Exclusión sanitaria: Sin reglamento, el Real Decreto 7/2018 no resuelve el problema

Más de 300 entidades congregadas en la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, han exigido por carta a la ministra de Sanidad la aprobación de un reglamento para arreglar las lagunas que ha dejado la normativa con la que el Gobierno socialista pretendía devolver la sanidad a «todas las personas» residentes en España.

Fuente: eldiario.es  «Más de 300 organizaciones exigen al Gobierno que repare esta semana la exclusión sanitaria de inmigrantes» Gabriela Sanchez, 23/2/2019

(…) Tras la adopción del Real Decreto 7/2018 que pretendía recuperar la sanidad universal, muchas personas continúan excluidas del acceso a la asistencia pública. Entre ellas, los padres reagrupados en España por sus hijos españoles, así como mujeres embarazadas y menores en situación irregular que no pueden documentar una estancia en el país mayor de tres meses, como ha publicado en exclusiva eldiario.es.

(…) «la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes»

(…)  REDER, Amnisía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal instan al Ministerio a reparar «dos ejes fundamentales» a través de un reglamento. Entre ellos se encuentra «la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar». (…) «Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento»

(…) Otro foco mencionado por las entidades es blindar la atención sanitaria gratuita a «mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata», unos supuestos que aparecen especificados en la reforma aprobada en julio por Pedro Sánchez.

En cuanto a la obligación de empadronamiento: (…) «La persona que vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo», explican las entidades firmantes. Por esta razón, aclaran, solicitan «la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc.».