La industria farmacéutica invierte enormes cantidades de dinero en investigar nuevas vacunas con el fin prioritario de multiplicar sus beneficios, al tratarse de empresas privadas y sociedades de inversores. Los ensayos clínicos dan cuenta de los efectos secundarios adversos leves inmediatos o a corto plazo de la vacunación: dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, fiebre, etc. Sin embargo, dada la duración corta del seguimiento de los sujetos sometidos a ensayo, rara vez se registran los efectos adversos aparecidos a medio y largo plazo. Y, por otro lado, apenas dedican fondos en investigar estos posibles efectos adversos al perderse la relación temporal inmediata o cercana, probablemente por el riesgo que supone para sus intereses económicos.
El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), integrado por los
Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), valora de forma continua las sospechas de reacciones adversas notificadas en España con todos los medicamentos autorizados, incluyendo las vacunas. A pesar de ello, no existe uniformidad en los equipos médicos y de enfermería respecto a la declaración de posibles efectos adversos y es bastante probable que muchos de ellos no sean registrados por el sistema de farmacovigilancia.
En consecuencia, existen pocos trabajos de investigación sobre efectos adversos de las vacunas Covid-19 y, en general, de todas las vacunas y fármacos. A pesar de ello, al aplicarse masivamente en campañas de vacunación empiezan a hacerse evidentes los efectos adversos. Si bien los equipos de atención a la salud, profesionales de medicina y enfermería, observan diferentes efectos adversos que podrían tener una relación causal con la vacunación, solo a través de ensayos clínicos controlados podrían hacerse evidentes científicamente.
El problema es quien propone, diseña y sobre todo, quien financia unos estudios que, al no aportar beneficios a la Industria Farmacéutica, no interesan a nadie, porque son dichas entidades las que prácticamente invierten en este campo de investigación, y solo investigan aquello que puede aumentar sus beneficios.
No obstante existen indicios de que hay efectos adversos, que pueden afectar a prácticamente todos los órganos, y que no son registrados ni investigados. Se echa en falta, fundamentalmente, la iniciativa pública, en nuestro sistema liberal, siempre al servicio de los intereses privados.
La experiencia desgraciadamente demuestra, que muchas industrias farmacéuticas, que sospechan o incluso tienen evidencia de efectos adversos, prefieren ocultar los datos y pagar las indemnizaciones antes de detener las ventas de ciertas vacunas o fármacos que les están aportando enormes beneficios.
La Administración asume la responsabilidad civil por daños causados por actos administrativos, al ser responsable de las recomendaciones vacunales en campañas realizadas por el Ministerio de Sanidad en corresponsabilidad con las Comunidades Autónomas. Pero muchos usuarios se preguntan porque es el Estado, o sea, los contribuyentes, quienes tenemos que asumir los errores de la Industria Farmacéutica que es la beneficiaria del negocio industrial y comercial de los fármacos. También se han quejado de la dificultad de demostrar la relación causal para ser beneficiaria de indemnizaciones.