por Lázaro Elizalde, ex director del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud de Navarra, portavoz de la Plataforma Navarra de Salud
En Nafarroa recientemente se ha abierto un debate en relación con la reivindicación del Sindicato Médico quien ha solicitado la liberación de los profesionales de medicina de su relación de exclusividad con el sistema sanitario público. No es casual que ese debate se abra en el contexto de repetidas declaraciones políticas sobre “la necesaria colaboración público-privada» pero si sorprendente después de la escasa aportación del sector privado a los problemas surgidos durante la pandemia.
Pero ¿qué es la exclusividad? Es una medida que vincula a profesionales con su empresa de forma que, a cambio de un complemento económico, renuncien a trabajar para empresas ajenas. En el caso del sistema sanitario público, les impide trabajar para empresas de sanidad privadas como mutuas, seguros privados o compañías de asistencia. En nuestro entorno las más conocidas son IMQ, Quirón, ASISA, ADESLAS o CUN.
En varias comunidades autónomas (Galicia, Asturias y Navarra), esta relación de exclusividad está generalizada y sus profesionales cobran el correspondiente complemento, mientras que en otras cobran el complemento, pero este se ha desvinculado de la exigencia de la exclusividad. En estas últimas, podemos conocer qué consecuencias tiene para el sistema sanitario público.
No es infrecuente entre los profesionales de la medicina del sistema público haber oído a compañeros/as comentar que si se excedían en la productividad del horario habitual se dejaría de tener trabajo para el horario complementario, para las llamadas peonadas, y por tanto se dejaría de añadir emolumentos a los propios de la jornada habitual. Igualmente conocemos prácticas profesionales que no cumplen con su horario de trabajo en la «pública”, que parasitan al sistema público mediante la autoderivación de pacientes de sus consultas privadas, la programación quirúrgica preferente o la gestión preferente de listas de espera que realizan profesionales que compatibilizan trabajo en lo público y en lo privado. Es decir, en ocasiones y en algunas especialidades, hay colectivos médicos que actúan como auténticos lobbies que presionan a la administración para que esta no perjudique sus intereses de cara a obtener mayores ingresos.
A pesar de que todos los profesionales que tienen actividad privada deben solicitar la compatibilidad entre ambos trabajos, desconocemos, en términos generales, la dimensión de este problema aunque sabemos que son más frecuentes en determinados entornos o especialidades. No es menos cierto que por parte de quienes han dirigido la gestión ha sido tolerado por acción u omisión. Los mecanismos para evaluar el rendimiento de servicios no son suficientemente adecuados y es posible encontrar servicios similares con rendimiento de consultas/operaciones por profesional muy diferentes, y cuyas retribuciones para sus profesionales son similares.
No podemos obviar que el sistema retributivo tiene importantes lagunas y que es necesario valorar aspectos como la complejidad de cada trabajo, la responsabilidad de cada puesto, los ritmos, las prolongaciones de jornada, la productividad, el trabajo en equipo, la implicación docente e investigadora, la innovación, o la mejora en rendimiento y en calidad. Estos aspectos parece que deberían ser el objeto principal de preocupación de quienes gestionan la sanidad pública. Pero lejos de ser así, se inclinan por alabar las ventajas de la colaboración publico privada, que recientemente en un artículo publicado en Lancet revisando la experiencia de 10 años en el sistema de salud inglés, sigue sin estar demostrada.
Las unidades que conforman la sanidad pública de cada territorio constituyen una modalidad de empresa de gran tamaño, muy compleja y con un nivel elevado de especialización, pero los criterios de selección del personal ejecutivo para este tipo de entidad, distan de la exigencia profesional que se plantea en otras grandes empresas, tanto en los perfiles como en el número de personal directivo. Así sucede que ese personal directivo, escaso, con limitada formación, y en algunos casos seleccionado por afinidad política, esté expuesto o sea cómplice de presiones corporativas y formule declaraciones difícilmente entendibles si se tratara de otras grandes empresas.
No entenderíamos que la dirección de Volkswagen apoyara que profesionales con alta cualificación de su empresa trabajaran para Ford, o que profesionales de Gamesa trabajaran para Acciona. Los criterios generales del contexto empresarial no se aplican en este caso y, sorprende que estas situaciones no susciten alarma empresarial, ni social, ni mediática.
La sanidad pública es una fórmula para conseguir equidad social, que cada persona sea tratada de acuerdo a sus necesidades y no según su patrimonio, y que la salud o su atención no sea objeto de negocio sino un derecho básico de cada persona que vive en nuestra sociedad.
Este objetivo requiere que se potencie el sistema público de salud, que se desarrollen las medidas organizativas, de gestión, de redefinición de funciones y de los roles profesionales necesarios. Además, es preciso realizar los ajustes retributivos que procedan para que se incentive la fidelización de sus profesionales. No se debe añadir una medida más que contribuya al desmantelamiento del sistema público de salud al que venimos asistiendo, ni se debe ceder a la presión de algunos sectores corporativos minoritarios que, lejos de buscar la mejora de salud para la población y la mayor satisfacción profesional, pretenden abrir grietas a la solidaridad social y obtener rendimientos particulares para una minoría profesional.
Se necesita que nuestras autoridades actuales y futuras adopten un compromiso por la defensa y desarrollo de un sistema público de calidad, que trabaje la implicación de sus profesionales, que desarrolle procesos para reducir sus actuales desajustes, y en definitiva se comprometa con nuestra sociedad actual y sus necesidades sin ceder a las estrategias de presión o de amenazas corporativas.
El portavoz de la Plataforma, Lázaro Elizalde, añade que los problemas de la salud pública navarra no se solucionan con subir los sueldos