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Élites contra la Salud Pública

Trump, cambio climático y refugiados: élites contra la salud pública. Por Bruno Latour. Traducción de David Hammerstein, miembro del Consejo Asesor de NoGracias

Los efectos del cambio climático y la muerte y sufrimiento de millones de refugiados suponen dos de los más graves problemas de salud pública a nivel mundial.

Fuente: nogracias.eu

El negacionismo, aislacionismo y neo-racismo de Trump dejan sola a Europa en la búsqueda de soluciones.

Bruno Latour, uno de los filósofos vivos más importantes, realiza una reflexión sobre los actuales condicionantes ecológicos, políticos y sociales, y critica duramente el papel de unas élites que han decidido abandonar a la humanidad a su suerte

Desde las elecciones estadounidenses de noviembre de 2016, las cosas se han aclarado. Europa está siendo desmembrada: cuenta menos que una avellana en un cascanueces. Y esta vez, ya no puede esperar que los Estados Unidos le ayuden a arreglar nada.

Tal vez sea el momento de reconstruir una Europa unida. No será la misma que se inventó después de la guerra, una Europa basada en el hierro, el carbón y el acero, o la más recientemente construida sobre la ilusoria esperanza de escapar de la historia a través de la estandarización y la moneda única. No.

Si Europa debe reinventarse, es a causa de las graves amenazas a las que se enfrenta: el declive de sus estados -que inventaron la globalización- el cambio climático y la necesidad de albergar a millones de migrantes y refugiados.

Con mucho, el evento más significativo de los últimos años no es el Brexit ni la elección de Donald Trump, sino la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) de París, donde el 12 de diciembre de 2015, los delegados finalmente llegaron a un acuerdo. Lo significativo no es lo que decidieron los delegados, ni siquiera que este acuerdo pueda tener los efectos buscados (los que niegan el cambio climático en la Casa Blanca y el Senado harán todo lo que puedan para desbaratarlo). No. Lo significativo es que todos los países que firmaron el acuerdo se dieron cuenta de que si seguían adelante con sus planes de modernización individual, este planeta simplemente no sería lo suficientemente grande.

Si ya no hay planeta, ni tierra, ni suelo, ni territorio para las necesidades de globalización económica ¿qué deberíamos hacer entonces? O negamos la existencia del problema ecológico global en el que nos encontramos o buscamos aterrizar y poner los pies en tierra. Esta elección es lo que ahora divide a las personas, mucho más que ser políticamente de derechas o de izquierdas.

Estados Unidos tenía dos opciones después de las elecciones. Podía reconocer el alcance del cambio de las circunstancias ecológicas globales y la enorme magnitud de su responsabilidad y hacerse realista sacando al mundo del abismo, o bien podría hundirse aún más en el negacionismo. Trump parece haber decidido dejar que Estados Unidos siga soñando unos años más y en el camino arrastrar a otros países hacia el abismo.

 Nosotros los europeos no podemos permitirnos soñar. Aun cuando nos estamos dando cuenta de las muchas y diferentes amenazas, no estamos acogiendo en nuestro continente a millones de personas, que a causa del impacto combinado de la guerra, el fracaso de la globalización económica y el cambio climático, son arrojadas (como nosotros, contra nosotros, o con nosotros) a la desesperada búsqueda de una tierra donde ellos y sus hijos tengan alguna esperanza para vivir.

Vamos a tener que vivir juntos con personas que hasta ahora ni han compartido nuestras tradiciones y valores ni nuestra forma de vida ni nuestros ideales, gente que aunque está cerca de nosotros es ajena a nosotros: son terriblemente cercanos y terriblemente extranjeros.

Lo que compartimos con estos pueblos migratorios es que, como ellos, todos estamos privados de Tierra. Nosotros, los viejos europeos, estamos privados porque no hay un segundo planeta para las necesidades expansivas de la globalización económica y en consecuencia deberemos cambiar nuestros modos de vida. Ellos, los futuros europeos, se ven privados porque han tenido que abandonar sus viejas y devastadas tierras y tendrán que aprender a cambiar la forma en que viven.

Este es el nuevo universo en que hemos aterrizado. La alternativa única de pretender que nada ha cambiado es la de retirarse detrás de un muro y continuar promoviendo, con los ojos bien abiertos, el sueño del “estilo de vida estadounidense” (o europeo), sabiendo al mismo tiempo que miles de millones de seres humanos nunca podrán hacerlo.

La mayoría de nuestros conciudadanos niega lo que le está sucediendo a la Tierra, pero entienden perfectamente que la cuestión de los inmigrantes pondrá a prueba todos sus deseos de identidad. Por ahora, alentados por los llamados partidos populistas, tan solo han captado un aspecto de la realidad del daño ecológico: están enviando un gran número de personas no deseadas a través de sus fronteras. De ahí su respuesta: “debemos levantar fronteras firmes para que no nos invadan”. Pero hay otro aspecto de este mismo cambio que no han percibido correctamente: durante mucho tiempo, la nueva situación del cambio climático ha estado barriendo todas las fronteras, exponiéndonos a cada tormenta. Contra tal invasión, no podemos construir muros. La migración y el clima son parte del mismo problema.

Si deseamos defender nuestras identidades, también vamos a tener que identificar a esas masas de migrantes sin estado, que son conocidos como erosión, contaminación, agotamiento de recursos y destrucción del hábitat natural. Podemos sellar nuestras fronteras contra los refugiados humanos, pero nunca se podrá evitar que intenten salir adelante.

Es aquí donde tenemos que introducir una ficción plausible. Las élites ilustradas (que sí que existen) se dieron cuenta después de la década de 1990 de que los peligros resumidos en la palabra “clima” estaban aumentando. Hasta entonces, las relaciones humanas con la Tierra habían sido bastante estables. Era posible tomar un pedazo de la Tierra, asegurar los derechos de propiedad sobre ella, trabajarla, usarla y abusar de ella. La Tierra en sí misma se mantuvo más o menos tranquila. Pero las elites ilustradas pronto comenzaron a acumular evidencias empíricas que sugerían que este estado de cosas no iba a durar mucho. El problema es que, una vez que las élites entendieron que las advertencias de los informes y datos del estado de los sistemas naturales eran correctas, no dedujeron de esta verdad innegable que todo ello les costaría pagarlo caro. En vez de eso, sacaron dos conclusiones, que ahora han llevado a la elección de un señor de desgobierno para la Casa Blanca:

 sí, esta catástrofe ecológica nos obliga a pagar a un alto precio, pero son los otros quienes pagarán, no nosotros. Nosotros continuaremos negando esta verdad innegable.

