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Editorial: «La verdad-verdadera»

Sobre PARTICIPACION CIUDADANA y profesional en el sistema de salud  y su impacto sobre LA SEGURIDAD en salud.

Por Itziar Cabieces, psicóloga clínica. De la Junta Directiva de Osalde.

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Los pacientes, excluidos de la elaboración del Baremo Sanitario

Desde hace muchos años, pacientes, profesionales y organizaciones de diversa índole luchamos por los derechos personales, sociales, jurídicos y emocionales de las víctimas de accidentes sanitarios – médicos. Venimos solicitando, entre otras reivindicaciones, que se acabe con la inseguridad jurídica y la incertidumbre para este sector afectado de la ciudadanía. Potencialmente, cualquier persona está expuesta a convertirse en una de estas víctimas y en conjunto forman un amplio colectivo demasiado desconocido, ocultado y desatendido sistemáticamente como tal.

Fecha: 15/enero/2018

Fuente: mareablanca.cat

Desde hace muchos años, pacientes, profesionales y organizaciones de diversa índole luchamos por los derechos personales, sociales, jurídicos y emocionales de las víctimas de accidentes sanitarios – médicos. Venimos solicitando, entre otras reivindicaciones, que se acabe con la inseguridad jurídica y la incertidumbre para este sector afectado de la ciudadanía. Potencialmente, cualquier persona está expuesta a convertirse en una de estas víctimas y en conjunto forman un amplio colectivo demasiado desconocido, ocultado y desatendido sistemáticamente como tal.

Actualmente, el gobierno ha iniciado la tramitación parlamentaria de este baremo. Y  ahora están trabajando sobre un texto borrador (totalmente desconocido para entidades y asociaciones de víctimas, ya que no lo hemos recibido) en un proceso de negociación y enmienda o aportaciones para una redacción definitiva. Se ha publicado que una comisión específica se encuentra debatiendo con los posibles y necesarios apoyos parlamentarios. Y entendemos que además de la representación política debiera también hacerlo, democrática y preceptivamente, con la sociedad civil organizada y las entidades sociales interesadas.

Lamentablemente el gobierno está procediendo hasta ahora, con una opacidad y un hermetismo impropios para un proyecto de baremo que se someterá para su aprobación en Las Cortes, según calendario previsto, en el presente 2018. Este secretismo y la falta de oferta en participación social en el desarrollo del baremo, nos hace recelar que ampare intenciones de recorte de derechos y medidas de limitación de la protección a las víctimas.

Cinco son los criterios más importantes en este recorte de derechos:

  1. ESTADO PREVIO DEL PACIENTE.

Al parecer, se pretende en el proyecto de ley que está preparando el ministerio, que para el cálculo de la indemnización que corresponde al paciente o familiares del afectado, se tenga en cuenta el “estado previo” del paciente para así descontar sus patologías de la indemnización final.

Ejemplo: Persona a la que tratan quirúrgicamente de una hernia discal, y que tras la intervención queda parapléjica en una silla de ruedas permanente, con la consiguiente incapacidad. En tal caso, se “descontarían” las limitaciones del paciente previas a la intervención. Sin tener en cuenta que el paciente viene con una limitación por su dolencia y con la intervención revertiría esa limitación, o sea, que el objetivo de la asistencia es la mejoría.

 LA LLAMADA “PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD”.

Que consiste en descontar de la indemnización un determinado porcentaje.

 Ejemplos:

A. Persona que sufre un ictus (accidente vascular cerebral agudo) y a la que trasladan tardíamente al hospital para la asistencia, quedando con lesiones y secuelas permanentes que le impedirán hacer vida autónoma, normal, y necesitará ayuda de tercera persona.

En tal caso, se indemnizaría por la “pérdida de oportunidad” que supone que habiéndose realizado la asistencia cuando llegó al hospital, las posibilidades de curación han mermado y solo son parciales y no totales, con lo que se aduce que del total del daño que resulte para el paciente, él y/o sus familiares recibirían únicamente el porcentaje teórico/protocolizado de probabilidad de que quedara bien.

B. Persona a quien no se le diagnostica un carcinoma cuando aparecen los síntomas iniciales, de forma que cuando finalmente se le diagnostica y se la trata ya está en situación de pérdida muy importante de calidad de vida, o fallece como consecuencia del avance imparable de la enfermedad.

En este tipo de casos se indemniza por la supervivencia calculada/protocolizada que le queda de vida al paciente según el estadio en que se encontraba la enfermedad cuando le prestan la asistencia con el diagnóstico correcto, aunque sea tardíamente.

C. Hay una discriminación evidente con respecto al Baremo de Accidentes de Circulación. En éste, de forma ilustrativa, a una persona que solo tenía un brazo, caso de perder el otro por un accidente de  tráfico, se le reconoce una incapacidad absoluta y la necesidad de una tercera persona de ayuda personal. Por el contrario, en el baremo sanitario ahora en gestación se le descontaría el estado previo, así que se contempla la disminución pero no la agravación ni el resultado final.

