España suspende en la evaluación de los compromisos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Recuerda que nuestro país pese a la recuperación económica a partir de 2014 no haya modificado estas medidas y que  deberían ser temporales, y además que no se haya efectuado una evaluación de su impacto sobre las personas afectadas.

            Las recomendaciones emitidas reflejan la evidencia aportada por el informe paralelo remitido al Comité por  la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y 35 organizaciones españolas ( Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) El Comité ha instado a España a otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales el mismo estatus que los derechos civiles y políticos en su ordenamiento jurídico y a que establezca en su legislación las protecciones y garantías para ellos.

Una sanidad sin discriminación

El Comité reclama al Gobierno de España que tome “las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto”.

Determina que el real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, ya que no solo limitó el acceso a servicios de salud a personas inmigrantes, sino que ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud” e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas.

En este sentido, expresa su preocupación por algunas sentencias recientes del Tribunal Constitucional (TC) que impiden que las Comunidades Autónomas protejan mediante sus propios recursos los derechos del Pacto. Un caso paradigmático son la serie de decisiones del TC que desde el pasado mes de diciembre han ido declarando inconstitucionales varias normativas autonómicas que ampliaban la cobertura sanitaria a colectivos excluidos.

También se ha referido al impacto negativo del RDL 16/2012 en el acceso de las mujeres migrantes a información y a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y contraceptivos de emergencia.

De igual modo, recomienda a España que asegure la enseñanza integral y apropiada para ambos sexos sobre salud sexual y que cuente con un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte de los profesionales de salud. Asimismo, debe eliminar las disparidades entre Comunidades Autónomas (CCAA) en la distribución de contraceptivos de emergencia y en el acceso y disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva. Finalmente, recoge la supresión del requisito de tener el consentimiento del representante legal para que las adolescentes entre 16 y 18 años y las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde la FADSP tenemos que señalar, una vez mas, que el gobierno central mantiene una política de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública que tiene efectos muy negativos sobre la salud y el derecho a la atención sanitaria de la población, resultando así uno de los principales obstáculos para que el objetivo de salud para todos de la OMS pueda hacerse efectivo.

7 de abril de 2018