Categoría: Documento Osalde

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Osalde en Nagusien etxea de Romo (Getxo, Bizkaia)

El Ayuntamiento pretende desplazar a las usuarias de un edificio que ha sido sede de los mayores desde hace más de 30 años a otro recientemente construído (Romo Kultur Etxea), con la finalidad de construir viviendas VPO. En opinión de Rafael Martín, presidente de la Junta de la Nagusien Etxea, no hay motivos para justificar un traslado con el que la mayoría de los socios no están de acuerdo. Se muestra firme en su intención de permanecer en su edificio, que junto con las Casas Baratas y la iglesia de San Jose Obrero conforman el núcleo inicial del barrio de Romo.

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¿Voluntades anticipadas en Atención Primaria?

CEAAPB (Comité de ética asistencial de Bizkaia).

Junio 2018

Sentido de las voluntades anticipadas (VA)

Los profesionales de la Sanidad además de una asistencia clínica acorde con las buenas prácticas clínicas, deben procurar que ésta lo sea en consonancia con las preferencias y valores de cada paciente, dándole la posibilidad de escoger entre las opciones terapéuticas más razonables que se presenten en cada caso. Este proceso, de toma de decisiones con un paciente capaz se denomina consentimiento informado.
Dicho proceso no siempre será pcosible ya que muchos pacientes con enfermedades graves, irreversibles y/o en fase avanzada, llegarán a esa fase de su vida incapacitados para expresar y ejercer su voluntad. Aquí es donde entran en juego las “voluntades anticipadas”, también llamadas últimas voluntades, directrices anticipadas, testamento vital…, instrumento legal de expresión de la voluntad de una persona respecto de los tratamientos que quiere, o no, recibir cuando ya sea incapaz para expresar sus deseos y preferencias.
La Ley 41/2002 de “autonomía del paciente” que da entidad legal al  consentimiento informado es, a su vez, la que sustenta el desarrollo de las VA en las diferentes Autonomías. (Referencia no 1)
En el contexto de la relación sanitaria, la voluntad del paciente puede ser expresada de modo oral, quedando constancia de ella en la historia clínica, no obstante, el mejor modo de asegurar su cumplimiento en cualquier circunstancia es hacerlo a través de los denominados Documentos de Voluntades Anticipadas (DVA). Es en el proceso de ayuda en la toma de decisiones, donde adquiere especial importancia el papel del médico y/o enfermera: los pacientes (y sus familias, si así lo desearan) tienen derecho a participar en la planificación de cuidados y los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad profesional y legal de asegurar esta participación.

Consideraciones sobre la realización de un documento de voluntades anticipadas

  1. Cualquier persona puede expresar sus últimas voluntades en cualquier momento de su vida (con los límites marcados por la ley: edad, capacidad…)
  2. La población diana de este proceso son los enfermos terminales y los crónicos, donde la proactividad se entiende como una buena práctica clínica.
  3. En el caso de las personas sanas, las voluntades anticipadas son una mera “declaración deintenciones”, pero al mismo tiempo una guía muy útil para los profesionales sanitarios y las familias en caso de que se enfrenten a un trauma repentino que las coloque al borde de la muerte. (Referencia no 2)
  4. La realización del documento (DVA) constituye un proceso sencillo: en la web de Osakidetza(Referencia no 3) hay un documento genérico que sirve de guía así como otras informaciones básicas. El ciudadano, de hecho, puede realizarlo sin ayuda de un profesional sanitario, y otorgarlo por cualquiera de las tres vías posibles (tres testigos, notario o ante el uncionario encargado del Registro Vasco de VA).
  5. Ahora bien, entendemos que, cuando el ciudadano solicite información, o sea el propio profesional (del segundo o primer nivel asistencial) el que proactivamente la ofrezca, la ayuda necesaria para la realización del DVA, se dará idealmente través de un proceso participativo.
  6. Para ello se precisa una formación específica, ya que se trata de un delicado proceso deliberativo entre los sanitarios y, el paciente (y posiblemente algún familiar) que requiere además conocimiento de habilidades en la entrevista, con el fin de plasmar de manera adecuada los valores y creencias del paciente ante situaciones vitales a las que se puede enfrentar. (Referencia no 4 y 5)

¿Voluntades anticipadas en atención primaria?
Con todo ello, a la pregunta del título, este comité contesta que sí, por supuesto pero sin caer en posturas precipitadas, derivadas, en gran medida, de la noticia, difundida por la consejería a la opinión pública en mayo de 2018, de que “Los vascos podrán redactar su documento devoluntades anticipadas en los centros de salud con la asesoría de su médico” (Referencia no 6)
Nuestra opinión es que:

  1. Lo que se anuncia como novedoso (hacer un DVA con la ayuda de su médico de AP) es algo que, desde el año 2002, ocurría ya: la atención primaria, en la medida que sus profesionales hayan estado preparado para ello, ha ayudado a sus pacientes a realizar sus VA.
  2. La modificación anunciada del decreto no toca la cuestión anterior, sino la descentralización en los tres territorios de la cita para la  nformación/ayuda para la elaboración del DVA. Se descentraliza el contacto con el encargado del Registro vasco de VA y, asimismo, el registro del DVA (que en la práctica ya se venía haciendo). Esta vía para realizar un DVA sigue abierta y con mejoras previstas.
  3. También, por supuesto, el segundo nivel ayuda a los pacientes en la elaboración de las VA y debe seguir haciéndolo.
  4. La implicación de los profesionales sanitarios y no sanitarios del primer nivel de asistencia en la promoción de las VA y asesoramiento a los ciudadanos nos parece algo muy positivo.

¿Cuál es el problema?