 3. RECORTE EN LA PUNTUACIÓN

Recorte de la valoración de las secuelas tras el alta médica, rebajando de ese modo las indemnizaciones por situaciones invalidantes para trabajar, y afectando especialmente al daño moral padecido tras la asistencia defectuosa que ha dejado al paciente incapacitado o limitado para su autonomía personal y sus funciones habituales.

 

  1. DAÑO MORAL

No se contempla específicamente un apartado de “daño moral” complementario, que sufrirá indefectiblemente un/a ciudadano/a que ha quedado de por vida con esas limitaciones psico- físicas, funcionales, o incluso estéticas, debido a una asistencia sanitaria inadecuada.

 

  1. CARGA DE LA PRUEBA

El baremo sanitario que se está promoviendo, mantiene aquel injusto criterio jurídico-legal de tener que demostrar por parte del reclamante la culpa del profesional en la asistencia recibida, dejando fuera el criterio de reconocimiento del daño con carácter objetivo. Incluso en situaciones tan evidentes como, por ejemplo, las infecciones por hepatitis víricas adquiridas en el uso incorrecto, terapéutico o instrumental, en el medio hospitalario. O los fallecimientos por infecciones nosocomiales sobrevenidas y adquiridas en, y como consecuencia, del ingreso en centro. Así como las amputaciones de extremidades por retraso manifiesto en la asistencia debida.

Como venimos reclamando hace tiempo, es necesario poner el criterio jurídico al mismo nivel que en los países europeos (Francia o Suecia) y a nivel general y cotidiano, haciendo que sea normal en la legislación lo que es normal en la calle y la ciudadanía.

Ejemplo: que se proceda a indemnizar al paciente o familiares que entran razonablemente sanos y que acaban con secuelas o fallecen por infecciones o iatrogenias hospitalarias, generadas en, y desde, el mismo centro, aplicando para ello el nuevo baremo creado al efecto.

 Tampoco se contempla la exención de costas

De los procedimientos jurídicos por defecto médico asistencial, un criterio reclamado desde largo tiempo y muy reiteradamente, por todos los estamentos sociales de defensa de las víctimas y de los pacientes, es la exención de costas. Por producir unas situaciones discriminatorias con respecto a otras y otros procedimientos como puede ser protección laboral, de violencia doméstica, o de circulación, donde no se aplican.

El auténtico miedo a la imposición de pago de las costas limita o impide el ejercicio de los derechos de los ciudadanos perjudicados por estas situaciones. Este natural y lógico recelo discrimina de forma muy injusta a los sectores sociales de una peor situación socio-económica que no pueden asumir el riesgo.

Por ello, debe modificarse la actual legislación de “justicia gratuita” acogiendo la eliminación del pago de costas a los ciudadanos perjudicados y las víctimas en todos los ámbitos y extensión de la ley.

No se prevé un factor corrector, que incremente las indemnizaciones del perjudicado, cuando el daño causado lo sea con motivo de las listas de esperas indebidas, retrasos injustificados de tratamientos, cirugías   , o por recortes del sistema sanitario. En ese caso, el daño se debe al deficiente funcionamiento del sistema, lo que debería implicar indudablemente la aplicación de un factor corrector, que serviría a su vez, como elemento disuasorio en las perversas políticas sanitarias.

 Organismos de mediación

Por último, tampoco se está aprovechando el momento de desarrollo y de modernización legislativa para crear organismos de resolución (y mediación o conciliación) de los conflictos de forma rápida y eficaz como ya ocurre en otros países próximos (Francia tiene Cir y Uniam) evitando así procedimientos caros, largos y costosos. Formalmente, algunos grupos parlamentarios i/o algunos parlamentos autonómicos se han pronunciado a favor (pero no lo han desarrollado) sobre esta instancia mediadora.

Así pues, da la impresión que el gobierno está promoviendo una legislación que apunta a ser un auténtico traje a medida para las empresas aseguradoras y la administración sanitaria, en detrimento de los derechos de las víctimas. Es por todo esto que debe darse información y participación a los interesados en la elaboración de este nuevo Baremo Sanitario.

 

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La Ley de «Buen Gobierno» del SESMAS se queda corta

A juicio de su principal promotor, Jose Manuel Freire, es «un primer paso». La “Ley Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)” será escasamente útil para promover la gestión profesional y dificultar la dedocracia imperante. Se aprobó con los votos de los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSOE y PP; Podemos se abstuvo.

El Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el 14 de diciembre aprobó la ley por la que se establece el reglamento marco de estructura, organización y funcionamiento de hospitales, organización de Atención Primaria y otras gestionadas por el SERMAS. Una ley que busca evitar la arbitrariedad y la politización de los cargos directivos y de gestión.

