La práctica sistemática de la tortura ha quedado reconocida oficialmente, también en Nafarroa, el lunes, con la entrega al Gobierno navarro del informe encargado al Instituto Vasco de Criminología de la UPV. El equipo liderado por el forense Paco Etxeberria ha trasladado al ejecutivo de María Chivite el resultado de su estudio, que acredita 1.068 casos de tortura en el periodo 1960-2015, señala qué cuerpos policiales la han practicado y detalla cómo se ha perpetrado. Se completa así el cuadro; en la CAV se hizo en 2017 (ver informe, ndr).
Representantes del IVAC han presentado a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, el informe “Investigación sobre la tortura y otros malos tratos en Navarra desde 1979 hasta la actualidad”. En el encuentro han participado también el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza, y el director del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, Txema González. Por parte del IVAC, han presentado el informe Laura Pego, Paco Etxeberria y Jeannette Ruiz Goikoetxea.
El informe señala que entre 1979 y 2015 se han identificado 676 personas que denuncian haber sufrido torturas y otros malos tratos en Nafarroa. Se estima que el número de casos alcanzará la cifra de 825 (676+22%), dato que se proyecta como resultado de los expedientes actualmente analizados e insertados en la base de datos (532 casos registrados que corresponden a 434 personas).
La suma de los datos obtenidos en la investigación anteriormente realizada (1960-1978) y la actual (1979-2015), arroja una cifra final proyectada que superaría los 1.068 casos sobre 891 personas afectadas para el periodo de tiempo 1960-2015.
En los 80, los 90 y el siglo XXI también
Entrando en más detalles, el resumen del informe al que ha accedido NAIZ refleja que la mayor aplicación de la tortura se produjo en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Franco, con 46 episodios en 1980 y 44 en 1984. Coincide básicamente con lo apreciado ya en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Luego se produce un repunte significativo a mediados de los años 90 (con casi 30 casos por año en 1994, 1996 y 1997), en una época en que en Nafarroa hubo oleadas de detenciones masivas justificadas policialmente en la “kale borroka”. Y se registra otro pico muy significativo bastante reciente, en 2008, con 17 casos registrados.
El informe refiere 46 casos de tortura en 1980 y 44 en 1984, pero con picos también a mediados de los 90 e incluso en 2008
La investigación del IVAC ha abarcado a todos los casos referidos pero ha analizado más específicamente los que disponen de testimonios directos: 20 han sido recogidos en audio, 121 en vídeo y 133 por escrito, y además hay 254 pendientes de valoración. “El análisis estructurado de las alegaciones de tortura mediante el Protocolo de Estambul concluye la credibilidad global de las evaluaciones tras combinar los factores sicológicos y médicos”, remarca el IVAC.
Menores incluidos
A la espera de conocer el informe completo, otro dato elocuente es que hay personas menores entre las que sufrieron detenciones incomunicadas que derivaron habitualmente en torturas. En concreto, el IVAC detalla un porcentaje de 2,5% de arrestados que no llegaban a los 18 años.
Aplicando este dato al total de 676 personas torturadas en el periodo posterior a 1979, la conclusión sería que han sufrido esta práctica 17 menores.
El tramo de edad en el que más se han empleado las detenciones y la tortura es el que va de los 21 a los 29 años, en el que figura más de la mitad de los casos registrados (54,4%).
El equipo de Paco Etxeberria añade en su resumen la constatación de que esta lacra no ha sido combatida judicialmente. Y pone como dato que de las diez condenas europeas al Estado español por no investigar torturas cinco se refieren a casos de Nafarroa, con seis víctimas en total.
Fotografía total, aunque incompleta
Con este trabajo se completa el reconocimiento oficial de esta lacra por parte de las instituciones de Euskal Herria, puesto que el Gobierno de Lakua ya puso su sello a un informe muy similar (a cargo del mismo equipo y con la misma metodología) en diciembre de 2017.
En aquella primera versión se refirieron 4.113 casos de tortura, aunque el número ha ido aumentando con referencias posteriores. Otros organismos que trabajan en el tema como Euskal Memoria verificaron ya hace cinco años hasta 5.657. Y eso que resulta evidente que muchos de los casos, sobre todo de las décadas de los 60 ó 70, se han perdido por el fallecimiento de las víctimas y la pérdida de referencias documentales.
Trabas judiciales superadas
El proceso en Nafarroa se ha demorado varios años, primero por la patente inhibición del Gobierno que lideró UPN hasta 2015 y posteriormente por las trabas judiciales. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa anuló en 2019 la subvención de 30.000 euros al IVAC para este estudio, tras impugnarla la Abogacía del Estado. También la ley para reconocer a las víctimas de violencia estatal fue bloqueada, aunque ambas cuestiones han terminado desencallándose. Así las cosas, ahora se cuenta con el estudio oficial y también con la opción de reparar a las víctimas mediante esa norma en desarrollo.
En esta última fase, la demanda de reconocimiento oficial se había multiplicado con la labor de la labor de la Red de Personas Torturadas en Nafarroa, que ha tenido una interlocución directa con Gobierno navarro, Parlamento navarro y diferentes agentes sociales para sensibilizar sobre esta cuestión tantos años pendiente. La Red prevé una comparecencia esta tarde para valorar esta presentación.
Este reconocimiento oficial incluye otra novedad al ser asumido por un gobierno liderado por el PSN. Cabe recordar que cuando se presentó el informe en la CAV la dirección del PSE respondió de modo muy reticente, si bien luego cambió el discurso.
Ollo: “Visibiliza una gran vulneración de derechos humanos”
La consejera Ollo ha remarcado “el valor de un informe como éste, elaborado por un equipo investigador altamente cualificado, que visibiliza una gran vulneración de derechos humanos que se produjo en Navarra en las últimas décadas”. En ese sentido, ha apuntado que se trata de “un informe necesario, que va a servir como herramienta que ayude al proceso abierto de reconocimiento de víctimas por actos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos que está llevando a cabo dentro de la Comisión de Reconocimiento y Reparación en mandato de la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.
Ollo ha recordado que “durante años organizaciones internacionales han hecho constar en sus informes su preocupación por el hecho de que la tortura fuera algo más que una práctica esporádica y casual”, y el informe presentado hoy, en palabras de la consejera, “confirma lo que estas organizaciones habían apuntado insistentemente”. En este contexto, ha remarcado las distintas “sentencias condenatorioas del Tribunal Supremo y dictámenes contrarios por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas” por casos de tortura en el Estado español.
Para Ollo, el documento “representa un avance importante en el camino hacia el esclarecimiento de la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en Navarra. Es imprescindible mirar críticamente al pasado sin olvidos ni desmemoria, porque cuando nos referimos a los derechos humanos, no podemos olvidar los derechos de algunas personas, sino que hay que tener en cuenta los derechos de todos”, ha declarado.
Resumen ejecutivo de la investigación de las torturasen Nafarroa desde 1979 (diciembre 2022):
https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/964/701/origina/Informe_ejecutivo_Navarra_tortura_y_malos_tratos_1979_actualidad.pdf