Si esta ficción plausible es correcta, nos permite entender los procesos de “desregulación” y el “desmantelamiento del estado de bienestar” de la década de 1980; de “negación del cambio climático” de la década de 2000 y, sobre todo, el aumento vertiginoso de la desigualdad en los últimos cuarenta años. Todas estas cosas son parte del mismo fenómeno: las élites se dieron cuenta de que no habría futuro para el mundo y de que necesitaban deshacerse de todas las cargas de la solidaridad lo más rápido posible; de ahí la desregulación. Necesitaban construir una especie de fortaleza dorada para el mínimo porcentaje de gente que lograría avanzar en la vida (lo que nos lleva a una creciente desigualdad) y, para ocultar el egoísmo craso de este vuelco del mundo común, negar completamente la existencia de la amenaza (es decir, negar el cambio climático). Sin esta ficción plausible, no podemos explicar la desigualdad, el escepticismo sobre el cambio climático o la furiosa desregulación.

Voy a recurrir a la metáfora traída del Titanic: las personas de las elites ilustradas ven que la proa se dirige directamente al iceberg, saben que el naufragio es inevitable, agarran los botes salvavidas y piden a la orquesta que toque canciones de cuna para poder hacer una escapada limpia, antes de que las alertas de alarma despierten a las clases más humildes. Desde los rieles del barco, las clases bajas, que ahora están completamente despiertas, pueden ver cómo los botes salvavidas se alejan flotando en la distancia. La orquesta continúa tocando “Más cerca de ti, Dios mío”, pero la música ya no es suficiente para cubrir los aullidos de ira. Y de hecho “rabia” es la palabra para describir la incredulidad y desconcierto que despierta tal traición.

Cuando los analistas políticos intentan captar la situación actual, usan el término “populismo”. Acusan a la “gente común” de complacerse en una visión estrecha, critican sus miedos, su ingenua desconfianza hacia las elites, su mal gusto en la cultura y sobre todo su pasión por la identidad, el folklore, el arcaísmo y las fronteras. Dicen que estas personas carecen de generosidad, de apertura de mente, de racionalidad, no tienen gusto por el riesgo. (¡Ah, ese gusto por el riesgo, predicado por aquellos que están seguros dondequiera que sus millas aéreas les permitan volar!). Este argumentario pretende hacer olvidar que las “élites” traicionaron insensiblemente a la “gente común”, que abandonaron la idea de modernizar el planeta para todos porque sabían, antes que los demás, mejor que los demás, que esta modernización era imposible.

La originalidad de Trump radica en la forma en que reúne, en un solo movimiento e implicando a toda una nación, una loca carrera para obtener el máximo beneficio (los nuevos miembros de su equipo son multimillonarios) y profundizar en las divisiones étnicas, junto con una loca carrera de negación explícita de la situación geológica y climática.

Igual que el fascismo logró combinar los extremos, para sorpresa de los políticos y comentaristas de la época, el trumpismo combina los extremos y engaña al mundo con su esperpento truculento. En lugar de contrastar los dos movimientos, el de avanzar hacia la globalización y el de retroceder hacia al viejo terreno nacional, Trump actúa como si ambas tendencias pudieran fusionarse. Por supuesto, esta fusión solo es posible si se niega la existencia misma de un conflicto entre la modernización, por una parte, y las realidades ecológicas y materiales, por la otra. De ahí el destacado papel del escepticismo sobre el cambio climático, que no puede entenderse sin esta negación del conflicto con los límites de la Tierra. Y es fácil ver el por qué: la total falta de realismo existente entre los que lideran y alientan a millones de miembros de las llamadas clases medias para volver a la ilusoria protección del pasado. Por ahora, este proceso contradictorio entre estado nación y la globalización modernizadora es una forma de permanecer completamente indiferente a la situación geopolítica en la Tierra. Por primera vez, todo un movimiento político ya no afirma que puede enfrentarse seriamente a las realidades geopolíticas; al contrario, se coloca así mismo fuera de cualquier restricción externa y de cualquier límite, por así decirlo. Lo que cuenta por encima de todo es que las élites saben que ya no tendrán que compartir con las masas el mundo.

Es increíble que esta innovación política provenga de un promotor inmobiliario endeudado que ha ido de bancarrota en bancarrota y que se convirtió en una celebridad gracias a los programas de reality TV (otra forma de escapismo). La completa indiferencia hacia los hechos marcaron la campaña electoral de Trump, algo que es simplemente una consecuencia de afirmar que puedes vivir sin haber aterrizado en la realidad. A aquellos que desean regresar al país que una vez conocieron les promete que reencontrarán su pasado (aunque en realidad los está arrastrando hacia un lugar imaginario sin existencia real). Así se entiende que no pueda ser muy exigente sobre las evidencias empíricas.

No tiene sentido enojarse porque los votantes de Trump no crean en los datos; no son estúpidos. La situación es totalmente la contraria: es el hecho de la situación geopolítica general lo que hace que la indiferencia hacia las evidencias se vuelva tan esencial.

Si tuvieran que darse cuenta de la gran contradicción entre la esperanza de la vuelta a la modernización nacional y los límites de la Tierra, tendrían que comenzar a bajar y poner los pies en la realidad. En este sentido, el trumpismo define (por supuesto en negativo) el primer gobierno ecológico.

