Sanidad Estatal propone la dedicación exclusiva de los Jefes de Servicio

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comentado recientemente algunos detalles del futuro convenio de los trabajadores del gremio (Estatuto Marco), en referencia al documento que ya tienen los sindicatos y CCAA, dentro de la negociación para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Sanidad (SNS). El próximo 22 de enero tienen prevista una nueva reunión para retomar esta cuestión. Este diálogo, que define las bases del trabajo de los sanitarios, contará con la incorporación de las comunidades autónomas a partir de febrero.

El nuevo Estatuto Marco supone la recuperación del complemento de exclusividad, un plus salarial que reciben todos aquellos sanitarios que (realmente) se dedican únicamente a la asistencia en la sanidad pública.

Entre los principales cambios está la eliminación de las guardias de 24 horas, de modo que la jornada ordinaria de guardia no debe superar las 17 horas, y la exclusividad para los puestos directivos profesionales como jefes de servicio que no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con otros puestos fuera del SNS.

En opinión de Mónica García, las jefaturas de servicio son cargos de responsabilidad dentro de nuestro sistema sanitario que «tienen ya suficiente trabajo, responsabilidad y deben tener una mirada en la cual tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario«. Justificando que ser el hecho de ser el jefe de servicio de un hospital importante en la sanidad pública es lo que da prestigio, por lo que deben ponerse límites a esta dedicación. También se ha referido a posibles conflictos de intereses entre ambas actividades pública y privada.

El vicepresidente de la Asociación MIR España, David Montes, considera que son condiciones tan restrictivas que van a motivar una fuga, buscando mejores condiciones en otros países. Por otra parte, desde la la Organización Médico Colegial (OMC) se opina que impedir a los médicos jóvenes compaginar la sanidad pública con la privada en los cinco años posteriores a la finalización del MIR contraviene la libertad profesional y de movilidad y puede provocar fugas.

Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, censuró esta medida, ante el peligro de que obstaculice la retención de talento en la sanidad y ha recordado a la ministra Mónica García que ella también ha cobrado dos sueldos por compatibilizar puestos de trabajo.

a Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha criticado que «es un poco empezar la casa por el tejado», pues aún «queda mucho por realizar respecto a conflictos de intereses, profesionalización y a cómo se realiza la selección tanto de cargos intermedios (jefaturas de servicios) como de más nivel».

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha tachado dicha reforma de «ataque intolerable hacia los profesionales sanitarios», afirmando que la información transmitida por la ministra sobre la remodelación pone el énfasis en la compatibilidad del ejercicio de la medicina en los ámbitos público y privado.

Sobre este importante asunto OSALDE reproduce por su gran interés el artículo que Abel Novoa, de No Gracias, ha publicado recientemente en la Verdad de Murcia, en línea con la opinión de OSALDE, en Defensa del Derecho a la Salud.

No gracias: «Por qué es bueno que los médicos tengan exclusiva», por Abel Novoa

Permitir la compatibilidad de la práctica médica pública y la privada tiene una lógica basada en las libertades individuales: los médicos que trabajan en la privada lo hacen fuera del horario que dedican a la asistencia pública; la decisión de trabajar en ambos sistemas es estrictamente personal y los gobiernos no tendrían legitimidad para inmiscuirse.

Es curioso que este planteamiento no sea defendido por la empresa privada que exige la incompatibilidad de sus trabajadores cuando tienen cierto nivel. ¿Puede trabajar un vendedor en El Corte Inglés y en Zara? Obviamente no. El empleado desde El Corte Inglés podría remitir clientes a Zara si sus incentivos son mayores. No es posible trabajar para dos empresas del mismo sector con distintos intereses. Esto pasa en medicina.

