Salud por Derecho: “La inversión pública en la I+D en la Covid-19”

Salud por Derecho: “La inversión pública en la I+D en la Covid-19”

Fuente: Saludporderecho.org

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(…) En el caso de Europa, las principales acciones en materia de I+D se centran en tres programas: Horizonte 2020, IMI y PREPARE, a través de los cuales se han canalizado las principales líneas de financiación.

Al mismo tiempo, se han activado redes e iniciativas que están siendo muy importantes para afrontar la pandemia.

La contribución procedente del programa Horizonte 2020 se ha traducido, por el momento, en una aportación de 48,5 millones de euros repartidos en 18 proyectos. En total, se han financiado 136 equipos de investigación bajo tres líneas de investigación:

  • mejora epidemiológica,
  • pruebas diagnósticas
  • y el desarrollo de terapias y vacunas (…)

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Al igual que el resto de los países, España también ha dispuesto aportaciones económicas para la innovación en COVID-19. Experiencias anteriores de equipos de investigación en otros coronavirus han servido de punto de partida en la lucha contra la nueva pandemia y, con ello, la posibilidad de reforzar el trabajo tanto en lo que se refiere a candidatos a vacunas como a tratamientos y dispositivos.

España ha comprometido 30 millones de euros repartidos principalmente entre dos instituciones: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Además, varios equipos de investigación españoles se suman a este impulso en nuestro país a través de proyectos europeos que acumulan una financiación de 2,4 millones de euros.

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En estos momentos, resulta decisivo que se limite la aplicación de las normas nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual y hacer uso de todos los instrumentos que concede el Estado de derecho para tomar medidas que salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo de los productos desarrollados para COVID-19.

  • Asegurar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, tanto de financiación como de fijación de precio, así como en todo lo relativo a financiación de I+D para COVID-19.
  • En estos momentos, resulta decisivo que se limite la aplicación de las normas nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual y hacer uso de todos los instrumentos que concede el Estado de derecho para tomar medidas que salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo de los productos desarrollados para COVID-19.
  • Asegurar la transparencia en los procesos de toma de decisiones, tanto de financiación como de fijación de precio, así como en todo lo relativo a financiación de I+D para COVID-19.
  • Es urgente que el Gobierno de España y las agencias financiadoras introduzcan condiciones y disposiciones en sus contratos de financiación que aseguren precios justos y el acceso completo a los datos fruto de las investigaciones y que las licencias de las tecnologías sanitarias sean abiertas y no exclusivas para que puedan ser fabricadas y comercializadas por diversos proveedores. España debería promover en los espacios internacionales un “pool” de tecnología que permita compartir y acceder a todo el conocimiento y a los datos fruto de la investigación pública en I+D para COVID-19 para que las terapias, vacunas y tecnologías sanitarias se desarrollen como bienes públicos globales.
  • Resulta crucial que el Gobierno de España aplique las flexibilidades de los acuerdos ADPIC para afrontar posibles retos en términos de precios abusivos y abastecimientos de medicamentos, diagnósticos y otros productos necesarios. Entre dichas flexibilidades se encuentran las licencias obligatorias. Además, debe acompañarse de una aceptación a las importaciones de medicamentos, vacunas o diagnósticos que son fabricados bajo una licencia obligatoria en otro país, algo que contemplan las reglas comerciales, pero a lo que España, como otros países, renunció en su momento. España dispone del Centro Militar de Farmacia de la Defensa (CEMILFARDEF), organismo responsable de la producción de medicamentos y otros recursos médicos que puede ser clave en el abastecimiento de determinados fármacos durante la crisis.

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