ONGs denuncian la progresiva criminalización de la defensa de los Derechos Humanos
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, Michel Forst (relator de la ONU) ha alertado de los ataques «sin precedentes» contra quienes defienden los derechos de migrantes y refugiados. «Se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar y se les han embargado sus embarcaciones», aseguró antes de la retención del barco de Proactiva Open Arms en Italia. Los principales obstáculos que enfrentan estos activistas son las dificultades de acceso a las zonas fronterizas y la criminalización de su labor, según Forst
Fuente: eldiario.es desalambre 22/3/2018 «Un relator de la ONU denuncia que incautar barcos de rescate como el Open Arms garantiza muertes «intolerables»Extracto
(…) Las autoridades italianas retienen uno de los barcos de la ONG catalana Proactiva Open Arms e investigan a su equipo por un posible delito de tráfico de personas tras no entregar a un grupo de migrantes rescatados a una patrulla libia.
(…) quienes alzan la voz contra la situación de estas personas se han encontrado enormes dificultades para ejercer su labor, según concluye en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que finaliza este viernes en Ginebra.
Estos activistas…se enfrentan a restricciones sin precedentes, incluidas amenazas y agresiones, acusaciones en el discurso público y criminalización… se ha detenido y acusado de contrabando de personas a defensores que han salido al mar para rescatar a personas en movimiento y se les han embargado sus embarcaciones.
OPEN ARMS no ha sido la única en ser blanco de estos ataques, .. también ocurrió en agosto con la embarcación de la alemana Jugend Rettet, que permanece atracada en un puerto italiano después de que se abriera una investigación contra la ONG por mantener presuntos «contactos con traficantes». O en el caso de los bomberos de Proem-aid, que serán juzgados en mayo tras ser detenidos bajo la acusación de tráfico ilegal cuando rescataban a refugiados en el Egeo.
Seguirán apareciendo cadáveres de esas personas arrastrados por el mar o enterrados en fosas sin identificar, o simplemente, esos cuerpos desaparecerán en cantidades intolerables.
El informe destaca la difícil situación que atraviesan estos activistas que se enfrentan a problemas derivados de las agresiones y amenazas que sufren en general todos los defensores de derechos humanos.
Forst atribuye también estos problemas a aspectos preocupantes como el giro del discurso público de los Gobiernos que presentan la inmigración como un problema de seguridad para justificar políticas migratorias más estrictas.
En muchas ocasiones, las personas migrantes se convierten en defensoras de sus propios derechos y, en estos casos, sufren «muchas más agresiones» por su condición
Obstáculos al trabajo en la frontera
(…) Los migrantes, dice Forst, «frecuentemente, se ven obligados a confrontar los riesgos de atravesar zonas fronterizas militarizadas o navegar por mares peligrosos» y quienes tratan de ayudarles mientras lo hacen se enfrentan también a riesgos.
Algunos defensores han sido acusados de contrabando de personas cuando trataban de rescatar a refugiados en alta mar, o han visto limitada su capacidad de acción por la imposición de un creciente número de restricciones reglamentarias. Y explica que estas zonas fronterizas suelen estar controladas por autoridades militares que «restringen el acceso y la prestación» de ayuda humanitaria a los defensores.
En varios países, las autoridades han ordenado el cierre de comedores sociales, el embargo de embarcaciones de rescate y la demolición de centros de alojamiento temporal.
En sus recomendaciones, el relator pide a los Estados que se respete la normativa internacional sobre el rescate de personas en el mar y velen para que no se criminalice a nadie por salvar vidas.
(…) Quienes tratan de prestar asistencia humanitaria en la frontera sin autorización son criminalizados (…) la propia situación irregular de las personas que tratan de cruzar las fronteras, a veces provoca que los activistas que trabajan con ellos sean acusados de facilitar de alguna otra manera su presencia irregular
Esta «criminalización» (…) «refuerza el estigma social» que pesa sobre las personas migrantes, ya que puede promover actitudes de indiferencia y racistas.
El experto opina que criminalizar a estos activistas tiene por objeto deslegitimar su labor y supone una amenaza porque desalienta a voluntarios y a donantes privados, en un contexto en que los Estados, en muchos casos han reducido los fondos públicos destinados a las ONG que trabajan con migrantes.
Por último, recuerda que la falta de vías legales y seguras empuja a muchas personas a ponerse en manos de traficantes, y esto también implica un riesgo para quienes los defienden.
«Los tratantes de personas han amenazado y matado a defensores que intentaban denunciar sus actividades»
