Editorial: El veto parental

por Iñaki Márkez, Psiquiatra y miembro de la Junta de Osalde

El “pin parental”, un terrible eufemismo que esconde la posibilidad de que los padres puedan sacar a los niños de aquellas clases donde se enseña, entre otras cosas, educación en igualdad de sexos. También es identificable como veto, censura, amenaza, etc. pues las connotaciones negativas están presentes. “Los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”, es el eslogan y, de paso, anulan la labor académica y la trasmisión de valores del profesorado, mientras se impide a los menores que accedan a una educación integral e igualitaria.

Que los padres tengan la patria potestad sobre sus hijos no significa que sean su patrimonio y puedan decidir por ellos a su propia conveniencia. No se debe confundir la responsabilidad con la propiedad. Tampoco el Estado es propietario de ninguna persona, cierto, pero ha de velar por su protección y respetar sus derechos, los de la infancia y la adolescencia en este caso, algo que en el sistema de protección que rige desde los años 80 está presente. Cada progenitor es responsable del desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos, de que disfruten del ejercicio de sus derechos, señalados por la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España y que es de obligado cumplimiento, en este caso, el derecho fundamental a la educación de esos menores.

En estas fechas, han sido expuestas por los partidos de derechas unas posiciones afines al viejo Derecho Romano donde los miembros de la familia eran propiedad del pater familias, donde el padre tenía total autoridad y derecho para disponer de sus hijos e hijas, sin considerar su opinión, intereses y necesidades. Una idea que fue utilizada por el franquismo y los grupos fascistas europeos de los años 30. Nada relacionado con la libertad de enseñanza ni con la Constitución y sí con la opción de idearios individuales de algunos padres y madres. Ese derecho que menciona la ultraderecha no es un derecho, es un capricho adoctrinador.

En España durante los cuarenta años de dictadura, a los escolares se adoctrinaba en las escuelas en los principios del dogma religioso imperante y del Movimiento Nacional, entre rosarios y cánticos del Cara al Sol, en posición firme y brazo en alto. Hay muchos padres, madres, abuelas, que están aún para contar las “lecciones” que recibieron del Régimen, los inútiles y mentirosos contenidos (a recordar las fábulas bíblicas, la lista de los reyes godos, la “reconquista” iniciada por Pelayo, los “descubridores” de América, terminando con el “glorioso alzamiento nacional” con los olvidos de las numerosas culturas presentes en la península durante tres milenios), aprendidos con no poca violencia y catecismo adoctrinador dirigidos a una infancia sobreprotegida y programada, impuesto por políticos de notable inmadurez intelectual y sectarismo ideológico, de ideario totalitario y ultracatólico. Quieren hacer como aquellos monjes medievales de El nombre de la rosa que escondían los libros considerados peligrosos o pecaminosos, para que no corrompieran el alma de los fieles cristianos.

El miedo es un combustible potente de la ultraderecha de nuevo cuño. Miedo a pedagógicos libros escritos, dicen, “por rojos que van contra la fe divina”; miedo a las ideas democráticas que nacieron en la Ilustración, y que hablan de libertad, igualdad y fraternidad; miedo a esos maestros de gran iniciativa que son capaces de todo, incluso de arrojar un poco de luz en las tinieblas de la superchería y la ignorancia; y miedo, en suma, a que los inocentes niños y niñas puedan salir de esa granja pretenden rodear de alambre de espino mientras les aíslan de una sociedad más justa.

Esta censura educativa debería obligarnos a recordar algunas cosas sobre lo que significa la escuela y la salud en una sociedad democrática. La Constitución en su artículo 20 apunta a la libertad de docencia, o en su artículo 27.2 que la educación debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. La educación es precisamente la base de la ciudadanía que presupone, por supuesto, libertad e igualdad. La escuela es una ventana al mundo, un lugar de contraste, de cuestionamiento de lo que creemos, pues en ella encontraremos puntos de vista diferentes para forjar nuestro propio criterio. Esa es la función liberadora de esta institución educadora.

La censura educativa de la derecha quiere instaurar un obsesivo control por ciertos padres para imponer a sus hijos su visión particular del mundo en un intento enfermizo por mantenerles en una burbuja de discurso único. Con un clima inquisitorial donde el profesorado esté sometido a los prejuicios de algunos padres. La hija de un padre racista tiene derecho a escuchar una charla sobre antirracismo. Un niño LGTBI tiene derecho a conocer la diversidad de la sexualidad humana, no solo en sus aspectos biológicos, y sentirse en pie de igualdad y verse respetado, aunque sus padres fueran de una secta. Educar en la diversidad y favorecer la convivencia no solo es un derecho de los hijos, de la totalidad de hijos e hijas que comparten aula. Si yo soy racista, machista o tránsfobo, los compañeros de mis hijos no deben exponerse a ser educados bajo mis trasnochados prejuicios.

Se nos olvida que los niños razonan, hablan, comparan, preguntan a sus padres también, cuestionan si algo no les parece convincente e incluso se rebelan cuando un profesor es injusto, poco riguroso o dominado por prejuicios. Pero eso les hace crecer, forjar su carácter y tener criterios, aprender a pensar, a debatir y a discrepar. En lo concreto, ayudemos a que nuestros hijos e hijas sepan que pueden amar a quien quieran, que aprendan a respetar al diferente y que se enorgullezcan de sus avances. Es terrible que haya sectores que «entiendan» estos retrógrados planteamientos que imposibilitan el crecimiento de los niños y niñas en su educación e información, ahora sobre lo afectivo o lo sexual, mañana será sobre la historia, la ética, la memoria, los derechos sociales de todas las personas, etc. Ahora es esta ofensiva contra la escuela pública, mañana contra la sanidad pública, después contra los servicios sociales..,

Aun cuando la Iglesia es dueña de casi toda la enseñanza privada concertada, la derecha española no parece tener límite en sus pretensiones de acabar con todo resto de una escuela pública basada en valores democráticos. Así las cosas, el apoyo de la derecha a la exigencia del “pin parental”, expresa hasta que extremos pretende imponer una educación basada en  el fomento de la individualidad, la exclusividad y la segregación, patriarcal y sexista, propia de unas élites ultraconservadoras que aspiran a perpetuar su poder oligárquico.

Por: Iñaki Márkez