Privatización Sanitaria: no es sólo cuestión de porcentajes
por Pedro Valdés Larrañaga, Médico de Familia jubilado. Miembro de OSALDE-Asociación por el derecho a la Salud
Fuente: El Correo. Opinión, lunes 19 de enero de 2026.
El reciente análisis del Sr. Ruiz Soroa publicado el pasado 2 de enero intentaba desactivar la preocupación social por la privatización de la sanidad al señalar que el gasto en conciertos en Euskadi es de los más bajos de España (6%). El autor concluye que la supuesta privatización responde a un ”interés político sesgado de la izquierda”. Reducir este proceso a una mera transacción contable ofrece un diagnóstico insuficiente y parcial de la realidad y merece una respuesta pausada.
El primer equívoco es la comparativa europea. Es difícil explicarlo en pocas palabras pero equiparar nuestro modelo de sanidad basado en impuestos (Beveridge) con los basados en «Seguros Sociales» (Bismarck) de Francia o Alemania es técnicamente cuestionable. Estos países cuentan con una arquitectura histórica donde la provisión privada es sustancial, y suele referirse a entidades sin ánimo de lucro o mutualidades bajo regulaciones estrictas que impiden el lucro indiscriminado y obligan a un gran espectro de patologías. La alta concertación en Cataluña, por su parte, responde a una cuestión histórica que integró una red preexistente de hospitales municipales y benéficos.
Esto nos lleva al segundo equívoco: la supuesta eficiencia privada (hay que hacer constar que en sanidad ésto no ha sido demostrado). El sector privado parece eficiente porque practica la llamada “selección de riesgos”. La red privada absorbe la patología rentable y de baja complejidad (cataratas, hernias o procesos quirúrgicos programados de bajo riesgo, pruebas radiológicas…), mientras que nuestra red pública, Osakidetza, sigue siendo el sostén para la cronicidad compleja, los grandes quemados, la oncología avanzada, los trasplantes o urgencias vitales. La privada elige pacientes relativamente sanos; si surgen complicaciones el paciente suele acabar en la pública. Así, se socializa el coste de lo complejo mientras se privatiza el beneficio de lo sencillo.
¿Por qué la Administración mantiene este modelo? Por un lado, no se trata de mejorar la eficiencia clínica, sino de conveniencia estadística. Las listas de espera son el termómetro del éxito de un gobierno y, para ésto, cuenta igual sacar de la lista una patología banal que una compleja. Al concertar lo fácil, se reduce el número de pacientes de forma rápida. Además, permite convertir costes fijos en variables, ajustando el gasto sin comprometerse a contratar personal estructural. En realidad lo que está produciendo es el desvío de fondos a la privada para reducir las demoras que el propio sistema genera descapitalizando el sistema público y vaciando su propia capacidad resolutiva. Por otro lado, hace años que grandes inversoras explotan la salud como negocio. Han reorganizado y concentrado la oferta de la sanidad privada para poder competir, casi siempre de forma opaca, por los recursos y los pacientes de la sanidad pública. Mediante lobbies presionan a las administraciones para que sus decisiones prioricen intereses financieros propios frente al bienestar social.
Sin embargo, la forma más perversa de privatización es la que ocurre por deserción de la clase media. Cuando las listas de espera se vuelven estructurales se empuja a la ciudadanía a contratar seguros privados. Esto explica su crecimiento exponencial, que en Euskadi ya afecta a uno de cada tres ciudadanos. Es una privatización de facto que rompe la cohesión social y transforma un derecho universal en un servicio de doble velocidad.
El deterioro del sistema no es esencialmente por un problema de “gestión rígida”. Sin negar que efectivamente existen amplias posibilidades de mejora, conviene subrayar que el formalismo procedimental de lo público es, a menudo, la garantía de transparencia y control del dinero de todos. No necesitamos más mercado, sino autonomía de gestión clínica, gestión profesional orientada a los resultados, una apuesta firme por la financiación del sistema y de la Atención Primaria, y voluntad política para blindar el sistema.
Finalmente, la distinción entre lo público y lo privado no es una mera «antinomia moral». Un sistema cuya función es el lucro acabará seleccionando riesgos y excluyendo pacientes. Ya hay evidencia sobre las consecuencias de la privatización (un estudio de University of Oxford relaciona el aumento de la mortalidad con la privatización de la sanidad).
En Osalde defendemos lo público no por purismo ideológico, sino porque es el único modelo capaz de cumplir con el imperativo ético de la universalidad y la justicia.
