La ley de sanidad universal aún no elimina la exclusión y las barreras de acceso

res meses después de aprobarse el decreto de sanidad universal del Gobierno, agentes como Semfyc, Médicos del Mundo y Sespas denuncian que persisten las desigualdades y barreras de acceso entre diversos colectivos. Fuente: Diariomedico.com José A. Plaza. 25 octubre, 2018

El decreto de sanidad universal que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio –convalidado el mes pasado y aún pendiente de convertirse en ley pese a estar ya en activo- no ha solucionado por el momento las barreras de acceso al sistema sanitario, según advierte en un nuevo informe Reder, la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012.

Reder, formada por sociedades médicas como la de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) y la de Salud Pública y Administraciones Sanitarias (Sespas), y por agentes sociales y sanitarios como Médicos del Mundo, publica este jueves un informe sobre los tres meses desde que se aprobó el decreto de sanidad universal. Según sus conclusiones, siguen primando las dispares normas autonómicas y siguen dándose casos de exclusión sanitaria y de problemas de acceso al sistema sanitario para diferentes colectivos, como embarazadas, inmigrantes, menores y ancianos.

Nuevas cifras de exclusión: 1.000 más en el último año, casi 5.000 en 5 años

El informe actualiza los datos de exclusión sanitaria contabilizados desde 2014. Hace ahora justo un año, Reder citaba 3.784 casos documentados de exclusión, un número que este jueves eleva hasta 4.755. Así, en el último año se habrían sumado casi mil exclusiones sanitarias más. El informe no concreta cuántas se habrían dado en los últimos tres meses, con el nuevo decreto de sanidad universal ya aprobado.

Mapa sobre universalidad sanitaria de Reder. ¿Qué medidas adopta cada comunidad autónoma?

Del total de 4.755 exclusiones documentadas, Reder cita 194 mujeres embarazadas, 322 menores, 45 solicitantes de asilo, 78 ancianos en situación regularizada a los que se denegó la tarjeta sanitaria y 443 casos de atención denegada o cobrada de forma irregular en servicios de Urgencias.

Entre el total de casos, habría 166 de diabetes, 92 de hipertensión, 88 de enfermedades cardiovasculares, 68 de salud mental gravemente afectada, 68 de cáncer y 45 de VIH.

¿Qué más denuncia el informe?

El Informe No dejar a nadie atrás señala hacia Madrid, Murcia y Galicia como algunas de las comunidades donde las barreras para conseguir atención sanitaria son más persistentes: “Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas”, denuncia la organización. Por ello, pide al Gobierno que desarrolle con urgencia “el reglamento que armonice la aplicación del real decreto en todo el territorio nacional”.

Tanto Reder, como otros colectivos y partidos políticos, señalaron desde la aprobación de la nueva norma de sanidad universal que era un paso positivo, pero no suficiente, y que el decreto incluía lagunas importantes. Así, Semfyc, Sespas, Médicos del Mundo y los demás agentes adheridos a Reder concluyen que “la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria”, y que “tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, ni la atención en urgencias”.

Concretamente, citan el empadronamiento como una de las principales barreras de acceso al sistema teóricamente universal: “La mayoría de las comunidades autónomas exigen tres meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley; esta es una cuestión a menudo insalvable”, apunta el informe.

Además, el texto habla de una interpretación restrictiva de la ley nacional por parte de muchas autonomías, y critica que la norma aprobada en julio “no especifica que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia: embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo, personas que requieran atención en urgencias…” .

Reder dice que, al no explicitar la ley que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia, algunas autonomías introducen barreras de acceso

Reder añade que, al no explicitar la ley nacional esta garantía, “algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas“, por ejemplo.

La burocracia sería otro problema: “Los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir”, denuncia el informe, que cita casos concretos: “Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable”.

Reder cita un colectivo especialmente afectado: “Las personas ascendientes reagrupadas -madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria”. Según considera la organización, “se encuentran en un círculo vicioso porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre”.