  1. La necesidad de formación específica de los profesionales y de recursos docentes; el que lo recoja el contrato programa, sin un plan realista, resulta totalmente insuficiente. (El plan docente, promovido desde la organización central, y finalizado en Álava con muy buenos resultados, se encuentra meramente iniciado en Vizcaya y Guipúzcoa).
  2. La necesidad de valoración de las cargas asistenciales, tiempo necesario…
  3. Otro problema serio es que, ante la ausencia de un plan docente que garantice la formación de los profesionales y su disponibilidad, la administración recurra a planteamientos meramente administrativos del tipo de diseñar circuitos de recogida de solicitudes, impresos., obviando la necesaria consulta (más de una en ocasiones) deliberativa con el paciente y/o familia, que en muchos casos está absolutamente indicada (nos referimos especialmente a los pacientes con pluripatología crónica, enfermedad grave o irreversibles y/o en fase avanzada)

¿Voluntades anticipadas en atención primaria?:
Sí, nos concierne tanto como al segundo nivel y, siendo que consideramos la asistencia primaria un excelente lugar para la promoción y realización de las mismas, vemos urgente completar el plan docente en AP y realizar una estimación de los recursos necesarios: plan (docentes y cronograma) y recurso tiempo (asistencial y de coordinación con servicios sociales…).
Asimismo, se deberían potenciar estrategias de coordinación sociosanitaria de promoción y apoyo dirigidas a la ciudadanía en general.

Bibliografía/referencias
Referencia no 1: LEGISLACIÓN
-Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

-Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las Voluntades Anticipadas en el ámbito de la sanidad (País Vasco)
-Decreto 270/2003, de 4 de noviembre, por el que se crea y regula el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas (País Vasco)

Referencia no 2: “MI ÚLTIMA VOLUNTAD” (entrevista a Iñaki Saralegui) http://www.noticiasdealava.com/2013/04/11/sociedad/mi-ultima-voluntad

Referencia no 3: ACCESO A VVAA PÁGINA WEB (última modificación 11-6-18): http://www.euskadi.eus/informacion/voluntades-anticipadas-va/web01-a2inform/es/Voluntades Anticipadas (VA) Introducción:

  1. Documento de Voluntades Anticipadas (DVA)
  2. Consultas, citas y contactos
  3. Normativa Para profesionales sanitarios
  4. Modelos descargables

Referencia no 4: La página web del departamento de salud sobre VVAA (anterior link) recoge:
Las y los profesionales sanitarios deben informar a estas personas enfermas de: su estado de salud, el previsible curso de su enfermedad y las posibles complicaciones en el futuro; las opciones terapéuticas, incluyendo los tratamientos de soporte vital y los cuidados paliativos, y las posibilidades de supervivencia y recuperación con cada uno de ellos; las consecuencias de las decisiones en su entorno.
Se debe hacer entender que las VA son una ayuda en la planificación de cuidados, tanto para pacientes como para profesionales, y que la mejor forma de que sean tenidas en cuenta es la elaboración e inscripción en el Registro del correspondiente DVA.”

Referencia no 5: CALIDAD Y EL FUNDAMENTO EN LA TOMA DE DECISIONES AL FINAL DE LA VIDA DE LOS PACIENTES CON EPOC. & 2009 SEPAR. Publicado por Elsevier España http://www.archbronconeumol.org/es-linkresolver-la-epoc-un-paradigma-el-S0300289609004670

Referencia no 6: DECLARACIÓN CONSEJERO DE SALUD https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5564746/gobierno-vasco-modifica-decreto- documento-voluntades-anticipadas-/

Autores
· Andrés Álvarez, Maite Sope. Técnico superior jurídico
· Antruejo Aguirregomezcorta, Begoña. Médico de familia (jubilada)
· Barrena Ezkurra, Ana Isabel. Médico de Familia
· Cairo Rojas, Guillermo. Médico de familia (Secretario del CEAAPB)
· Garzón Sainz, Julio. Médico de familia (jubilado)
· González Cortés, Maite. Administrativa
· Jaio Atela, Nekane. Farmacéutica
· Maíz Olazabalaga, Enrique. Pediatra
· Martínez Rodríguez, Gizane. Médico de Familia
· Maruri Arce, Amaia. Administrativa
· Ortego Fernández-Retana, Agurtzane. Médico de familia
· Palacios Echevarría, Ma Jesús. Enfermera
Comité de Ética Asistencial de Atención Primaria de Bizkaia (CEAAPB)
https://sites.google.com/a/etikomin.net/open-etikomin/
Contacto: etika.apbizkaia@osakidetza.eus

 

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Derecho a la salud y a una muerte digna de las personas privadas de libertad enfermas graves y en situación terminal

Derecho a la salud y a una muerte digna de las personas privadas de libertad enfermas graves y en situación terminal

(Intervención de Jorge Barrón, miembro de la Junta Directiva de OSALDE en el acto de Presentación de OSABIDEAK, (Asociación Vasca de Profesionales de la Medicina y Juristas por el Derecho a la Salud de las Personas Privadas de Libertad) en el Colegio de Médicos de Bizkaia el 3 de julio de 2018)

OSALDE, CON OSABIDEAK[i]

Arratsaldeon, lehenik gure esker ona adierazi OSABIDEAK elkarteari, oso gustora jasotzen dugu ekitaldi honetan parte hartzeko gonbidapena, osasuna izateko eskubidea defendatzeko ekintza honetan parte hartzea ahalbidetzen digulako. Osasuna izateko eskubidea Osalderen ekintzen eta funtsaren oinarria eta azken helburua da eta.

Buenas tardes. Ante todo, nuestro agradecimiento a OSABIDEAK por su invitación a este acto que aceptamos muy gustosos por la ocasión que nos brinda para apoyar una causa sustentada por el Derecho a la Salud que es la razón de ser de Osalde, fundamento y fin último de nuestras actividades.

