El debate social abierto por la posible legalización de la eutanasia cobra especial relevancia en el caso de la profesión médica, por cuanto su Código Deontológico, actualmente marcado por los principios de los cuidados paliativos, debería ser sometido a revisión.
Antes y sobre todo ahora, después de haber sido aprobadas a trámite en el Congreso de los Diputados sendas propuestas para la despenalización de la eutanasia (una, del Parlamento de Cataluña, y otra, del PSOE), la Organización Médica Colegial (OMC) entró de nuevo en el debate oponiéndose a la susodicha legalización por lo suscrito en su Código Deontológico, en cuyo articulado, como se recoge en el artículo 5, apartado 1 (“La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes profesionales del médico”), se insiste en la no provocación de la muerte del paciente y en la aplicación de las medidas adecuadas para conseguir su bienestar, aun cuando de ello pudiera derivarse un acortamiento de la vida.
Las razones esgrimidas por miembros del grupo de trabajo de Atención Médica al Final de la Vida y de la propia Comisión de Deontología de la OMC pasan por:
· Se hace demasiado para retrasar la muerte y demasiado poco, y tarde, para aliviar el sufrimiento.
· Sesenta mil personas se mueren al año en España con dolor; legalizar una forma de acabar con ellos es una indecencia.
· La sedación paliativa es un tratamiento médico. Es lo último que podemos hacer por el paciente y no se puede confundir con la eutanasia.
· En lugar de ocuparse de esas 60.000 personas que mueren con sufrimiento, se preocupan de las excepciones.
· La eutanasia no es un problema médico y va en contra de ser médico.
· El resultado de las encuestas depende de cómo se hagan las preguntas. Con unos buenos cuidados paliativos no se pide la eutanasia.
· Regular la eutanasia supone un chantaje moral a los más débiles, a aquellas personas que se sienten un peso para la familia y para la sociedad.
· Es una irresponsabilidad legislar la eutanasia porque hay una insuficiencia de atención a pacientes al final de sus días y también una falta de formación del médico en cuidados paliativos.
· La sociedad y la medicina pueden ofrecer algo más que anticipar la muerte.
La alternativa que ofrece es la puesta en marcha de unos cuidados paliativos de calidad y la elaboración de una Ley Orgánica en materia de derechos y garantías en el proceso de morir.
Razones en defensa de la eutanasia
Ni los cuidados paliativos han contribuido a resolver todo el problema, ni las mal llamadas leyes de muerte digna tampoco
Conviene recordar que la población española parece estar a favor de la eutanasia: las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ya en 1992, revelaban que un 78% de ciudadanos y ciudadanas estaban a favor de cuidados paliativos y un 66% se mostraba de acuerdo con que la ley permitiera a los médicos poner fin a la vida de un enfermo terminal que lo solicitase. Un 49% afirmaba estar de acuerdo con que esta decisión la pudiera tomar un familiar. Encuestas posteriores de la misma entidad, años 1995, 2008 y 2009, un 62% se mantenían a favor del suicidio asistido, 7 de cada 10 se mostraban de acuerdo con la eutanasia respectivamente y el 73,6% a favor de la regulación respectivamente, de los cuales un 60% eran votantes del PP y un 90% de IU o PSOE. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2000) ponía en evidencia que 3 de cada 4 españolas y españoles estaban de acuerdo con la eutanasia.
Los y las profesionales de la medicina también están a favor de su regularización: el CIS de 2002 encontraba que un 41,5% opinaba que había que cambiar la ley a favor de la eutanasia y el suicidio asistido para enfermos terminales que lo solicitaran e, incluso, un 18,4% lo haría extensivo a no terminales con grandes sufrimientos físicos o psíquicos. En esta encuesta se afirma que el 80% de los médicos jamás había recibido petición de eutanasia, y el 91,9 nunca había recibido petición de ayuda al suicidio. Estas cifras son diferentes a las reflejadas por la OCU en el 2000: entre un 65% de médicos y 85% de enfermeras reconocía haber recibido petición de eutanasia o suicidio asistido; también, que un 21% de los médicos dice haber participado en su práctica.
Algunas instituciones como el Observatorio de Bioética y Derecho (2003), el Instituto Borja de Bioética (2005) y el Consejo Consultivo de Bioética de Cataluña (2006), se han manifestado en el sentido de legalizar estas cuestiones.
Legalización real
La eutanasia lleva tiempo legalizada en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de EEUU, Canadá, Colombia y Australia, y los resultados, consecuencia de la evaluación efectuada, aportan elementos importantes para el debate y contribuyen a desmentir argumentos en contra como el de la “pendiente deslizante”, merced a la cual estas prácticas se aplicarían a personas vulnerables. En todos estos casos se han puesto en marcha mecanismos de control que garantizan que no se produzcan abusos en su utilización.
