Categoría: Salud y género

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Obispos que “curan” la homosexualidad

Fuente: Eldiario.es Ignacio Escolar 2/4/19 La orientación sexual ni se elige ni se cura, por mucho que lo crea el obispo de Alcalá. Las terapias de conversión de la orientación sexual no están prohibidas en Madrid por capricho del legislador. Son ilegales porque está más que acreditado el daño psicológico que provocan en aquellos que pasan por esta falsa curación”

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Rastreador sanitario: Violencia de género vs Violencia doméstica

Violencia de género versus Violencia doméstica: La importancia de la especificidad

 Fuente: Beatriz Gimeno (2011)

España se ha convertido en los últimos 10 años en un ejemplo mundial de sociedad concienciada y en lucha contra la violencia de género y por los derechos de las personas lgtb. No sólo por la cantidad de leyes e iniciativas de todo rango que se han ido aprobando en este sentido desde hace ya tiempo sino también, o quizá como consecuencia de lo anterior, porque muchas de estas normas son producto de una intensa movilización de la sociedad civil. Basta mirar las cifras de aceptación con que contaba la ley de matrimonio homosexual en el momento de su aprobación o la repulsa  que se produce cada vez que hay un asesinato o una agresión machista. El rechazo social que la violencia machista suscita es, en la sociedad española, casi unánime y tanto la derecha como la izquierda compiten en demostrar que son más eficientes en la lucha contra la misma (…)

(…) La oficialmente llamada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género contempla todo tipo de medidas para luchar contra la violencia contra las mujeres.

(…) El ámbito de aplicación: violencia de género vs. violencia doméstica

En el debate que se suscitó ante esta cuestión, yo misma jugué un pequeño papel como presidenta entonces que era de la FELGTB . Cuando la Ley se estaba gestando recibí algunas llamadas de diputadas y miembros de organizaciones judiciales y sociales interrogándome por la posibilidad de incluir a las parejas del mismo sexo en el ámbito de aplicación de la Ley, asunto éste muy controvertido en aquel momento. A esta inclusión se oponían firmemente las organizaciones feministas, mientras que las organizaciones de derechos lgtb y otras organizaciones sociales, así como algunos sectores conservadores, la defendían e incluso la exigían. A pesar de mi cargo al frente de la FELGTB siempre he reivindicado mi primera adscripción ideológica como feminista y en ese sentido me manifesté, apoyando la no inclusión de las parejas del mismo sexo, recién reconocidas entonces como matrimonios, en el ámbito de aplicación de la Ley Integral. La ley finalmente se aprobó con las mujeres como únicas  posibles víctimas y los varones como únicos posibles agresores.

(…) Desde nuestro punto de vista, y desde el punto de vista de  la mayor parte del movimiento feminista, no podemos admitir que se confunda la violencia de género con cualquier tipo de violencia, aunque se produzca en el ámbito familiar. Eso no quiere decir en absoluto que neguemos que esa violencia exista o que consideremos que las víctimas de la misma no merecen la misma consideración o protección. Lo que quiere decir es que reconocemos y defendemos el carácter específico de la violencia contra las mujeres. En realidad, al delimitar lo que es y lo que no es “violencia de género”, lo que estamos haciendo, desde el punto de vista del feminismo, es subrayar la centralidad que tiene el género como principio organizador y normativizador de los sistemas sociales, en este caso de la familia heterosexual donde se ponen en juego construcciones como maternidad/paternidad, feminidad/masculinidad, división sexual del trabajo etc. Cuando se pretende que cualquier violencia doméstica es como la violencia de género lo que se hace, en unos casos de manera consciente y en otros de manera inconsciente, es  difuminar la definición del concepto de “Violencia de Género” para de esa manera hacerlo inefectivo. Una cosa es, desde nuestro punto de vista, combatir la violencia doméstica y preparar protocolos y recursos de ayuda a las víctimas de la misma, (sean parejas del mismo sexo, menores, ancianos, personas vulnerables) y otra cosa es reconocer que esta violencia es distinta de aquella otra que sirve como instrumento de control del patriarcado sobre las mujeres, y reconocer así que la sociedad entera está estructurada sobre dicha organización. Esa es la razón de que no nos parezca correcto emplear la expresión “violencia doméstica” para denominar la violencia o el maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, porque “violencia doméstica” puede hacer referencia a cualquier tipo de violencia producida en el hogar y contra cualquier persona que viva en él.