OSALDE somos una Asociación de Sanitarios del País Vasco por la Defensa del Derecho a la Salud, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos[ii], y entendiendo la salud como: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o discapacidad”[iii]

Si bien nuestra Constitución proclama el Derecho a la Salud (Art. 43) y la igualdad ante la Ley (Art. 14) nuestras instituciones no actúan plenamente según este amplio concepto de la salud, poniendo poca atención en sus condicionantes y sin el necesario enfoque multisectorial, el de la “Salud en todas las políticas, en todos los sectores y a todos los niveles”. Porque muchos de los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud extienden sus orígenes más allá del sector salud y de las políticas de salud. Cada decisión política debería considerar su impacto sobre la salud y según la OMS “con legitimidad, rendición de cuentas, transparencia, participación, sostenibilidad y colaboración multisectorial, aunque siendo el sector salud el que desempeñe un papel central

El eje de análisis para alcanzar los objetivos de salud con carácter universal y equitativo es la vulnerabilidad social en salud concebida como resultado de las desiguales condiciones de vida, exposición y capacidades diferenciales para el manejo de riesgos, movilización de recursos, disponibilidad y acceso a servicios de salud, entre otras categorías que determinan la salud de los diferentes grupos sociales.

Los denominados “grupos vulnerables” no son vulnerables per se: son las condiciones sociales en que viven las que dificultan su salud. Las personas privadas de libertad constituyen uno de los grupos más vulnerables.

En la Comunidad Europea hay desde 10 hasta 600 encarcelados/100.000 (0,6- 0,01%) habitantes[iv] (media 100/100.000, 0,1%). La tasa de encarcelamiento española es de 140 reclusos por 100.000 habitantes, muy superior a la media europea a pesar de que la tasa de criminalidad es baja. En la CAPV tenemos una tasa de encarcelamiento en torno a 60/100.000 hab[v]. La mayoría es población social vulnerable y con alta tasa de enfermedades. La enfermedad mental es muy prevalente, y las infecto-contagiosas tienen mayor tasa que la población en general.

El Sistema sanitario penitenciario no es equivalente a la Salud Pública, sólo transferido en la CAPV y Cataluña. Y son habituales las denuncias de deficiencias[vi] por parte de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y la Organización Médica Colegial.

Las estadísticas[vii] reflejan que las cárceles constituyen un importante espacio de vulnerabilidad al reunir condicionantes de impacto muy negativo sobre la salud, como son: una población originaria socialmente vulnerable, la dureza de los centros penitenciarios (p.e. masificación[viii], aislamientos, grados, régimenes, alimentación, recursos, permanencia[ix],), y la falta de independencia profesional médica o asistencial.

El género es también un factor de desigualdad y vulnerabilidad a considerar[x]. Según los últimos datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en julio de 2017, había 56.070 hombres en prisión y 4.573 mujeres[xi]. El sistema está diseñado pensado para hombres. En España apenas hay cárceles para mujeres, solo tres. El resto son módulos femeninos que se crean dentro de cárceles masculinas. La propia web de Instituciones Penitenciarias apunta la “alta prevalencia de episodios de abusos y maltrato en el historial personal de muchas de ellas”. Lo habitual es que las mujeres reciban menos visitas que los hombres ya que la mujer encarcelada está más estigmatizada socialmente que el hombre. Especialmente negativa es la condición de maternidad en prisión, tanto para las reclusas como para sus hijos. Al ser pocas, se ven obligadas a cumplir condena en el mismo espacio tanto aquellas que sufren enfermedades mentales o problemas de drogodependencias, como las que no.

Otras deficiencias, condicionantes de vulnerabilidad e inequidad en salud son del ámbito pericial: Los forenses no son independientes institucionalmente de la administración de justicia; falta de un marco de actuación sanitaria consensuada, falta de protocolos, documentos de consenso sobre enfermedades susceptibles de excarcelación, disponiendo de escasa tradición en la defensa jurídica de temas de salud en los juzgados.

Esta especial vulnerabilidad es crítica en los casos de enfermedades graves y en el periodo final de su vida, siendo una situación en la que a nadie se puede privar de los recursos del Sistema Público de Salud más adecuados a cada caso y atención en el entorno idóneo para su aplicación con efectividad, así como del derecho a una muerte digna en su entorno familiar asistido por sus seres queridos. En estas circunstancias la prolongación de la acción punitiva deja de tener objeto e impide preservar la dignidad que debemos a todas las personas que se encuentren en tan dramáticas circunstancias.

Para Osalde, no es admisible ninguna excepción ni discriminación al pleno reconocimiento del Derecho a la Salud, lo que implica pleno acceso a los recursos sanitarios públicos y en el entorno adecuado. Por ello, declaramos nuestro firme apoyo a la iniciativa de OSABIDEAK en su campaña contra la instrucción penitenciaria 3/2017, por la que ni la medicina ni la justicia deberían permitir que personas recluídas muy enfermas con riesgo de fallecimiento, siempre según los criterios médicos, permanezcan en prisión.

(Enfermedad grave y riesgo de fallecimiento. Reglamento penitenciario)[xii]

En estas críticas situaciones, la decisión de excarcelación no puede fundamentarse en los argumentos marcadamente subjetivos de una instrucción de Instituciones Penitenciarias como la 3/2017[xiii] que en OSALDE rechazamos como ya lo ha expresado mayoritariamente el Parlamento Vasco y que admite interpretaciones y valoraciones de una subjetividad inaceptable ante la gravedad de las decisiones que pretende regular[xiv]

Muy al contrario, tales decisiones precisan el mayor nivel de objetividad y evidencia posible que ofrezca el estado actual del conocimiento médico[xv], especialmente si se quiere precisar la gravedad, el riesgo de fallecimiento o tiempo de supervivencia[xvi] con criterios rigurosamente científicos recogidos en procedimientos estandarizados y protocolos propuestos por los profesionales de la medicina responsables de las administraciones de justicia y de las instituciones privativas de libertad. Y actuando con garantías de independencia profesional y administrativa

Por último, en OSALDE denunciamos el regreso democrático del Estado Español[xvii], el recorte de Derechos y Libertades denunciados por los Media libres y los organismos internacionales, reclamamos un proceso permanente de profundización democrática de nuestra sociedad. Estamos con el clamor ciudadano que reclama el desarrollo de los principios democráticos de buen gobierno y gobernanza de los bienes comunes de nuestra sociedad, mayores cotas de justicia social, igualdad y equidad, mayor transparencia y participación ciudadana. Es con esta orientación como creemos que pueden lograrse las justas aspiraciones de salud en un sentido amplio, universal y equitativo, para todas las personas, sean cual sean sus condiciones.