Una muerte es adecuada o buena cuando está asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios
La Ley General de Sanidad en 1986 ya reconoció el derecho del paciente a negarse a un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier intervención. Desde entonces, se han conseguido avances. En 1995, el nuevo Código Penal suavizó las penas por suicidio asistido y eutanasia (despenalización de la cooperación no necesaria o de complicidad); en 2001 se desarrolla el Plan Nacional de Cuidados Paliativos; en 2002 se promulga la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y a partir de 2010, las CC. AA., comienzan a elaborar y aprobar leyes sobre los derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida, conocidas como leyes de muerte digna.
Problemas no resueltos
No obstante, ni los cuidados paliativos han contribuido a resolver todo el problema, ni las mal llamadas leyes de muerte digna tampoco. Los primeros son deficitarios y a veces se encuentran en manos de instituciones confesionales que los administran de manera inadecuada y, en todo caso, están sujetos a criterios profesionales que pueden ser muy restrictivos. (Recuérdese el fallecimiento reciente de una mujer en Canarias, a pesar de la existencia de una Ley autonómica sobre Muerte Digna). A pesar de lo cual algunos afirman que unos cuidados paliativos de calidad evitan las demandas, lo que se desmiente en casos como el de Ramón San Pedro y similares y por la opinión de los propios profesionales (84% según CIS 2002).
Las segundas (las denominadas leyes de muerte digna), a pesar de reafirmar la autonomía del paciente, no consiguen el cambio de cultura necesario para que la relación médico-paciente no sea paternalista y afecta tanto a la persona con una enfermedad terminal como a los/las médicos y familiares. La famosa “conspiración de silencio” es la tarjeta de presentación cuando los/las profesionales acudimos al domicilio: “por favor, no le digan nada, que le conozco y se va a deprimir y poner peor”. La experiencia demuestra que no solo no se deprime, sino que se muestra activo, arregla sus cosas pendientes, se despide y muere en paz.
Muerte asistida
Una muerte es adecuada o buena cuando está asistida por profesionales que evitan el dolor, controlan el miedo y la ansiedad del paciente en la medida de lo posible y aseguran los cuidados necesarios, ocurre en su domicilio (o en hospital si así se desea) en compañía de sus familiares y amigos, rápida y sin prolongar la agonía para no ser una carga para sus cuidadores (demanda de muchos de ellos). Será digna si la persona explicita cómo quiere que sea el proceso de morir y cuándo y su decisión es respetada.
Es necesaria una nueva Ley que solucione legalmente el supuesto en el que una persona con una enfermedad irreversible y sin tratamiento pueda solicitar que se le administre una medicación que ponga fin a su vida de manera anticipada, porque no hay derecho a vivir a cualquier precio, sin condiciones dignas y con sufrimiento y dolor irreversibles e intolerables.
Voluntad política
Independiente de otros argumentos a considerar, el problema está en la voluntad política de ciertos partidos, paladines de una moral cristiana, que no es la de todos, para imponer su criterio, y no aceptan estas prácticas. Incluso, se permiten introducir modificaciones en la llamada ley de autonomía del paciente al promulgar otras, caso de la Ley 26/2015, de protección a la infancia y a la adolescencia, y que abre las puertas al encarnizamiento terapéutico.
El rechazo de la eutanasia en nuestro país esta basado fundamentalmente en criterios de ética y moralidad de la Iglesia Católica que intentan imponerse a una población que ya mayoritariamente no los comparte y que ponen en tela de juicio la laicidad del estado y su neutralidad frente a las convicciones religiosas
También, y más recientemente, existen otros intereses en la prolongación artificial de la vida que tienen más que ver con criterios mercantiles y que son los que están detrás de posiciones que la rechazan, y de las de algunas asociaciones que dicen defender a los enfermos, pero que parecen más interesados en defender intereses ideológicos y de las grandes multinacionales.
Consideraciones finales
Habría que recalcar que:
· Estamos de acuerdo en la necesidad de unos cuidados paliativos de calidad, con cobertura adecuada y con personal bien formado, características de las que adolece el sistema.
· Los cuidados paliativos no solucionan la totalidad de los problemas.
· No son excepcionales las peticiones o demandas de eutanasia y/o suicidio asistido.
· A pesar de aplicar unos buenos cuidados paliativos y existir control de síntomas, las personas no toleran la dependencia ni el malestar que originan a sus cuidadores y familiares, tampoco la pérdida de calidad de vida según su concepto. Esto es causa de sufrimiento para los pacientes y refractario al tratamiento. Como tal síntoma refractario, ¿se admitiría una sedación paliativa? ¿O es eutanasia?.
· La eutanasia aplicada bajo las indicaciones adecuadas, debe ser un acto médico y éticamente aceptable al respetar el principio de autonomía.
· La medicina no puede evitar la muerte; sí puede y debe evitar el sufrimiento innecesario que ocasiona la prolongación de la vida bajo circunstancias insalvables.
· Está admitida la objeción de conciencia.
· La OMC tendrá que reconocer que un Código Deontológico es de rango inferior a una Ley que despenalice la eutanasia.
El que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido no obliga a nadie; solo permitirá que las personas que así lo desean se les reconozcan y respeten sus derechos. Las y los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetores de conciencia, una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello. Es la única manera de evitar que se siga sufriendo en la fase final de la vida y que podamos decidir libremente sobre nuestra muerte.