En el caso concreto que nos ocupa, merece la pena destacar que desde el punto de vista político es inaceptable que partidos conservadores que se habían manifestado reiteradamente en contra de los derechos de las personas lgtb se mostraran súbitamente muy preocupados por su bienestar y protección y por ello exigieran que las parejas del mismo sexo fueran consideradas en la Ley Integral.  En este caso estaba meridianamente claro que se trataba de un burdo intento de instrumentalización política, ya que no siendo políticamente correcto oponerse a ninguna medida que tenga que ver con la protección de las mujeres, la derecha pretendía utilizar los derechos lgtb para oponerse, en realidad, a que la violencia de género quedase perfectamente definida como violencia estructural, como una de las formas de control que utilizan los hombres hacia las mujeres, como una violencia especial y particular, distinta a otros tipos de violencia y necesitada, por tanto, de soluciones y políticas específicas.

En lo que se refiere a las críticas que provenían de sectores sociales progresistas, es cierto que en las asociaciones lgtb se reciben, cada vez más, peticiones de ayuda de personas que se ven sometidos a malos tratos físicos o psicológicos por parte de sus parejas del mismo sexo. La policía en España ha reconocido que éste tipo de denuncias les llegan cada vez con más frecuencia y que no saben como afrontarlas; también las asociaciones que trabajan contra la violencia contra las mujeres nos han advertido de que reciben cada vez más llamadas de lesbianas pidiendo ayuda. Obviamente que la violencia en familias compuestas por personas del mismo sexo existe,  como existen sin duda hombres maltratados por mujeres y también niños y niñas maltratados por sus padres o madres y todo ello es violencia doméstica. Habrá que empezar por reconocer que lejos de las versiones edulcoradas e idílicas que muestran los sectores más conservadores, la familia (sea del tipo que sea) es en sí misma una institución conflictiva que puede esconder maltrato de todo tipo, así como violencia física y psicológica. La familia, que en ocasiones puede resultar una instancia de bienestar y protección, de apoyo y resistencia (Baca Zinn 1989; Stark 1974) es también, como en su momento puso de manifiesto el feminismo, un escenario político de desigualdades e injusticias. La familia es el espacio en el que nos subjetivamos, nos construimos como personas, nos socializamos como seres sociales, lo que le asegura ser la fuente de numerosos conflictos; es una institución en la que se mezclan relaciones de amor y de poder, relaciones económicas y sexuales, culturales y afectivas, de dependencia física (ancianos, discapacitados…) y económica, todas ellas traspasadas de relaciones de poder y dominación,  de conflictos intensos en todo caso.  En la familia pueden resultar dañados y dañadas mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas, personas con discapacidad o especialmente vulnerables…es en la familia donde vienen a reflejarse todas las tensiones sociales; es un foco de conflictos para todos sus miembros y esos conflictos pueden degenerar en violencia. Y la violencia suele ejercerla quien tiene más poder sobre quien tiene menos.  La diferencia de poder entre las personas es una característica de esta sociedad patriarcal en la que, estructuralmente los hombres tienen más poder que las mujeres, pero donde se entrecruzan otras variables que hacen que los jóvenes tengan más poder que los ancianos, los adultos más que los niños, los ricos más que los pobres, los universitarios más que los no universitarios etc. Sean los que sean los conflictos, se deban a lo que se deban, lo cierto es que en muchas ocasiones degeneran en violencia porque vivimos en una sociedad en la que no se educa a nadie en la resolución pacífica de los conflictos, sino al contrario y esto afecta, por supuesto, a las parejas homosexuales. Pero no olvidemos en ningún momento que la familia es por antonomasia uno de los espacios donde se concretan las diversas formas de sujeción de la mujer.

