Sólo en el País Vasco se estima que unos 25 mil trabajadores estuvieron en contacto con esta sustancia cancerígena, cuyo uso no sería prohibido en España hasta 2002. Fuente: publico.es

Aunque el precio final de los 15 años de concesión supera los 2.000 millones, no es todo el coste que el departamento privatizado de la Ribera ha tenido para la Generalitat Valenciana. De acuerdo con el contrato, Ribera Salud (empresa participada al 50% por la estadounidense Centene y por el Banco Sabadell, que la heredó de la CAM) no asume los costes de farmacia ambulatoria, prótesis y endoprótesis, oxigenoterapia, transporte sanitario y salud pública. Fuente: eldiario.es