Etiqueta: Derecho a una muerte digna

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¿Qué supondrá la ley que regula la eutanasia?

Tras su aprobación en el Congreso, el proyecto de ley continúa su tramitación en el Senado.

por Juan Antonio Salcedo. FADSP, 17 de diciembre de 2020

El día 10 de diciembre, el boletín oficial de las Cortes Generales publicaba el Informe emitido por la ponencia sobre la mencionada proposición de ley de eutanasia y este jueves ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados.

Este hecho tan esperado va a suponer un alivio para todas aquellas personas que no quieren verse sometidas a un sufrimiento innecesario cuando no tienen otra alternativa razonable a su enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante.

La ley no obliga a nadie y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia

Se reconocerá, de esta forma, el derecho a decidir que asiste a cada persona en relación con el hecho de cuándo, cómo y dónde morir si nos encontramos ante procesos, como los ya referidos, causantes de sufrimiento y pérdida de calidad de vida. Por otro lado, la ley no obliga a nadie y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

¿El debate ha conseguido mejorar la propuesta original? En general hay cambios más bien de matiz pero no sustanciales tal y como exponíamos en un artículo previo cuando examinamos la propuesta inicial del PSOE, lo que probablemente obedece más a la prudencia del legislador que no a otras razones, al igual que el espíritu garantista al no suprimir los controles previos por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación, si tenemos en cuenta lo observado al respecto en la legislación de otros países europeos.

Nos parece importante que se garanticen los medios necesarios para que la información llegue al solicitante de la prestación en un formato adecuado y comprensible a sus condiciones, hecho destacable al ser básico para que se tomen decisiones fundamentadas, quede claramente explícita su firme voluntad y la inclusión de todo tipo de documentos y diferentes pasos en su historia clínica.

También es importante el haber acotado los plazos de tiempo de una forma concreta, hecho que no se especificaba en la propuesta inicial. Dado lo burocratizado del proceso en sí, independiente de la necesidad, no se pueden dejar las actuaciones al plazo de tiempo más breve posible.

No obstante, debería haberse explicitado la ausencia de terminalidad si bien, parece inherente a las definiciones de padecimiento y enfermedad, al igual que la alusión a los problemas de salud mental. También, deberían haberse incluido otros tramos de edad, ya que no tiene sentido conceder al menor no emancipado legalmente, con un cierto grado de madurez suficiente, la capacidad para rechazar un tratamiento y no, la de solicitar una prestación eutanásica.

Otra cuestión que parece que se suscitó en el debate, está relacionada con el lugar donde practicar la prestación. Está claro que debe hacerse en todo centro público, privado o domicilio particular del solicitante, guardando las debidas condiciones, pero el problema está en si considerar una residencia el equivalente a un domicilio particular, sobre todo en el contexto de la epidemia que estamos sufriendo. En primer lugar, quién debería tomar la decisión del lugar en el que se debe realizar la manera elegida, es el solicitante en el supuesto de estar consciente, o en caso contrario, donde haya estipulado previamente o donde el responsable de tomar esa decisión diga. En segundo lugar, si vive en una residencia, ese debe de ser su domicilio y por lo tanto el lugar de aplicación. El problema estriba en que esta debe disponer de los espacios adecuados que cuiden los aspectos de intimidad y amparo familiar que se requieren, hecho a considerar evidentemente en una nueva organización de la atención a los ancianos.

En cuanto a la objeción de conciencia, debería quedar explicitado en el texto, que por el mero hecho de estar el/la solicitante en una institución religiosa, esta prohíba a sus trabajadores/as que hagan estas prácticas.

En relación con el médico consultor, dice que debe de ser un especialista en los padecimientos de estos pacientes. Estos pacientes deben de ser asistidos en Atención Primaria fundamentalmente, y por lo tanto, el médico consultor debe ser otro integrante del Centro de Salud, es decir un Médico de Familia y así debería figurar. En el caso de estar en el Hospital, debe de ser un internista.

