El Colegio de Médicos de Bizkaia, en desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional

Posicionamiento del Colegio de Médicos de Bizkaia ante el fallo del Tribunal Constitucional que vuelve a poner en peligro la asistencia sanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca a las personas extranjeras sin permiso de residencia

Fuente: cmb.eus

El pasado 20 de diciembre de 2017, el Boletín Oficial del Estado publicó la sentencia 134/2017 de 16 de noviembre por la que el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido declarar inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos del Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre el régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este fallo se traduce básicamente en la negación de la asistencia sanitaria gratuita a las ciudadanas y ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia.

La intención del Gobierno Vasco al promulgar aquel Decreto fue la de preservar el carácter universal del derecho a la protección de la salud que ya quedó garantizado con la promulgación de la Ley 8/1997 de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi, donde en su artículo 6 se establecieron como principios informadores del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma Vasca los de universalidad, solidaridad y equidad. Unos principios que se vieron amenazados con la aprobación del Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

De acuerdo con las declaraciones recientes del consejero de Salud, Jon Darpón, el número de personas que corren el riesgo de quedarse sin asistencia sanitaria gratuita en la CAPV debido al fallo del Tribunal Constitucional asciende a unas 17 000. Un hecho para cuya solución el ejecutivo de Vitoria-Gasteiz ya ha comenzado a explorar distintas posibilidades.

Ante lo que considera un retroceso peligroso en lo que se refiere a la garantía de acceso al sistema sanitario público y gratuito de todas las ciudadanas y ciudadanos de Euskadi, el Colegio de Médicos de Bizkaia quiere manifestar:

• Que está en desacuerdo con este fallo del TC que vuelve a poner en riesgo el carácter universal del derecho a la protección de la salud, una cuestión contra la que el Colegio de Médicos de Bizkaia ya se posicionó a través del documentofirmado por todos los integrantes del Foro de Colegios Profesionales Sanitarios de Bizkaia en julio de 2012.
• Que, como ya hizo público el 12 de julio de 2012 a través de un comunicado, los médicos y las médicas de Bizkaia se mantienen firmes en su intención de seguir atendiendo a todas y todos los pacientes que lo soliciten tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la Atención Primaria.
• Que, desea recordar que, tal y como indica el Código de Deontología Médica en su artículo 5.1, “la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico” y también, como se recoge en el artículo 5.2, que “el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna”.
• Que quiere manifestar su apoyo a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma Vasca y les ofrece su colaboración en la búsqueda de soluciones.
• Que entiende que el hecho de que exista un importante número de ciudadanos y ciudadanas sin atención sanitaria por carecer de acceso a la sanidad pública y gratuita plantea serias amenazas a la salud de toda la población. Así, sienta las bases para la pérdida de control en enfermedades transmisibles e infecciosas, propicia el establecimiento de bolsas de población no vacunada o mal vacunada, y perjudica la aplicación de medidas preventivas y de control de eventuales brotes epidémicos.
• El Colegio de Médicos de Bizkaia opina que, además de que la inclusión de las personas que se pretende apartar, tal y como declaró el consejero de Salud el pasado mes de diciembre, “no pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”, queda justificada, en cualquier caso, por el principio de solidaridad, un valor que la profesión médica defiende y promueve.