Y no hace falta decir que la “gente común” no debería tener demasiadas ilusiones acerca de cómo va a resultar esta aventura. No hace falta ser muy brillante para prever que todo terminará en una terrible conflagración. Este es el único paralelismo real con los otros fascismos. El desafío a cumplir está hecho a medida para Europa, ya que es Europa quien inventó la extraña historia de la globalización y luego se convirtió en una de sus víctimas. La historia pertenecerá a los primeros que vuelvan a poner sus pies en una Tierra habitable, a menos que los otros, los soñadores de la antigua realpolitik, finalmente consigan destruir la Tierra para siempre.

Por Bruno Latour. The Great Regression es una colección de ensayos editados por Heinrich Geiselberger que Polity publicará el próximo mes.

Traducido por David Hammerstein, miembro del Consejo Asesor de NoGracias

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La creciente amenaza de bacterias multirresistentes

Las superbacterias aprovechan la contaminación ambiental para volverse invulnerables

Fuente: eldiario.es Las superbacterias han encontrado en un medio ambiente cargado de residuos químicos un medio ideal para crecer y fortalecer su resistencia a los antibióticos. La contaminación de aguas y suelos con los restos de la gigantesca cantidad de medicamentos y sustancias antimicrobianas utilizadas en la ganadería, la higiene personal, la industria o la sanidad favorece la proliferación de colonias de bacterias inmunes, según ha alertado la ONU.

Los antibióticos y productos antimicrobianos que se utilizan de forma masiva en la cría de reses o las piscifactorías, se suministran los humanos o se utilizan en desinfectantes terminan en los ríos, el suelo o el agua del mar donde se topan con colonias de bacterias.

Esos productos no están presentes en la concentración suficiente como para matar esas colonias, pero sí “pueden bastar para estimular la resistencia a los antimicrobianos”, explica el informe de la ONU. Es decir, son un caldo de cultivo para producir superbacterias que luego contraatacarán sin que el arsenal de medicinas sea efectivo contra ellas.

La vía de contaminación más relevante es la del ganado: el 75% de los antibióticos utilizados se aplican a animales. Un estudio encargado por la Agencia Europea del Medicamento calculó que, en 2015,  se habían vendido 8.361 toneladas de antibióticos veterinarios en la Unión Europea más Suiza e Islandia. España fue, con mucho, la primera de la lista con 3.000 toneladas (más del doble que la segunda, Italia). De hecho, se espera que con la dinámica actual el consumo crezca un 67% de aquí a 2030.

El circuito hace que hasta el 80% de los antibióticos pasen de los animales al medio mediante el abono de estiércol que contamina las escorrentías superficiales y las aguas subterráneas. Incluso pueden llegar así a los cultivos de plantas, apunta la ONU que añade, además, que tres cuartas partes de lo que se les da a los peces de la acuicultura también se dispersa en el medio. Y allí ejercen como palanca para que las bacterias que sobrevivan sean las más resistentes.

Los análisis han venido a demostrar que algunos de los genes que vuelven invulnerables a los patógenos en los ambientes clínicos como los hospitales se originaron en las bacterias que medabran en el medio natural.

Un proceso similar ocurre en los circuitos urbanos de abastecimiento. Las aguas residuales municipales contaminantes de muchos tipos: desde productos farmacéuticos y de higiene personal procedentes de los hogares hasta desechos de los hospitales con desinfectantes y, otra vez, antibióticos. También arrastras restos de la actividad industrial.

El ciclo de gestión del agua no es suficiente para eliminarlos. “Las plantas de tratamiento de aguas residuales no son capaces de eliminar todos los antibióticos y bacterias resistentes” que llevan suspendidos, explican. Las depuradoras están pensadas para eliminar contaminantes convencionales o residuos sólidos.

Jabones y desinfectantes

Incluso en los estados que una alta inversión en el tratamiento de aguas residuales, la contaminación bioquímica se escapa. Un grupo de investigadores de la Universidad de Éxeter (Reino Unido) ha hallado evidencias de que muchos bañistas se han expuesto a un variante de la bacteria Escherichia coli resistente a antibióticos: seis millones de baños al año en esas condiciones.

La situación ha hecho que la Agencia del Medicamento de EEUU haya prohibido ciertos antibacterianos en los jabones por “ineficaces” y porque su uso contribuye a la generación de patógenos resistentes. Solo desde 2015, la Unión Europea ha creado una lista de vigilancia de productos contaminantes del agua entre los que hay tres antibióticos.

De manera que los análisis han demostrado que allí donde hay actividades humanas “los niveles de antibióticos y resistencia a ellos aumentan”. Las superbacterias son un problema de salud público hoy pero está considerado como una de las mayores amenazas para el futuro.

Europa en general y España en general están a la cabeza en infecciones resistentes a los antibióticos. El último informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) evidenció cómo los casos de  bacterias inmunes en España crecieron en 2016 entre un 4,7 y un 11%, según el tipo de patógeno. La Escherichia coli y la Klebisella pneumoniae son los microbios más preocupantes.

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Nuevo sistema de prestaciones de dependencia en Gipuzkoa

El nuevo sistema de prestaciones de dependencia en Gipuzkoa entrará en vigor el 1 de enero

La Diputación introduce cambios respecto a la propuesta inicial, entre ellos eleva las cuantías a los dependientes de grado II y III y exime a los cuidadores familiares de más de 75 años de realizar la formación

Fuente: diariovasco.com Arantxa Aldaz, 12 diciembre 2017

El nuevo sistema de prestaciones de dependencia en Gipuzkoa entrará en vigor el 1 de enero. El consejo de gobierno foral ha aprobado este martes el decreto en el que se han introducido cambios respecto a la propuesta inicial presentada por el departamento de Políticas Sociales que dirige la jeltzale Maite Peña.

El decreto establece un nuevo sistema de cuantías, que varían entre los 154 euros y los 834, en función del tipo de prestación y del grado de dependencia. Respecto a la propuesta inicial, se han elevado las cantidades a los dependientes de nivel II y III.

Las cifras definitivas suponen un mayor desembolso del previsto y la Diputación destinará finalmente 4,4 millones más a las prestaciones, hasta un total de 63 millones al año. Con la anterior propuesta, la factura se iba a elevar en 3,6 millones.

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Valencia regulará los permisos por proyectos de cooperación

La Consejería de Sanidad de Valencia y los sindicatos han iniciado la negociación del decreto que regulará los permisos retribuidos del personal estatutario para la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o de acción humanitaria internacional.

