Macrogranjas: “Se llevan el dinero y nos dejan la mierda”

Fuente: Elsaltodiario.com  Las plataformas ciudadanas contra la implementación de macrogranjas de ganadería intensiva exigen al Gobierno una moratoria que frene las habilitaciones hasta que se evalúe su impacto y reclaman una normativa que regule el tratamiento de purines.

Los colectivos preocupados por el auge de las macrogranjas dedicadas a la ganadería industrial dicen que la situación no da para más, que o se actúa rápido o las consecuencias pueden ser irreparables. Son centenares de pueblos a lo largo y ancho del Estado los que se están levantando contra estas instalaciones en los entornos rurales. Emprendimientos que, según denuncian desde plataformas ciudadanas contra su instalación, no han dejado de producir ni de crecer durante la pandemia, y cuyas solicitudes de nuevas habilitaciones o ampliaciones se han disparado en lo que va de 2021.

“Se llevan el dinero y nos dejan la mierda”, resumen las voces consultadas. Hablan de un negocio en manos de muy pocos que está poniendo en jaque el futuro de muchas poblaciones rurales. También de una conciencia ciudadana creciente contra su existencia. Incluso, en las diputaciones de Palencia, Albacete y Ciudad Real, la totalidad de los grupos políticos se ha manifestado en contra de estos proyectos alegando lo mismo que las plataformas, que no traen porvenir a las zonas donde se instalan, sino más bien lo contrario: contaminación y pérdida de calidad de vida.

Desde la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial solicitan al Gobierno una moratoria urgente para poner freno a estos proyectos y a las nuevas ampliaciones, al menos durante el tiempo que sea necesario para valorar el impacto que están teniendo en cada pueblo o región.

“Hasta ahora se valora por proyecto individual, pero el impacto debe valorarse en su conjunto. Si en un pueblo tienes un proyecto de 2.000 cerdos quizá no pasa nada, pero si a un kilómetro de ese hay otro de 2.000 y más allá otro más, al final el impacto no es igual. Hay que contabilizarlo en global”, resume la portavoz de la entidad, Inmaculada Lozano.

Solicitudes desbocadas

La Plataforma Pueblos Vivos Cuenca, por su parte, denuncia que las solicitudes para instalar macrogranjas de cerdos “se han disparado” y que la Junta de Castilla La Mancha continúa dando autorizaciones ambientales integradas, “incluso a proyectos que carecen de la concesión de aguas correspondiente o que no disponen de un plan de gestión de purines —estiércol resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos— ni tierras para esparcirlos”.

Su presidenta, Remedios Bobillo Jiménez, explica que, pese al reciente incremento de las zonas de la provincia de Cuenca consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos, se han seguido otorgando licencias de nuevos proyectos y ampliaciones durante toda la pandemia.

“En Castilla-La Mancha se ha ampliado la zona vulnerable, pero les da igual, siguen abriendo las macrogranjas. Las zonas más porosas son aquellas donde se considera que van a filtrar más rápidamente los contaminantes, y, por ende, al ser zona vulnerable,  habría que tener más cuidado para cualquier cosa, pero resulta que no se está haciendo”, asegura Bobillo.

En la provincia de Cuenca, según datos proporcionados por la Consejería de Desarrollo Sostenible, desde 2009 se ha quintuplicado el número de cabezas de cerdo, pasando de 106.977 a las 553.848 cabezas de ahora. En la actualidad, preocupa que se instale una granja de cerdas en el término municipal de Zarzuela, junto al Parque Natural de Villalba de la Sierra. “En Cardenete, en 2017, pusieron una y el pueblo no dijo ni pío, luego solicitaron una ampliación y ahora creo que otras dos. En Priego está pasando lo mismo. Cada día que pasa son más y más pueblos, algunos superchiquitines en donde ni se enteran”, lamenta Bobillo.

Toledo es otra de las provincias que acumula gran cantidad de megaproyectos de ganadería intensiva. Desde las plataformas remarcan el caso de La Pueblanueva, una localidad de poco menos de 2.000 habitantes y más de 80 emprendimientos, la mayoría de este tipo de granjas. El mapa elaborado por Pueblos Vivos Cuenca en base a la estadística oficial de Castilla-La Mancha permite vislumbrar la magnitud del fenómeno de las macrogranjas.

“El dato de cantidad de granjas es poco transparente. Hemos solicitado cifras nuevas al gobierno regional de Castilla-La Mancha, pero es imposible poder contarlas, no responden. Y a nivel Estado, lo mismo»

Desde las agrupaciones vecinales dan el aviso a medida que se enteran de una nueva apertura o instalación, no hay una cuantificación actualizada. “El dato de cantidad de granjas es poco transparente, nos bailan los números, hemos solicitado cifras nuevas al Gobierno regional de Castilla-La Mancha, pero es imposible poder contarlas, no responden. Y a nivel Estado es lo mismo, son datos que no podemos ofrecer porque los hemos solicitado incluso a través de organizaciones como Greenpeace o Amigos de la Tierra, pero no nos lo dan. A nosotros lo que nos llegan son las solicitudes de varios pueblos que se interesan, en que no quieren ese tipo de explicaciones”, argumenta Lozano.