Eskerrik asko.

[i] Campaña de OSABIDEAK contra la Instrucción 3/2017 de Instituciones Penitenciarias

[ii] Especialmente, la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud (1978), la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), alineados con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, y jugando un papel importante en los Procesos  de Desarrollo de la agenda posterior al 2015.

[iii] La Salud, como se definió en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1946, hace ya 78 años.

[iv] Qué país europeo tiene más presos? Euronews

[v] En la CAPV tenemos una tasa de encarcelamiento en torno a 60 personas/100.000 hab.,

que llegarían a unas 95 si se contaran quienes teniendo residencia administrativa en la CAPV, están en otros C.P. fuera de la misma. Unas 1.400 personas recluidas en la CAPV en la actualidad… de ellas, un 6-8% mujeres, y un 25% personas extranjeras. Recordemos que si la tasa de encarcelamiento se acomodara a la de criminalidad, esta cifra se reduciría y “un 50% de personas encarceladas estaría en libertad” (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, Rosep, 2016)

 

[vi] Informe CAPRI sobre la calidad de la asistencia sanitaria en centros penitenciarios españoles

“Se describen oportunidades de mejora estructurales que fueron principalmente la priorización de lo regimental frente a lo asistencial, la escasez y desmotivación de los profesionales y la descoordinación con la red asistencial extra-penitenciaria, entre otras.”

[vii] Datos estadísticos: En los últimos 10 años han fallecido cerca de 2.000 personas en las cárceles españolas, casi la mitad por enfermedades, 166 por SIDA; en los últimos 4 años ha habido 126 suicidios, 158 fallecimientos por sobredosis y 19 fallecimientos «accidentales».

[viii] España tiene un nivel de población reclusa inferior a la media europea, pero la masificación de las cárceles figura entre las más altas del continente. Por cada 100 celdas disponibles, la Administración aloja a 119,6 presos, frente a una media europea de 91,4. Son datos del Consejo de Europa, la institución con sede en Estrasburgo que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el continente. La sobreocupación española se ha agravado en el último año a pesar de que el volumen de presos ha descendido un 2,8. Solo Macedonia, Hungría y Bélgica registran peores situaciones y Albania, a la misma altura, según el estudio comparativo. (Elpais.com)

[ix] España también figura por encima de la media en periodos de privación de libertad.

La condena media es de 17,5 meses (aquí el dato empeora levemente al incorporar a la Administración catalana), frente a los 9,5 meses del conjunto de Europa. Países como Rumanía, Portugal, República Checa y Estonia superan el dato español. “Es el modelo contrario al de los países nórdicos: ellos envían más gente a prisión, pero por menos tiempo”, explica el experto del Consejo de Europa.

[x] La cárcel: un mundo de hombres para mujeres Según los últimos datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de julio de 2017, hay 56.070 hombres en prisión y 4.573 mujeres.

[xi]

[xii] Si bien el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario establece que “los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad”, el hecho es que se está negando sistemáticamente éste derecho a pacientes presos en los que concurren claramente estas graves circunstancias.

[xiii] Instrucción de Instituciones Penitenciarias 3/2017:

[xiv] Una instrucción que permite interpretaciones como la del exministro Zoido, quien afirmó que la libertad condicional de un preso sólo se habría de conceder “ante un riesgo inminente de fallecimiento en el plazo de dos meses”.

[xv] Medicina basada en la evidencia: una aproximación epistemológica La propuesta de la medicina basada en la evidencia conjuga la experiencia del clínico con el análisis juicioso de los resultados de investigaciones clínicas de excelente calidad metodológica para la toma de decisiones médicas.  Desde la opinión de expertos de la medicina y la investigación biopsicosocial, el estudio de casos, los estudios de cohortes, resultados de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas.

[xvi] Tasa de supervivencia: Porcentaje de personas en un estudio o grupo de tratamiento que todavía están vivas durante un determinado período después del diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad como el cáncer. A menudo, la tasa de tasa de supervivencia se indica como una tasa de supervivencia a 5 años, que es el porcentaje de personas en un estudio o grupo de tratamiento que están vivas cinco años después de su diagnóstico o comienzo del tratamiento. También se llama tasa de supervivencia general. (Para estimar la supervivencia se utilizan datos estadísticos de límites más amplios de lo que parecen pretender los criterios administrativos de dicha instrucción, por lo que en nuestra opinión y desde el lado humanitario deben interpretarse con generosidad).

[xvii] Ley Mordaza, Ley de seguridad ciudadana, Reforma del Código Penal, 36.000 multas por la LM en 2016, encarcelamiento de políticos, raperos, twitteros, etc

 

 

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Osalde, ante la proliferación de Ensayos Clínicos de la Industria Farmaceútica en España

Osalde, ante la proliferación de Ensayos Clínicos de la Industria Farmacéutica en España

Sorprende que España, con una inversión en I+D precaria, que no llega al 1% del producto interior bruto llegue a ser el segundo país en número de ensayos clínicos de la UE. Hay que señalar que casi el 80% de los alrededor de 8.500 Ensayos Clínicos (EECC) autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en la última década han sido promovidos por compañías farmacéuticas según sus intereses, planes y estrategias, lo que resta iniciativa a los equipos e instituciones de investigación que encajan pasivamente las propuestas de la industria farmacéutica (IF)

¿Significa por el contrario que éste destacado lugar en el ranking, como se ha dicho en la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM) “se debe al nivel científico de nuestros profesionales sanitarios y a la excelencia de nuestros hospitales, así como al compromiso por la investigación clínica de las administraciones públicas, encabezadas en este ámbito por la AEMPS y de la industria farmacéutica que confía en nuestro país, en sus profesionales y en sus instalaciones”?