Fuente: diariomedico.com Enrique Mezquita.

La Consejería de Sanidad de Valencia y los sindicatos han iniciado en una comisión técnica la negociación del decreto que regulará los permisos retribuidos del personal estatutario para la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o de acción humanitaria internacional.

El nuevo decreto, que se adecuará a la normativa vigente, será aplicable al personal fijo y los temporales con un mínimo de dos años de antigüedad. Según ha informado el sindicato UGT, el punto de partida contempla un presupuesto inicial de un millón de euros anuales para salarios y sustituciones y el tiempo de duración del permiso, entre una semana a seis meses.

Respecto a las retribuciones, ha recordado que la legislación estatal actual sólo permite que estos permisos sean retribuidos parcialmente o no retribuidos y, por ello, se prevé que el estatutario perciba el 70 por ciento de sus retribuciones habituales durante el primer mes, una cuantía que se reducirá hasta el 50 por ciento durante los dos siguientes. Finalmente, los tres últimos serían un permiso no retribuido.

Andrés Cánovas, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha señalado que esas cantidades son “totalmente insuficientes” y apuesta por aumentarlas en la negociación, sobre todo porque la cooperación internacional y humanitaria es muy habitual en el colectivo médico y, por tanto, no se puede desincentivar. En este sentido, Cánovas ha recordado que “en la actualidad, son tres meses como máximo y generalmente suelen conceder dos, uno con el cien por cien del sueldo y el otro de las propias vacaciones del profesional, que también se cobra íntegro”.

Por su parte, desde UGT se ha recalcado “la necesidad de garantizar las sustituciones” para que las colaboraciones se puedan desarrollar sin menoscabo del servicio.

 

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Saturación de urgencias en el Alvaro Cunqueiro de Vigo

La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública ante el colapso de la urgencia del  hospital Álvaro Cunqueiro Vigo con los pacientes en los pasillos y en las butacas, situación inaceptable en un hospital público, que según el presidente Feijoo sería el mejor y más avanzado en Europa (gracias a su construcción y gestión a través de la iniciativa financiación privada) queremos comunicar que:

1.- Estos colapsos periódicos han sido advertidos desde hace tiempo por nuestra Asociación ya que el proyecto inicial sufrió una reducción de 600 camas y el 55.5% del área de Servicios de Emergencia.

  1. Los recortes, realizados por las autoridades del SERGAS, para ahorrar costes a la empresa concesionaria que construyó y financió este nuevo centro hacen que no responda a las necesidades del área de la salud  de Vigo de  la atención sanitaria y  de urgencias y por ello las listas de espera son ya las mayores grande de Galicia, a pesar del poco tiempo transcurrido desde su inauguración.
  2. Desde nuestra asociación nos hemos opuesto  al cierre de las antiguas dependencias del Hospital General, que debería haberse destinado a abrir un servicio de  urgencias extrahospitalarias dotado del personal  y los  recursos diagnósticos necesarios para satisfacer una gran parte de estas enfermedades que terminan en el hospital Cunqueiro
  3. Los únicos beneficiarios de este absurdo han sido el Concesionario (ya se recuperó más del 30% de la inversión realizada) y el Hospital de POVISA que ha recibido run canon más generoso (más de 72 millones € al año).
  4. Por todo esto exigimos la recuperación del Hospital Cunqueiro para la gestión publica, acometer la reforma y ampliación de las urgencias de emergencia y  ñla puesta en funcionamiento de manera rapida de un servicio de urgencias extrahospitalario urgente dotado de todos los recursos necesarios.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

12 de diciembre de 2017

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Saturación en Urgencias de La Paz de Madrid

Las Urgencias del Hospital La Paz vivieron el lunes una de sus jornadas de mayor saturación: 129 enfermos para 61 camas. Salas con capacidad para 24 llegaron a albergar a 53 personas. El centro y la Consejería de Sanidad hablan de “pico puntual” debido a un fallo en el nuevo sistema informático de ingresos, aunque admiten que existe un problema de infraestructuras que tratarán de aliviar con un proyecto de reforma de 13,7 millones de euros adjudicado por obra pública esta semana. Un proyecto que, sin embargo, no convence al sindicato MATS: “Están vendiendo humo”.

Los trabajadores, en lucha desde hace años sobre todo a través de Twitter, aseguran que este nivel de saturación no es excepcional y que suele darse a principios de semana, con mayor intensidad después de un puente. Y todo, cuando aún no ha llegado la época de gripe. Denuncian la falta de personal, de medios y de espacio.

Esta situación, que critican con vehemencia los sindicatos SATSE y MATS, es similar en el Hospital Gregorio Marañón -donde el martes se abrió un área aparte porque no daban abasto-, en el de Móstoles y de manera puntual en Ramón y Cajal.

Una veintena de personas hace cola frente a los mostradores de Atención al Paciente a la espera de que una queja verbal y por escrito ponga fin a su inquietud. El agotamiento y la indignación son evidentes: llevan horas en la sala de espera sin tener noticias de sus familiares; desconocen su estado y su diagnóstico.[/vc_column_text]

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Multiplicidad de géneros

Multiplicidad de géneros

El género referido a la construcción sociocultural de lo femenino y lo masculino, se ha incorporado a numerosos ámbitos humanos y científicos, permitiendo la visibilización de realidades ocultas, en forma de desigualdades o injusticias, que se perciben como algo natural, sin serlo realmente. Por ello, se hace imprescindible “desnaturalizar” el género para contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo. Así mismo la existencia de argumentos que materializan la idea de multiplicidad de géneros y pluralidad de identidades sostendrá la conveniencia de hablar de géneros. Fuente: nuevarevolucion.es Susana Gomez Nuño

Estudios de género

Los estudios de género se centran en un campo interdisciplinario teniendo siempre en cuenta el género como categoría central. Así pues, bajo la mirada del género confluyen diferentes disciplinas e intereses, tales como la sociología, la psicología y los trabajos de algunas feministas y antropólogas. Es destacable el análisis realizado por la antropóloga Margaret Mead en los años 30, en el que constata que otras culturas poseen líneas divisorias entre los sexos, diferentes a las de la sociedad occidental y se cuestiona el carácter natural atribuido a las diferencias entre hombre y mujer.

