Vivienda y salud

por Jorge Barrón, médico jubilado, vocal de la Junta de Osalde

Las organizaciones y movimientos ciudadanos de defensa del Derecho a la Salud no dejamos de insistir en los determinantes socioeconómicos de la salud. Trabajo, vivienda, alimentación, medio ambiente, acceso a la salud, educación, formación, etc.

Si los programas de gobierno y sus políticas no consideran los determinantes de la salud y el bienestar, difícilmente puede lograrse un nivel aceptable de salud en la población, mientras que tampoco se abordarán ni corregirán los inaceptables grados de desigualdad que se originan a medida que se dejan de atenderse dichas condiciones determinantes.

La vivienda, derecho contemplado en la Constitución Española (Art. 47), es fundamental. Las calles son testigo hoy del descontento de gran parte de una población especialmente jóvenes, nuevas familias y migrantes, trabajadoras y estudiantes, que, hartas de soportar la escasez de la oferta respecto a la actual demanda, la escalada de precios muy por encima de los salarios, las dificultades y condiciones inaceptables de alquiler o compra de vivienda, así como los abusos de todo tipo de rentistas de multipropiedad y sociedades de inversión inmobiliaria, han llenado las calles clamando por un derecho elemental, ya que las dificultades para la vivienda son una barrera insalvable a la emancipación y cualquier proyecto de vida social y familiar con una mínima dignidad.

Indigna la cronicidad de un problema atravesado de puntillas por ambos gobiernos de la alternancia, gobiernos de todo signo que no emprenden políticas realmente eficaces y que, ante la cronicidad del problema, no ofrecen expectativas políticas y económicas que lo aborden con la energía requerida, mediante programas y compromisos que permitan valorar los resultados del proceso, recuperar la confianza de la población y librarse de un determinante de la salud y el bienestar de primer orden.

Los medios, en general más atentos a las directrices que marcan los guardianes del sistema y al aburrido anecdotario parlamentario, que a las necesidades e intereses prioritarios y urgentes de la ciudadanía, parecen hoy despertar de un letargo habitacional y tratan de ponerse en cabeza de la competencia tratando el tema VIVIENDA desde todo punto de vista, por activa y por pasiva: análisis, demografía, economía, políticas, etc., 

…pero un poco tarde, no?

Es de anotar que los medios han abordado masivamente el tema de la vivienda después que la ciudadanía saliera en masa a las calles y mostrara su hartazgo e indignación.

Harta ya de tanto abuso, tanta tolerancia gubernamental y tanta política ultra-liberal del “dejar hacer”, de esa cacareada  “libertad para ricos” y para inversores especuladores que acumulan riqueza y crean más desigualdad a base de explotar sin empatía alguna a las familias más necesitadas, e incluso a familias de renta media que arrojan a niveles inferiores de pobreza.

Digamos que ciertos políticos y sus clientelas rentistas no muestran sensibilidad alguna frente al sufrimiento social, como muestran ciertas manifestaciones en las que se adivina complacencia ante la situación y escasa voluntad de cambiar las cosas. Así lo demuestran las escasas medidas correctoras y garantistas del derecho a la vivienda de la reciente promulgada Ley, como son la disponibilidad de alquiler público asequible, las sanciones o gravámenes fiscales contra el “secuestro de pisos vacíos”, que a modo de ahorro-ladrillo, transforman el derecho a la vivienda en bien financiero. O la tolerancia ante el negocio de la viviendas turísticas, que producen alta de precios y gentrificación.

La Ley estatal no es suficiente, las medidas son tan moderadas que acusan al gobierno de complacencia con unos privilegios incompatibles con las necesidades sociales y saludables de primer orden, en contra de los que se podría espera de un gobierno progresista «socialista y obrero». Si la vivienda sigue en manos de rentistas y especuladores con un gobierno progresista ¿Qué le deja al siguiente gobierno de derecha-ultra para liberar y privatizar? 

Resolver el problema de la vivienda mediante medidas a la altura de la dramática situación socioeconómica, es responsabilidad de primer orden del actual gobierno, sobre todo ante la amenaza de la corriente conservadora y ultra-liberal que progresa en los países occidentales ante la actual crisis económica y geopolítica que anuncia más recortes sociales y más gastos en seguridad interior y militares.

La población ha salido a las calles con una energía a modo de estallido que al parecer nadie esperaba y que es la consecuencia de soportar unas condiciones inaceptables y muestra de que se ha permitido llegar a un límite de pasividad eineficacia tal, que llegado al punto de crisis, requiere atención urgente en evitación de mayores problemas, como la anunciada “huelga de inquilinos”.

¿Qué ocurriría ante la suspensión masiva del pago de la renta? ¿Desahucios masivos? No dudamos que la derecha extrema, siguiendo con su discurso antisocial, propusiera en tal caso medidas represoras de alto nivel.

El mundo occidental está acusando una crisis económica frente a la que vuelve a recurrir a los recortes sociales y la represión. Para ello, fomenta gobiernos “fuertes”, capaces de adoptar políticas impopulares con energía y decisión, dispuestos a afrontar los problemas sociales mediante la actuación de las fuerzas del orden, más que con unas medidas correctoras que temen pongan en peligro el negocio del ladrillo, uno de los tres pilares de la economía de un estado ultraliberal e improductivo, que ha dejado arruinar su economía productiva y que  reducida al turismo, el ladrillo y las finanzas, teme la caída definitiva al faltarle una de las tres patas.

El negocio del ladrillo que ya ha dado lugar a una burbuja y una grave crisis en 2008, que solo ha servido para enriquecer a una población rentista mientras crea pobreza y desigualdad en una población cada vez más numerosa. La falta grave de vivienda constituye un atentado contra la salud y el bienestar de la población, que si no se aborda con valor y energía, dará lugar a una crisis social de funestas consecuencias para una gran mayoría de familias, que dificilmente lo van a tolerar. La movilización masiva en las calles puede ser un primer y ultimo aviso definitivo. 

La calle ya ha sido testigo de la llamada desesperada de esta injusticia social de primer orden, sin la cual no es posible el mínimo de salud y bienestar social que puede esperarse de un Estado de Derecho, democrático y liberal que hace suya la Declaración de los Derechos Humanos.

Esperamos que los gobiernos del Estado y las Comunidades acusen la llamada de la calle.