Garantizar el aborto en la red pública
Fuente: Nueva Tribuna
El Gobierno garantiza por ley el aborto en toda la red pública hospitalaria
El Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ha pedido su tramitación urgente tras su aprobación este martes en el Consejo de Ministros.
La ley permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años; se recoge el acceso gratuito a la píldora del día después o se establecen las bajas por menstruación dolorosa, entre otras cuestiones.
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El proyecto de modificación de la ley del borto amplía derechos de la norma aprobada en 2010 bajo el Gobierno de Zapatero, impulsada por la primera ministra de igualdad de España, Bibiana Aído.
El objetivo de la norma es garantizar la vigencia efectiva de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Irene Montero: «Todas las mujeres deben saber que tienen a su lado un Gobierno feminista»
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la importancia del trabajo realizado por el Gobierno de coalición: «Todas las mujeres deben saber que tienen a su lado un Gobierno feminista que en tiempos de crisis garantiza derechos para todas las mujeres», al contrario de la derecha, “que destruye y niega derechos a más dela mitad de la población”, ha asegurado.
La nueva ley blinda el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública hospitalaria. En la actualidad, el 85% de los abortos en España se realiza en clínicas privadas concertadas.
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También regula el acceso a la objeción de conciencia, sin que eso impida el derecho efectivo de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
La ley «hace compatible el derecho de objeción con el de la interrupción del embarazo», ha dicho Montero. Para ello, se aprobará un reglamento similar al de la ley de eutanasia y se creará un registro público de objetores para garantizar que siempre habrá personal disponible. La norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.
Las mujeres de 16 a 18 años y las mujeres con discapacidad no necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción.
Se eliminan los tres días obligatorios de reflexión y se reconoce una baja incapacitante por abortar si se necesita, además de servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializado.
Los centros de salud y centros servicios de salud sexual y reproductiva despacharán la píldora del día después de forma gratuita, que también deberá estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.
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También se dispensarán anticonceptivos de última generación en centros educativos e instituciones penitenciarias y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina.
El derecho a la salud menstrual aparece por primera vez recogido en la legislación española como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres: «La regla va a dejar de ser un tabú», ha subrayado Montero.
La ley incluye derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres con la baja específica para mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes y que será sufragada íntegramente por el Estado.
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Para combatir la pobreza menstrual en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales se repartirán gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual.
La ley abarca también aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Habrá un nuevo permiso preparto desde la semana 39 de gestación, compatible con el posterior permiso de maternidad, y se promocionarán las buenas prácticas gineco-obstétricas y de parto respetado a través de un protocolo que recoja las directrices internaciones y nacionales al respecto.
Además, el proyecto refuerza la educación sexual en todos los niveles educativos.
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