El texto incluye, entre otras muchas cosas:

  • Órganos colegiados de gobierno: Se crean en todos los centros y organizaciones sanitarias Juntas de Gobierno ante las que rendirán cuentas los gerentes.
    • En las Juntas de Gobierno habrá representantes de los Ayuntamientos y vocales externos, además de representantes de la Consejería de Sanidad/Servicios Centrales del SERMAS que tendrán la mayoría.
  • Profesionalización de la función directiva. Los Gerentes serán seleccionados por las Juntas de Gobierno a través de un procedimiento reglado y público, tendrán un contrato de cinco años y su cese será motivado.
  • Refuerzo de las estructuras de asesoramiento y participación:
    • las Juntas Técnico Asistenciales ven fortalecido su papel, entre otras cosas son las encargadas de seleccionar a los vocales externos de las Juntas de Gobierno que sean propuestos por organizaciones sociales.
    • Se crean Consejos Territoriales de Salud
  • Instrumentos de buen gobierno y mayor autonomía de los centros: medidas para transparencia; revitalización del contrato-program como instrumento de gestión; capacidad de innovar con plazos y evaluación.
  • Dota a la Atención Primaria madrileña de órganos de gobierno y gestión (que no tenía) similares a los de los hospitales.

La Ley fue aprobada con un elevado nivel de consenso y sin enmiendas vivas, ya que durante su larga tramitación se han transaccionado enmiendas de todos los grupos, además de recogerse aportaciones de diferentes sectores de la sociedad civil relacionados con la sanidad, como colegios profesionales o asociaciones.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, José Manuel Freire, impulsor de la Ley, señaló que “el texto final no es el óptimo de ningún Grupo Parlamentario, porque no puede ser de otra forma si se busca el consenso de todos”. Sin embargo, su balance es que la Ley “es un texto razonablemente bueno, permite dar pasos muy importantes en la buena gobernanza de las organizaciones sanitarias del SERMAS. Por ello es un gran primer paso”. “Toca ahora contribuir a que se cumpla en su letra y, muy importante, en los valores principios que la han inspirado”.

Según la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, Regina Plañiol, la ley se traducirá en más participación y más transparencia y tiene al paciente como eje del sistema. Plañiol cree que Madrid se convertirá en “referente” a nivel europeo en materia de gestión sanitaria con una norma que definió como “la ley que regula las reglas del juego” a partir de ahora.

La “abstención constructiva” de Podemos, según explicó la portavoz de Podemos, Mónica García, se basa en que para el Grupo esta ley es “una primera piedra” frente a un modelo “opaco y extremadamente politizado”, pero no cumple las expectativas, ya que “un poco de profesionalización no es profesionalización” y no produce un “cambio estructural”. “No queríamos arbitrariedad, pero tampoco discrecionalidad”, señaló, considerando que con esta norma los comités de selección de directivos no son independientes. “No hemos llegado a la meta, por eso nos vamos a abstener”, justificó.

A este último asunto, el de los gerentes, se refirió también el portavoz de CiudadanosEnrique Veloso, pero en términos contrarios. Lo resumió con un juego de palabras: “se acabó la dedocracia”. En opinión de Veloso, a partir de ahora sólo habrá gestión profesional en la sanidad madrileña. Veloso apuntó que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que, en el plazo máximo de un año, tendrá que desarrollar la normativa.

«Buen Gobierno» en la Sanidad Pública Vasca

ORDEN de 12 de enero de 2010, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se crea el Consejo Asesor sobre el Código de Buen Gobierno en la Sanidad Pública Vasca.(Consejero: Rafael Bengoa)

El Buen Gobierno en la gestión sanitaria pública vasca (euskadi.eus)

RECOMENDACIONES DEL CONSEJO ASESOR SOBRE EL BUEN GOBIERNO DE LA SANIDAD PUBLICA VASCA (7/3/2011)

Proyecto de Ley de Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco (Parlamento Vasco 2016)

El objeto y finalidad de este proyecto de ley es regular:

1- Los ejes fundamentales del funcionamiento del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (más allá de lo dispuesto, desde una perspectiva más instrumental, en el anteproyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco), en tanto que criterios de carácter transversal, poniendo así las bases de nuestro modelo de Gobernanza, basado en el triángulo conceptual que conforman la evaluación de políticas públicas, la transparencia y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, y cuyo propósito es el logro de un desarrollo social, económico e institucional duradero, basado en el equilibrio entre la acción del gobierno, la sociedad civil y la actividad social y económica.

Con ello, busca, como declara expresamente:

2- Instar al debate resolutivo en Euskadi sobre la mejora de la percepción de la ciudadanía respecto a la llamada cosa pública.

3- Su revalorización, contribuyendo a crear, en definitiva, una nueva cultura administrativa basada en los nuevos paradigmas que requieren los tiempos actuales, relacionados con los diversos aspectos de lo que se ha venido a llamar la buena gobernanza.

El nuevo texto se ha realizado a partir del Proyecto de Ley de Administración Pública Vasca aprobado en el año 2014 – que ha sido dividido en dos (en éste y en el Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento en el Sector Público Vasco)- y ha incorporado las enmiendas realizadas por los grupos parlamentarios.

En este contexto, se ha procedido a la apertura de información pública del Proyecto de Ley de Transparencia, Participación ciudadana y Buen Gobierno del Sector Público Vasco y, al mismo tiempo, se ha iniciado el trámite de audiencia a las administraciones e instituciones que puedan verse afectadas por la Ley que se va a tramitar. Se determina un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación en Boletín Oficial del País Vasco de la Resolución por la que se somete a información pública, para general conocimiento, el anteproyecto de Ley mencionado.

 

 

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