No obstante, confirma que están notando “un incremento muy grande en todas las comunidades”, y pone de ejemplo los casos de Aragón, Murcia, y Castilla y León, esta última con el macroproyecto de  Noviercas (Soria), a la cabeza —de más de 23.000 vacas lecheras en un pueblo de 155 habitantes—, aunque en este caso se trate de ganado vacuno y no porcino.

Ampliaciones pesa a los expedientes

Precisamente, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, Greenpeace llevó adelante una acción de protesta en una explotación de Caparroso, Navarra, propiedad de Valle de Odieta, la misma empresa que pretende instalarse en Soria. Desde la organización, recriminan al Gobierno de la Comunidad Foral haber autorizado la ampliación de la macrogranja “a pesar de que la empresa tiene once expedientes de infracción ambiental”.

“Pese a esto, y después de una sentencia favorable a la empresa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Gobierno autorizó, este pasado 12 de marzo, que la empresa duplique la capacidad de sus instalaciones pasando de una autorización para explotar 3.450 vacas (aunque, en realidad, tienen más de 5.000, incumpliendo lo autorizado), a poder explotar 7.200”, señalan desde la organización ecologista.

Desde la ONG acotan que, según la Autorización Ambiental Integrada, con la ampliación la macrogranja generaría 148.858 toneladas anuales de estiércol, “lo equivalente a los residuos fecales generados por casi 1,8 millones de personas, el triple de la población de Navarra”. Valle de Odieta pretende abrir en Noviercas una granja cinco veces más grande que la de Navarra.

Otra situación que tiene en alerta a Stop Ganadería Industrial es la posibilidad de que, en un radio de 18 kilómetros, entre Palencia y Burgos, se instalen 14 proyectos de macrogranjas porcinas impulsados por la empresa Decamend Trading SL.

Las plataformas Pisoraca y Comarcas Vivas llevan meses lidiando contra esta iniciativa, que pretende criar 88.000 cerdos en la Comarca del Boedo y la Ojeada, cuarenta veces más que la suma de la cantidad de habitantes de los pueblos afectados. Según las estimaciones de estas organizaciones ciudadanas, las explotaciones consumirían 3,5 millones de litros de agua al día, cuando el consumo habitual en la zona afectada es de 566.544 litros.

También en Palencia, en Meneses del Campo, acaba de aprobarse una macrogranja de 2.500 cerdas parideras. “Cuando tú haces un proyecto de estas características lo que cuenta son las madres, y se rigen en eso para hacer los proyectos. Pero hay que tener en cuenta que tienen también los lechones, de hasta los seis kilos, con las madres”, aclara Lozano para dar idea de la verdadera magnitud que se esconde cuando se habilitan.

Como muestra remite al caso de Balsa de Ves, un pueblo de Albacete que es ejemplo de los daños que la ganadería intensiva puede generar. En 2006 se construyó una macrogranja para 2.600 cerdas, que en la práctica se ha transformado en la posibilidad de cría de unos 60.000 cerdos al año. Con ello viene aparejado una generación de residuos estimada en las cien toneladas diarias. Cuando se abrió Balsa de Ves tenía 222 habitantes, hoy apenas hay 131.

Promesas que se lleva el viento

Los proyectos, en su totalidad, llegan de la mano de promesas de progreso para toda la región y, sobre todo, de fuente de trabajo. Un sueño que, en un principio, cuando se desconocían las consecuencias ecológicas, en muchos pueblos abrazaron como un antídoto contra la despoblación.

“Lo venden como la ampliación de la España vaciada, intentan convencernos de que es un beneficio, hasta que la instalan y la gente se da cuenta que de beneficio nada. Una macrogranja de 1.990 gorrinos de cebo, que es de las más pequeñas, lo que necesita es una persona a media jornada, es decir que normalmente lo llevan ellos mismos, no contratan a nadie porque están totalmente mecanizadas”, asevera Remedios Bobillo. En Cuenca, desde 2009 a la actualidad, mientras el número de cerdos se ha quintuplicado,  la población conquense ha disminuido en un ocho por ciento.

Lozano remite de nuevo a la experiencia en Balsa del Ves o a Castillejar, en Granada. “Al final no es que mantenga la población, es que la gente se va. Ya hay muy pocos alcaldes que puedan creerse esta milonga. No hay progreso, puede ser dinero para uno, pero mucha mierda para el resto”, argumenta.

“Lo que crea esto es deficiencias en la calidad de vida y los beneficios que podría tener vivir en un pueblo se ven mermados”, señala Remedios Bobillo

“La despoblación es un problema que ya viene de largo, en el que influye no solo el empleo. No nos creemos que al poner una explotación van a crear tanto trabajo y una dinamización económica de la comarca que va a llenar de población. Lo que crea esto es deficiencias en la calidad de vida y los beneficios que podría tener vivir en un pueblo se ven mermados, porque ya no sales a un entorno limpio, no tienes unos manantiales o unas fuentes de agua limpia donde poder beber, ni la tranquilidad de poder andar con los críos por las calles del pueblo. Ahora pasan camiones todo el día por la calle principal con animales muertos, pienso o animales que van al matadero”, describe.

¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo trabajan?

Desde la Coordinadora Stop Ganadería Industrial explican que hay tres períodos en el crecimiento del cerdo y, por ende, en el tipo de granjas: el ligado a las cerdas madres que están pariendo y sus gorrinos (hasta los 6 kilos), el de producción de lechones de 6 a 20 kilos, y el de los 20 hasta los 90 o 100 kilos, llamados de cebo.

En ese contexto, las organizaciones consideran que se está viviendo un momento “burbuja”, dado por la crisis porcina en otros países, en especial China y Rusia. “Se han aprovechado de vendernos un poco los beneficios de estos proyectos en un contexto de muchos sectores en crisis, mucha gente que ha visto sus negocios venirse abajo, y a lo mejor recurren a la gallinita de los huevos de oro y dicen voy a montar una explotación de estas. ¿Pero cuál es el precio? El que pagas tú y el que pagan todos tus vecinos”, afirma Lozano.

La habilitación de granjas de menos de 2.000 cerdos “de engorde” no necesita de ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, tampoco las ampliaciones que puedan realizarse al proyecto inicial. Para las plataformas, eso facilita la instalación de macrogranjas sin posibilidad de un control real sobre sus consecuencias.

“Consiguen una licencia para una granja de 1.999 y van ampliando. De hecho, lo que están haciendo las grandes empresas es aprovecharse de pequeñas explotaciones en las que el ganadero se está jubilando y para no perder la licencia de actividad están quedándose con ellas, de esta forma no tienen que presentar un nuevo proyecto, sino lo que se denomina una modificación no sustancial, y donde a lo mejor había 1.000 ahora te cascan 5.700. Y una modificación no sustancial implica, de nuevo, que no se necesita informe ambiental, que no se abre información pública con un período de alegaciones para que desde la ciudadanía podamos valorar y opinar un poco sobre los efectos que tendría. Diríamos que se publica y ya se da por hecho que el proyecto sigue adelante”, cuestiona la coordinadora de Stop Ganadería Industrial.

Los dueños o inversores, en su mayoría no son del lugar, sino marcas reconocidas en las comarcas o a nivel del Estado. Según Pueblos Vivos Cuenca, en esa provincia la gran impulsora del desarrollo es la empresa Incarlopsa. “Amplió su matadero y entonces necesita que haya fábricas de gorrinos, la mayoría para exportar a China”, aclara Bobillo.

Lozano agrega que “en la zona de Murcia y expandiéndose para Almería, Granada y sur de Albacete, es El Pozo”. Grandes empresas que se van haciendo con las pequeñas explotaciones o, en su defecto, recurren al denominado “sistema integrado”.

“Son las dueñas del cerdo. Es decir que le llevan el cerdo a la explotación y ese ganadero lo único que hace es engordarlo con los insumos y los piensos que le proporciona la empresa y cuando alcanza el peso adecuado se los lleva la empresa y ya está. Pero el dueño se queda con los purines, y esta es una cosa que no desaparece”, explica Lozano.

Desastre ecológico

Se denomina purín al estiércol licuado, pastoso o semilíquido, con fuerte olor amoniacal, resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos. Y su aplicación a la tierra como abono órgano-mineral es recomendable.

El problema es que las granjas intensivas generan una cantidad de purines que sobrepasa la capacidad de absorción de los suelos y, lo que en un principio parece un hecho positivo, se convierte en un grave desastre ecológico por contaminación de suelos y acuíferos.

“Nos parece perfecto que una misma explotación pueda tanto con el cereal que produzca alimentar sus animales, como con el excremento de sus animales abonar sus parcelas de cultivo, pero estamos viendo que no hay parcelas suficientes en el todo el municipio para el purín que están generando. Entonces se va produciendo la contaminación de suelos. Suelos que están ya quemados, donde no crece nada porque los han anegado con vertidos incontrolados de purines. Y sobre todo los acuíferos, cantidad de pueblos con unos niveles super altos de nitrógenos en un agua que ya no es potable”, describe Lozano.

La acción que el grupo de activistas de Greenpeace realizó en Caparroso, consistió, precisamente, en devolver a la macrogranja de la empresa Valle de Odieta una tonelada de los purines generados por el propio emprendimiento. También llevar botellas del agua contaminada al Ayuntamiento de Noviercas para anticipar a las autoridades de aquella ciudad sobre las consecuencias que su aprobación tendrá para la comarca.

Todas las fuentes consultados destacan, además de las fallas en la concesión de licencias de apertura o modificación, la necesidad de una normativa de purines. “El futuro Real decreto sobre nitratos debería permitir reducir, al menos, un 50% la emisión de nitrógeno para el año 2030”, exigen desde la organización ecologista.

Las plataformas siguen juntando firmas para respaldar su pedido de que se implemente cuanto antes una moratoria que frene las nuevas habilitaciones. Los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura tienen la última palabra.