Violencia de género versus Violencia doméstica: La importancia de la especificidad
Fuente: Beatriz Gimeno (2011)
España se ha convertido en los últimos 10 años en un ejemplo mundial de sociedad concienciada y en lucha contra la violencia de género y por los derechos de las personas lgtb. No sólo por la cantidad de leyes e iniciativas de todo rango que se han ido aprobando en este sentido desde hace ya tiempo sino también, o quizá como consecuencia de lo anterior, porque muchas de estas normas son producto de una intensa movilización de la sociedad civil. Basta mirar las cifras de aceptación con que contaba la ley de matrimonio homosexual en el momento de su aprobación o la repulsa que se produce cada vez que hay un asesinato o una agresión machista. El rechazo social que la violencia machista suscita es, en la sociedad española, casi unánime y tanto la derecha como la izquierda compiten en demostrar que son más eficientes en la lucha contra la misma (…)
(…) La oficialmente llamada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género contempla todo tipo de medidas para luchar contra la violencia contra las mujeres.
(…) El ámbito de aplicación: violencia de género vs. violencia doméstica
En el debate que se suscitó ante esta cuestión, yo misma jugué un pequeño papel como presidenta entonces que era de la FELGTB . Cuando la Ley se estaba gestando recibí algunas llamadas de diputadas y miembros de organizaciones judiciales y sociales interrogándome por la posibilidad de incluir a las parejas del mismo sexo en el ámbito de aplicación de la Ley, asunto éste muy controvertido en aquel momento. A esta inclusión se oponían firmemente las organizaciones feministas, mientras que las organizaciones de derechos lgtb y otras organizaciones sociales, así como algunos sectores conservadores, la defendían e incluso la exigían. A pesar de mi cargo al frente de la FELGTB siempre he reivindicado mi primera adscripción ideológica como feminista y en ese sentido me manifesté, apoyando la no inclusión de las parejas del mismo sexo, recién reconocidas entonces como matrimonios, en el ámbito de aplicación de la Ley Integral. La ley finalmente se aprobó con las mujeres como únicas posibles víctimas y los varones como únicos posibles agresores.
(…) Desde nuestro punto de vista, y desde el punto de vista de la mayor parte del movimiento feminista, no podemos admitir que se confunda la violencia de género con cualquier tipo de violencia, aunque se produzca en el ámbito familiar. Eso no quiere decir en absoluto que neguemos que esa violencia exista o que consideremos que las víctimas de la misma no merecen la misma consideración o protección. Lo que quiere decir es que reconocemos y defendemos el carácter específico de la violencia contra las mujeres. En realidad, al delimitar lo que es y lo que no es “violencia de género”, lo que estamos haciendo, desde el punto de vista del feminismo, es subrayar la centralidad que tiene el género como principio organizador y normativizador de los sistemas sociales, en este caso de la familia heterosexual donde se ponen en juego construcciones como maternidad/paternidad, feminidad/masculinidad, división sexual del trabajo etc. Cuando se pretende que cualquier violencia doméstica es como la violencia de género lo que se hace, en unos casos de manera consciente y en otros de manera inconsciente, es difuminar la definición del concepto de “Violencia de Género” para de esa manera hacerlo inefectivo. Una cosa es, desde nuestro punto de vista, combatir la violencia doméstica y preparar protocolos y recursos de ayuda a las víctimas de la misma, (sean parejas del mismo sexo, menores, ancianos, personas vulnerables) y otra cosa es reconocer que esta violencia es distinta de aquella otra que sirve como instrumento de control del patriarcado sobre las mujeres, y reconocer así que la sociedad entera está estructurada sobre dicha organización. Esa es la razón de que no nos parezca correcto emplear la expresión “violencia doméstica” para denominar la violencia o el maltrato que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, porque “violencia doméstica” puede hacer referencia a cualquier tipo de violencia producida en el hogar y contra cualquier persona que viva en él.
En el caso concreto que nos ocupa, merece la pena destacar que desde el punto de vista político es inaceptable que partidos conservadores que se habían manifestado reiteradamente en contra de los derechos de las personas lgtb se mostraran súbitamente muy preocupados por su bienestar y protección y por ello exigieran que las parejas del mismo sexo fueran consideradas en la Ley Integral. En este caso estaba meridianamente claro que se trataba de un burdo intento de instrumentalización política, ya que no siendo políticamente correcto oponerse a ninguna medida que tenga que ver con la protección de las mujeres, la derecha pretendía utilizar los derechos lgtb para oponerse, en realidad, a que la violencia de género quedase perfectamente definida como violencia estructural, como una de las formas de control que utilizan los hombres hacia las mujeres, como una violencia especial y particular, distinta a otros tipos de violencia y necesitada, por tanto, de soluciones y políticas específicas.