Mas bien, en las circunstancias actuales de recortes en la investigación española, habría que pensar en otras razones. Es bien sabido que la participación en ensayos clínicos supone una importante fuente de ingresos a corto plazo, (a largo plazo el beneficio es para la compañía farmacéutica promotora del ensayo a través de la explotación de las patentes con precios abusivos) ingresos y beneficios especialmente para los profesionales médicos cuya “labor investigadora” en tales ensayos se limita prácticamente a reclutar a los pacientes, a los que tiene que convencer mediante el “consentimiento informado” para que participe en el ensayo, a pesar de sus riesgos e inciertos beneficios. Hay que recordar que todo el protocolo del ensayo, es decir, su diseño experimental, viene ya realizado en su totalidad y de forma definitiva por epidemiólogos contratados previamente por la firma farmacéutica promotora. Esto ocurre en casi el 100% de los ensayos realizados. En tales circunstancias, es cuestionable considerar cómo auténtica investigación lo que se limita a una mera labor auxiliar en la mayoría de los EECC (fase II y III) promovidos por la IF, ni corresponde denominar “investigador” al facultativo o equipo encargado de reclutar pacientes, solicitar las pruebas diagnósticas, recopilar los datos clínicos y registrar los resultados en los formularios facilitados por el promotor.

Como es sabido, en la mayoría de las ocasiones, el “investigador” ni siquiera participa en el proceso de planificación de la investigación farmacológica, ni en la elaboración del diseño, ni en el análisis, redacción y publicación de los resultados, según marcan las condiciones (frecuentemente “leoninas”, sin posibilidad de negociación alguna) de las contratos habitualmente firmados entre Investigador y Promotor, con la autorización del Comité Ético de Ensayos Clínicos (CEEC). Eso sí, los “investigadores” firman los artículos como “autores” cuando el promotor lo estima conveniente según sus intereses, resultados obtenidos y estrategia comercial, contribuyendo a engordar unos curricula que son como el traje del emperador desnudo, pues en absoluto la producción cuantitativa de tales publicaciones es relevante bajo una evaluación académica rigurosa donde se ha de valorar la calidad investigadora científico-técnica y trayectoria del profesional y los equipos. Pero la acumulación variopinta de publicaciones alimenta vanidades personales, corporativas e institucionales, algo que da lustre, por lo que también es explotado por los promotores como herramienta de seducción. Como investigadores investigan poco, pero ganan un dinero extra por cada paciente “reclutado” y obtienen otros beneficios como financiación de congresos y vistosos currículos para la “carrera profesional”.

En cuanto a los beneficios para los pacientes que se someten voluntariamente a un EC, es algo incierto. Aunque los ensayos previos con animales y pocos voluntarios lo sugieran, tal cosa no se sabrá hasta finalizar los estudios de fase II y III, es decir, después de haber sometido a los sujetos de experimentación a riesgos desconocidos de gravedad impredecible. Por esta razón, es fundamental la máxima exigencia de rigor en la obtención del Consentimiento Informado (CI), mediante la aplicación de la normativa legal (Ley 41/2002 de autonomía del paciente) y en general de todo el procedimiento regulador de EECC (RD 1090/2005 de Ensayos Clínicos) con supervisión del Comité ético. Lamentablemente, no es infrecuente que en lugar de informar debidamente se trate de obtener un “consentimiento firmado” sin las suficientes explicaciones. Hay aspectos polémicos del CI que siguen siendo motivo de polémica en los Comités de Ética. Por ejemplo: ¿Debe informar el médico al sujeto de experimentación que cobra determinada cantidad del laboratorio promotor por obtener su reclutamiento?

No siempre se explica claramente el incierto beneficio inmediato para el paciente sometido al ensayo, ni que según el obligado procedimiento de DOBLE CIEGO el paciente puede recibir un placebo en lugar del fármaco, lo cual no se sabe hasta concluido el estudio. Tampoco suele insistirse en los posibles riesgos que pueden ser desde leves a mortales. Pocas veces el acto de informar (que no el documento a firmar) está supervisado por un tercero que vele por los derechos del sujeto.

Los verdaderos beneficios para la Institución son pocos. Una pequeña parte de lo que cobran los investigadores y el reintegro de unos supuestos gastos difíciles de calcular y segregar. Rara vez se lleva a cabo el cálculo preciso de los costes de estancia y pruebas, por lo que resulta mucho menos costoso para los promotores llevar a cabo los ensayos en hospitales públicos que en las raras ocasiones cuando tales ensayos se realizan en instituciones privadas. La práctica de demasiados EECC, lejos de aportar prestigio del centro por la labor investigadora, pueden generar lo contrario, pues los centros asistenciales son para tratar a los pacientes, no para utilizarlos como cobayas de experimentación.

El director general de Farmaindustria estima éste escenario “netamente positivo” por un conjunto de factores favorables, como el Real Decreto 1090/2015 sobre Ensayos Clínicos, “que está permitiendo simplificar trámites y reducir significativamente el tiempo necesario para poner en marcha un ensayo clínico”.

