El Sistema de Salud y la «caza del inmigrante»: Un grave atentado a los Derechos Humanos y un grave problema de Salud pública
Una de las 37 medidas incluidas en el pacto con el Partido Popular con VOX reclama al ejecutivo andaluz que colabore en la expulsión de 52.000 inmigrantes.
En el punto 28 del acuerdo, el PP se comprometió a colaborar documentalmente con la Policía para aplicar las leyes vigentes en materia migratoria. Eso supone que la consejería de Sanidad, ahora de Salud y Familias, entregue el archivo con la copia de los pasaportes que los inmigrantes en situación irregular habrían entregado para optar a la tarjeta sanitaria. De esta forma, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán iniciar los expedientes de expulsión.
Cuando en 2012 Rajoy retiró la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, Andalucía la mantuvo y estas personas recibieron el Documento de Reconocimiento Temporal Sanitario. Por aquel entonces, eran 47.000 personas. La formación de ultraderecha liderada por Santiago Abascal citaba al sindicato Unión Federal de Policía como la fuente del dato, que en su comunicado a la Junta de Andalucía decía:
«Desde UFP pedimos que el nuevo gobierno de Andalucía deje de encubrir la inmigración irregular y remita las 52.000 copias de pasaportes de todos aquellos extranjeros irregulares que sustentan tanto la “Tarjeta Sanitaria” o el “Documento de Reconocimiento Temporal sanitario” del Servicio Andaluz de Salud y de esta forma se pueda identificar fehacientemente a los 52.000 irregulares que hay en Andalucía y poder proceder a la aplicación de la Ley de Extranjería».
La consecuencia inmediata de tan brutal medida será que las personas migrantes en situación irregular dejen de acudir a los centros de salud cuando se se vean necesitados de atención medica, lo que supone, además de un grave atentado a los Derechos Humanos, como es negar de hecho el Derecho Universal a la Salud, en el cual ha demostrado el recien nombrado consejero no creer, un grave problema de salud pública. El resultado de la falta de asistencia de dichas personas será un perjuicio a su propia salud y la de la comunidad en el caso de enfermedades transmisibles que deben ser sometidas a vigilancia epidemiológica para control y protección de la población.
Cuando algunas destacadas personalidades de la medicina y la politica están reclamando la obligatoriedad de someterse a campañas de vacunación, bajo pena de exclusión de acudir a actividades colectivas como la enseñanza o el trabajo, instamos a decenas de miles de personas a ocultar su identidad.
Enfermos de enfermedades graves y transmisibles como hepatitis, sida o tuberculosis, en situaciones especialmente desfavorables para su recuperación por su condición de especial vulnerabiliad, frecuente pobreza y marginación social, pueden ser privados de tratamiento con grave perjuicio para su salud y la salud de la comunidad.
La xenofobia mata, no solo a sus víctimas directas. También al resto de la comunidad que pierde sus valores, su dignidad y, en este caso, tambien la salud y la vida.