En lo que se refiere a las críticas que provenían de sectores sociales progresistas, es cierto que en las asociaciones lgtb se reciben, cada vez más, peticiones de ayuda de personas que se ven sometidos a malos tratos físicos o psicológicos por parte de sus parejas del mismo sexo. La policía en España ha reconocido que éste tipo de denuncias les llegan cada vez con más frecuencia y que no saben como afrontarlas; también las asociaciones que trabajan contra la violencia contra las mujeres nos han advertido de que reciben cada vez más llamadas de lesbianas pidiendo ayuda. Obviamente que la violencia en familias compuestas por personas del mismo sexo existe, como existen sin duda hombres maltratados por mujeres y también niños y niñas maltratados por sus padres o madres y todo ello es violencia doméstica. Habrá que empezar por reconocer que lejos de las versiones edulcoradas e idílicas que muestran los sectores más conservadores, la familia (sea del tipo que sea) es en sí misma una institución conflictiva que puede esconder maltrato de todo tipo, así como violencia física y psicológica. La familia, que en ocasiones puede resultar una instancia de bienestar y protección, de apoyo y resistencia (Baca Zinn 1989; Stark 1974) es también, como en su momento puso de manifiesto el feminismo, un escenario político de desigualdades e injusticias. La familia es el espacio en el que nos subjetivamos, nos construimos como personas, nos socializamos como seres sociales, lo que le asegura ser la fuente de numerosos conflictos; es una institución en la que se mezclan relaciones de amor y de poder, relaciones económicas y sexuales, culturales y afectivas, de dependencia física (ancianos, discapacitados…) y económica, todas ellas traspasadas de relaciones de poder y dominación, de conflictos intensos en todo caso. En la familia pueden resultar dañados y dañadas mujeres, hombres, ancianos, niños y niñas, personas con discapacidad o especialmente vulnerables…es en la familia donde vienen a reflejarse todas las tensiones sociales; es un foco de conflictos para todos sus miembros y esos conflictos pueden degenerar en violencia. Y la violencia suele ejercerla quien tiene más poder sobre quien tiene menos. La diferencia de poder entre las personas es una característica de esta sociedad patriarcal en la que, estructuralmente los hombres tienen más poder que las mujeres, pero donde se entrecruzan otras variables que hacen que los jóvenes tengan más poder que los ancianos, los adultos más que los niños, los ricos más que los pobres, los universitarios más que los no universitarios etc. Sean los que sean los conflictos, se deban a lo que se deban, lo cierto es que en muchas ocasiones degeneran en violencia porque vivimos en una sociedad en la que no se educa a nadie en la resolución pacífica de los conflictos, sino al contrario y esto afecta, por supuesto, a las parejas homosexuales. Pero no olvidemos en ningún momento que la familia es por antonomasia uno de los espacios donde se concretan las diversas formas de sujeción de la mujer.
En las parejas formadas por dos personas del mismo sexo también se establecen relaciones de poder, sólo que en este caso el poder no está sistemáticamente ejercido por el hombre frente a la mujer, sino que es uno de los dos miembros de la pareja el que lo atesora en función de distintas variables, como ganar más dinero, tener más edad o menos, más autoridad, ser de una clase social superior, tener acceso a más recursos materiales o sociales etc. El asunto de los malos tratos en parejas homosexuales es un tema que aun no se ha desarrollado plenamente en España o en Latinoamérica, pero sí en EE.UU. donde se han hecho decenas de informes, donde ya existen servicios sociales volcados en este problema y donde se han aprobado leyes que reconocen este tipo de maltrato y que lo combaten como violencia doméstica. En este momento, dirigentes y activistas lgtb se muestran preocupados y escandalizados por la violencia o el maltrato que existe en las parejas del mismo sexo y se esfuerzan por sacar a la luz el problema, por incluirlo en las leyes etc. Sin embargo, como feministas que somos, sostenemos que existen importantes diferencias entre esta violencia y la violencia contra las mujeres, además de aquella ya mencionada de su carácter estructural y sistémico. En todo caso hay una diferencia de grado que no se puede pasar por alto. La violencia doméstica entre personas del mismo sexo es menor, de menor intensidad y menos frecuente, que la que ejercen los hombres sobre las mujeres y tiene además unas características propias. Sólo con mala fe pueden ignorarse los resultados de los estudios que hay al respecto. (Poorman, P Seelau, S. y Seelau, P. : 2005). Hay maltrato, desde luego, pero hay menos asesinatos y, en general, son situaciones que no alcanzan los niveles de gravedad que conocemos y que se dan frecuentemente contra las mujeres: mujeres quemadas vivas, palizas y torturas durante años, secuestros, asesinatos, violaciones… Eso no quiere decir que seamos tolerantes con otras violencias que existen y que tienen que ser atajadas. Por supuesto que a la víctima de una violación poco le importa si su violador es especialmente sádico o si es algo menos sádico que otro violador; a la persona maltratada no le hables de grados ni de diferencias en la calidad del maltrato. Por supuesto que todas las víctimas son víctimas y que tienen que gozar de toda la protección posible y de toda la ayuda que les puedan prestar las instituciones pero eso no impide que, desde el punto de vista social, sean considerados fenómenos diferentes y de diferente gravedad.