A quienes nos preocupan los pacientes nos asusta el empeño de las Farmacéuticas promotoras y algunos investigadores en “simplificar los trámites” en razón a que la prisa por obtener la autorización para colocar en el mercado un nuevo fármaco y empezar a obtener beneficios ha dado origen en demasiadas ocasiones a efectos adversos graves, con resultado de muerte y retirada del fármaco. Si, por ejemplo, queremos la mayor seguridad tratando de evitar efectos adversos graves o mortales tenemos que realizar el ensayo en muchos miles de “voluntarios” antes de administrarlo a los pacientes. Y “reclutar voluntarios” lleva mucho tiempo y dinero. Supongamos que un nuevo fármaco es causa de una reacción mortal por cada 50.000 tratamientos, puede no aparecer si lo probamos en menos sujetos para acelerar el proceso. Si el nuevo fármaco va dirigido a una entidad de alta frecuencia puede ser administrado a millones de pacientes en muy poco tiempo, por lo que pueden aparecer una serie de casos mortales antes de que los estudios epidemiológicos establezcan la relación causal y se ordene la retirada del mercado. Los estudios en esta fase son muy escasos. Al laboratorio, una vez obtenida la licencia, no le interesa gastar dinero en ello.

También se destacó el componente económico y dinamizador de la I+D que suponen los ensayos clínicos: “La industria farmacéutica establecida en España invierte cada año casi 1.100 millones de euros en proyectos de I+D, de los que aproximadamente la mitad se dedica a financiar ensayos clínicos, que en su mayor parte se llevan a cabo a través de un modelo de colaboración en abierto con centros de investigación y hospitales públicos y privados.” Ya hemos señalado en que se basa dicha “colaboración”. Más bien es una relación fuertemente jerarquizada y limitada por un contrato unilateral por el que el investigador “hace los deberes” a la industria farmacéutica en razón a que ella no tiene acceso a los pacientes “cobaya”. De obtenerse resultados positivos, por ejemplo, ni el investigador ni el centro participa de los beneficios derivados de la explotación de las patentes.

El coordinador del acuerdo de la Academia y Farmaindustria afirmó que no concebía una medicina que no hiciera investigación clínica. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hacer ensayos clínicos a dictado de los promotores no es hacer investigación clínica de calidad, ni una investigación clínica genuina de los centros, sino por la industria, para la industria y a beneficio de sus inversores.

Otro punto muy problemático es el de los ensayos clínicos en niños. No cabe duda de que si no disponemos de investigación de calidad en esta franja de edad no vamos a tener tampoco ninguna garantía con los fármacos que se vayan a utilizar después con estos pacientes. Desde hace tiempo los lobbies farmacéuticos están presionando a los agentes para que faciliten dichos ensayos, pero la resistencia a tales pretensiones es de carácter ético. Hay que insistir en las garantías y calidad del consentimiento subrogado (el que realizan padres o tutores) cuando se incluyen menores de edad (niños y adolescentes) en una investigación, porque el niño no puede dar su consentimiento. Los EECC realizados con niños deben ser comunicados a la Fiscalía de Menores. También en esta reunión, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) apuntó la necesidad de incrementar los estudios pediátricos con medicamentos. Pero no hay fórmulas mágicas. El cómo hacerlo salvando el grave problema ético que se plantea, sigue siendo un obstáculo de difícil superación.

“La participación de los niños en la investigación es compleja. Las limitaciones del desarrollo, el desequilibrio de poder entre niños y adultos y, en algunos casos, su estado de salud comprometido pueden influir en la disposición de los niños a participar en la investigación clínica” (Semin Oncol Nurs. 1999 mayo; 15 (2): 96-103.)

Sin embargo y a pesar de tantos cantos a la excelencia por parte de los presentes en la cita de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el vicepresidente no ocultó su preocupación por el peligro de la sobresaturación de ensayos clínicos. La directora de la AEMPS tampoco ocultó su preocupación por una posible sobresaturación de ensayos, aunque manifestó que había una cierta capacidad de reorganización. Según sus palabras, “hay márgenes de mejora”.

Por el lado de la industria promotora, la responsable de investigación del laboratorio MSD, destacó la reducción de los tiempos para aprobar los ensayos, aunque también manifestó su preocupación por la saturación que puede producirse y la necesidad de buscar alternativas.

Esperemos que las “preocupaciones” de estos agentes dirijan sus acciones a seleccionar los EECC más adecuados a las necesidades prioritarias de los pacientes, más que a los intereses de los laboratorios, dirigidos la mayoría de las veces a nuevos fármacos que no aportan nada o casi nada, y que no justifican someter a riesgos a los pacientes.

Osalde, Derecho a la Salud. 16 de mayo de 2018    Documento.pdf

Nota: El encuentro “La investigación clínica: una oportunidad para la sanidad y los pacientes en España”, se desarrolló el 10 de mayo en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM).

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Tráfico rodado y salud, por Mario Fernández López de Ahumada

Dentro del ciclo de charlas “Movilidad y calidad de vida en Leioa” organizado por ehbildu, el médico de Osalde Mario Fernández López de Ahumada, impartió una charla sobre “Daños a la salud derivados de la contaminación generada por el tráfico rodado”. 

El médico Mario Fernández, que pertenece a la junta Directiva de Osalde y es experto en Salud Ambiental, expuso, dentro del ciclo de charlas “Movilidad y calidad de vida en Leioa” una amplia revisión del estado actual del conocimiento en relación a los efectos del trafico rodado sobre la salud de las personas.

A continuación de la charla, participaron una arquitecta, Aintzane del Río Pereda y un economista, David Hoyos. Completando así una interesante mesa redonda que debatió entre los asistentes al acto diversos aspectos de los temas tratados, especialmente en el ámbito específico de la problemática actual en el municipio de Leioa.

Por su interés, adjuntamos el documento facilitado por Mario Fernández correspondiente a la presentación gráfica que acompañó a su charla:

Daños a la salud derivados de la contaminación generada por el tráfico rodado”


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Iñaki Markez comparece en el Parlamento Vasco

Iñaki Markez Alonso, psiquiatra perteneciente a OME y OSALDE, ha comparecido en el Parlamento Vasco a solicitud de la Comisión de Trabajo y Justicia, para explicar su opinión en relación con la transferencia de la política penitenciaria (GP Euskal Herria Bildu (GP EH Bildu); GP Elkarrekin Podemos (GP EP), concretamente en relación a las politicas a aplicar frente a los casos de enfermedad mental en personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios.

