Seis de cada diez reclusos de Martutene toman medicación para combatir patologías mentales sin diagnóstico

Psiquiatras legales consideran urgente la puesta en marcha de unidades específicas para reclusos que padecen enfermedades de carácter grave. Fuente: JORGE NAPAL en diariodegipuzkoa.com Viernes, 28 de Septiembre de 2018

Las 20 camas del centro son una cifra razonable que cumple las expectativas de Euskadi. Los presos tienen el mismo derecho a la atención sanitaria que el resto de ciudadanos. El porcentaje de homicidios cometidos por enfermos mentales es muy pequeño

DONOSTIA– Las cárceles están pobladas de personas afectadas por trastornos de personalidad graves que no cuentan con una atención específica en el medio penitenciario. Seis de cada diez reclusos de Martutene toman medicación para combatir, entre otras enfermedades, ansiedad, depresión o brotes psicóticos que les hacen romper temporalmente con la realidad. No cuentan, pese a ello, con un diagnóstico, y la prisión se convierte en el peor de los escenarios posibles para recuperarles.

En el caso del País Vasco, alrededor de 600 presos de los 1.430 que cumplen condena tienen problemas de salud mental, fundamentalmente trastornos de la personalidad. De esos 600, al menos 100 se encuentran afectados por perturbaciones graves.

La necesidad de detectar deterioros cognitivos o daños neurológicos no es exclusiva de las cárceles vascas. En el Estado hay 60.000 reclusos, de los que se estima que entre un 7% u 8% padece enfermedades mentales graves, según los datos aportados ayer por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, en el marco del XXVII Congreso Nacional que se ha celebrado en Bilbao.

Casi la mitad de los reclusos mantiene en prisión alguna relación con el consumo de tóxicos, lo que no hace sino agravar los problemas de salud mental de un colectivo vulnerable cuya atención queda atomizada porque a esa misma persona le atienden profesionales sanitarios -psicólogos, médicos o auxiliares, dentro de una competencia transferida al Gobierno Vasco- y de Instituciones Penitenciarias, como educadores, trabajadores sociales o funcionarios que dependen del Ministerio del Interior. Hace falta por todo ello, según recoge un informe del Ararteko, elaborar itinerarios de inserción en los que confluyan ambas competencias, “para tratar a personas afectadas por trastornos mentales”.

CONTRA EL ESTIGMA Pero hablar de este tipo de patologías y de la comisión de delitos graves exige todas las cautelas, entre otras cosas porque ese binomio no existe. “El porcentaje de homicidios cometidos por enfermos mentales es muy pequeño”, advirtió ayer el director médico de la reputada institución sanitaria británica West London Mental Health NHS Trust, José Romero-Urcelay.

La Psiquiatría Legal ayuda a las autoridades judiciales a determinar si una persona ha cometido un delito debido a una enfermedad mental, y por tanto si es responsable o no de su acto delictivo. Los congresistas reunidos ayer consideraron urgente la puesta en marcha de unidades específicas para los reclusos que padecen enfermedades mentales de carácter grave.

En Gipuzkoa hay jueces muy comprometidos con explorar todas las posibilidades legales existentes para poder aplicar el tratamiento ambulatorio por orden judicial. Pero queda al criterio personal de la judicatura el grado de compromiso personal que se muestra al respecto.

La segunda alternativa, más allá de la respuesta ambulatoria, son las Unidades de Psiquiatría Legal, donde Gipuzkoa se coloca a la vanguardia, con la Unidad de Psiquiatría Legal de Aita Menni, en Arrasate. Este modelo, que ha supuesto un gran avance en la atención a estos enfermos psiquiátricos, existe desde hace años en otros países de Europa (Francia, Suiza, Reino Unido o Alemania). Pero el Estado solo dispone de tres recursos para atender a estas personas: los dos hospitales de Sevilla y Fontcalent (Alicante) y la unidad de Arrasate, donde se han dado “grandes avances” en contraste con el resto de comunidades autónomas “a la cola de Europa”.

La hospitalización psiquiátrica está dirigida a pacientes psiquiátricos que sí necesitan una supervisión permanente durante las 24 horas del día y, por lo tanto, precisan de un régimen de hospitalización para su correcta atención. Siempre lo determina el juez y se aplica a enfermos mentales graves que han cometido un acto delictivo a priori con repercusiones penales. Tras el juicio correspondiente, se establece que, como consecuencia de su enfermedad, no son responsables de dichos actos y, por lo tanto, no se justifica el cumplimiento de una pena, aunque sí el de una medida de seguridad, preferentemente en medio hospitalario.

A este respecto, el presidente de la Sociedad, Alfredo Calcedo, denunció que los presos tienen “el mismo derecho a la atención sanitaria que el resto de los ciudadanos”, algo que “no se está cumpliendo”. A su vez, criticó que los reclusos con enfermedades mentales graves tienen que luchar “contra la enfermedad y el estigma social”.

El responsable de la unidad de Arrasate, Iñaki Madariaga, remarcó que en Euskadi la situación es “muy razonable” y que “todos los presos están atendidos”. Las 20 camas del centro suponen “una cifra razonable” que cumple las expectativas de la comunidad, según Madariaga. A Euskadi le queda todavía “un amplio recorrido”, aunque el responsable entiende que la red de salud mental del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) en las cárceles es “eficiente”.