En las parejas formadas por dos personas del mismo sexo también se establecen relaciones de poder, sólo que en este caso el poder no está sistemáticamente ejercido por el hombre frente a la mujer, sino que  es uno de los dos miembros de la pareja el que lo atesora en función de distintas variables, como ganar más dinero, tener más edad o menos, más autoridad, ser de una clase social superior, tener acceso a más recursos materiales o sociales etc.  El asunto de los malos tratos en parejas homosexuales es un tema que aun no se ha desarrollado plenamente en España o en Latinoamérica, pero sí en EE.UU. donde se han hecho decenas de informes, donde ya existen servicios sociales volcados en este problema y donde se han aprobado leyes que reconocen este tipo de maltrato y que lo combaten como violencia doméstica. En este momento, dirigentes y activistas lgtb se muestran preocupados y escandalizados por la violencia o el maltrato que existe en las parejas del mismo sexo y se esfuerzan por sacar a la luz el problema, por incluirlo en las leyes etc. Sin embargo, como feministas que somos, sostenemos que existen importantes diferencias entre esta violencia y la violencia contra las mujeres, además de aquella ya mencionada de su carácter estructural y sistémico. En todo caso hay una diferencia de grado que no se puede pasar por alto.  La violencia doméstica entre personas del mismo sexo es menor, de menor intensidad y menos frecuente, que la que ejercen los hombres sobre las mujeres y tiene además unas características propias. Sólo con mala fe pueden ignorarse los resultados de los estudios que hay al respecto. (Poorman, P Seelau, S. y Seelau, P. : 2005). Hay maltrato, desde luego, pero hay menos asesinatos y, en general, son situaciones que no alcanzan los niveles de gravedad que conocemos y que se dan frecuentemente contra las mujeres: mujeres quemadas vivas, palizas y torturas durante años, secuestros, asesinatos, violaciones…  Eso no quiere decir que seamos tolerantes con otras violencias que existen y que tienen que ser atajadas. Por supuesto que a la víctima de una violación poco le importa si su violador es especialmente sádico o si es algo menos sádico que otro violador; a la persona maltratada no le hables de grados ni de diferencias en la calidad del maltrato. Por supuesto que  todas las víctimas son víctimas y que tienen que gozar de toda la protección posible y de toda la ayuda que les puedan prestar las instituciones pero eso no impide que, desde el punto de vista social, sean considerados fenómenos diferentes y de diferente gravedad.

En ocasiones, las partidarias de que “Violencia de Género” incluya a toda la violencia, se contradicen. Por ejemplo, Raquel Osborne (Osborne, R. 2008: 99-124) dedica un artículo al tema y critica la Ley Integral: « ¿Se trata de proteger a las mujeres de toda la violencia que reciban o hay una jerarquía en el tratamiento hacia la violencia no por sus efectos  -igual de violentos en los dos casos- sino por de dónde proviene? ¿Le duele más a una mujer el golpe o el insulto que le produce su hijo o su hija, su padre o su madre que el que le produce su novio o marido? La respuesta a esta última pregunta es : « no ». La violencia, el maltrato, la injusticia son en cada ocasión únicos e igual de hirientes para las víctimas y todas ellas requieren cuidado y atención, así como todos los maltratadores o agresores merecen su correspondiente sanción penal. Pero, sin embargo, la misma Osborne escribe al comienzo del artículo  que costó mucho que la violencia contra las mujeres fuera considerada una cuestión política y que se reconociera su importancia y gravedad. Y finalmente admite que sin una interpretación sistémica esta violencia no puede comprenderse. Pues bien, entonces volvamos a la primera pregunta que formula : se trata de proteger a las mujeres al mismo tiempo que se reconoce una jerarquía en el tratamiento hacia la violencia, no tanto por el dolor inflingido a las víctimas, sino por su relevancia social. Si bien es cierto que para las víctimas toda violencia es igual, desde el punto de vista social ambas situaciones no son equivalentes y ésto es lo que las instituciones y las políticas tienen que tener en cuenta si es que el estado se plantea como objetivo, e incluso como obligación o mandato constitucional en el caso español, combatir la desigualdad de género.