Tras la comparecencia de  Ángel Elías Ortega, miembro del grupo de estudio de política penitenciaria de la UPV/EHU (Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo), compareció Iñaki Márkez, quien, en relación a la temática general de Politica Penitenciaria a desarrollar con vista a las transferencias, se le ha solicitado que exponga su opinión en diversos aspectos de la salud mental de las personas en prisión.

La presentación corrió a cargo de Juan Luis Uría y Jone Goiricelaya.

Dada la extensión del informe elaborado y expuesto en su comparecencia en la Comisión de Trabajo y Justicia del Parlamento Vasco por el Prof Iñaki Márkez Alonso, se adjunta dicho documento en formato pdf. “Derechos, cárcel y Salud mental, por Iñaki Márkez”

 

 

De izda a dcha: Jone Goiricelaya, Juan Luis Uría, Iñaki Márkez y Angel Elías Ortega.

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OSALDE rechaza la sentencia a “la manada” y se solidariza con la víctima

Junta directiva de OSALDE, organización por el Derecho a la Salud. Bilbao, 3 de mayo de 2018

OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud, manifiesta su absoluta oposición a la sentencia que considera “abuso sexual” y no “violación o violencia sexual” al brutal ataque sexual a una joven de 18 años acosada y arrinconada en una estancia oculta de un portal en la madrugada de las fiestas de San Fermin de Pamplona de 2016. El ataque fue perpetrado por parte de cinco individuos fornidos de entre 20 y 30 años cuyo solo apodo “la manada” anuncia su carácter brutal, incluyendo penetraciones vaginales, anales orales, y eyaculaciones sin preservativo. Y  ante todo queremos dejar constancia de nuestro total apoyo a la víctima, que tras soportar una violación especialmente salvaje, se enfrenta ahora a un decepcionante desamparo judicial.

OSALDE manifiesta, como así lo hace el clamor popular expresado multitudinariamente en las calles de las principales ciudades del Estado, que las características de la acción llevada a cabo por dicho grupo de individuos, por si mismas e independientemente de la actitud de la víctima constituyen una brutal agresión sexual, es decir, una violación brutal. Así lo han expresado cerca de 2.000 profesionales de Psiquiatría y Psicología, pues está bien establecido que en circunstancias tan dramáticas de evidente riesgo, una reacción defensiva normal ante el miedo intenso y el evidente riesgo para la integridad física y la vida misma, es expresada muy frecuentemente por la pasividad y parálisis de acción. Interpretar esta pasividad como algo parecido al consentimiento, incluso llegando a interpetar los quejidos como signos de placer, constituye una aberración solo explicable por una carencia absoluta de empatía por parte de los miembros del tribunal en su conjunto.

Es posible y alarmante, que una legislación poco clara en la definición de los delitos de violencia sexual, agresión sexual, o violación explique tamaño despropósito. En tal caso, urge una reforma radical de las leyes a fin de que en ningún caso, una acción agresiva sexual tan salvaje pueda ser considerada como “abusos”. En cualquier caso, en OSALDE no creemos que la indefinición legislativa sea suficiente para explicar la actitud de los miembros del tribunal. Habría que considerar también los evidentes prejuicios que se ponen de manifiesto con lamentable frecuencia en procesos relacionados con delitos sexuales, especialmente por algunos miembros de la judiciatura de ideología ultraconservadora con actitudes machistas, tristes ejemplos de posturas extremas en un sistema patrialcal que contamina la conducta social de todos los estamentos de nuestra comunidad cultural.

En conclusión, OSALDE reclama una reforma radical de las leyes a fin de que queden expresadas de forma clara y sin posibilidad alguna de especulación al servicio de las ideologías ultraconservadoras con actitudes prejuiciosas y machistas, la discriminación entre los conceptos de abusos, violencia sexual y violación, conformes a lo que el sentido común y el clamor popular considera.

Un aspecto fundamental a reformar, aclarando sin lugar a dudas, es lo concerniente al consentimiento de las relaciones y a la forma de interpretar las actitudes de los actores como supuestas expresiones del mismo. ¿Cómo puede entenderse que en las brutales circunstancias del caso hubiera algún tipo de consentimiento? La ley debe ser especialmente rigurosa en exigir con mucho mayor firmeza evidencias explícitas, claras y convincentes de auténtico consentimiento libre y sin coacciones, más en situaciones en las que, como es el caso, resulta difícil suponer que pudiera haberlo.

Por último, OSALDE se adhiere a todas las manifestaciones en contra de la sentencia, y reclama a los poderes del Estado la revisión urgente de la condena en un contexto más participativo y representativo de la mayoría social, la reforma de las leyes sobre delitos sexuales en el contexto de una sociedad patriarcal, que reclama acabar con la criminal cultura machista, los esfuerzos educativos en diversidad sexual y de género, y en general el progreso en desarrollo democrático que reclama la sociedad.

OSALDE, Junta Directiva. Bilbao, 3 de mayo de 2018

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Nuestro apoyo a Rafa Gracia

Recientemente hemos sabido que la dirección de Osakidetza ha cesado a Rafa Gracia como jefe de la Unidad docente de Araba. Al parecer no ha existido una causa concreta y clara que haya motivado este cese. Es más, organizativamente es un mal momento pues coincide con la finalización de los cursos MIR.

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Comunicado de OSALDE respecto a la donación de la Fundación Amancio Ortega al Gobierno Vasco

En OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud del País Vasco, la actitud tanto del Lehendakari Urkullu como del Consejero de Sanidad Darpón y de la Directora de Osakidetza, Mujika respecto a la donación de la Fundación Amancio Ortega a Osakidetza, nos produce una gran decepción en muchos aspectos. Tenemos mucho que decir al respecto:

Sobre la dignidad de este pueblo

Afortunadamente para la ciudadanía vasca, nuestra Comunidad no tiene ninguna necesidad de recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.

