Una treintena de organizaciones entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública piden medidas que blinden al sistema público de salud y aseguren el acceso a los tratamientos y vacunas de la COVID-19

Fuente: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (a la que pertenece OSALDE)

– Las entidades demandan más recursos para el sistema sanitario y más inversión en investigación, también en enfermedades bacterianas e infecciosas, muy olvidadas hasta ahora.

– El Gobierno, dicen, debe estar preparado para explorar medidas excepcionales que garanticen el suministro y precios asequibles de los fármacos, como las licencias obligatorias o la producción pública de medicamentos.

– Reclaman que la enorme inversión pública que se está dedicando a la investigación no dé lugar a tratamientos con precios abusivos y monopolios.

Madrid, 15 de abril de 2020. En una carta abierta enviada al Gobierno, suscrita por una treintena de organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, las entidades reclaman medidas que fortalezcan al sistema público de salud. Es necesario, aseguran, un aumento del gasto público en salud para poder atender las necesidades de los pacientes y hacer frente a los problemas que han dejado los recortes de los últimos años. Solo así, reclaman, el sistema público estará preparado para abordar esta y otras emergencias que puedan llegar en el futuro. “De esta experiencia hemos aprendido lo necesario que es invertir en salud y las repercusiones que tiene tensionar nuestro sistema sanitario, tanto en términos de recursos económicos como humanos”, señala la carta.

En los últimos meses han sido muchos los proyectos de investigación que se han puesto en marcha para hallar vacunas o tratamientos que hagan frente a la COVID-19. Es imprescindible, recuerdan las organizaciones, que desde el Gobierno se adopten medidas que salvaguarden toda esa inversión pública para que, cuando los resultados de la investigación que se realiza en las instituciones públicas pasen a manos privadas, se garanticen unos precios justos para los tratamientos que finalmente se desarrollen.

“El acceso a todas las personas que lo necesiten tiene que estar asegurado. Eso solo se consigue evitando los monopolios y la exclusividad de las licencias en caso de transferirse un medicamento al sector privado”. Medidas como las licencias obligatorias (es decir, suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico) o la producción pública de los medicamentos están recogidas en los acuerdos ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y podrían llegar a ser empleadas por el Gobierno para asegurar el abastecimiento y los precios no abusivos de los medicamentos necesarios para la protección de salud en esta epidemia.

Asimismo, la carta demanda que aumente la investigación en enfermedades infecciosas y bacterianas -patologías que reciben muy poca atención actualmente-. Por ello, piden un cambio en los criterios de la agenda de investigación para que esté

definida por las necesidades de la población y no por la rentabilidad económica que puedan tener o no los tratamientos. “Resulta urgente evitar la excesiva concentración de los recursos en unas pocas enfermedades e incrementar la financiación en una I+D biomédica diversificada y reequilibrada, que cuente con ensayos clínicos independientes”, sin influencia de la industria farmacéutica.

Las organizaciones firmantes también demandan al Ejecutivo que garantice la sanidad universal, sin excepciones. “El virus no entiende ni de lugar de residencia ni de procedencia. Las pandemias y epidemias son problemas de salud pública que afectan a toda la comunidad, sobre todo a las personas más vulnerables, y desde la atención sanitaria universal deben ser resueltas”, recuerda la carta.

Para que todas estas medidas sean eficaces y generen confianza en la ciudadanía requieren transparencia y una buena rendición de cuentas. Con ello, se asegura “la mejor toma de decisiones basada en las evidencias clínicas, los costes de desarrollo y producción, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y tecnologías sanitarias que se pongan a disposición de la población”, finaliza la carta.

——CARTA ABIERTA ——-