ACDESA frente a la invasión de competencias por parte de los juzgados

• Manifestamos nuestro apoyo a las y los compañeros del mencionado Hospital en estos difíciles momentos, porque somos conscientes tanto del esfuerzo y dedicación en la atención a los pacientes, como de su calidad profesional. Esfuerzo y dedicación que han tenido que multiplicar en el tiempo de la Pandemia
• Suscribimos todos los comunicados de las varias sociedades científicas contra esta decisión judicial (Sociedad de Medicina Intensiva, Sociedad de Cardiología, Sociedad de Medicina Interna de la CV, la Sociedad Valenciana de Pediatría (SVP), Sociedad valenciana de Atención Primaria (AvalPap), Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Alicante (APEPA), Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP). Y las corporaciones del Colegio Oficial de Médicos de Castelló y Colegio Oficial de Enfermería, así como la declaración conjunta de las Instituciones sanitarias públicas de la Provincia de Castelló.
• Denunciamos la injerencia lamentable del Juzgado en este caso, y denunciamos que representa un fatal precedente porque permite que la “pseudociencia” entre a las instituciones sanitarias públicas, donde solo tienen cabida las actuaciones guiadas por la evidencia científica. La evidencia científica nos señala la carencia de estudios con resultados de esta pseudoterapia y, por tanto, sin seguridad para tratar al paciente. Señalar la actuación del equipo de profesionales de UCI según los protocolos y guías sanitarias vigentes.
• Manifestamos la necesidad de un pronunciamiento por parte de la Consejera de Sanidad ante esta agresión a las instituciones públicas sanitarias por el poder judicial, porque hace falta una respuesta política clara y contundente, puesto que esta decisión pone en riesgo la calidad asistencial, pero sobre todo la confianza de la ciudadanía en el Sistema Sanitario Público y los profesionales que trabajan por la salud.
• Reclamamos a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, ante esta agresión a las instituciones públicas sanitarias por la actuación de un juez, respondida clara y contundente, puesto que esta decisión pone en riesgo la calidad asistencial, pero sobre todo la confianza de la ciudadanía en el sistema sanitario y los /las profesionales que en ella trabajamos.
• Consideramos que el ámbito judicial no se el adecuado para decidir y obligar a emplear una terapia que no se incluye a la cartera de Servicios del SNS y no consta a las guías y protocolos de actuación de las sociedades científicas y centros sanitarios y no cumple , según la AEMP, los criterios de los tratamientos compasivos.
• Entendemos la lucha de la familia y su petición pero también le pedimos a la Consellería de Sanidad y Salud Pública que escuche y confíe en los profesionales de la salud que tienen como único objetivo la cura de los pacientes y la aplicación óptima de los tratamientos.

ACDESA PAÍS VALENCIÀ