La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investigará las decenas de incendios que se vienen produciendo en plantas de tratamiento de residuos de toda España para conocer si existe una trama corrupta detrás de estos casos, según ha confirmado en una carta el propio Ministerio Público al diputado de Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde.

El pasado 12 de diciembre, la formación verde interpuso una denuncia ante la Fiscalía por los, al menos, 145 fuegos en plantas de reciclaje que se han producido en todas las comunidades autónomas a excepción de Cantabria desde el año 2012. El diputado solicitaba a la institución que investigara si hay un nexo común en todos ellos, un mismo modus operandi o determinados intereses económicos detrás. Ahora, la Fiscalía ha incoado diligencias para su esclarecimiento “dada la relevancia de los hechos denunciados”, señala la misiva.

Cuando son provocados, los incendios en plantas de residuos son un crimen ambiental porque contaminan gravemente la atmósfera poniendo en riesgo la salud de los vecinos y vecinas. La decisión de la Fiscalía de investigar lo que hay detrás de esos incendios en plantas de reciclaje es una buena noticia. Esperamos que llegue hasta el final y puedan clarificar qué intereses hay detrás de estos numerosos fuegos”, ha señalado López de Uralde.

Los incendios en vertederos no sólo son numerosos, sino que llevan una progresión creciente: fueron 10 en el año 2012, 17 en 2013, 12 en 2014, 18 en 2015, 32 en 2016 y han superado el medio centenar (53) en lo que va de 2017, según la página BlogSOStenible, que lleva contabilizándolos desde el año 2012. Algunos casos en la lista son especialmente llamativos, como el de la planta de reciclaje de productos industriales de Chiloeches —donde ardieron 20.000 toneladas de residuos peligrosos—, y que ha ardido siete veces en dos años.

Este caso, al igual que el incendio en el cementerio de neumáticos de Seseña, fueron investigados por la Justicia, pero en la mayor parte de los fuegos que se producen no se conocen las causas y pocos o muy pocos han derivado en un proceso judicial.

Las sospechas de los denunciantes, así como de otras organizaciones ecologistas que llevan años pidiendo que se investiguen estos casos, reside en un polémico modelo de gestión de residuos. Por lo general, las administraciones y productores de residuos pagan a las empresas por adelantado por hacerse cargo del servicio de reciclaje, aunque los controles y el seguimiento que se hace posteriormente de ese material es casi inexistente. Como gestionar los residuos una vez recogidos es caro, los denunciantes sospechan que algunas empresas puedan optar por quemarlos y ahorrarse los costes. Otras veces se almacenan en grandes cantidades, para hacer más rentable el proceso, con el consiguiente riesgo de que finalmente terminen ardiendo.