En los años 50 se establecen las diferencias entre sexo y género a partir del avance en los estudios de psicología y psiquiatría de la mano de John Money, que aporta un componente cultural al concepto de género, y Robert Stoller, que distingue sexo biológico de identidad sexual. Ya en los 70 destacan los trabajos de varias antropólogas feministas que sitúan a la mujer en el mapa de la antropología y hacen de ella objeto de análisis, en tanto sujeto social, preguntándose si la subordinación de la mujer es universal y sacando a la luz el modus operandi de los sistemas de jerarquía social.

Angela Davis establece una conexión paralela entre los diferentes tipos de opresión, generados por la discriminación de género, la etnia, la clase social o la sexualidad, y propone la resistencia colectiva como forma de lucha. Es decir, nos habla de interseccionalidad.

A partir de los 90 se considera el género en términos relacionales, lo cual origina una interseccionalidad con otros sistemas de clasificación social como la clase, la etnia o la sexualidad, lo que genera una concepción mucho más rica y compleja del género. De igual modo, se empodera a sujetos no contemplados antes, como los hombres, lo que favorece una ampliación de los campos de estudio, que no solo abarcarán la desigualdad de las mujeres, sino que se focalizarán en las masculinidades, la diversidad sexual, coincidiendo con la eclosión de la teoría queer, y los múltiples sistemas de opresión social.

En referencia a la interseccionalidad, es interesante incluir el punto de vista de Angela Davis, que aboga por una lucha compartida contra la discriminación de género, el racismo, la pobreza y demás injusticias sociales. La filósofa y activista afroamericana establece una conexión paralela entre los diferentes tipos de opresión y propone la resistencia colectiva como forma de lucha. Es decir, nos habla de interseccionalidad. Se hace, pues, indispensable analizar cómo se relacionan y conforman esas intersecciones, las cuales cuestionan, además, el hecho de que haya categorías unitarias de género.

Sexo y género

Numerosos autores otorgan al concepto de género diferentes definiciones. No obstante, de ellos se desprenden algunos aspectos clave, tales como la dificultad en disociar género y sexo, las relaciones de ambos con los símbolos y la identidad, y su relación con la normalidad impuesta por las instituciones. Podemos sostener que el género no es una categoría descriptiva, ya que una descripción aísla al objeto del sujeto y, en la cuestión de género, el sujeto cognoscente forma parte de la descripción. En cambio, se hace obvio que el género es una categoría analítica, en tanto tenemos presente sus significados y los efectos de los mismos sobre la conformación del mundo social.

Algunas propuestas feministas establecen la diferencia entre sexo y género para evitar caer en el biologismo del cuerpo, entendiéndose el sexo como natural, esencial y biológico, y el género como cultural, posterior, fruto de la construcción social, lo que puede ilustrarse con la frase de Simone de Beauvoir: “Una no nace mujer, se convierte en mujer”. Por otra parte,

la normalidad viene definida por unos parámetros culturales en los que el par masculino-femenino se presenta como contrario y complementario, estableciendo dos únicas posibilidades de elección respecto al género, evidenciándose una sociedad sexista, incapaz de imaginar a las personas de forma abstracta, sin necesidad de catalogarlas como hombres o mujeres.

Judith Butler considera que el género es algo inestable, performativo, resultado de nuestro posicionamiento en el mundo. Asimismo pone en entredicho las categorías de género mediante las prácticas sexuales no normativas.

El género se construye mediante la adscripción a uno de los dos géneros en función del sexo, pero ello no implica que sea esencialista o natural. De hecho, Judith Butler propone la desarticulación entre esencialismo y construccionismo en el binomio sexo-género, aplicable también al tándem naturaleza-cultura. Esta autora postula que el sexo, en tanto se refuta su carácter invariable, puede estar culturalmente construido, de forma que la distinción entre género y sexo no existe como tal y este último se erige “como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura.”

En otras palabras, Butler postula que sexo y género son construcciones culturales y considera el género como algo inestable, performativo, resultado de nuestro posicionamiento en el mundo. Asimismo, nos habla sobre cómo las prácticas sexuales no normativas ponen en entredicho las categorías del género y propone los estudios queer como una forma de repensar otro tipo de sexualidades y géneros, dejando de lado la dicotomía hombre-mujer. Estas nuevas formas de pensar el género han generado lo transgénero, la transexualidad y otras identidades, y nos hace plantearnos si son realmente necesarias las categorías de género para construir una identidad.

Los géneros no son categorías uniformes e inmutables, sino que existen múltiples identidades de género, en las que lo masculino y lo femenino tienen diferentes significados.

Según Begonya Enguix, la teoría propuesta por Butler es útil a nivel teórico para pensar la reconstrucción de los géneros y las relaciones entre los mismos en unos términos performativos, diferentes al esencialismo natural. No obstante, llevar esta teoría a la práctica no proporciona, en general, elementos útiles para la reivindicación política del género ni para pensarse como sujeto.

En conclusión, y haciendo eco del título de este artículo, se hace necesario hablar de géneros más que de género, en tanto ha quedado demostrado con lo anteriormente expuesto que los géneros no son categorías uniformes e inmutables, sino que existen múltiples identidades de género, en las que lo masculino y lo femenino tienen significados que varían en función del contexto en que se dan.