Como ya sugerimos en el artículo mencionado, el control previo del proceso que ha de llevar la Comisión de Garantía y Evaluación (mejor que de Control y Evaluación), debería haberse suprimido. Como ya comentamos, ayudaría a desburocratizar el proceso, evitaría dilatar el procedimiento, es una agresión al solicitante, desmotiva a las/os trabajadores sanitarios, produce un boicot a la realización de estas prácticas y no sirve para aportar mayor seguridad. Un análisis de la Comisión belga sobre 1.446 casos, ha demostrado que se pidieron explicaciones aclaratorias a 389 facultativos y en otros 93 se hizo alguna observación, pero en ninguno se tuvo que dar parte a la Fiscalía. Este proceder garantista exagerado y sin fundamento, vistos los antecedentes, pone en evidencia la timidez del legislador o quizás un miedo al qué dirán.

Se subsana el determinar el número de miembros, siete en total, que no se explicitaba en la propuesta inicial. Es importante garantizar su multidisciplinariedad y fundamental su independencia ideológica, por lo que hay que plantear el método de elección. En su composición, realizada con criterios de paridad de género, deben estar representados profesionales sanitarios, bioeticistas, juristas y miembros de la sociedad civil que tengan relación con la atención a estos pacientes. A modo de sugerencia, el proceso de nombramiento debería de obedecer a una convocatoria pública y elección por los parlamentos autonómicos. Fundamental lo reflejado en el Artículo 17 apartado 5. en relación con una necesaria coordinación a nivel ministerial con la finalidad que se señala.

Confiemos en que la ley salve también el trámite parlamentario del Senado y su puesta en marcha alivie el sufrimiento de determinadas personas aunque no estará exenta de polémica por parte de la Iglesia y de los sectores más conservadores que probablemente la recurrirán.

Juan Antonio Salcedo | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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Diversidad sexual en la infancia

por Iñaki Márkez, Psiquiatra y miembro de la Junta directiva de Osalde

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Covid-19: Garantizar el acompañamiento

Fuente: Radio Euskadi y redes: Mensaje de Jesús Sánchez Etxaniz. Responsable de la Unidad de Hospitalizacion a domicilio y cuidados paliativos pediátricos del Hospital Universitario de Cruces.

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Documental “La promesa”

El documental “La promesa” del portugalujo Danel Aser Lorente Tellaetxe, acaba de ganar el premio al “MEJOR CORTO DOCUMENTAL EXTRANJERO” del Festival Internacional de UTAH (DOCUTAH). Uno de los más importantes de Estados Unidos.

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Ley de eutanasia: un proyecto de raquíticas aspiraciones

La Fundación Ramón Rubial celebró ayer en Bilbao la conferencia debate titulada “¿Por qué una ley de Eutanasia?”, con la participación del portavoz socialista en el Congreso, Jesús María Fernández quien explico todos los aspectos de la Ley que se debate en Madrid. (más…)

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Rastreador Sanitario

Según la OMC, no faltan médicos, están mal distribuídos

(…) Serafín Romero, presidente de la OMC, ha recalcado que “con la foto fija 2017, no diríamos que faltan médicos, si bien no están bien distribuidos. Pero haciendo una proyección, está claro que nos van a faltar médicos y sobre todo en ciertas especialidades” (…) Teniendo en cuenta que la población mayor de 65 años podría ser de 34,6 por ciento en 2066, con una tasa de dependencia del 87,7 por ciento (…) habrá que poner el foco en ciertas especialidades como Familia, Medicina Interna, Digestivo, Neumología, Geriatría, Cardiología o Anestesia. Además, teniendo en cuenta el número de plazas MIR que se han convocado y el envejecimiento de cada especialidad, también preocupa la situación de Microbiología, Medicina Legal, Otorrinolaringología, Oftalmología y Cirugía General.


