Fuente: FADSP Federación de Asociaciones de Defensa de la Salud Pública
La situación de la Atención Primaria tras los recortes del Partido Popular desde el 2008 y la repercusión sobre la Atención Primaria de la pandemia de la COVID-19, se puede etiquetar de dramática con cierres de centros, barreras de acceso, listas de espera, falta de personal que soporta unas condiciones de precariedad laboral insoportables.
Parece necesario y urgente, para evitar el colapso del sistema, la huida de la población al sector privado o la frustración y el abandono profesional, adoptar medidas para abordar la situación con carácter excepcional. Los fondos europeos para afrontar las consecuencias de la COVID y el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia podrían suponer una gran oportunidad para ello.
Tras Más de cuatro años desde el inicio de la elaboración del Marco Estratégico de la AP (23 objetivos y 100 acciones que en su mayor parte están pendiente de desarrollo y aplicación), el pasado mes de diciembre se aprobó el Plan de Acción con unas propuestas que van a suponer la pérdida de otra oportunidad de cambio y una gran frustración social y profesional:
1.- La aplicación de los 12 bloques que contempla se posponen de manera inaceptable. El 62% de las medidas retrasan su aplicación en casi dos años (22 meses), mientras que las medidas más urgentes para afrontar la situación como: a) incrementar la financiación con presupuestos finalistas para la AP se aplaza 22 meses; b) incrementar los recursos humanos como oferta de empleo, evaluación de necesidades de recursos o formación de nuevos especialistas, superan el año y medio; c) garantizar la accesibilidad a los Centros de salud y gestionar la demanda de la población casi un año (10 meses).
2.- No se cuantifica la necesidad de personal para afrontar la situación: La mayoría de las organizaciones profesionales y sindicales estiman necesario crear 8.000 plazas de personal médico, 15.000 de enfermería y 5.000 de administrativo. Tampoco se definen las nuevas categorías profesionales a incorporar a los Centros de salud, absolutamente necesarias para garantizar una atención integral, satisfacer la demanda de la población y acabar con la masificación de la consulta médica.
3.- La financiación es absolutamente insuficiente, 280 millones de euros, frente a unas necesidades estimadas de 10.000 millones. Los recursos económicos extraordinarios deberían distribuirse entre el Ministerio de Sanidad (50%) con fondos europeos (se desconoce el destino final de los 1.088 millones para AP del pasado año) o una reforma progresiva y justa de impuestos y el otro 50% por las CCAA, que a pesar de destinar un escaso 14,9% a AP han incrementado este capítulo apenas lo han incrementado en un escaso 4% para este año
4.- La propuesta para el empoderamiento de la AP se limita a una estrategia de comunicación y de información del trabajo de la AP. Se sigue sin dar la AP el poder para controlar y gestionar los procesos asistenciales en coordinación con los hospitales.
En resumen, un nuevo ejercicio teórico de planificación, que se suma a los que se llevan realizando desde hace 4 años (Marco Estratégico, Comisión para la Reconstrucción Social y económica, Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia…), que aplaza la adopción de las medidas urgentes dada la gravedad de la situación de la AP y que carece de la concreción y del compromiso presupuestario para llevarlas a cabo.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
10 de marzo de 2022