Para enfrentarse desde el estado a la violencia hay que entender su génesis, como bien dice Osborne.

La violencia de género es un producto específico de una situación determinada, es sistémica y se produce porque el patriarcado ha puesto en manos de los hombres un enorme poder simbólico, y también material, del que ha desposeído a las mujeres.

Es un poder que les ha sido entregado a los hombres para emplearlo sobre las mujeres como instrumento de control, lo que no quiere decir que no existan otras variables sociales de poder y despoder que se entrecruzan con ésta. Cuando un hombre maltrata a un mujer que cree suya, ejerce dicha agresión en nombre de un poder que él cree legitimado  – y lo está por el patriarcado-  Cuando la agresión se produce en otro contexto, siendo una agresión auténtica no tiene en ningún caso la base simbólica, y a menudo también material,  que tiene el poder de los hombres sobre las mujeres en esta sociedad.  La violencia contra las mujeres está socialmente legitimada (y de ahí en muchas ocasiones la levedad de las penas)  Los malos tratos ejercidos por los hombres sobre las mujeres no proceden de un poder imaginario, sino real (material y simbólico) y es el uso de ese poder el que la Ley Integral pretende declarar ilegítimo, al considerar su uso como un agravante penal.

Por tanto, consideramos que quienes pretenden que toda la violencia doméstica es igual están impidiendo de hecho que la Violencia de Género sea comprendida adecuadamente y pueda ser combatida desde la convicción de que dicho combate forma parte de un combate general contra el patriarcado y el sistema de sexo- género.

 


Cronología de víctimas mortales de violencia de género de 2018

El año 2018 se ha cerrado con 47 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, según el balance del Ministerio de Igualdad, cuatro menos que en el año anterior. Se trata de la cifra anual más baja desde que hay datos oficiales.

Hasta 39 menores han quedado huérfanos y 27 niños han sido asesinados por violencia machista desde 2013.

Por comunidades, la mayor cifra se concentra en Andalucía, donde vivían 12 de las víctimas, autonomía a la que siguen Cataluña, con siete, Madrid, con cinco, y Aragón, Asturias y Galicia, con tres. Dos víctimas eran de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

El peor día fue el 25 de septiembre, con cuatro víctimas por violencia de género en apenas nueve horas: dos niñas asesinadas por su padre en Castellón, y dos mujeres por sus exparejas, una en Maracena (Granada) y otra en Bilbao. En total, son 976 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas.


Sanidad rescata el Observatorio de Salud de las Mujeres: “Creará igualdad”

Fuente: Redaccionmédica.com

(…) La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha señalado que el objetivo de la recuperación del Observatorio de Salud de la Mujer es “eliminar la inequidad y las desigualdades” que existen en la vida de las mujeres, fomentado la igualdad de la equidad de su salud.

Hoy estamos recuperando el Observatorio de Salud de las Mujeres, que se perdió en 2014 con la mal llamada de austeridad de aquel gobierno conservador”, ha recordado la ministra.

(…) el observatorio, que se creó en 2003-2004, fomentará la perspectiva de género en “la formación e investigación”. Además, este observatorio hará hincapié en las enfermedades prevalentes entre mujeres, así como las específicas entre ellas, “y por supuesto en la salud sexual y reproductiva”.

(…) El Observatorio de Salud de las Mujeres contará como finalidad el fortalecimiento del enfoque de género en las políticas sanitarias, mediante la investigación, formación y difusión y comunicación sobre los determinantes de la salud, con especial énfasis en el género para lograr la equidad en salud, así como logros en la calidad de vida de las mujeres y los hombres. Profundizar en temas de salud específicos de las mujeres será una de las  principales acciones a desarrollar por el Observatorio. Entre otros, temas relativos a salud sexual, afectiva y reproductiva; violencia de género; y enfermedades específicas y/o de mayor prevalencia en las mujeres.


