Ildefonso Fernández Aguado: «Morirán más de 50.000 personas»

Fuente: Tribuna abierta del Diario.es 

La pandemia cogió a una España que ha olvidado sistemáticamente la salud pública a la que dedica menos del 2% del gasto sanitario –de donde quieren que salgan ahora los epidemiólogo

Ildefonso Hernández Aguado

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH

23 de julio de 2020 22:41h

Cambiar el rumbo de la política pública de salud y de nuestro Sistema Nacional de Salud requiere una acción decidida para ganar salud y con ello conseguir, además de evitar enfermar, que necesitemos lo menos posible la ayuda de los servicios asistenciales para recobrar la salud perdida. El Dictamen de la Comisión de Reconstrucción sobre Sanidad suena a ratos bien, incluso contiene acuerdos elogiables, pero de nuevo se olvidaron de la Salud Pública en un agridulce Dictamen que asume escasos compromisos firmes y no contiene calendario de trabajo.

Como de costumbre, la salud pública queda como un apéndice que adorna al resto del Sistema de Salud, quizá por eso algunos Consejeros y Consejeras no han entendido que para navegar después del estado de alarma era necesario ir bien pertrechados de trabajo epidemiológico de campo y de buena inteligencia epidemiológica, que había que contratar personal y en algunos casos formarlo con rapidez. Creyeron algunos que con aplicaciones informáticas o centralitas de llamadas se solucionaba, al parecer no conocen el trabajo de los servicios de salud pública y así nos va.

Suena extravagante y también revelador que los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción sobre salud pública comiencen por «Desarrollar e implementar la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública», es decir que, se acuerda que hay que cumplir las leyes después de 9 años de incumplimiento flagrante. A partir de ahí, se suceden una serie de infinitivos (reforzar, actualizar, impulsar, etc.) poniendo deberes opcionales al Gobierno y a las comunidades autónomas. El Congreso no se ha puesto deberes así mismo, como si el legislativo no tuviera capacidades. De hecho, a los parlamentarios del Grupo de Trabajo de Sanidad se les recordó que cada año mueren más de 50.000 personas a causa del tabaco, y que hay otros problemas de salud pública prevenibles con políticas o acciones no estrictamente sanitarias sino con políticas que pueden partir del propio poder legislativo. Se les pidió que regulasen de nuevo el tabaco, para conseguir aire no contaminado en todos aquellos lugares donde hay niños (terrazas, parques, playas, coches, etc.) Se les pidió también que instaran al Gobierno a que subiese el precio del tabaco de forma decidida. No hicieron caso. La pandemia de COVID-19 volverá a causar demanda sanitaria, quizá con intensidad cuando llegue el otoño, cualquier acción que contribuya a aligerar el trabajo de nuestros sanitarios debería ser una prioridad, tanto más si no requiere inversión. Con las medidas mencionadas, la prevalencia de tabaquismo se reduciría con rapidez un 1 o 2%, que parece poco, pero que tiene un inmenso impacto en la reducción de demanda de ayuda médica por problemas respiratorios y cardiovasculares. Además, a largo plazo reduce la susceptibilidad a padecer enfermedad grave si una persona se enferma por coronavirus. También y sin éxito, se les pidió que regulasen otros productos insalubres que están en el origen de problemas como la diabetes, la obesidad o las enfermedades cardiovasculares que contribuyen a la gravedad de la COVID-19. Para que sirven las palmas si después no se hace nada por facilitar el trabajo de los sanitarios.

Aunque sea tarde, es vital que se cumpla la Ley General de Salud Pública, pero hace falta mucho más. No hay acuerdos concretos a corto plazo sobre las acciones indispensables del Ministerio de Sanidad para gobernar el nuevo tiempo de pandemia, ni se exigen decisiones al respecto, no se pone plazo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para adoptar decisiones de carácter urgente sobre por ejemplo: garantizar la capacidad de detección, notificación, análisis y comunicación de los casos de COVID-19 mediante el refuerzo de la atención primaria y los servicios de epidemiología; redactar y aplicar planes de preparación y respuesta para diversas contingencias asociadas a rebrotes en distintos ámbitos (sanitario, sociosanitario, laboral, escolar, etc.); establecer reservas estratégicas de suministros imprescindibles; implantar medidas concretas para reducir las desigualdades sociales en salud relacionadas con la COVID-19. Tampoco hay acuerdos concretos a largo plazo y hay olvidos sorprendentes como no considerar la especialización en salud pública de veterinarios y farmacéuticos, entre otros.

Cierto que se ha acordado crear una subcomisión o grupo de trabajo parlamentario para el seguimiento de los acuerdos en materia sanitaria en el Congreso de los Diputados, para abordar desde el consenso político los retos necesarios para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud del futuro y asegurar una sanidad pública que responda a las necesidades y demandas de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios. Sin embargo, el Congreso no establece plazos de cumplimiento de los acuerdos ni prevé un calendario de rendición de cuentas. Véase un ejemplo de propuesta no considerada por la Comisión: «Instar al Gobierno a que convoque a un grupo de personas expertas en áreas de salud pública –incluyendo sus distintas disciplinas– y en legislación –administrativa, calidad normativa, etc.– así como a personas con experiencia en diseño institucional. Al grupo se le comisionará para realizar el diseño de la agencia estatal en salud pública en un plazo de tres meses, que tras el examen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y su potencial enmienda, sería propuesto al Gobierno». Si no hay compromisos firmes, si no hay calendario y si no se rinde cuentas, los acuerdos pueden quedar en nada.

La pandemia cogió a una España que ha olvidado sistemáticamente la salud pública a la que dedica menos del 2% del gasto sanitario –de donde quieren que salgan ahora los epidemiólogos–. El coronavirus llegó a un país que entiende que evitar muertes y tragedias humanas mediante la prevención y la acción en todas las políticas de gobierno es algo opcional; que olvida que las condiciones sociales y económicas son las causas de la mayor parte de los problemas de salud; que la pobreza generada y el desprecio a los derechos de humanos deja marcas indelebles que se expresan como problemas de salud a largo plazo; que ha cerrado instituciones de investigación y formación de salud pública en los últimos decenios; que no ha invertido decisivamente en la aplicación de nuevas tecnologías a la vigilancia de salud pública transigiendo con un sistema de vigilancia infradotado, pasivo o reactivo y parcial; que en lugar de usar la capacidad regulatoria para proteger la salud prefiere llegar a acuerdos con las industrias de productos insalubres que son los vectores de la enfermedad; que no se plantea siquiera que haya una política de salud explícita con prioridades claras; que se olvida de que la equidad efectiva no es que haya igual para todos en todo el territorio, sino que haya más para quien más lo necesita. La salud pública se basa en la justicia social efectiva y en los derechos humanos, si ahora la volvemos a olvidar, volveremos a tropezar.