 

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FADSP: Por un cambio de modelo de Financiación Sanitaria

Fuente: FADSP   La financiación del Sistema Sanitario Público, es de importancia trascendental para la sostenibilidad del sistema – en riesgo real de quiebra económica- como consecuencia del aumento de la demanda de asistencia sanitaria asociada al incremento de la enfermedad y la pobreza por la crisis (el paro afecta al 17% de la población mientras la mitad de los asalariados gana menos de 950 euros); los recorte presupuestarios (en personal, farmacia, inversiones, etc.) aplicados por el Gobierno para alcanzar la estabilidad presupuestaria impuesta por la Unión Europea; el incremento del gasto por el recurso a la Colaboración Público Privada para construir y gestionar los nuevos centros sanitarios (multiplica por 7 su coste real); el aumento de la Concertación con el sector privado (creció un 42%); la externalización-privatización de servicios de apoyo (el dinero público para gestión privada ha crecido un 52% en 10 años); la subvención con fondos de la investigación de las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas; la aprobación y financiación de nuevos medicamentos de elevado coste y resultados inciertos; la compra irracional e innecesaria de equipamiento tecnológico; el consumismo y medicalización de la población. Paradójicamente mientras se han recortaron los recursos de la sanidad pública (en torno al 17%) se ha incrementado la financiación del sector privado con dinero público.

El Modelo de Financiación Sanitaria: la historia de un desastre

Históricamente la sanidad pública española se financiaba hasta el 2002 con fondos propios de tipo finalista que se repartían en base al % población de cada comunidad respecto de la total del estado. Todas las Comunidades Autónomas (CCAA) tienen trasferido desde esa fecha la planificación y gestión de la asistencia sanitaria mediante un modelo que ha variado a lo largo del tiempo, con resultados catastróficos para el sistema y la población.

1º cambio del modelo: La Ley 21/2001 modificó la Financiación Autonómica que paso a financiarse mediante la cesión de una cesta de impuestos indirectos que gravan el consumo y la actividad económica, se introdujeron cambios en el reparto (% de personas mayores de 65 años y la insularidad) y se integró la financiación sanitaria dentro de la general. Estos cambio tuvieron efectos negativos para los servicios sanitarios: Integrar el gasto sanitario dentro del total favoreció que algunas CCAA destinaran parte del mismo a fines no sanitarios; la financiación autonómica mediante impuestos indirectos que gravan el consumo y la actividad comercial (30% del IRPF y el 35% del IVA recaudado en cada CA, el 40% de los impuestos especiales que gravan la compra de alcohol, tabaco, hidrocarburos, y combustibles y los impuestos de patrimonio, sucesiones, trasmisiones patrimoniales, etc.), redujo el carácter redistributivo del sistema sanitario público e incrementó la desigualdad territorial (dada la existencia grandes diferencias en la actividad económica de las CCAA). Pero el principal problema de este modelo era que el cálculo del gasto sanitario carecía de racionalidad al utilizar indicadores poblacionales y territoriales que no contemplan las necesidades de asistencia sanitaria en base a los problemas de salud, los costes asistenciales o los gastos en farmacia y tecnologías.

2º cambio: Las deficiencias de ese cambio obligo a convocar la II Conferencia de Presidentes Autonómicos en año 2005, que como aprobó, una importante inyección económica para que las CCAA, pudieran hacer frente a su elevado endeudamiento con los proveedores. Para ello se incrementó del porcentaje del IRPF y del IVA cedidos a las Comunidades Autónomas al 50%; y se crearon nuevos fondos para reducir la insuficiencia y la desigualdades intercomunitarias (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Suficiencia Global y de Competitividad y Compensación Este cambio, además de farragoso y de difícil comprensión, generó nuevas diferencias entre CCAA.

3º Cambio: Estaba previsto para el 2014, pero fue paralizado por el Gobierno alegando falta de recursos por la crisis (Estabilidad Presupuestaria). Ahora la presión de las CCAA, asfixiadas por el corsé de la estabilidad presupuestaria y las deficiencias del modelo, han obligado al Gobierno a abrir el debate para un nuevo cambio en el la financiación autonómica

La Conferencia de Presidentes debería acordar un modelo que garantice la suficiencia global de cada CA y la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público (supone más del 30% de la financiación total), reduzca las desigualdades y se ajuste a las necesidades de salud de la población.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública proponemos que el nuevo modelo debería:

1.Garantizar la suficiencia financiera y la equidad fiscal entre CCAA, muy afectadas por la crisis, los recortes y los problemas de un modelo basado en la población y en unos fondos de compensación irracionales.

2.Incrementar los impuestos a los sectores económicamente más beneficiados que apenas pagan impuestos; combatir el fraude fiscal, eliminar la financiación con impuestos indirectos; y obligar a todas las CCAA a recuperar los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones.

3.Devolver el carácter finalista a la financiación sanitaria, obligar a las CCAA a destinar un % similar, e impedir que estas practiquen dumping social reduciendo impuestos a empresas y patrimonios.

4.Dar trasparencia y simplificar el sistema de cálculo y de nivelación, eliminando los actuales fondos de garantía o sostenibilidad, sustituyéndolos por instrumentos que garanticen la equidad.

5.Crear una partida económica especifica en los Presupuestos del Estado destinada a compensar las diferencia de financiación entre CCAA.

6.Calcular las necesidades de gasto en base las necesidades de salud (enfermedades prevalentes, mortalidad, discapacidad,, determinantes medioambientales y diferencias de recursos sanitarios.

7.Cambiar la orientación estratégica de la política sanitaria: Pasar de la actual estrategia orientada a la enfermedad y la curación a otra basada en la promoción, la prevención, la equidad y el cuidado a los crónicos

8.Controlar el crecimiento irracional del gasto farmacéutico (17.000 millones de euros) dado que somos el 2º pais del mundo en consumo de medicamentos y sigue aumentando (8% en farmacia y 26% en hospitales).

9.Crear una agencia estatal para evaluar y controlar nuevas tecnologías antes de introducirlas en el sistema

10.Poner en marcha una Estrategia Estatal destinada a racionalizar la actividad asistencial basada en evidencia científicamente comprobada (protocolos, guías clínicas, vías clínicas) y en el enfoque integral de los procesos asistenciales.

FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(Diciembre de 2017)

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La “reforma” de la Sanidad Gallega consistirá en nuevos recortes y privatizaciones

El Consello de la Xunta ha aprobado este jueves, en pleno puente de la Constitución, la polémica reforma sanitaria de Alberto Núñez Feijóo.