Las mujeres de Irlanda del Norte esperan que 2019 sea el año en el que se legalice el aborto

Las mujeres de Irlanda del Norte que luchan por el aborto libre esperan que 2019 sea su año. Las activistas consideran que el éxito alcanzado en Irlanda pueda replicarse en el norte y quieren unirse a los políticos que también están a favor para presionar al Gobierno británico. En la región, el aborto no es legal ni siquiera en caso de violación, incesto o anomalías en el feto.

En Irlanda del Norte, el aborto no es legal ni siquiera en caso de violación, incesto o anormalidades fetales de índole mortal

En Irlanda del Norte, el partido Unionista Democrático, que apoya al Gobierno de May en Londres, se ha negado a cambiar de opinión respecto de su apoyo a ultranza a la ley del aborto de la época victoriana que rige en la región. Sin embargo,  el Sinn Féin cambió su postura radicalmente después del referéndum en la República de Irlanda y ahora apoya una liberalización de la ley.

Las activistas tienen el apoyo de sus colegas de la República de Irlanda, que están listas para seguir luchando del lado norte de la frontera, remarcó Ailbhe Smyth, portavoz de la Coalición para la Derogación de la Octava Enmienda. “Creo que lo más importante es que en el sur lo logramos”, dijo. “Si hubiéramos perdido el referéndum, eso habría paralizado todo el proceso, pero al ganar se han propagado la fuerza y la determinación”.

En los últimos meses, se han sumado una serie de elementos que han avivado el fuego. En octubre, un sondeo de Amnistía Internacional sugirió que el 65% de los adultos de Irlanda del Norte piensa que el aborto no debería ser un crimen.

En junio, un fallo del Supremo afirmó que las leyes sobre el aborto en la región eran incompatibles con los derechos humanos. La decisión ha presionado aún más a los políticos, aunque los jueces se han negado a emitir un fallo firme porque el caso que se les presentó no tenía una víctima individual.

Y, dado que la asamblea de Irlanda del Norte no se reúne desde el colapso del Gobierno de coalición hace casi dos años, los parlamentarios en Londres a favor de un cambio de ley sienten que están frente a una oportunidad sin precedentes. El pasado julio, más de 170 políticos de Reino Unido y la República de Irlanda firmaron una carta instando al Gobierno británico a reformar las leyes del aborto en Irlanda del Norte.

El Comité Selecto sobre Mujeres e Igualdades está analizando las leyes, y la ministra de Mujeres e Igualdades, Penny Mordaunt, les ha dicho a los políticos de Irlanda del Norte que si no liberalizan la ley del aborto, lo hará el Parlamento de Westminster.


Justicia de género y derechos de las mujeres

Cada día, las mujeres de todos los países del mundo sufren desigualdad y discriminación. Se enfrentan a situaciones de violencia, abusos y un trato desigual tanto en su hogar, como en su entorno de trabajo y sus comunidades solo por el hecho de ser mujeres. También se les niegan oportunidades para aprender, obtener ingresos, hacer oír su voz y liderar.

La mayor parte de las personas que viven en situación de pobreza son mujeres. En comparación con los hombres, tienen un menor acceso a recursos, poder e influencia, y pueden experimentar una mayor desigualdad debido a su clase, etnia o edad, así como debido a creencias religiosas y fundamentalistas.

La desigualdad de género es un factor clave de la pobreza y menoscaba gravemente los derechos de las mujeres.

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN CIFRAS

  • Las mujeres tan solo ocupan el 22% de los escaños parlamentarios a nivel mundial. En el ámbito municipal la situación es aún más grave, ya que tan solo ocupan el 5% de las alcaldías.
  • De media, en todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres.
  • Casi dos terceras partes de los 781 millones de personas adultas analfabetas son mujeres, un porcentaje que se ha mantenido constante durante las dos últimas décadas.
  • 153 países tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres. En 18 de estos países, los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen.
  • En todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre o sufrirá violencias machistas en algún momento de su vida.

