Desprivatización de la sanidad pública

Fuente: Diariomedico

Portavoces de Sanidad de Unidos Podemos se han reunido esta tarde con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Según fuentes de este partido, habría arrancado el compromiso de poner en marcha la comisión de desprivatización de la sanidad pública, información que ha confirmado el ministerio.

El 19 de noviembre será la primera reunión, a la que acudirán varios expertos tanto invitados de Unidos Podemos como de Sanidad.

Se trata de una medida que estaba incluida en el pacto firmado entre PSOE y Podemos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

Según este acuerdo,  la comisión reuniría a “con expertos sanitarios, sindicatos, profesionales , pacientes y colectivos sociales” para que en un plazo de seis meses (en teoría, hasta el mes de mayo) “analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla”.

Sobre este asunto, Carcedo comentó en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso que  “primero hay que identificar bien dónde están las verdaderas privatizaciones. El sistema privado existe y tiene su ámbito, pero nuestra responsabilidad es reforzar el público”.

BLINDAJE DE NUESTRO ESTADO DE BIENESTAR: (Pacto PSOE-PODEMOS)

Revertir recortes y recuperar derechos

Con la excusa de la crisis se aprobaron unilateralmente normas que modificaron la universalidad de la asistencia sanitaria, recortaron prestaciones de dependencia y vulneraron la igualdad de oportunidades en la educación. Por ello, una de las bases fundamentales del acuerdo es recuperar la inversión en sanidad, educación y dependencia.

2. 1 La sanidad es un derecho universal y no un negocio: El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona, sobre el que no cabe introducir ninguna discriminación. Sin embargo, el anterior Ejecutivo modificó este derecho unilateralmente y lo vinculó a la condición de asegurado, excluyendo de esta forma a colectivos especialmente vulnerables como los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las personas que se vieron obligadas a salir fuera de nuestro país. Recuperar el acceso universal a la sanidad como derecho básico de todas las personas ha sido una de las líneas prioritarias. En este sentido, se acuerda:

2.1.1 Trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración.

2.1.2 Extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, eliminando la práctica que viene desarrollando desde 2012 el Instituto Nacional de la Seguridad Social de negarles atención sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud.

2.1.3 Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español. El anterior Ejecutivo excluyó a las personas que se vieron obligadas a salir de nuestro país para buscar trabajo al considerar que pasados tres meses de estancia fuera del territorio español se perdía la titularidad del derecho, por lo que es necesario revertir esta situación.

Los puntos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 se harán efectivos a través del reglamento que desarrolle el Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio.

2.1.4 Revertir copagos. La imposición de copagos a los pensionistas constituye una barrea de acceso a los tratamientos perjudicando su salud. Por ello se eliminará el copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Ejecutivo. Se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9000 euros con un hijo o más a cargo (1,8 millones de personas).

Igualmente, se cerrará la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en del Real Decreto 16/2012, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.1.5 Blindar nuestro sistema público contra privatizaciones: Se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización. Por ello sigue siendo necesario blindar nuestro sistema sanitario contra corrientes privatizadoras y ataques por parte de sectores interesados. En este sentido se creará una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de seis meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público de nuestro sistema sanitario.

2. 3 Dependencia: dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de sus cuidadores familiares. Esta nueva etapa política debe incluir la prioridad que merecen los derechos de las personas en situación de dependencia. La Ley 39/2006, a pesar de sus límites para la necesaria reorganización del sistema de cuidados en nuestro país, reconoció el cuarto pilar del Estado del Bienestar al garantizar el derecho de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, los años de Gobierno del Partido Popular han resultado devastadores para las personas en situación de dependencia, con importantes recortes en las fuentes de financiación del sistema y la supresión de las cotizaciones a las cuidadoras de familiares que afrontaba la Seguridad Social. Desde el año 2012, el anterior Gobierno ha ido reduciendo progresivamente la aportación del Estado para el sostenimiento del sistema de Dependencia, de manera que en la actualidad apenas cubre el 16% de los gastos, obligando a CC.AA. y a usuarios a asumir la diferencia. Además, en nuestro país hay personas a las que, a pesar de habérsele reconocido un grado de dependencia, no han recibido ninguna prestación. Por ello se acuerda:

2.3.1 Mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de Dependencia. Se realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo (132 millones de euros más) y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular (383 millones de euros más). La financiación debe de ser de carácter finalista, a través de la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y CCAA que se derogaron en 2012. IMPACTO PRESUPUESTARIO 2019: 515 millones de euros. Un incremento del 40% respecto al PGE 2018.

2.3.2 Recuperación de la cotización a la Seguridad Social para las familiares que cuidan. En 2012 el Gobierno del PP acabó con la obligación del Estado de pagar las cuotas de la Seguridad Social de este colectivo, una medida injusta que penalizó a las cuidadoras familiares no profesionales, fundamentalmente mujeres. Por ello se recuperará el convenio especial en el sistema de la seguridad social de personas cuidadoras no profesionales y el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social, medida de la que se pueden beneficiar unas 180.000 personas y que además tendrá un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social. IMPACTO PRESUPUESTARIO 2019: 315 millones de euros. Se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en nuestro país