Vacunación frente a Covid-19. Un debate a la zaga

Introducción:  Agurtzane Ortego Fernández de Retana, médica de familia jubilada, presidenta del Comité de Ética Asistencial y vocal de la Junta Directiva de Osalde

Nuestro comité, al igual que otros organismos y asociaciones, ha sentido la necesidad de reflexionar durante esta pandemia sobre decisiones y medidas adoptadas por el gobierno y las administraciones sanitarias, tanto por la manera en las que son trasladadas a la población, como por la trascendencia de las mismas. Cuando no hay suficiente  transparencia, ni buena comunicación, ni posibilidad de una deliberación social, se corre el riesgo de infantilizar a la población y se disminuye su confianza en las instituciones y en las medidas que adoptan.

En el caso de la vacunación frente al Covid-19, se  ha suscitado un debate poliédrico muy complejo que afecta al conjunto de  la sociedad. Identificamos importantes conflictos de valor, como son el de la adecuada prescripción de la medida preventiva y el de la obligatoriedad de la misma, cuando la realidad es que la planificación de la vacunación masiva, se mueve en niveles muy alejados de una ciudadanía que solo conoce, de manera fehaciente, que el gobierno le recomienda vacunarse.

El comité de ética de atención primaria de Bizkaia (CEAAPB) ha elaborado este documento intentando dar respuesta a  preguntas como las planteadas a continuación, quedando pendiente para más adelante el abordar los aspectos de Justicia (criterios de priorización y aspectos de gestión del conocimiento, ética de las patentes, solidaridad y salud global).

¿En qué se fundamenta el deber ético de promover la vacunación en toda la población?

¿Es aceptable, someter a la población sana a un posible riesgo cuando para la mayoría es una enfermedad banal y no hay evidencia de poder conseguir inmunidad de grupo con la vacunación?

¿Qué sabemos y qué no sabemos de las vacunas disponibles en nuestro país (comercializadas con autorización condicional)?

¿En qué situaciones puede obligarse a una persona a recibir la vacuna? ¿Es admisible el establecimiento por el Estado de medidas coercitivas que, si bien pudieran tener efectos beneficiosos para la población, lesionan derechos y libertades de ciudadanas y ciudadanos concretos?

¿En qué se fundamenta el deber ético para la decisión personal de aceptación o rechazo?

¿Es ese deber igual para los profesionales sanitarios y sociosanitarios u otros colectivos?

¿Las medidas adoptadas con el objetivo de garantizar la salud de la comunidad, deben estar asentadas en un conocimiento científico-técnico sólido, ¿hasta dónde es ético moverse sin certeza?

¿Es la sociedad consciente de la fragilidad actual del conocimiento biomédico?

¿Cómo se planifica la provisión de la necesaria información para el ejercicio autónomo del consentimiento ante la vacunación?

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