Fuente: publico.es Juan Oliver

Según la oposición al Partido Popular y los colectivos de defensa de la sanidad pública, que se han manifestado reiteradamente contra la reforma, la nueva normativa discriminará a los pacientes de las áreas rurales y más despobladas de la comunidad, cuyos hospitales pasarán en la práctica a tener una “menor categoría” que los de las grandes ciudades. También creen que rebajará la calidad asistencial, que permitirá asestar nuevos recortes a la inversión en salud y que promoverá y facilitará el proceso de privatizaciones.

Una de las principales novedades de la reforma de la ley de Salud es que se modifica el mapa de la administración sanitaria, que hasta ahora estaba diseñado en torno a las llamadas estructuras organizativas de gestión sanitaria (EOXI, en sus siglas en gallego) que agrupaban a las áreas sanitarias, distribuidas en torno a los hospitales urbanos y comarcales.

Cuando la ley sea aprobada por el Parlamento de Galicia, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se crearán catorce distritos sanitarios, donde la gestión de los hospitales comarcales dependerá de los centros ubicados en las grandes ciudades.

Según la Plataforma SOS Sanidade Pública, esa nueva distribución permitirá a la Xunta eliminar la atención especializada en numerosos servicios que ahora prestan los hospitales pequeños, trasladando pacientes a los grandes centros que ya se encuentran masificados o que están infrautilizados por los recortes, y que, ante su incapacidad para asumir esas derivaciones por falta de inversión, trasladan pacientes a los centros privados concertados. Ese proceso, además, hace recaer en los propios pacientes de las áreas más despobladas y envejecidas, que suelen estar entre los que más necesidades de atención sanitaria tienen, los costes de transporte a las áreas urbanas para optar a esos servicios, así como los derivados del desplazamiento y estancia de sus familiares y acompañantes.

Según denuncia En Marea, en hospitales como el de O Salnés, en Vilagarcía de Arousa, ya se han eliminado especialidades tan relevantes como la Cardiología y la Neurología, y se derivan pacientes a centros privados como el Quirón de Pontevedra mientras se mantiene cerrada seis meses al año una planta entera del centro público. En Burela, en el norte de Lugo, ya no se operan cataratas.

Y en muchos centros ni siquiera se cubren no ya las bajas por jubilaciones o traslados de profesionales sanitarios, sino también las causadas por enfermedad o incluso por libranzas y vacaciones, lo que obliga, de nuevo, a derivar enfermos a la medicina privada.

Según Luis Villares, portavoz de En Marea en el Parlamento gallego, la reforma agravará esa situación porque, literalmente, hace que la sanidad pública sea la responsable de “prestar atención a las necesidades sociales” para centrarse en exclusiva “en la gestión de los recursos disponibles”.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, además, la reforma persigue otros objetivos: de un lado, “quitar poder e influencia a las comarcas y a sus hospitales de referencia para centrar todo el poder en determinados hospitales”, donde sus responsables lo serían también de la adjudicación de subcontratas.

Y en ese punto cabe recordar el proceso de purga en varias jefaturas de servicio de diversos hospitales que ha emprendido el Gobierno de Feijóo para ubicar en ellas a personas afines, y cuyos nombramientos han sido tumbados en los tribunales. O los informes del Consello de Contas de Galicia y las denuncias de Batas Blancas en torno a las irregularidades en las adjudicaciones y subcontratas del hospital de Pontevedra.

De otro lado, se trata de “poner los servicios más relevantes y con mayor capacidad de gasto de los grandes hospitales al servicio de la industria” farmacéutica, ya que la nueva ley les faculta para financiar la investigación de nuevas patentes con fondos públicos y en centros públicos, para luego registrarlas a nombre de esas empresas mediante la figura legal de la compra pública innovadora: “La Xunta compra con dinero público una innovación aún inexistente que las empresas se comprometen a intentar llevar a cabo. SI la operación no sale se reparten las pérdidas, pero si sale, la patente es para la industria”.

La asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que la reforma “consolida el negocio de la industria privada con fondos sanitarios públicos mediante las nuevas figuras de contratación” y permite que las universidades y sus profesionales “estén al servicio de las multinacionales” de la industria farmacéutica.

La Xunta, sin embargo, niega la mayor y asegura que los ciudadanos no notarán cambios con la nueva distribución asistencial. De hecho, el propio Feijóo aseguró el jueves que su reforma “blinda” la prestación de servicios en todos los hospitales, así como su existencia, dado que “ningún Gobierno podrá disminuir o eliminar un hospital comarcal en Galicia si no es por ley y por autorización” del Parlamento.
Además, insistió en que la normativa beneficia a los profesionales sanitarios porque “por primera vez se autorizan concursos de traslados abiertos y permanentes” y se “facilita una mayor movilidad dentro de las áreas” asistenciales.

En los últimos meses, miles de personas han protestado en toda Galicia contra la nueva regulación sanitaria, con manifestaciones multitudinarias en la mayoría de hospitales comarcales. Consciente de los rechazos que suscita, la Xunta la ajustado a un calendario en el que los pasos más importantes se han dado coincidiendo con las vacaciones. El PP la presentó en verano, y tuvo que ampliar el período de exposición pública ante las protestas del sector y las acusaciones de opacidad. Ahora, a falta del trámite parlamentario, la ha aprobado en medio del puente festivo más largo del año.

 

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Aborto: Deshacer el recorte del PP

El Congreso da primer el paso para deshacer la reforma del aborto del PP que quitó derechos a las menores de 18 años Fuente: Eldiario.es

Está siempre pendiente en la agenda feminista. El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tanto se dio hace unos años, sigue todavía coleando y esta semana entra en el Congreso de los Diputados. Lo hace mediante una proposición no de ley de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que entre otras cosas,  pide deshacer la reforma del PP de 2015, que impide a las mujeres de 16 y 17 años abortar sin consentimiento. La iniciativa es una declaración de intenciones que se debatirá este martes en la Comisión de Igualdad como una especie de tanteo con la intención de darle continuidad con propuestas, ya sí, vinculantes.

“Si son adultas para muchas cosas también lo son para esto. Este país ya estuvo de acuerdo, es un retroceso de derechos incomprensible para una democracia”, explica la diputada de En Marea, Ángela Rodríguez, que defenderá la iniciativa.

