar las urgencias hospitalarias y, un año mas, al parecer, con su habitual llegada en invierno, ha cogido totalmente desprevenidas a las “autoridades sanitarias”.
Necesitamos otra política sanitaria, cuando menos una financiación suficiente, controlar el gasto farmacéutico, recuperar lo recortado y acabar con las privatizaciones. Habrá que seguir trabajando en 2018 para conseguirlo.
Vacunas necesarias para todos
El objetivo último de todo buen político debería ser lograr el bienestar de todas las personas de la comunidad a la que sirve. Considero que para ello precisa un profundo convencimiento de que todos debemos tener acceso a los servicios públicos por igual, entre ellos la Sanidad. Sin embargo, no es así.
Fuente: saludadiario.es (*Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca (ADSP) www.adspsalamanca.org
Acudamos a la vida real y sus ejemplos. La vacuna frente al meningococo B, no incluida en el calendario vacunal obligatorio, es accesible sólo para las personas, niños y jóvenes, con suficiente dinero para comprarla (106 euros por dosis… y pueden precisarse hasta cuatro) y contactos para obtenerla, pues suele haber problemas de abastecimiento en las farmacias españolas.
Esta situación genera preocupación, desorientación y desamparo en los padres y en los profesionales de la salud españoles. ¿Qué les digo yo, médico de Familia, a los padres cuando acuden a preguntarme sobre la vacuna del meningococo B? ¡Está claro! La vacuna frente al meningococo B protege frente a ese serogrupo de meningococo, y la Asociación Española de Pediatría recomienda su administración sistemática a TODOS los niños.
¿Sí?… Pues… quien hoy me pregunta está en paro, sólo cobra 426 euros de subsidio de desempleo, tiene dos hijos de 3 meses y 4 años, es decir, necesitan siete dosis de la vacuna del meningococo B que, a 106 euros la dosis, suman… 742 euros. ¿Ahora qué contesto? ¿Que en su caso no? ¿Que crucen los dedos? ¿Que enciendan una vela a un santo?… ¿Que se hagan a la idea de que sus hijos son prescindibles….?
Y en el caso de una familia con dos hijos de la misma edad que los anteriores, con suficientes recursos, que pueda dedicar 742 euros a vacunar a sus hijos… ¿Qué les digo? ¿Que eviten que sus hijos jueguen con los de la familia anterior? ¿Hacemos colegios para niños vacunados y no vacunados?
Las vacunas aportan su beneficio de dos maneras. Por una parte, evitan contraer la enfermedad a la persona vacunada, pero también, y quizás sea lo más importante, disminuyen el número de individuos susceptibles de contraerla. Por tanto, detienen la propagación de la enfermedad. Pero si sólo vacunamos a unos pocos, no evitaremos la enfermedad ni siquiera a todos los vacunados.
Por esto es imprescindible que las vacunas eficaces, insisto, las verdaderamente eficaces, sean incluidas en el calendario vacunal obligatorio acordado por los expertos sanitarios de todo el Estado. Un único calendario de vacunas accesibles para todos, no diecisiete.
En Sanidad, todos deberíamos tener acceso a lo verdaderamente útil, pero no a lo inútil, sobre todo si puede ser peligroso.
Son las autoridades sanitarias quienes deben realizar esta labor de forma clara y sin dejar lugar a dudas. Es un trabajo pendiente para las administraciones públicas, tanto del Gobierno central como de los autonómicos.
Como dije al principio, el objetivo de los políticos debería ser el bien comú, y uno de los medios de lograrlo es atender la Sanidad pública con la celeridad que precisa. Y no dejarla deteriorarse para así justificar la pseudonecesidad de prestar los servicios sanitarios a través de negocios privados.
Osakidetza: Alternativas a la autoconcertación
El Grupo EH-Bildu presentó en el Parlamento Vasco una Proposición no de Ley (PNL) «sobre la puesta en marcha y normalización de los turnos de tarde en toda Osakidetza comenzando por los servicios de cirugía»
La PNL pretende mejorar las prácticas de autoconcertación tan extendidas en todos los hospitales, más conocidas como «peonadas», que tienen una relación directa con la gestión general del dinero público y que tienen un efecto directo en la organización de las horas de trabajo, en la distribución del trabajo y, como no, en la gestión de las listas de espera.
«Nos preocupa la incidencia de esta práctica que se ha convertido en habitual, especialmente en la gestión del dinero público. No hay más que ver el sobrecoste que ha supuesto, año tras año, la autoconcertacion en los servicios de cirugía: en 2011, 14.930.512,77 € y, en 2012, 13.403.874,90 €, sin olvidar la incidencia que tiene el comportamiento de realizar autoconcertaciones en el aumento de las listas de espera y que, consecuentemente, el sistema público de salud, frecuentemente, concierta servicios privados para reducir dichas listas, por lo que tenemos que añadir otro sobrecoste al mencionado con anterioridad.
PROPOSICION NO DE LEY
El Parlamento insta al Departamento de Salud:
- A adoptar las medidas para la puesta en marcha y la normalización de los turnos de tarde en el conjunto de Osakidetza, empezando por los servicios quirúrgicos, para acabar con las listas de espera y con el fin de mejorar la eficiencia.
- A continuar, a la hora de implantar esta medida, manteniendo y reforzando la calidad del sistema sanitario publico, para garantizar una condiciones laborales dignas al personal
- Basandose en la distribución del empleo.
- Organizando las jornadas, los turnos de mañana y de tarde, en condiciones de igualdad, para conciliar la vida laboral y familiar (no siempre el mismo personal medico o enfermero por la tarde).
- Ampliando los equipos de trabajo, para disponer de un numero adecuado de efectivos por la mañana y de tarde, en condiciones de igualdad, para conciliar la vida laboral y familiar (no siempre el mismo personal medico o enfermero por la tarde).
