Los Servicios Sanitarios en las CCAA Informe FADSP 2021

Fuente: Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud Pública FADSP

INTRODUCCIÓN

Desde el año 2004 desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se llevan realizando Informes sobre la Situación Sanitaria en las CCAA, preocupados porque la finalización de las transferencias sanitarias en 2001 hubiera producido un aumento de las desigualdades entre los servicios sanitarios de las mismas y por lo tanto el acceso a una atención sanitaria de calidad por parte de la población.

En 2020 no se realizó el Informe anual por la ausencia de una actualización de los datos recogido en el de 2019, y si bien progresivamente han ido recuperándose lo han hecho con el habitual retraso de las administraciones sanitarias. Por poner solo un ejemplo, el Barómetro Sanitario de 2019, cuya recogida de datos finalizo en octubre de ese año no se publicó hasta el primer trimestre de 2021, y el de 2020, que suponemos se habrá realizado no ha sido hecho público hasta ahora.

Este es un serio problema, el de la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, que hemos señalado reiteradamente y que no ha mejorado de manera significativa a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, de manera que el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo muy difícil para la población y los investigadores. Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados, una responsabilidad que por supuesto comparten el Ministerio de Sanidad y las CCAA.

Con la crisis económica se produjo un proceso de recortes que afecto a todas las CCAA, aunque en medida distinta. El resultado fue un deterioro importante en los recursos, especialmente en los humanos, y en las infraestructuras, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador que ya estaba presente en la mayoría de ellas. Aunque en los 5 últimos años se ha producido un aumento presupuestario, este ha ido dirigido de mayoritariamente al incremento del gasto farmacéutico (29% entre 2014 y 2020) y a las privatizaciones.

Bien es cierto que los presupuestos sanitarios para 2021, en las CCAA en las que se han aprobado, es decir todas menos Madrid, Cataluña y Murcia, han incrementado notablemente los mismos, superando los existentes previamente a la crisis económica anterior. Estos recortes se evidenciaron sobre todo en los recursos humanos disponibles (los trabajadores sanitarios) que han sufrido una disminución general aparte de un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo, pero también en el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en lo que respecta a las listas de espera, que han empezado a generalizarse de forma preocupante en Atención Primaria (el 34,7% de la población señala que le citan en AP con más de 6 días de demora) por lo que la opinión de la ciudadanía sobre el mismo ha empeorado (por ejemplo el porcentaje de personas que señalan que el sistema sanitario funciona bien o bastante bien ha pasado del 73,88% en 2010 al 72,1% en 2019) .

Por otro lado la aplicación del RDL 16/2012 en cuanto a los copagos farmacéuticos ha supuesto la exclusión del acceso a la prestación farmacéutica de muchos enfermos (las encuestas señalan que las personas que por motivos económicos no retiran de la farmacia medicamentos prescritos suponen un 14,76%, y el Barómetro Sanitario de 2019 refiere que son 1,23 millones de personas), y aunque no se han hecho evaluaciones sobre el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos que produce esta situación, es cierto que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 eximen a un numeroso grupo de población (600.000 personas según los cálculos del Gobierno), la que tiene menos ingresos, de los copagos, con lo que previsiblemente la situación habrá mejorado de manera sustancial.

Estos problemas son generalizados de todo el Sistema Nacional de Salud y han afectado, en mayor o menor medida, a todas las CCAA, pero una vez más ha habido distintas formas de aplicación de estas actuaciones que, incidiendo sobre las diferencias previas las han aumentado o disminuido. Este Informe, como los anteriores, hace una comparación entre las distintas CCAA y evalúa la posición relativa que cada una de ellas tiene respecto a las demás, por eso si todas las CCAA empeoran o mejoran, el resultado no tendría que variar si lo hubieran hecho en la misma medida.

Por otro lado, es evidente que la utilización de este para argumentar que un servicio sanitario de una comunidad autónoma concreta carece de problemas no se ajusta a la realidad porque solo indica si esta mejor o peor que el resto. También debe tenerse en cuenta, que incluso una buena situación relativa, puede encubrir muy serios problemas en parte del territorio de esa autonomía, porque no se analizan las desigualdades intracomunitarias, que existen y haya motivos para pensar que son importantes, pero sobre las que no hay datos públicos suficientes para hacer evaluaciones. Por ello este Informe, además de objetivar las diferencias entre los sistemas sanitarios de las CCAA, intenta también el analizar con que intensidad se ha aplicado esta política de recortes y deterioro en la Sanidad Pública y si también en este tema estamos ante actuaciones significativamente diferentes por parte de las administraciones autonómicas.

Finalmente, una cuestión clave es que no analiza, salvo algún dato aislado la respuesta de los servicios sanitarios a la pandemia por covid19, lo que habrá que hacer de manera específica cuando esta se encuentre controlada. Otro hecho que conviene tener en cuenta es que el Informe se realiza con datos mayoritariamente de 2019 y 2020 y solo algunos de 2021.

ACCEDER AL INFORME LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CCAA 2021 (XVII Informe)