Fuente: Artículo «Prescripción facultativa y consentimiento informado ante el uso de restricciones físicas en centros geriátricos de las Islas Canarias». Gabriel J. Estévez-Guerra, Emilio Fariña-López, Eva Penelo
Gac Sanit 2018;32:77-80 – Vol. 32 Núm.1 DOI: 10.1016/j.gaceta.2016.09.010
El objetivo del estudio era identificar la frecuencia de cumplimentación del consentimiento informado y la prescripción facultativa en el expediente de personas mayores sometidas a restricción física, y analizar la asociación entre las características de estos usuarios y la ausencia de dichas garantías.
Para ello, se llevó a cabo un estudio multicéntrico, descriptivo y transversal realizado mediante observación directa y revisión de expedientes en nueve residencias públicas, con un total de 1058 camas.
El estudio permitió constatar que estaban sometidos a restricción física 274 usuarios. El consentimiento no figuraba en el 82,5% de los casos y estaba incompleto en el 13,9%. La prescripción no constaba en el 68,3% y estaba incompleta en el 12,0%. Solo se encontró asociación entre la ausencia de prescripción y la mayor edad de los usuarios (razón de prevalencia: 1,03; p <0,005).
Los autores concluyeron en que «La falta de estas garantías contraviene las normas jurídicas. Las características organizativas, el desconocimiento de la ley o el hecho de que los profesionales consideren la contención un procedimiento exento de riesgos, podrían explicar dicha carencia»
¿Qué se sabe sobre el tema?
La restricción física afecta a valores fundamentales, por lo que antes de aplicarse deben contemplarse ciertas garantías legales, como la prescripción facultativa y el consentimiento informado. A pesar del creciente interés que existe por parte de las autoridades sanitarias, no existen datos en España que analicen el cumplimiento de dichos requisitos.
¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?
La mayoría de los expedientes de los residentes sometidos a restricción física carecían de consentimiento informado o de prescripción facultativa, o no se habían cumplimentado de manera correcta. Es esencial que los centros se atengan a las leyes vigentes y conozcan las recomendaciones de los diversos organismos implicados y las integren en sus protocolos de funcionamiento. Ello mejoraría la calidad de la atención y el respeto por los derechos de los usuarios.