En ocasiones, las partidarias de que “Violencia de Género” incluya a toda la violencia, se contradicen. Por ejemplo, Raquel Osborne (Osborne, R. 2008: 99-124) dedica un artículo al tema y critica la Ley Integral: « ¿Se trata de proteger a las mujeres de toda la violencia que reciban o hay una jerarquía en el tratamiento hacia la violencia no por sus efectos -igual de violentos en los dos casos- sino por de dónde proviene? ¿Le duele más a una mujer el golpe o el insulto que le produce su hijo o su hija, su padre o su madre que el que le produce su novio o marido? La respuesta a esta última pregunta es : « no ». La violencia, el maltrato, la injusticia son en cada ocasión únicos e igual de hirientes para las víctimas y todas ellas requieren cuidado y atención, así como todos los maltratadores o agresores merecen su correspondiente sanción penal. Pero, sin embargo, la misma Osborne escribe al comienzo del artículo que costó mucho que la violencia contra las mujeres fuera considerada una cuestión política y que se reconociera su importancia y gravedad. Y finalmente admite que sin una interpretación sistémica esta violencia no puede comprenderse. Pues bien, entonces volvamos a la primera pregunta que formula : se trata de proteger a las mujeres al mismo tiempo que se reconoce una jerarquía en el tratamiento hacia la violencia, no tanto por el dolor inflingido a las víctimas, sino por su relevancia social. Si bien es cierto que para las víctimas toda violencia es igual, desde el punto de vista social ambas situaciones no son equivalentes y ésto es lo que las instituciones y las políticas tienen que tener en cuenta si es que el estado se plantea como objetivo, e incluso como obligación o mandato constitucional en el caso español, combatir la desigualdad de género.
Para enfrentarse desde el estado a la violencia hay que entender su génesis, como bien dice Osborne.
La violencia de género es un producto específico de una situación determinada, es sistémica y se produce porque el patriarcado ha puesto en manos de los hombres un enorme poder simbólico, y también material, del que ha desposeído a las mujeres.
Es un poder que les ha sido entregado a los hombres para emplearlo sobre las mujeres como instrumento de control, lo que no quiere decir que no existan otras variables sociales de poder y despoder que se entrecruzan con ésta. Cuando un hombre maltrata a un mujer que cree suya, ejerce dicha agresión en nombre de un poder que él cree legitimado – y lo está por el patriarcado- Cuando la agresión se produce en otro contexto, siendo una agresión auténtica no tiene en ningún caso la base simbólica, y a menudo también material, que tiene el poder de los hombres sobre las mujeres en esta sociedad. La violencia contra las mujeres está socialmente legitimada (y de ahí en muchas ocasiones la levedad de las penas) Los malos tratos ejercidos por los hombres sobre las mujeres no proceden de un poder imaginario, sino real (material y simbólico) y es el uso de ese poder el que la Ley Integral pretende declarar ilegítimo, al considerar su uso como un agravante penal.
Por tanto, consideramos que quienes pretenden que toda la violencia doméstica es igual están impidiendo de hecho que la Violencia de Género sea comprendida adecuadamente y pueda ser combatida desde la convicción de que dicho combate forma parte de un combate general contra el patriarcado y el sistema de sexo- género.
Cronología de víctimas mortales de violencia de género de 2018
El año 2018 se ha cerrado con 47 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en España, según el balance del Ministerio de Igualdad, cuatro menos que en el año anterior. Se trata de la cifra anual más baja desde que hay datos oficiales.
Hasta 39 menores han quedado huérfanos y 27 niños han sido asesinados por violencia machista desde 2013.
Por comunidades, la mayor cifra se concentra en Andalucía, donde vivían 12 de las víctimas, autonomía a la que siguen Cataluña, con siete, Madrid, con cinco, y Aragón, Asturias y Galicia, con tres. Dos víctimas eran de Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.
El peor día fue el 25 de septiembre, con cuatro víctimas por violencia de género en apenas nueve horas: dos niñas asesinadas por su padre en Castellón, y dos mujeres por sus exparejas, una en Maracena (Granada) y otra en Bilbao. En total, son 976 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. El número de atención a las víctimas de violencia de género es el 016. No deja huella en la factura, pero hay que borrarlo del registro de llamadas.
Sanidad rescata el Observatorio de Salud de las Mujeres: «Creará igualdad»
Fuente: Redaccionmédica.com
