Sanidad Universal: El gobierno de España termina con la exclusión sanitaria que trajo el PP en 2012
Fuentes: Medios
El Ministerio de Sanidad a cargo de Mónica García da luz verde a un proceso que recuperará por completo la universalidad y gratuidad de la sanidad española, un derecho eliminado por el PP en 2012. La ministra y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, tras las conversaciones con diversos colectivos que visibilizan la falta de acceso de las personas migrantes al sistema nacional de salud, aprobó el proyecto de Ley de Universalidad que ampliará el acceso a la sanidad a todos los migrantes residentes en España, aunque estén en situación irregular.
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 14 de mayo de 2024 el proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma blindará el acceso universal a la atención sanitaria “en igualdad de condiciones” para los españoles que residen en el exterior, los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para todas las personas residentes en España con independencia de su condición administrativa.
La ministra de Sanidad, Mónica García, en su intervención en la rueda de prensa, ha declarado:
La nueva Ley de Universalidad es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012. Queremos garantizar con esta Ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular y queremos cerrar esa herida.
El fin de la exclusión sanitaria
La investigación de Yo Sí Sanidad Universal El derecho a la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas: Un derecho hecho pedazos, presentada en noviembre de 2022 constata el “caos”, la “confusión” y la “inseguridad jurídica” existente en la actualidad. Hasta 14 comunidades autónomas están exigiendo que las personas demuestren que llevan más de 90 días viviendo en el país para poder acceder a la sanidad. Este modelo deja fuera a todas las personas que lleven menos de tres meses en el país, entre ellas mujeres que llegan a España embarazadas y que paren sin poder acceder a ningún tipo de seguimiento, menores que no pueden recibir sus vacunas o personas con enfermedades crónicas.