 

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“Ni un paso atrás” Manifiesto de más de 100 organizaciones feministas

Plataformas de organizaciones feministas han presentdo un manifiesto y han anunciado movilizaciones en actos en 20 ciudades españolas como respuesta a las pretensiones de VOX en materia de género, expresadas en el documento que ha negociado con PP y Ciudadanos la investidura del candidato popular a la presidencia de Andalucía.

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Más de 400 organizaciones contra los “vientres de alquiler”

Fuente: Red Estatal contra el alquiler de Vientres COMUNICADO INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN GLOBAL DEL ALQUILER DE VIENTRES 

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Pikara Magazine : “Más de la mitad de las universidades públicas españolas registran casos de acoso”

Fuente: Yuly Jara. 10/04/2018 Pikara magazine

Los datos recopilados por Pikara Magazine cifran en 236 los casos en el sistema público de enseñanza superior y desvelan que el acoso sexual y laboral, así como las discriminaciones e incluso las agresiones sexuales alcanzan a toda la comunidad universitaria, desde estudiantes hasta personal docente. Destacan la Unidad de Granada, con 65 casos registrados, la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Barcelona con 23 cada una. Los 18 casos computados por la Complutense de Madrid son de acoso sexual.

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Mortalidad materna en USA

Es una conocida vergüenza nacional el hecho de que entre los países de la OCDE Estados Unidos ocupe el puesto número 30 por la tasa de maternidad materna, solo por detrás de México.

Fuente: Benjamin Mateus wsws.org

En el año 2000 la Cumbre del Milenio de la ONU estableció ocho objetivos internacionales de desarrollo para 2015 que fueron adoptados por los 191 Estados miembros. Uno de estos objetivos era disminuir globalmente un 75 % la tasa de mortalidad materna.

Un análisis sistemático de esta campaña global realizado por la revista Lancet en 2016 destacó que solo diez países habían logrado reducir la tasa de mortalidad materna (TMM) un 75 % en el periodo comprendido entre 1990 y 2015. En total, la mortalidad materna global descendió un 30 % y la mayoría de las reducciones se produjeron después de la Declaración del Milenio.

Sin embargo, la TMM aumentó en 26 países, incluido un aumento del 56 % en Estados Unidos donde pasó de 16.9 muertes por 100.000 en 1990 a 24.7 muertes en 2015. Luxemburgo, Canadá y Grecia fueron los otros países desarrollados en los que se produjo un aumento de la TMM, aunque en comparación su tasa total sigue siendo tres veces más baja. Entre los otros países en los que aumentó la TMM se incluyen muchas naciones subsaharianas e islas como Jamaica, Santa Lucia, la Samoa estadounidense y Guam.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como la muerte de una mujer embarazada o dentro de los 42 días posteriores a final de su embarazo, con independencia de la duración y del lugar del embarazo, por una causa relacionada o agravada por el embarazo o su tratamiento, pero no por causas accidentales o incidentales.

En 2000 el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (Department of Health and Human Services, HHS) estableció el objetivo nacional de no superar una TMM de 3.3 muertes por 100.000 bebés nacidos con vida para el año 2010. Aquel año los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) informaron de una TMM de 13.2. A pesar de este objetivo nacional el CDC informó de que la TMM estadounidense había aumentado a 17.8 para 2009. No obstante, muchas personas argumentaron que estas estadísticas todavía reflejaban una cifra muy inferior a la magnitud real. Las causas de que fueran poco fiables eran los retrasos a la hora de adoptar las nuevas normas para notificar las defunciones maternas, el uso de preguntas no estándar o la ausencia de preguntas sobre el embarazo en el certificado de defunción.

Las tasas de mortalidad materna se calculan recopilando datos de los certificados de defunción. Cada estado los recopila y los comunica al sistema de Vigilancia de la Mortandad en el Embarazo del CDC. En Estados Unidos la forma de rellenar los certificados de defunción y su relación con el embarazo eran incompatibles y no reflejaban la relación de la muerte con el embarazo de una mujer.

Antes de 2003 solo tres estados recopilaban los datos según los criterios de la OMS. Quince estados incluían preguntas sobre el embarazo con plazos variables desde el fin del embarazo hasta la muerte, mientras que 32 estados y Washington DC no incluían preguntas sobre el embarazo en sus certificados de defunción.

