Legislación nacional
Varias Comunidades Autónomas ya están legislando en este sentido, buscando un supuesto ahorro o mejoras que se basan en estudios de los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud, pilar fundamental del Estado de Bienestar español.
Los presidentes han recordado que la especialidad de “farmacia comunitaria” no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española y han recalcado que los especialistas en “Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residente en el Sistema Nacional de Salud, mientras que un farmacéutico que se hace llamar “comunitario” se autocalifica como tal sin control estatal ninguno.
Críticas
La Organización Colegial de Enfermería ha criticado duramente a los consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas que están entrando en este juego porque están haciendo peligrar el sistema sanitario al dejar en manos de unos establecimientos privados y comerciales la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria. Además de la carencia de respaldo jurídico y el riesgo para el propio paciente, los modelos de “farmacia comunitaria” que intentan imponer algunos gobiernos regionales suponen una clara invasión de las competencias profesionales.
Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están dando pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud, el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a la historia clínica del paciente y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos. La complejidad de muchos pacientes exige que sean otros profesionales sanitarios, enfermeros y médicos, quienes pueden garantizar la seguridad y salud de los pacientes sin más interés que su propia deontología profesional.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha asegurado que “respetamos el importante rol de los farmacéuticos en el marco de la atención al ciudadano, pero esta profesión hermana debe ser consciente de sus límites a la hora de ejercer. Reconocemos que es legítimo tener nuevas aspiraciones profesionales. Sin embargo, ni entendemos ni toleramos que las administraciones públicas, como últimos responsables de la salud de los ciudadanos, entren en este juego y menos si eso implica arriesgar la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos, sobre todo de las especialidades reconocidas por Ley de Enfermería y Medicina de Familia y Comunitaria”.
Inviabilidad de la normativa
Desde el punto de vista jurídico, José Ignacio Juárez Chicote, experto en Derecho Público, ha cuestionado incluso la viabilidad de las normativas que están aprobando algunas autonomías, puesto que, “además de que implica una invasión de ámbitos competenciales propios y exclusivos de la profesión enfermera, cualquier modificación regulatoria del modelo farmacéutico en su dimensión sustantiva sólo puede ser acometido por el Estado, titular de competencias exclusivas, así que estas leyes autonómicas podrían ser inconstitucionales”.
Esa supuesta atención comunitaria no puede ser la excusa para cercenar el sistema sanitario público y uno de sus pilares, como es la Atención Primaria. Por ello, en las Jornadas que están teniendo lugar en Toledo los representantes de la Organización Colegial de Enfermería de toda España (52 colegios provinciales, 17 Consejos Autonómicos y un Consejo General de ámbito nacional), de las Sociedades Científicas de Enfermería y de las Facultades y estudiantes de enfermería han consensuado medidas urgentes para evitar lo que puede suponer un golpe mortal al sistema sanitario.
Los políticos deben conocer la trascendencia de las nuevas regulaciones en ciernes, sustentadas en argumentos falaces como supuestos ahorros para el sistema, reducción de las visitas a urgencias o mejor adherencia al tratamiento. Del mismo modo, los pacientes no deben recibir mensajes equívocos sobre hipotéticas virtudes de ser atendidos en establecimientos comerciales, alejados de los centros sanitarios y de los profesionales.