Se trata de tomarle el pulso a la cámara para saber por dónde respira dos años después de la reforma que impuso el PP para modificar la ley del 2010 de Zapatero. La amenaza era mayor: el objetivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era tumbar por completo la norma socialista y alumbrar la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Quería sustituir los plazos –la interrupción es legal en un tiempo marcado independientemente de las razones– por los supuestos –solo lo es si la mujer se circunscribe a unos motivos concretos–.

Sin embargo,  el Gobierno abandonó la idea entre las protestas multitudinarias del movimiento feminista, y mantuvo solamente lo que tenía que ver con las menores de 16 y 17 años. Con la nueva norma, les arrebató el derecho a decidir si interrumpían voluntariamente su embarazo y les obligó a que el consentimiento fuera prestado por sus progenitores. Ruiz Gallardón  dimitió al ver truncado su plan inicial. El PSOE y Unidos Podemos siempre se han mostrado partidarios de recuperar el consentimiento de las menores.

Así lo establecía la versión anterior al Gobierno de Mariano Rajoy, la de 2010, por la que el consentimiento les correspondía a ellas, aunque al menos uno de sus progenitores debía estar informado de la decisión. Sin embargo, la regla contemplaba una excepción: cuando la menor se expusiera a una situación de violencia por hacerlo, no debía informar a sus progenitores. Cinco años después el rodillo del PP acabó con ello, exponiendo a las jóvenes, según las organizaciones feministas, al aborto clandestino.

Los conservadores no contemplaron en su reforma situaciones de violencia en el ámbito familiar, simplemente eliminaron este artículo de la ley socialista y, aunque dieron marcha atrás en la idea inicial de reforma, mantuvieron un recurso en el Tribunal Constitucional que presentaron en 2010. Desde entonces, ha aplazado el debate, nunca se ha llegado a dictar sentencia y el recurso sigue parado.

Fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es aseguran que no hay vocación de iniciar el debate sobre un recurso que algunos magistrados prefieren dejar en el cajón. “Hay una opinión mayoritaria de dejar el asunto dormido y no afrontar la posibilidad de sentencia”, explican. Frente a esta opinión, otros magistrados se decantan por archivar el recurso con el argumento de que el recurrente (el Partido Popular) ha gobernado con mayoría absoluta y posibilidad de reformar los artículos que consideraba inconstitucionales: “No lo han hecho y de ello se puede deducir que el recurso ha perdido su sentido inicial”, aseguran.

Progenitores informados sí o no

Los partidos que se muestran dispuestos a abordar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo encuentran en  el punto de si los progenitores deben o no ser informados una de sus posibles desavenencias. La propuesta de Unidos Podemos apuesta por devolver el derecho a las menores, pero “dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores”.

Ciudadanos, por su parte, presentará una enmienda propia para pedir que en un plazo determinado se elabore un estudio sobre los efectos de la reforma popular en las menores. En base a esos resultados “habrá que definir cuál es la mejor manera de abordar el tema”, explica Patricia Reyes, diputada de la formación, que aún así apunta a que no descarta apoyar la propuesta de Unidos Podemos.

Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), casi el 90% de las chicas que se sometieron a un aborto en 2014 lo hicieron acompañadas de sus familias; el resto, alegaron diferentes motivos para no hacerlo, como abandono, progenitores en prisión, mujeres migrantes que viven emancipadas en nuestro país o víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.

Un dato que, para el PSOE, que siempre se ha mostrado partidario a regresar a su ley, hace necesario insistir en las menores que viven situaciones conflictivas con sus progenitores y no pueden informarles. “La obligación de la información se negoció intensamente en la redacción de la ley de 2010 y al final se decidió que debían ser informados porque era un punto que podía haber tumbado sin dudarlo el TC; era la forma de garantizar el derecho”, explica la diputada Ángeles Álvarez.

“Debemos negociar con todas las fuerzas políticas, no solo la izquierda. Sin embargo, podemos arriesgarnos a poner en riesgo los derechos de la mayoría por introducir un elemento de máximos”, prosigue. La formación se comprometió el pasado 28 de septiembre, en el día internacional del aborto, a dar marcha atrás a la reforma: “Desde el PSOE nos comprometemos a modificar la ley, cuando existan las condiciones políticas adecuadas”, en especial lo referido a las menores para “evitar el grave riesgo que puede suponer para sus vidas que acudan al aborto clandestino e inseguro”, explicó el partido en una nota.

De hecho, presentó un voto particular para el pacto de Estado contra la violencia machista que la Comisión aprobó aunque fue vetado por el PP –al no ser por consenso no se incluye entre las medidas del documento del pacto–. En él se pedía la modificación de la ley para que las menores de 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, en situación de desarraigo o “en otras circunstancias que las hagan especialmente vulnerables” no se vean obligadas a contar con el consentimiento.

Más allá de las menores

La PNL no solo se refiere a las jóvenes de 17 y 18 años, también incorpora otras demandas como la implantación de un programa de formación para las y los profesionales sanitarios, introducir mecanismos de apoyo para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que, en 2015, fueron 94.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La cifra no ha parado de descender desde 2010, con un pequeño repunte en 2011.

Sin embargo, la mayor parte de abortos siguen realizándose en clínicas privadas (83.153 en 2015 frente a los 11.035 en centros públicos). Por eso Unidos Podemos reclama que se investigue el por qué de estas cifras, se suprima los tres días de reflexión que contempla la ley, se escuche a la mujer en los comités clínicos que deciden si autorizan el aborto o no cuando excede del marco temporal autorizado o que pongan mecanismos contra el acoso de grupos contrarios al aborto que a día de hoy  siguen instalándose a las puertas de las clínicas de muchas ciudades españolas. 

“Queremos volver a recuperar el espíritu integral que mantiene el movimiento feminista respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que está bastante recogido en la ley de 2010, pero faltan cosas por desarrollar”

explica Ángela Rodríguez. De hecho, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla la ley, fue paralizada tras la entrada del PP a la Moncloa, nunca se ha evaluado  y ni siquiera se ha renovado tras caducar en 2015.

 

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