Reforma del Estatuto Marco: Entre la Reivindicación Profesional y la mejora de la Salud Pública

RESUMEN (Ver artículo completo aquí)

La sanidad pública española atraviesa una profunda crisis de identidad. Lo que el Ministerio de Sanidad inició como una actualización técnica de la Ley 55/2003 (el Estatuto Marco) se ha transformado en un desencuentro que amenaza la cohesión de los equipos asistenciales. Mientras la administración celebra preacuerdos con sindicatos de clase, las organizaciones médicas exigen un «Estatuto del Médico» propio que reconozca su singularidad. Desde OSALDE, reflexionamos sobre este choque de posturas y, especialmente, sobre la alarmante ausencia de una visión de Salud Pública en una negociación reducida a una disputa contable y corporativa.

El estallido actual no es solo una cuestión de nóminas; es una crisis de modelo. La sanidad pública es, ante todo, un pacto de cuidados. Actualmente, su viabilidad se ve tensionada por un sector privado que ya no es un mero complemento, sino un competidor directo por el capital humano. Tras dos décadas, el Estatuto Marco de 2003 se ha revelado incapaz de gestionar un sistema agotado. El conflicto se articula en tres ejes:

1. La Crisis de la Jerarquía Académica. La implantación del Plan Bolonia y el nivel académico MECES 3 han llevado a una equiparación funcional que el colectivo médico percibe como una «laminación» de su especificidad. Argumentan que su formación y su responsabilidad deben blindarse en una categoría superior al actual grupo A1. 
2. Jornada y Guardias. El sistema sobrevive gracias a las guardias obligatorias, un modelo calificado de «anacrónico». Un médico exhausto tras 24 horas de presencia física es un riesgo para el paciente. La reivindicación de la jornada de 35 horas y la voluntariedad de los excesos horarios busca recuperar la dignidad laboral. Además, existe un conflicto en la cotización. Reclaman un factor de corrección para que se les reconozca las guardias como tiempo de servicios prestados a efectos de jubilación anticipada.
3. Fuga de Talento. La pérdida de poder adquisitivo, sumada a «contratos basura», empuja a los profesionales hacia la red privada. Según datos de SESPAS (2024), el 30% de los médicos en ejercicio ya trabaja exclusivamente en el sector privado.

La negociación se ha fracturado en dos bloques estancos. Por un lado, el sindicalismo médico exige Estatuto del Médico independiente y una representación en una mesa sectorial propia, bajo la premisa de que su especificidad y responsabilidad legal no pueden disolverse en una negociación generalista.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) defienden la unidad del equipo. Su postura es pragmática: la sanidad es un ecosistema colaborativo y fragmentar el estatuto por categorías destruiría la gestión de los centros y abriría una «caja de Pandora» de privilegios corporativos. Además, el Ministerio de Hacienda considera inasumible el impacto económico de eliminar la obligatoriedad de las guardias o aumentar las plantillas de forma masiva. Consideran que la necesidad de realización de las guardias se deriva del deber de servicio y disponibilidad del Empleado Público, como función esencial, no como opción.

El Ministerio valida legalmente sus acuerdos mediante la mayoría sindical, priorizando el plano jurídico sobre la protesta social. No obstante, existen profundas desigualdades en condiciones laborales, recursos y presupuestos entre las diferentes  Comunidades Autónomas, evidenciando la falta de cohesión del sistema. Un ejemplo crítico es la exención de guardias para mayores de 55 años: aunque es un derecho reconocido, sus condiciones y remuneración depende de la normativa de cada autonomía.

Uno de los puntos más inquietantes es la práctica dual de los médicos que trabajan simultáneamente en ambos sectores o no trabajan en la pública al 100% de su capacidad. Si el nuevo marco legal no blinda la exclusividad, existe el riesgo de que el incentivo para reducir listas de espera en la pública se vea comprometido. Si la sanidad privada sigue captando a los profesionales con mejor calidad de vida, la pública corre el riesgo de convertirse en una «sanidad de beneficencia» para los que no puedan costearse un seguro.

Propuesta de OSALDE: El Estatuto como herramienta comunitaria

Desde OSALDE, lamentamos que esta negociación se haya conducido de espaldas a la comunidad. Se utiliza «la salud del paciente» como eslogan de huelga, pero las reivindicaciones siguen siendo hospitalocéntricas y asistencialistas.

Para que esta reforma sea efectiva, debe incorporar la Salud Pública y Comunitaria mediante:

1. Planificación por Necesidades Reales: Atendiendo a la carga de trabajo efectiva y no solo al número de colegiados.
2. Reequilibrio del Equipo Asistencial: Fomentando la cohesión y el consenso en los equipos de trabajo.
3. Protección al Cuidador: Reconociendo riesgos psicosociales y eliminando jornadas de 24 horas que enferman al profesional y ponen en riesgo al paciente.
4. Dignificación de la Exclusividad y la Primaria: La «exclusividad» debería ser el pilar de un sistema público fuerte, recompensada con salarios dignos y tiempos de investigación, haciendo que la dedicación al SNS sea la opción más atractiva profesional y vitalmente. 
5. Subrayar la Salud Comunitaria y la Salud Pública:

El conflicto del Estatuto Marco es el síntoma de un sistema que ha perdido su brújula moral. El Ministerio puede ganar la batalla administrativa, pero si pierde el compromiso de sus facultativos, la victoria será pírrica. Por su parte, los sindicatos deben superar el corporativismo de élite para entender que la fuerza del SNS radica en la fortaleza del equipo y del sistema público.

El nuevo Estatuto no debe ser un mero manual de gestión de personal, sino el motor de una sanidad que cuide a quienes cuidan, entendiendo que la Salud Pública es la inversión más prioritaria para una sociedad justa.

OSALDE