Hace unos meses un cardiólogo inglés escribía un artículo explicando que dejaba su consulta privada porque su práctica particular estaba intoxicando su actividad pública. El aspecto que más le preocupaba no era solo que tenía menos tiempo para mantenerse al día sino que, dado que la medicina privada vive en gran medida de ofrecer a los pacientes intervenciones de bajo valor añadido, esta conducta acabó siendo trasladada a su actividad pública:

“Los pacientes creen que el pago implica una medicina de mayor calidad; pero, igual que pagar más por el champú con vitaminas añadidas, la promesa es mucho mayor que la realidad”.

Este efecto pernicioso puede apreciarse al analizar lo que pasa en Alemania, donde la compatibilidad pública–privada es total: el Estado paga por ciertos servicios acordados a médicos privados. Sin embargo, el 77% de los médicos convence a los pacientes para que paguen de su bolsillo servicios no financiados públicamente. Los médicos venden estas prestaciones asegurando que no están financiadas porque el gobierno solo quiere ahorrar. Es evidente que el médico alemán se gana la vida con lo que financia el Estado, pero se hace rico convenciendo a los pacientes para que paguen de su bolsillo intervenciones médicas extra.

La tentación es alta: vender “más medicina” es muy fácil. Hay clientes que valoran la rapidez de acceso o la hostelería de la medicina privada; pero el riesgo de sobreactuación médica es elevado. Cuando es el mismo profesional el que provee tanto “lo indicado” como “lo no indicado”, el conflicto está asegurado.

Pongamos un ejemplo hipotético. En un centro hospitalario un afamado cirujano “engorda” su privada de varices ofreciendo procedimientos terapéuticos no financiados pero que “vende” diciendo que “aportan ventajas sobre los que él puede realizar en el hospital público”.

El efecto perverso que puede tener que este médico trabaje en la pública y en la privada es quíntuple:

(1) engaña a los pacientes ya que los deriva a su privada desde la pública mediante una información sesgada;

(2) disminuye la eficiencia del sistema público ya que, por un lado, tiene un enorme incentivo para sobre-indicar la cirugía de varices y “engordar” la lista de espera (precisamente para aumentar el número de pacientes susceptibles de acabar en su privada) y, por otro, se facilita la posibilidad de realizar una atención mixta (por ejemplo, pruebas complementarias hechas en la pública para pacientes atendidos en la privada);

(3) hace daño a los enfermos que realmente necesitan la intervención, ya que tienen que esperar más porque la lista de espera está ocupada por pacientes que no necesitan la operación;

(4) pervierte el mercado ya que se aprovecha de una posición de privilegio para contactar con un gran número de potenciales clientes, a los que no acceden otros colegas que solo trabajan en la privada;

(5) hace daño a su propio hospital ya que no le interesa introducir innovaciones sensatas en su práctica pública y así poder seguir ofreciendo supuestas o verdaderas ventajas técnicas en su privada.

Este ejemplo es una exageración retórica. Muchos médicos comparten con total honestidad la práctica pública y la privada pero, igual que si se trabaja para El Corte Inglés y Zara, más tarde o más temprano, los distintos intereses pueden interactuar de manera perjudicial.

Además, la no existencia de dedicación exclusiva aumenta el paro médico y perjudica a los facultativos que trabajan solo en la privada, un mercado laboral con muy bajos sueldos debido a la competencia de los profesionales para los que la privada es un ingreso complementario al de la pública; y la precariedad laboral médica siempre acaba siendo mala para los pacientes.

En suma, la exclusividad de los médicos, especialmente en quienes tienen responsabilidades de organización y gestión en los centros públicos, es fundamental para el buen funcionamiento, no solo de la sanidad pública sino también de la privada; su lógica es la eficiencia pública, la protección de los intereses de los pacientes y del mercado laboral médico; por ello debería ser defendida e incentivada por los gobiernos y los colegios profesionales.

Abel Novoa en médico de familia, presidente de la Plataforma NoGracias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

Este artículo apareció publicado en La Verdad de la Región de Murcia con fecha 2 de marzo de 2016