Solo en 2003 la secretaría del HHS aprobó las modificaciones en el certificado de defunción que reflejaban preguntas relacionadas con el embarazo. Sin embargo, solo cuatro estados (Nueva York, Montana, Idaho y California) adoptaron esos cambios inmediatamente. California decidió reflejar un periodo de un año en sus certificados de defunción frente a los 42 días [que estipula la OMS], con lo que se combinaban las muertes maternas y las tardías. A 44 estados y Washington DC les iba a costar 11 años adoptar e implementar estos cambios. Virginia fue el último estado que adoptó la revisión del certificado de defunción en 2017.

En 2016 se publicó un estudio crítico en Obstetrics and Gynecology titulado “Recent Increases in the US Maternal Mortality Rate: Disentangling Trends from Measurement Issues” El estudio observacional “analizó estadísticas vitales de datos de mortalidad maternal procedentes de todos los estados de Estados Unidos en relación al formato y año de adopción de la pregunta sobre el embarazo [en su certificado de defunción estatal]”. El Centro Nacional para Estadísticas de Salud del CDC es la fuente oficial para informar sobre la TMM en Estados Unidos y en comparación con otras naciones como se vio más arriba. Los estudios llevados a cabo antes de 2003 habían señalado que el Sistema Nacional de Estadísticas vitales no informaba de todas las muertes maternales y que la cantidad de estas se consideraba inexacta. Este estudio pretendía solucionar esta discrepancia.

Como señalan los autores, las muertes maternas son poco comunes y, por lo tanto, son difíciles de analizar estado por estado, excepto en los más poblados. Se ha informado de que hubo 396 muertes en 2000 y que aumentaron a 856 en 2014. Examinaron por separado California porque este estado había decidido definir la mortalidad materna en el plazo de un año a partir de embarazo en vez de los 42 días de las directrices de la OMS. Aunque Texas adoptó la revisión de su certificado de defunción en 2006, se analizó por separado ya que en 2010 se había producido un fuerte aumento al duplicarse las muertes maternales. Los datos de los demás estados y Washington DC se distribuyeron en cuatro grupos según la fecha en la que se habían iniciado las revisiones de sus certificados de defunción.

“Los datos sin ajustar de todos los estados independientemente de que hubieran revisado los certificados de defunción demostraron que la mortalidad materna en Estados Unidos se había duplicado con creces ya que pasó de 9.8 muertes por 100.000 en 2000 a 21.5 en 2014”, señala el estudio.

Para el grupo 1 (24 estados y Washington DC) que no incluían la pregunta sobre el embarazo en su certificado de defunción en 2003, pero lo habían revisado antes de 2013, la tasa de mortalidad ajustada por modelización estadística proporcionó un factor de corrección de 1.932, lo que significa que ajustaron la contabilidad más baja en los años anteriores a la revisión de tal modo que se calculó que la nueva TMM era 18.2 en 2000 y aumentó a 22.8 en 2014.

Para el grupo 2 (14 estados) que contenían una pregunta no estándar sobre el embarazo, el factor de corrección fue de 2.067, lo que cambió la TMM a 18.4 en 2000 y aumentó a 24.5 en 2014.

El grupo 3 incluía ocho estados que en 2013 todavía no habían revisado su certificado de defunción y no se podían ajustar para su análisis. Como es lógico, sus TMM son más bajas, entre 8.0 y 10.4 en los años intermedios. El grupo 4 incluía a los estados que habían adoptado las directrices de la OMS. Su TMM era 14.0 en 2000 y para 2014 había aumentado a 19.9.

Aunque Texas revisó su certificado de defunción en 2006, se analizó por separado. La TMM ajustada entre los años 2000 y 2010 era entre 17.7 y 18.6. Después de 2010 se apreció un fuerte aumento del doble de casos ya que pasó a 33.0 en 2011 y aumentó a 35.8 en 2014. Los autores señalan que estos datos siguen siendo desconcertantes y carentes de explicación. “La ausencia de una guerra, un desastre natural o un grave trastorno económico hace poco probable que se doble una tasa de mortalidad en un periodo de dos años en un estado con casi 400.000 nacimientos anuales”, señalan los autores.