Juan Simó, elmedicointeractivo.com“Si algo se ha gestionado mal durante años ha sido la decisión de cuántos médicos formar en nuestras facultades, cuántos especialistas formar en el MIR y cuántos puestos de trabajo en la Sanidad pública cubrir mediante oposiciones periódicas de forma que se ofreciera estabilidad laboral a los profesionales. La pésima macrogestión de las necesidades de médicos por la manifiesta descoordinación entre Sanidad y Educación en el ámbito estatal y autonómico, y la tosca y arcaica meso y microgestión del personal nos han llevado hasta aquí. ¿Cómo explicarán todo esto los responsables políticos que tomaron estas decisiones? ¿Qué les van a decir ahora a todos esos licenciados (miles) que durante muchos años no accedieron a una especialidad porque se ofertaron insuficientes plazas MIR? ¿Qué les van a decir ahora a todos esos jóvenes (miles) que pretendieron estudiar Medicina y cuya nota media (elevada, por cierto) de bachiller y selectividad no superaba por pocas centésimas el más elevado corte del “numerus clausus”? ¿Qué les van a decir a esos médicos que empezaron a emigrar hace 15 años y cuyo número no ha parado de crecer hasta hoy? El cortoplacismo y la descoordinación, a la hora de tomar decisiones en este ámbito, son más intolerables por el daño repercutido directamente en la vida de las personas.”


Los cuidados al final de la vida

Gaceta Sanitaria. Editorial María Victoria Zunzunegui. Escuela Nacional de Sanidad, Madrid, España; Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal, Montreal, Quebec, Canadá

(…) En los últimos años, Gaceta Sanitaria ha publicado varios artículos sobre los cuidados al final de la vida. En este número se incluyen una serie de artículos para informar y facilitar el debate entre los/las profesionales y las asociaciones de salud pública sobre los temas que presentamos a continuación. (Eutanasia, suicidio asistido) (…) En el artículo La eutanasia: un derecho del siglo XXI, el Dr. F. Marín, presidente de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna en la Comunidad de Madrid, defiende la eutanasia como un derecho, argumentando sólidamente sobre la necesidad de legislación sobre este derecho; legislación que ya ha sido aprobada y está siendo aplicada en varios países europeos.

Asistencia médica para morir en Québec y Canadá: (…) En junio de 2016, el parlamento canadiense aprobó una ley que modificó el código penal para legalizar la asistencia médica en la muerte en forma de eutanasia activa voluntaria (VAE), es decir, administración por parte de un médico o enfermera practicante de una sustancia a una persona, en su solicitud, que causa su muerte, y el suicidio asistido por un médico (PAS), es decir, la provisión por parte de un médico de una sustancia a una persona, a petición suya, para que puedan autoadministrarse la sustancia y al hacerlo causar su propia muerte.

La eutanasia: un derecho del siglo xxi

(…) ¿Por qué se utilizan tantos eufemismos para evitar nombrar la eutanasia y el suicidio asistido? Por el tabú. (…) La muerte voluntaria es algo cotidiano, una conducta compleja que la sociedad ha medicalizado para simplificarla, con el estigma de que el 90% de los suicidas padecen un trastorno mental (…) Confundir la eutanasia con el homicidio es como confundir el amor con la violación, o el regalo con el robo, o lo voluntario con lo forzado (…) Decenas de miles de personas han muerto voluntariamente con una eutanasia en Bélgica, los Países Bajos y Canadá, o con un suicidio asistido en Suiza y en cinco estados de los Estados Unidos, sin que haya existido un solo caso de homicidio. (…) En la aldea global de Internet, cualquier persona con un teléfono puede conseguir una dosis letal de pentobarbital que el cartero le lleva a su casa. También puede comprar un cóctel letal de pastillas en la farmacia de su barrio, sin necesidad de receta (o una bolsa, o una soga…) Frente a un 84% de la población a favor de la eutanasia, ningún argumento justifica que no se regule. La creencia individual, de tipo religioso, en la sacralidad de la vida es por completo respetable, pero obviamente no se puede imponer a toda la sociedad.(…) La ayuda médica para morir debería legalizarse como un acto médico más, cuya única condición sea documentar la libertad del individuo para disponer de su propia vida, ya sea por razones de enfermedad o por hartazgo de vivir. Cuanto antes, mejor.


 

 

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Derecho a la salud y a una muerte digna de las personas privadas de libertad enfermas graves y en situación terminal

Participación de un miembro de OSALDE en un acto de OSABIDEAK, por el Derecho a la Salud de las personas privadas de libertad.

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