Sobre nuestras necesidades y carencias

Nuestro Sistema de Salud se financia con los impuestos y éstos son uno de los pilares del Estado Democrático para la justicia social distributiva. Tenemos un PIB suficiente para que no nos falte nada en nuestro sistema de salud, si es que lo que realmente falta es mas tecnología, como dice reconocer el Lehendakari.

Sobre algunas “Fundaciones filantrópicas”

Osalde también tiene algo que decir a la Fundación Amancio Ortega. Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos

En Osalde defendemos el derecho a la salud de todos y todas las personas. Y la salud depende de sus determinantes sociales, como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc. Si estas grandes empresas del Estado, deslocalizan gran parte del trabajo productivo en Bangladesh o Marruecos, deberían tratar de armonizarse los derechos de todas las personas que forman la cadena de productores y consumidores. Le sugerimos que el lobby textil se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de la industria textil que abastecen a la Unión Europea a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo. Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales.

Sobre la penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica

Por otro lado, hay que valorar la oportunidad y necesidad del “regalo tecnológico” en el contexto de Osakidetza. Si lo que interesa es la salud, hay que valorar el impacto de estos cuatro aceleradores lineales y un mamógrafo sobre la salud de las personas de Euskadi. En el momento evolutivo de nuestro Sistema de Salud, la evidencia científica ha demostrado que el incremento tecnológico apenas logra incrementar los niveles de salud, estamos en la fase “plana” o incluso decreciente (por los efectos secundarios) de la curva tecnologia-salud. Superada la fase salubrista y agotada la fase sanitaria, urge abordar la fase social. La tecnología, sea diagnóstica o terapeútica, se utiliza mal, en exceso y practicamente sin control de costes. Hay despilfarro, mala utilización, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo. Los resultados son pobres y de alto coste. Y en personas de edad avanzada los supuestos beneficios de la tecnología son marginales y a menudo a costa de mala calidad de vida (dos de cada tres pacientes de cáncer son mayores de 80 años). Lo que significa que, si seguimos así, a mas tecnología, más despilfarro. No es más tecnología lo que hace falta, sino mejor utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.

Sobre los Determinantes Sociales de la salud

En esta fase de desarrollo de nuestro Sistema Sanitario, éste solo contribuye en un 11% a la salud. El resto depende de la biología humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. Condiciones cada vez mas deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las políticas neoliberales.

Sobre el final de la fase sanitaria y el principio de la fase social

No es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud. Las inversiones mas rentables son preventivas. Las autoridades suelen cargar con los programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, pero olvidan lo más importante, mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, son muchas las organizaciones que insisten en advertir de la influencia en la salud de la extensión y persistencia de la pobreza en nuestro país, la precariedad, la exclusión y el incremento de las desigualdades. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%. Casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. El desempleo en 2016 era del 19,6%, el doble de la media de la CE y el mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10%, el valor de las acciones empresariales se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años.

Sobre los recortes

Lo primero que deben hacer los gobiernos es recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el RDL 16/2012 y el RD 1192/2012 que retiró 873.000 tarjetas sanitarias y la reforma sanitaria, con sus recortes y copagos. Esta reforma afecta en especial a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera de España por más de 90 días. Sus graves consecuencias no se han evaluado, salvo la red de ONGs REDER que está registrando muchas de las incidencias derivadas como falta de información, barreras administrativas, facturación, etc

Sobre la pretendida colaboración “público-privada”

Estamos hartos de escuchar de los gobiernos neoliberales su mantra de la “colaboración público-privada” o la “necesidad de crear riqueza”, cuando lo primero es una falacia dada la divergencia de intereses de ambos sectores y lo segundo una ambigüedad que sugiere que todos vamos a ganar algo, cuando las evidencias revelan su verdadero significado: “riqueza para unos pocos y aumento de la desigualdad social”

La realidad es muy diferente de esta pretendida armonía igualitaria: la medicina privada en Euskadi crece a expensas del deterioro de la pública. De 2011 a 2016 se ha incrementado en un 6,4% las personas que han contratado un seguro médico y las aseguradoras han incrementado sus beneficios un 6,12 %. Para nosotros esto es la esencia de lo que el Consejero Darpon y anterior Director Gerente de IMQ Zorrozaure , una de las mayores aseguradoras medicas de Euskadi, llama “colaboración público privada”

Sobre la salud “en todas las políticas”

Mejorar la salud también requiere atender los determinantes sociales de salud mediante acciones en otros sectores, como derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad; una renta mínima; atender a las 340.000 personas dependientes que no reciben atención, o el rescate de los parados de más de dos años.

Y sobre las alternativas frente a la “insostenibilidad del sistema público”

Hay que combatir la falacia de la insostenibilidad del Sistema Publico de Salud, un pretexto para privatizar la sanidad y hacerse con la gran bolsa de recursos a costa de mas desigualdades en salud. Privatizar es mas caro, como se ha demostrado ampliamente desde las políticas de Thacher, mientras que nadie ha demostrado los pretendidos beneficios de la privatización. Hay una escasez de recursos. Nuestro gasto publico sanitario es inferior a la media europea (aprox 1.500 € gasto sanitario publico per capita) Bajó del 7,2% PIB en 2008 al 6,4% en 2013, sobre todo en Atención Primaria; La recaudación es escasa y no se combate eficazmente el fraude fiscal; Hay un elevado gasto farmacéutico por mala utilización, escaso control de utilización (hospitales), precios y patentes; encarecimiento por procesos privatizadores; Escasa importancia de la Atención Primaria, eje del Sistema, la mas resolutiva y económica; Faltan camas de media y larga estancia; etc.

OSALDE, Asociación por el Derecho a la Salud. Bilbao, 12 de mayo de 2017

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