La FADSP publica su 1º Informe sobre cambio climático y sus consecuencias para la salud

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), presenta un informe que consideramos urgente y de máxima trascendencia. Un trabajo que no solo recoge datos duros, sino que expresa una alarma sanitaria, ecológica y social frente a una amenaza que ya está entre nosotros: el cambio climático.

Desde la FADSP defendemos, desde hace más de cuatro décadas, un sistema sanitario público, universal, de calidad y equitativo. Pero somos conscientes de que la salud no se defiende solo desde hospitales y centros de salud. La salud se construye también en las condiciones de vida, en la vivienda, el trabajo, el transporte, la alimentación, el entorno y —de forma cada vez más evidente— en el clima. Por eso decimos con rotundidad: el cambio climático es ya el principal determinante estructural de la salud de nuestras sociedades. Y, como tal, exige una respuesta firme, multidisciplinar y urgente por parte de las autoridades sanitarias y políticas.

Este informe es una herramienta rigurosa, basada en datos científicos y oficiales, que documenta con claridad el impacto del cambio climático en la salud de la población española, y en especial, de los grupos más vulnerables: personas mayores, infancia, enfermos crónicos, población empobrecida, personas sin hogar y también las mujeres, especialmente durante el embarazo. Frente a quienes todavía niegan o minimizan esta realidad, o se limitan a discursos vacíos sin políticas concretas, la FADSP quiere dejar claro que la crisis climática es también una crisis de salud pública, y que no actuar supone una forma de violencia institucional contra los más desfavorecidos.

Los datos que aporta el informe son contundentes. Entre 1993 y 2022, más de 765.000 personas fallecieron en el mundo por fenómenos meteorológicos extremos. En España, el cambio climático provoca ya más de 8.000 muertes al año. Y si no se actúa, la renta media podría reducirse un 18% en 2050 por su impacto acumulado. Los principales responsables de esta crisis son los gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO₂), el metano, el óxido nitroso, junto con las partículas en suspensión y el ozono troposférico. Las emisiones siguen creciendo a nivel mundial, con China, Estados Unidos, India y Europa entre los mayores emisores. España no queda al margen de este problema.

En nuestro país, la contaminación atmosférica es ya una emergencia sanitaria. En 2023, más de 32 millones de personas —el 68% de la población— respiraron aire que no cumple con los estándares europeos de calidad. Las comunidades más afectadas son Murcia, Canarias, Madrid, Asturias y Cataluña. Madrid, en particular, se encuentra entre las ciudades europeas con mayor concentración de dióxido de nitrógeno y partículas finas en suspensión. En 2014, la contaminación provocó 38.600 muertes en España, siendo las afecciones respiratorias, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, los trastornos del desarrollo infantil y las enfermedades mentales las más asociadas a la exposición a la mala calidad del aire. Las olas de calor han provocado un repunte preocupante de la mortalidad. En 2022, murieron 8.352 personas por este motivo. España es el cuarto país de la UE con más muertes por calor por millón de habitantes, siendo las mujeres mayores el grupo más afectado.

Además, el calentamiento global está favoreciendo la llegada y expansión de enfermedades antes ausentes en nuestro territorio, como el dengue, la fiebre chikungunya o la vibriosis. En cuanto al impacto económico, el informe estima pérdidas globales de 3,8 billones de euros anuales, que podrían alcanzar los 34 billones en 2050. En España, las pérdidas por habitante se multiplicaron por 26 entre 2017 y 2022. La agricultura, la construcción y los servicios están entre los sectores más afectados.

Pese a todo esto, la inversión pública sigue siendo insuficiente. España solo destina el 1,8% de su PIB a protección ambiental, por debajo de la media de la UE. Y sin embargo, la población está cada vez más preocupada: el 79% teme por el futuro de sus hijos ante el cambio climático; el 74% teme los efectos del calor y el frío extremos, y el 71% por el coste de mantener una temperatura adecuada en casa. Más del 80% ya adopta medidas cotidianas para reducir su impacto: ahorrar energía, reciclar, evitar el desperdicio de alimentos.

Para comprender mejor el impacto real de esta situación, queremos destacar un estudio realizado en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid. Analizó los ingresos hospitalarios de más de 10.000 niños entre 2012 y 2017. La mitad fueron por enfermedades respiratorias como bronquiolitis, neumonía o crisis asmáticas. El estudio demuestra que los días con más contaminación atmosférica, especialmente por dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, coincidían con un aumento de ingresos en urgencias pediátricas. De hecho, si se hubieran mantenido niveles adecuados de calidad del aire, se habría evitado al menos 1 de cada 12 ingresos. Es decir, hay niños y niñas que han enfermado, que han sido hospitalizados, solo por respirar un aire contaminado. Este caso nos muestra con total claridad que la contaminación no es un problema abstracto: afecta directamente a nuestra salud y a la de nuestros hijos.

Desde la FADSP lo decimos sin ambages: no se puede proteger la salud sin proteger el planeta. Y no se puede proteger el planeta sin justicia social. Por eso proponemos diez medidas urgentes:

Reclamamos declarar el cambio climático como emergencia sanitaria e incluirlo en todos los planes del Sistema Nacional de Salud. Exigimos una Estrategia Estatal de Salud Pública frente al Cambio Climático, que integre medidas de mitigación y adaptación con equidad. Urge reforzar los sistemas de alerta temprana y respuesta ante fenómenos extremos. Hay que proteger activamente a los colectivos más vulnerables – mayores, niños, personas sin hogar, enfermos crónicos, mujeres embarazadas -. La salud ambiental debe incorporarse a la atención primaria. Hay que rediseñar nuestras ciudades para hacerlas más saludables y resilientes, reducir las emisiones del propio sistema sanitario, fomentar la investigación sobre salud y clima, y aplicar una fiscalidad ambiental justa que grave más a quien más contamina. Por último, es necesario que la sociedad civil y el sistema sanitario participen en la gobernanza de las políticas climáticas. Exigimos a los poderes públicos una política ambiental con perspectiva de salud. Exigimos que los presupuestos incorporen la protección ambiental como parte de la inversión sanitaria. No basta con apelar al comportamiento individual. Hay que actuar sobre los grandes contaminantes: industria, transporte, urbanismo, agricultura intensiva y residuos, desde la regulación pública y con participación social.

Lo decimos con claridad: defender el sistema sanitario público hoy implica también enfrentarse al negacionismo climático, a la inacción política y al interés económico que pone el beneficio por encima del derecho a la vida.

El informe que hoy presentamos es una advertencia. Pero también es una hoja de ruta. Porque solo hay una salud, una humanidad y un planeta.

Actuar ya no es una opción. Es una obligación ética, política y sanitaria.

27 de junio de 2025

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública