Derecho a la Salud, derecho a la vida
Fuente: Informe de Caminandofronteras.or, colectivo de defensa de los derechos de las personas y comunidades migrantes.
En 2024 ascienden a 10.457 personas las víctimas en la Frontera Occidental Euroafricana. El informe Derecho a la vida 2024 de Caminandofronteras.or documenta el período más mortífero desde que tenemos registros, con cifras devastadoras que dan un promedio de 30 muertes al día. Entre las víctimas se encuentran 421 mujeres y 1538 niñas, niños y adolescentes.
La ruta Atlántica, con 9.757 muertes, sigue siendo la más letal del mundo. Han crecido especialmente las tragedias en la ruta Mauritania, consolidándose este país como el principal punto de partida hacia las islas Canarias. La ruta Argelina, en el Mediterráneo, es la segunda más mortífera según nuestros registros, con 517 víctimas. El Estrecho se ha cobrado hasta 110 vidas, y otras 73 se han perdido en la ruta de Alborán. Además, un total de 131 embarcaciones se perdieron con todas las personas a bordo.
Omisión del deber de socorro y externalización de fronteras y rescate, entre las principales causas del aumento de la mortalidad en las fronteras del Estado español
Además de estas cifras, el informe Derecho a la vida 2024 denuncia las principales causas de este aumento de naufragios y víctimas. Entre las principales, destacamos la omisión del deber de socorro, la priorización del control migratorio sobre el derecho a la vida, la externalización de fronteras en países sin recursos adecuados, la inacción y arbitrariedad en los rescates, la criminalización de organizaciones sociales y familias, esto unido a las situaciones de extrema vulnerabilidad que empuja a los migrantes a lanzarse al mar en condiciones muy precarias.
Mujeres frente a la violencia estructural de la frontera
En el informe también hacemos un análisis de la situación de las mujeres en los cruces migratorios, que se producen principalmente en embarcaciones neumáticas entre Agadir y Dajla. Mientras están en situación de tránsito, estas mujeres sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata.
Un número creciente de mujeres migrantes están viajando en cayucos desde Senegal, Gambia y Mauritania huyendo de conflictos bélicos y del impacto del cambio climático en zonas muy empobrecidas. También ha crecido la presencia de mujeres en la ruta hacia Baleares provenientes de África Central y Occidental que cruzan Libia y Túnez sufriendo violencia, esclavitud, feminicidios raciales y desplazamientos forzosos hacia Argelia.
La desprotección de la infancia en las rutas migratorias
Nuestro informe señala un aumento del número de niños, niñas y adolescentes en las principales rutas migratorias hacia el Estado español que siguen sufriendo desprotección y falta de garantías por parte de las autoridades. Estos menores son tratados como migrantes antes que como infancia, por lo que se ven expuestos al mercadeo político y son diana para los discursos del odio, lo que les expone a situaciones de vulneración de sus derechos.
Especialmente crítica es la situación en Canarias, donde niños y niñas no identificados como tales conviven con adultos en los centros de acogida, una realidad que los expone a graves peligros.
Siguen las dificultades para las familias a la hora de denunciar y buscar a sus desaparecidos en las rutas migratorias
Otro aspecto que analiza el informe Derecho a la vida 2024 es la realidad de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Frontera Occidental Euroafricana. Pese a observarse ciertos avances en la recepción de denuncias y ejemplos de buenas prácticas, siguen existiendo muchos obstáculos para poder ejercer sus derechos, y especialmente sangrantes son las dificultades en las tomas de muestras de ADN o en la presentación de denuncias. Estas familias son así revictimizadas por un sistema que las estigmatiza y que considera a sus seres queridos víctimas de segunda clase. Ante la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos, las familias corren el riesgo de caer en manos de bandas extorsionadores.
Frente a estas situaciones tan duras, los familiares se organizan en redes comunitarias y recurren a la familia extensa para sortear las barreras que les impiden localizar a sus seres queridos. Cada año las familias buscadoras confrontan un sistema de muerte sistemática en las fronteras que provoca miles de víctimas como las que recoge este informe.
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