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Modelo Alzira, crónica de un fracaso anunciado

La primera concesión privada de la sanidad pública en España, el departamento de salud de La Ribera, en Alzira, vuelve este 1 de abril a la gestión pública directa tras 18 años del que ya se conoce como “modelo Alzira”. La Generalitat Valenciana no prorrogó el contrato con la concesionaria, de acuerdo con el pacto de gobierno conocido como Pacto del Botánico, suscrito tras las elecciones de 2015 entre PSPV, Compromís y Podemos, que acaba así con la primera experiencia de gestión sanitaria privada en España.

Comunicado de la Asociación Ciudadana para la Defensa y promoción de la Salud del País Valencià (ACDESA-PV) ante la recuperación de la Ribera para la gestión pública

El próximo 1 de abril se produce la extinción del contrato que la Generalitat tiene desde hace 15 años con la empresa Ribera Salud para la prestación de la atención sanitaria en el departamento sanitario de la Ribera. A partir de ese momento la gestión del departamento sanitario será pública. Faltan pocos días para que se produzca ese hecho, pero la empresa que todavía lo gestiona, no cesa de desplegar iniciativas, intentando evitar o retrasar esa decisión por todos los medios posibles, creando incertidumbre entre la población y los profesionales sobre el futuro de la asistencia sanitaria en la comarca a base de afirmaciones alarmantes, o utilizando espacios de información de salud a la ciudadanía para acompañar consejos de salud con críticas a la reversión en un intento desesperado de lograr un apoyo ciudadano o profesional que no llega. También anticipando una nefasta gestión futura de la administración pública, para lo que no ha dudado en ralentizar su actividad gestora y posponer para después de la reversión la actualización de las estructuras sanitarias físicas, tecnológicas y de recursos humanos del departamento y la atención de pacientes no urgentes, lo que incrementa las listas de espera. Otras acciones llevadas a cabo por la empresa desde el que se anunció en el DOGV la no continuación de la concesión administrativa de la Ribera, han sido la presentación de todo tipo de recursos judiciales, que se han ido desestimando progresivamente, la resistencia a entregar la información que la Conselleria le solicitaba para hacer una transición tranquila del modelo de gestión privada al público o el despliegue de una propaganda en los medios de comunicación en la que mezclan aciertos de gestión, con frases publicitarias indemostrables y amenazas del caos que se producirá cuando la gestión pase a manos públicas. Últimamente ha intensificado, como lobby empresarial, la presión ya iniciada sobre instituciones estatales y autonómicas, intentado con estas últimas, producir grietas en la firme decisión del Consell, de aplicar uno de sus puntos más valorados del programa electoral como es la reversión del modelo Alzira.

                Todas estas acciones han ido encaminadas a activar a la población y los profesionales, para que fueran estos colectivos los que, saliendo en defensa de la gestión privada, consiguieran hacer desistir al Consell de su propuesta política. El paso del tiempo ha demostrado que, salvo una minoría de colectivos de pacientes y algunos profesionales muy implicados con la empresa concesionaria, la mayoría de la población y de los profesionales de la Ribera, se han mostrado indiferentes, cuando no proclives a la recuperación pública de la gestión. De hecho estamos seguros que la gran profesionalidad del personal de la Ribera que va a continuar trabajando, será una de las claves para el buen funcionamiento del departamento en el futuro.

Somos conscientes de las dificultades de la vuelta a lo público de un modelo privatizado. Las presiones empresariales sobre los responsables políticos, pueden hacerse insoportables. No en vano disponen a su servicio de abogados, comunicadores, asesores, consultores, académicos…toda suerte de profesionales a su servicio para hacer valer sus intereses. Además el mantra del pensamiento liberal de que “la gestión privada es más eficiente que la pública” ha calado en la sociedad de tal manera que ha pasado de consigna a axioma, encontrando en buena parte de la población acomodo y justificación. Por esto nos parece que la medida que el Consell va a ejecutar este 1º de abril es extraordinariamente valiosa y manda un mensaje nítido de recuperación de lo público para la ciudadanía. De valoración de lo público como instrumento de cohesión social, porque es de todos y para todos.

Desde ACDESA y también desde la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià que apoyan una treintena de organizaciones ciudadanas, sociales, sindicales, profesionales y políticas, queremos hacer patente nuestro apoyo al proceso de recuperación del departamento de la Ribera para la gestión pública, punto estrella del pacto del Botanic que venía recogida en el programa electoral de los tres partidos que finalmente dieron su apoyo al gobierno actual.

También queremos manifestar nuestro compromiso para continuar aportando iniciativas que mejoren la sanidad pública, universal y de calidad para toda la ciudadanía, sin exclusiones y cuyo beneficio repercuta en toda la sociedad valenciana y no a la cuenta de resultados de empresas concesionarias cuyo interés es el beneficio económico.

27 de Marzo de 2018

“El modelo Alzira, más caro de lo previsto”

Fuente: lasexta.com 

Fiel a las tradiciones locales de la Comunidad Valenciana, todo en el modelo Alzira ha costado mucho más de lo previsto desde el principio. Su construcción se presupuestó en 41 millones de euros, pero cuando se terminó de levantar la factura se había disparado hasta los 72 millones. Eran los tiempos de Eduardo Zaplana al frente del Gobierno regional.

La idea era ahorrar un 20% respecto a la gestión pública con un sistema en el que la Generalitat pagaba una cifra fija por cada habitante al que daba servicio, lo que se conoce como cápita.

El Gobierno prepara un rescate público que sale muy caro a los valencianos. Concretamente les cuesta 69 millones de euros, el equivalente a la indemnización que paga la Generalitat a Ribera Salud. 44 de ellos los paga por la rescisión del contrato y los otros 25 por el lucro cesante, es decir, por lo que supuestamente iba a dejar de ganar una empresa incapaz de gestionar como se había comprometido.

Pero eso no es todo. Tras el rescate, el Gobierno insiste en la privatización. Prepara unos nuevos pliegos y vuelve a ganar otra vez Ribera Salud. Además, esta vez con unas condiciones aún más ventajosas.

La cápita pasa de los 225 euros por habitante y año a 379. Una cifra que se ha ido incrementando con los años hasta lo cerca de 750 euros que se pagaron al final.

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