Cuando California adoptó la revisión de su certificado de defunción, su TMM se duplicó ya que pasó de 10 en 2003 a 21.5 en 2004. El estado adoptó medidas para hacer frente a la hemorragia postparto y a los trastornos de hipertensión lo que contribuyó a reducir la mortalidad, como se aprecia en el gráfico.

La mortalidad materna revisada a la alza

En términos generales el estudio concluyó que la TMM ajustada para 48 estados y [Washington] DC era 18.8 en 2000 y aumentó a 23.8 en 2014, un aumento del 26.6 %. Estos datos se basaban en 7.269 muertes maternas y 46.722.133 bebés nacidos vivos en los años intermedios. Un 20 % del aumento observado en el aumento no ajustado se debió a un aumento real de la mortalidad materna y un 79.9 % a una mejora de la verificación.

Es un escándalo que el país más rico del mundo padezca una falta de financiación crónica de su sistema nacional y estatal de estadísticas vitales que hace que no se puedan obtener datos correctos y fiables para llevar a cabo los necesarios cambios oportunos. Según cualquier criterio en los sectores financieros, una disparidad del 80 % en esta contabilidad provocaría que los medios de comunicación clamaran que se informara de ello y en unos días se celebrarían sesiones en el Congreso en las que los senadores exigirían una respuesta a semejante negligencia. Pero si se considera desde una perspectiva socioeconómica es deliberado. Si se considerara importante se destinarían recursos a nacionalizar y aumentar los lamentablemente escasos servicios maternos en Estados Unidos

Cuatro millones de mujeres dan a luz cada año en Estados Unidos. El embarazo sigue siendo la causa principal de ingreso hospitalario. Ahí donde estas estadísticas podían haber llamado la atención y exigir que se actuara al respecto, durante casi 15 años hemos estado ciegos ante esta farsa. Estados Unidos no lleva a cabo una revisión nacional de las muertes maternas.

Teniendo en cuenta que se calcula que para 2023 habrá un recorte de entre 8.000 y 9.000 médicos y matronas, los recortes inminentes en [el programa estatal de asistencia sanitaria a mayores de 64 años] Medicare y el prácticamente nulo interés de los dos grandes partidos empresariales por abordar la crisis de la atención sanitaria materna hay pocas posibilidades de corregir esta situación sin un esfuerzo coordinado de la clase trabajadora para exigir responsabilidades como parte de la lucha global para cambiar el actual sistema de atención sanitaria con ánimo de lucro por una medicina socializada.

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La FADSP ante la recuperación del derecho a la reproducción humana asistida de mujeres solas y lesbianas

La Federación de Asociaciones oara la Defensa de la Sanidad Pública ante el anuncio del Consejo de Ministros de la intención sobre la recuperación del derecho a la reproducción humana asistida a las mujeres solas y las mujeres lesbianas en el sistema sanitario público tiene que señalar que entendemos se trata de una noticia positiva.

Fuente: FADSP 

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Irlanda dice “sí” al aborto por una gran mayoría

Cada año, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en países en vías de desarrollo) y de ellas 47.000 mueren debido a abortos inseguros y otros cinco millones sufren lesiones graves. Sólo en América Latina, las víctimas de abortos inseguros suponen un 24% del total de muertes relacionadas con el embarazo y el parto, un índice que en muchos países de África Subsahariana asciende al 30-40%.

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Mali: Hay que cambiar los malos hábitos de algunas matronas

“Llamadas para ayudar a las mujeres embarazadas en las salas de parto para facilitar el parto, algunas parteras con malas actitudes son ahora una pesadilla para las mujeres que dan a luz a sus hijos, que además del dolor, tienen que soportar en la sala de partos los gritos y palabras traumáticas de éstas parteras. Solo tienes que ser madre una vez para saberlo.”

Fuente: maliactu.net

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