Un plan para destruir la atención primaria madrileña

Un plan para destruir la atención primaria madrileña

Fuente: MARCIANO SÁNCHEZ BAYLE 31 DE MAYO DE 2021 nuevatribuna.es

La Atención Primaria de Madrid vive desde hace años unos tiempos muy oscuros, porque el Gobierno regional una vez que fracasó la operación Lasquetty de privatización en 2012 decidió que había que continuar el deterioro y desmantelamiento de la misma, y esa situación se agravo con la pandemia que aparte de aumentar la demanda asistencial provoco otros efectos muy negativos como el cierre de centros, la casi desaparición de la atención presencial y el bloqueo de las citaciones. En este contexto la Comunidad plantea un autodenominado Plan de Mejora de la Atención Primaria.

La AP de Madrid esta crónicamente subfinanciada desde hace años. En 2019 recibió un total de 250 millones de euros menos de lo que le correspondería para homologarse a la media de las CCAA por habitante y año. La Comunidad de Madrid propone ahora 73 millones de euros en 3 años, lo que seguiría dejando a la AP madrileña en una situación de precariedad económica que se mantiene durante demasiado tiempo, porque conviene recordar que es la comunidad autónoma que destina menos euros por habitante y año y menos porcentaje sobre gasto sanitario publico a la AP, una situación que es necesario cambiar ya, porque si no se le dota de una financiación suficiente su capacidad de mejora es muy limitada.

Si no se produce un aumento importante de las plantillas no será posible recuperar la capacidad de la atención primaria para atender a la población

La plantilla de la AP madrileña está en cuadro, la ratio de enfermeras y pediatras por habitante es el menor de todas las CCAA, en el caso de medicina de familia esta en el tercer lugar y en cuanto al personal administrativo muy por debajo de la media, y los recursos de las unidades de apoyo son exiguos. El Plan prevé incrementos de plantilla notoriamente insuficientes (1.200 trabajadores en 3 años) que ni siquiera cubren las bajas producidas, por jubilaciones y/o otras incidencias, en estos años, ni tiene en cuenta las jubilaciones previsibles en los próximos. Desde la ADSPM venimos reclamando de manera urgentes, el aumento de 500 profesionales de la medicina, 5.000 de enfermería y 600 en las unidades administrativas, más un aumento en las unidades de apoyo (fisioterapia, odontología, etc). Si no se produce un aumento importante de las plantillas no será posible recuperar la capacidad de la AP para atender a la población.

Un problema fundamental en este momento son las demoras en las citaciones en la AP que se están produciendo, agravadas por la pandemia, y la ausencia de atención presencial que deteriora la calidad de la asistencia y expulsa a la ciudadanía a las urgencias hospitalarias o al sector privado, y el Plan al final apuesta por continuar e incluso ampliar el cierre de centros, disminuir los horarios de los mismos y dificultar el acceso de las personas a la AP, es decir empeorar la situación y crear barreras en el acceso que solo agravaran la ya precaria realidad actual.

No puede mantenerse una AP donde conseguir una cita por teléfono es básicamente imposible y para lograrlo hay que acudir a hacer cola en la puerta de los centros de salud, y te la dan telefónica y solo cuando te llaman pueden derivarte a una presencial, a la postre una demora de más de 15 días en la atención presencial con las implicaciones que ello tiene sobre las patologías que presenta la población.

Por otro lado, el Plan supone dos áreas claras de privatización: la creación de una centralita sanitarizada y el proyecto de urgencia extrahospitalaria, que están pensados para favorecer, una vez más, los intereses privados con dinero público.

Por lo tanto hay que rechazar este Plan regresivo, garantizar recursos y personal suficiente para la AP, así como la apertura de todos los centros de salud en su horario habitual, con las mismas prestaciones existentes antes de la pandemia, y asegurar citas presenciales en AP en un máximo de 48 horas.

Para echar abajo este Plan es necesario que trabajadores de la Sanidad Pública y población nos movilicemos de una manera unitaria contra una propuesta regresiva y privatizadora que atenta directamente contra una AP de calidad y accesible.