España es el país de la Unión Europea con más infracciones medioambientales

España cerró 2017 con 30 expedientes abiertos, cuatro más que el año anterior. Supone casi el 10% de todo lo acumulado por los 28 estados.

Fuente: eldiario.es

En 2017, España acumuló 30 procedimientos europeos de infracción medioambiental. Es el país de la Unión Europea que más casos presenta, según las estadísticas de la Comisión. Son cuatro más que el curso anterior y suponen casi el 10% de toda la Unión: 325 casos.

En materia ambiental, solo Grecia se acerca al volumen de expedientes con 27. Los siguientes están casi en la mitad ya sea Italia, Reino Unido, Austria o Polonia que oscilan entre 18 y 15. Los estados más alejados son Estonia y Luxemburgo con dos cada uno. La media es 11 casos.

El año pasado no fue un buen curso para las reglas medioambientales ya que los casos de infracción crecieron un 14%. España se ha colocado como líder desde 2015. Ya en el informe sobre aplicación general de toda de la normativa europea de 2016 (publicado en 2017), España había «empeorado en todos los indicadores«: las quejas crecieron «significativamente», se doblaron los casos por mala transposición de directivas (la incorporación de las leyes de la Unión Europea a las normas españolas) y crecieron los expedientes abiertos.

Además, la respuesta del Gobierno para hallar una solución antes de implementar un expediente sancionador se ha disparado a los 81 días cuando debería quedarse en 70. España está en la zona roja de incumplidores, según la evaluación de la CE.

En cuestiones ambientales España toca casi todos los palos a la hora de recibir amonestaciones: desde saltarse evaluaciones de impacto de proyectos urbanísticos hasta fallar en la depuración de aguas. Incumplir la normativa de vertederos o permitir la  caza indiscriminada de decenas de miles de aves cantoras pasando por la calidad del aire que respira la población o el cuidado de espacios naturales emblemáticos.

Urbanismo vs. Protección

La decisión más reciente contra España llegó en diciembre pasado. La Comisión entendió que el proyecto de desarrollo urbano en Fuerteventura para  el complejo turístico Origo Mare se había saltado las evaluaciones ambientales. Tanto por su posible impacto en el hábitat como por el daño que podría provocar en una Zona de Especial Conservacón. «Y lo que es más –añadía– a pesar de haber sido declarada nula por los tribunales españoles, las obras continuaron como proyecto modificado».

El problema del agua

En un país con un grave problema de escasez de agua generalizada, la Comisión Europea ha llamado la atención a España para que «se asegure de que las aguas residuales son tratadas adecuadamente». En octubre pasado la CE explicó que un gran número de áreas no cumplían con la «recogida, monitorización y tratamiento de aguas», lo que se unía a otros cuatro procedimientos similares contra España. En total hay 426 «aglomeraciones» (ciudades o mancomunidades) que no cumplen con la normativa, según Bruselas, aunque un portavoz del comisario de Medio Ambiente no ha querido especificarlas.

Los vertederos

Ilustran un poco el largo proceso que implica incumplir la ley europea, al menos en el ámbito ambiental. La Comisión terminó por llevar ante los tribunales a España por 61 vertederos que operaban irregularmente: los residuos susceptibles de ser reciclados deben acabar en una planta de tratamiento y no en un basurero. Además,  está prohibido el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de desechos. La primera advertencia se produjo en 2007 y ocho años después, tras no subsanarse la situación, la cosa quedó en manos de los magistrados. El caso, de acuerdo con la base de datos europea está todavía «activo».

Aire contaminado

El aire en Madrid y Barcelona acumula dióxido de nitrógeno por encima de lo permitido por la ley. Y lo hacen desde hace ocho años. En el caso de la capital, todos lo indicadores iban anunciando que, al entrar en vigor la normativa, las mediciones estarían por encima de lo legal.

Llegó la fecha y, efectivamente, la calidad del aire de Madrid estaba fuera de los parámetros. El Ayuntamiento de Ana Botella (PP) pidió una prórroga para cumplir a cambio de enviar un plan que Bruselas consideró inválido. En febrero de 2017, la Comisión remitió las advertencias finales por los niveles de NO2 en estas dos ciudades. Como apuntaba la CE en sus escritos: «La contaminación es un serio riesgo para la salud y proviene principalmente del tráfico rodado».

Protección de espacios protegidos

La Comisión ha expresado en varias ocasiones su preocupación por la degradación de la joya medioambiental del Parque Nacional de Doñana. Sobre todo por cómo la agricultura descontrolada contribuye a secar la marisma. Tras darle un ultimátum, el Gobierno apuntó en su respuesta que el cambio climático podía estar detrás de ese deterioro. El caso, aún abierto, se ha visto reforzado por los propios análisis del Ministerio de Medio Ambiente que en abril del año pasado firmó un informe en el que explicaba cómo el  abuso al que se somete a las aguas subterráneas impacta en el parque.

Una cuestión similar a la que provocó la queja formal contra España por la mala gestión en la cuenca Alta del Guadiana. De manera parecida a Doñana, la sobreexplotacion de los acuíferos que aportan el agua a las Tablas de Daimiel estaba afectando al parque nacional, según denunciaba WWF. La lección quedó inadvertida.